FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - ESTÁ A LA VISTA

Francisca Igartua

Pobre, muy pobre es la explicación que dan los miembros de la oposición en el CCD para justificar su presencia en ese Parlamento, adorno democrático del régimen. Alegan que no se ganaría nada si ellos se retiran del Congreso, dejando a Fujimori solo en la cancha, con la pelota en los pies, sin juego, porque los accesitarios están alertas para reemplazar a cualquier renunciante. Dicen que los accesitarios no duermen a la espera de cualquier renuncia, listos a ocupar la curul que no alcanzaron por unos pocos votos de diferencia. ¡Pobre Perú es el que nos muestran estos opositores sin talento y sin coraje! ¡No se atreven a dar, con audacia, el gran paso -a la vez que el único eficaz- para dejar sin máscara democrática al fujimorismo, porque detrás de cada hombre hay -dicen­ un reemplazo, un accesitario, más infeliz que ellos!

No responden al fondo del asunto.

Esquivan el golpe escudándose en que hay la posibilidad de que las cosas empeoren por culpa de unos desconocidos que ellos describen como voraces por el puesto y por los emolumentos que lo acompañan. (Emolumentos mucho, muchísimo más copiosos que los del Parlamento disuelto por el golpe militar). E insisten en no explicar, racionalmente, porqué permanecen en el CCO a sabiendas de que allí sirven al gobierno y no a la oposición. Los miembros de la oposición en el CCO saben que su presencia y participación en los debates parlamentarios es hacerle el juego al gobierno; es darle vida al disfraz democrático del régimen; es convalidar todos y cada uno de los atropellos que allí se consagran; y, sobre todo, es darle una máscara para engañar a quienes lo ob­servan desde el exterior.

Los cecedistas de la oposición, por ejemplo, nada tienen que hacer en el debate electoral. No está en sus manos nada que signifique garantía de elecciones limpias para el próximo año. Sea cual sea el estatuto electoral que salga del CCO, el gobierno no lo cumplirá en lo que no sea de su conveniencia, como no cumplió, en el referendo y en la elección del CCO, ninguna de las normas que no le agradaban de la ley electoral vigente en esas fechas. Será inútil cualquier estatuto -hecho por Siura o por la oposición-, porque será acatado sólo en lo que al gobierno se le antoje cumplir. También, igual que ayer, la Fuerza Armada -controlada por la cúpula que gobierna- seguirá actuando como partido político del régimen, escudada esta vez en "la guerra contra la pobreza", que es, coincidentemente, la bandera electoral de Fujimori. Y no igual, sino más que ayer, las arcas fiscales estarán al servicio de los intereses electorales del gobierno...

Sin embargo, y aquí llegamos al tema de fondo y al fondo del problema, el gobierno no sólo no es ganador anticipado sino que no ganará las elecciones. Esto, a pesar del apoyo militar, del saqueo de los presupuestos del Estado -destinado a comprar votos- y de la imagen democrática que el inútil debate electoral le está obsequiando. El gobierno podrá reírse y se reirá de todas las normas y leyes electorales, pero lo que no podrá es evitar las elecciones. Tampoco podrá postergarlas. El gobierno está condenado a realizar elecciones y a realizarlas en la fecha señalada. No tiene escapatoria. Hay compromisos internacionales que lo tienen atado, que lo obligan. Y en los procesos electorales se pueden hacer muchas trampas, menos una: alterar el resultado del conteo de los votos cuando ese conteo se hace en mesa, ante los personeros de los candidatos, con copia del acta para cada uno de los participantes. A lo que hay que añadir tinta indeleble y depuración de padrones Esto es lo único que hay que vigilar. Y la vigilancia se puede hacer desde la calle. El resto del debate es puro engaño, fuegos fatuos, éter, adormidera y, sobre todo, obsequio que la oposición le hace al régimen de un disfraz democrático.

De todos modos habrá, pues, elecciones y en esas elecciones el gobierno hará todas las trampas ya señaladas. Pero no ganará. Porque lo que no podrá hacer, repito, es manipular los resultados. Ya que si se llegara al impensado extremo de variar las reglas del recuento en mesa, habría que dejar que Fujimori compitiera con su sombra, sin contrincantes, igual que Odría. Y eso, democráticamente, también 'es perder'.

Si algo puede hacer la oposición cecedista para colaborar en la derrota electoral de la dictadura encubierta que nos impuso el golpe militar del 92 y que el 95 intenta perpetuarse con la reelección, no es permaneciendo en el hemiciclo sino, al revés, saliéndose de él y dejando a los gobiernistas sin juego: correteando solos por la cancha, buscando competidores, peleando contra el viento, desesperándose con los exabruptos que le soplan desde lo alto a Martha Chávez. (Por último, no necesitarían los opositores del CCO renunciar a la curul, ni siquiera a la tesorería, si es que saben montar una huelga inteligente; aunque así quedarían a la altura en que ellos ponen a los accesitarios)

-Pero ¿y el candidato? Preguntarán algunos pragmáticos de este bando, que quieren saber si hay, agua en la piscina.

-¿Qué, están ciegos? Acaso no está ya a la vista.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LIBERTAD DE PRENSA EN EL PAIS DE LOS ENGAÑOS

Francisco Igartua

Es el Perú, definitivamente, un país muy gracioso. Pareciera que siempre estuviéramos dispuestos a escapar de la realidad, a eludir responsabilidades, a enmascarar las cosas, a perdemos en las apariencias. Nos encanta engañamos y que nos engañen. ¿Qué es lo que se pretende, por ejemplo, al alegar que, para competir sin ventaja, el presidente que se presente a la re­elección, como el señor Fujimori, debería renunciar seis meses antes a su cargo, como cualquier otro funcionario público? Estos buenos señores, a los que se ha agregado el decano del Colegio de Abogados de Lima, quieren creer -no por ingenuos sino por afición a ser engañados- que, renunciando Fujimori, habrá igualdad de condiciones para todos los candidatos. Y, lógicamente, las elecciones serian transparentes, limpias, irreprochables...

Como las de Odría ­recordarán algunos-, con su bajada al llano en mil novecientos cincuenta y la entrega pasajera de la presidencia a Zenón Noriega, su socio en el cuartelazo de la Revolución Restauradora.

Sólo a quien le encante ser engañado o que lo engañen se le puede ocurrir que, alejándose de Palacio -pero dejando allí a su hermano Santiago y a su amigo Yoshiyama-, Fujimori perdería el control del Poder que le custodia la cúpula militar de Nicola di Bari, su socio en la Revolución de la Reconstrucción Nacional. ¿Acaso Alberto Fujimori no está ausente de Palacio hace varios meses, paseando en helicóptero por todo el territorio nacional, no gobernando -otros lo hacen por él- sino haciendo su campaña electoral? Pocas veces se habrá visto que se gobierne sin Consejo de Ministros, sin despacho, sin planificación, con políticas cambiantes como veletas -excepto en el campo económico- y montado el jefe de Estado, permanentemente, en un helicóptero, como saltaperico. El único régimen de tal estilo que conozco es el de Fidel Castro en Cuba y se me ocurre que algo parecido debe ser el gobierno de Kim IL Sung y su hijo en Corea del Norte. También pudiera ser que se está cumpliendo al pie de la letra el programa militar que nos hizo llegar, en cuatro cuadernillos, un pajarillo verde y que el Poder real esté en manos de un desconocido Consejo Estratégico del Estado, cumpliendo el señor Fujimori y los ministros tareas de relaciones públicas y de ejecución de políticas trazadas en reuniones en el Pentagonito y el SIN, a las que no asisten los ministros -salvo los que puedan pertenecer a ese Consejo Estratégico-, pero si Alberto Fujimori.

En situación semejante, olvidando las sabias razones de la no reelección presidencial -basadas en rotundas experiencias- y pasando por alto que la renuncia de los funcionarios, seis meses antes de presentar sus candidaturas, es costumbre obligada en países -como el Perú- donde la autoridad no es ni puede ser neutral, preguntémonos: ¿qué significado puede tener la renuncia seis meses antes de las elecciones del presidente reeleccionista, si se trata de un cargo que no pierde influencia por renuncia pasajera sino por la pérdida del Poder? .

No hay que engañarse. No hay que darle a Fujimori la ventaja que significa la apariencia de reglas iguales para todos los candidatos. Hay que derrotarlo corno se derrota a toda dictadura, quitándole las máscaras de legalidad y buenos modales que cínicamente se va poniendo. Desnudándola ante el público. No obsequiándole nuevos mascarones de engaño.

Y ya que de engaños hablamos, me ocuparé de otro en actual circulación.

El periodismo independiente y también el que no lo es insisten en que está en peligro la libertad de prensa porque no se deroga o no se modifica la norma cecedista del Habeas Data, un dispositivo de defensa para los ciudadanos en otras constituciones, pero que, aquí, el CCD lo transformó en posible instrumento del Estado para coaccionar a la prensa, tergiversando el legítimo derecho a la rectificación. Sin embargo, en esta protesta nos estamos engañando los periodistas o estamos dejando que nos engañen. Porque el Habeas Data, tal como está configurado en la norma cecedista, es sin duda un peligro evidente para la libertad de prensa y de expresión, y en esta revista se advirtió de inmediato que eso era, apenas el congresista Torres y Torres Lara publicó su anteproyecto constitucional; pero no es el único instrumento de extorsión que tiene el gobierno en sus manos ni el más peligroso. Tampoco es el que esté usando ahora. El medio habitual de extorsión de este gobierno es la presión tributaria, combinada con el sabotaje publicitario. Esta es la verdad monda y lironda, grande como un templo, que la prensa peruana calla por pudor en muchos casos -porque se resisten a mostrar sus desnudeces al público-, en otros por recibir favores del gobierno y en algunos, los menos, las excepciones, por estar menos afectados al no sufrir sabotaje publicitario.

Todo periódico o revista, cualquier publicación, tiene dos fuentes de ingreso: la venta de ejemplares y la venta de espacios publicitarios, avisos. Esta segunda fuente de ingresos sirve para desarrollar, ampliar, tecnificar la empresa y para cubrir los déficit que se produzcan cuando el valor del papel y otros insumos es superior al ingreso por venta de ejemplares (cálculo en el que también entra la devolución de ejemplares no vendidos). Un periódico o revista de bajo costo (pocas páginas y sólo pasable calidad gráfica) puede subsistir únicamente con la venta de ejemplares SI NO HUBIERA IMPUESTO A ESA VENTA, impuesto del que están liberadas todas las publicaciones en el mundo entero -salvo excepciones que confirman la regla por razones diversas: necesidad social de fomentar la lectura y la cultura cívica, facilitar la libre circulación de las ideas, hacer real el derecho a la libre expresión y garantizar el ejer­cicio de la libertad de prensa.

¿Cómo actúa este gobierno, cómo está actuando para mediatizar y anular la libertad de prensa en el Perú?

Simple y llanamente poniendo el 18% de impuesto a la venta de ejemplares -que deberá asumir íntegramente la empresa, pues es imposible trasladarlo a volátiles canillitas ¡cerrándoles el caño de avisaje estatal a las publicaciones cuyas criticas le disgustan¡ y utilizando el chantaje para que la empresa privada se sume al sabotaje publicitario.

Así funciona la censura hoy en el Perú. Un método, de momento, mucho más eficaz que el Habeas Data... Sin embargo, la mayoría prefiere dejarse engañar y engañarse protestando por el Habeas Data y callando por el sabotaje publicitario, que se cierra como tenaza con el impuesto (18%) a la venta de ejemplares, para estrangular al periodismo opositor.

Esta es la verdad. ¿De qué libertad de prensa habla el gobierno?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL PERU Y EL INTERES NACIONAL DEL JAPÓN

Francisco Igartua

Como dijo hace poco Carlos Boloña, que algo debe saber de Alberto Fujimori, pues fue su amanuense en cuestiones económicas antes y después del golpe militar, todo puede esperarse del pragmático Fujimori: hasta que cambie el liberalismo de hoy por el estatismo moderado que ofreció en su campaña electoral del 90 u otro más radical de estilo asiático. Por ejemplo, en el momento especifico actual, que es de elecciones, seguirá los indicadores que le ofrezcan la mayor pesca de votos. Después hará lo que le venga en gana, dentro de los parámetros de la democracia dirigida diseñada por la cúpula militar y de los consejos del Fondo Monetario y del Japón.

Dentro de este cuadro, puesto a la vista por Carlos Boloña, que conoce al régimen por dentro, no han de extrañar las recientes declaraciones del jefe de Estado, hechas en vísperas de partir para Japón y China, sobre la privatización de los 'proyectos especiales, o sea las grandes obras hidroenergéticas que están en construcción por cuenta del Estado y otros muchos bienes nacionales, dada la amplitud e imprecisión del proyecto de ley. Dijo que iba a observar la disposición legal aprobada en el CCD porque, aunque era una buena ley y estaba bien elaborada, él no iba a permitir que sirviera al engaño publicitario electoral. O sea, "la medida es buena, pero la vetaré porque me puede quitar votos". Puro y grosero pragmatismo, con fuerte dosis de irracionalidad y prepotencia. Parecida a otra declaración reciente: las observaciones sobre la 'conducta de su ministro Víttor, protegiendo a prófugos de la justicia, son 'cuestionamientos' que no deben tomarse en cuenta. "¿Acaso a mí no me cuestionaron en el proceso electoral? ... y luego ¿qué pasó? ... No pasó nada". Es cuestión de dar la callada por respuesta y que los acusadores se cansen o queden reducidos a una solitaria voz, que también se cansará. Así ocurrió con las evasiones tributarias de sus negocios inmobiliarios -que prometió aclarar cuando llegara a la presidencia- y así ocurrirá con los 'cuestionamientos' a Vittor, su brazo derecho para la campaña reeleccionista y no seguimos con los ejemplos porque las muestras de cinismo del jefe de Estado y de sus colaboradores y secretarios son tan numerosas que llenaríamos todas las páginas de la revista. Concretemos la atención en el veto a la privatización de los 'proyectos especiales' porque -según ha advertido en sus giras provincianas- esa disposición legal puede hacerle perder votos.

Pero por qué vetar un proyecto de ley que él cree bueno y bien elaborado? ¿Por qué no debatirlo? Que es lo que debió hacerse desde el primer momento y no aprobarlo con nocturnidad, premeditación y alevosía en el CCD.
Hay en este tema dos planteamientos extremos, igualmente nocivos. Uno, el que alienta el proyecto aprobado en el CCD por la mayoría fujimorista y que Fujimori encuentra correcto: es el que alguien ha resumido como la idea de hacer del país un territorio abierto a los buenos negocios. Buenos naturalmente para los inversionistas y -se supone­ también bueno para sus trabajadores, por los excedentes que podrían quedar. De este modo el concepto de nación quedará borrado; la identidad peruana, no lograda todavía, se transformará en una meta inútil; y el hombre peruano perderá conciencia de su dignidad, o la vinculará al éxito económico y no a sus valores como hombre. El otro planteamiento, igualmente nocivo, es que el Estado debe absorber todas las activida­des de los llamados proyectos estratégi­cos de desarrollo y paralizarlos si no dispone de fondos. Porque sería antipatriótico compartir la propiedad. Un absurdo tan grande como el primero. Los dos son vulgares sofismas. Por un lado es disparatado desechar la posibilidad de que empresas privadas nacionales o extranjeras -y también ¿por qué no? otros estados- comprometan capitales en la continuación y ampliación de los proyectos de irrigación y de hidroenergía que desde hace años se vienen construyendo; y, por otro, es deshonesto que el Estado malbaratee activos nacionales que no son del gobierno sino de los peruanos y que se entreguen, más que en concesión en propiedad, agua, minas, tierras y hasta las ruinas de Machu Picchu.

En esto de las privatizaciones se puede ir muy lejos y hasta es necesario sacudirse de ciertos prejuicios nacionalistas, pero no debemos llegar al extremo de desnacionalizar al Perú y transformar su territorio en un bazar librado a la oferta y la demanda. No se puede aceptar que, poco a poco, el Estado peruano no tenga imperio para dar órdenes en su casa, quede desarmado a merced de los intereses privados y desaparezca como Estado. Ese modelo ya lo probamos en el pasado y nos fue pésimo, basta revisar la historia.

Sería demasiado doloroso que el Perú de Basadre, esa promesa y posibilidad que él y otros muchos ilustres peruanos fueron moldeando, se desvanezca en humo. Se dirá que ·éstas son palabras sobre palabras, retórica, vanas intenciones... De acuerdo. Pero preferible es esa promesa y posibilidad, o sea algo por venir, que un corredor, un callejón, un territorio de paso a los intereses nacionales del Japón hacia el Atlántico, una realidad en la que el Estado peruano no dirija siquiera el tránsito de esos intereses, pues si todo se privatiza, vendiendo en propiedad suelo, subsuelo, aire y mares, pueda que haya muchas inversiones, pero en el territorio de un Perú desaparecido, con ciudadanos no se sabe si más ricos o más pobres, pero sí, con seguridad, dependientes de intereses privados, sin posible protección de un Estado también dependiente de esos intereses.

Inversiones que, por lo demás, no serían en muchos casos más concretas que la retórica del pobre Basadre -pobre en opinión de la moda modernista-, pues en el Perú hay retos de inversión que, aun ahora, con el enorme desarrollo tecnológico del momento, no son estimulantes para el capital privado, que siempre tiene en sus miras los réditos de la inversión con perspectiva de persona, o grupo de personas, y no de nación, que es perspectiva más larga y más profunda.

Mas ¿por qué perdemos nuestro tiempo en exponer puntos de vista que seguramente serán despreciados por gente que está feliz por haber suprimido la planificación nacional e ignora por completo la historia del mundo; gente que ni siquiera tiene un arquetipo universal a quien admirar y se siente realizada al declararlo públicamente mirándose el ombligo?

Privaticemos sí, pero con sensatez, teniendo un plan nacional a la vista y sin dejar que el Estado quede a merced de los intereses privados o de otras naciones. Quien desee progresar al servicio de las transnacionales que se enganche en ellas, pero no quiera usar los activos del Perú para ubicarse de cabeza de ratón, haciendo de guía de los compradores. Y no se nos acuse de "cernícalos de la política y del nacionalismo" a quienes jamás hemos siquiera intentado un puesto público y entendemos al Perú como un proyecto muy complejo -nada personal- que no se realizará haciendo de él, como se ha dicho con acierto, "un territorio de buenos negocios" y a lo que nosotros añadimos: al servicio de los intereses nacionales del Japón, ansioso de contar con un corredor franco que le permita instalar sus factorías en las costas del Atlántico, abastecidas con materias primas del Perú, Ecuador y Bolivia, para atacar desde allí el mercado europeo.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - UN PACTO TÁCITO, DOÑA SUSANA Y DOS CHISTES

Francisco Igartua

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la competencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitución dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vienen midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral: Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque –según ellos- es autoritario y eso es lo que necesita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimulada, en un régimen extralegal, sin garantías jurídicas, tremendamente centralista y dominada por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policiaco sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especifico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confusión y dispersión en las filas de los opositores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos integrantes, la estrategia para el triunfo también es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército acomodó con 200 votos por el SI en padrones de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando-, un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mientras que destruirlo o jugar a otras opciones que significarán lo mismo, su destrucción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a constituirse en un grave estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los programas de asistencia y, sobre todo, de desarrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple:

Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mujer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obligan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se excedió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinente arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándose los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a censurar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era proyecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese proyecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destinadas a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamentaria; un derecho que tienen todos los peruanos, desde el presidente de la República hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Víttor -todas ellas comprobadas- y los terrenos del Proyecto Pachacútec, donde este gobierno -este gobierno no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, 'de los que hasta ahora nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí y en el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido Ministro de Vivienda en la época, no se haya enterado de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tienen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del crimen de Barrios Altos -también mencionado por la señora Susana-, y las advertencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como rocas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella- las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de presidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chantaje de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nugent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abiertamente intervinieron en los últimos procesos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas consignadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Penal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL CAPRICHO Y LA PREPOTENCIA NO SON BUENOS GOBERNANTES

Francisco Igartua

Los problemas fronterizos no deben ser politizados. Lo ha dicho con claridad el doctor Javier Pérez de Cuéllar, que de diplomacia algo sabe, y lo mismo ha dado a entender el mandatario Alberto Fujimori. Los dos han hablado racionalmente y ojalá así se tocaran todos los temas de interés nacional: con tino, con buen juicio y sin buscar ventajas personales.

Pero el que no se politice el tema no quiere decir que la prensa de opinión, como es OIGA, se calle y no haga el análisis de lo ocurrido. El público debe estar bien informado sobre nuestra política de fronteras para entender por qué las relaciones exteriores de un país no deben politizarse, no deben ser usadas en beneficio de ningún gobierno en particular -menos en beneficio personal de nadie- y deben ser concretadas con conocimiento de la ciudadanía y con el mayor consenso nacional posible.

Hagamos un poco de historia. Cuando el señor Alberto Fujimori, presidente constitucional en esos momentos, anunció su disposición a solucionar los diferendos con Ecuador, Chile, entredichos subsistentes por negarse estas dos naciones a cumplir tratados aprobados a plenitud por las partes, uno en Río en 1942 y el otro en Lima en 1929.

Fue una obligación aplaudir esa iniciativa e incorporarla a la lista de los aciertos de su régimen. Al contrario mereció ser rechiflado cuando; por capricho, dejó largo tiempo sin embajador a nuestra representación en Brasil. Esa frontera es demasiado importante para que ese país fuera desairado, a causa del disgusto que tuvo Fujimori porque el Congreso baloteó el nombramiento de un amigo suyo, ministro de Alan García, para la embajada en Brasilia. La importancia del asunto era obvia: tanto por la línea fronteriza misma, que es enorme, como por la condición de país garante del Tratado de Río que tiene Brasil.

Resolver las tensiones con Quito y' Santiago era un objetivo casi tan importante como enfrentar con decisión lo que era el problema número uno del país -el terrorismo- y la reincorpora­ción del Perú al mundo financiero internacional. Pero si al decidir esta orientación a nuestra política exterior, que es tarea presidencial, estuvo en lo justo, cometió gravísimo error cuando, con arrogancia y autosuficiencia, puso de lado a los expertos de Torre Tagle y pretendió él, personalmente, realizar las tratativas, con ánimo de lograr en exclusiva la cosecha de los triunfos, que le parecieron tener al alcance de la mano. Viajó tres veces a Ecuador, cayó en el tremendo yerro de aplaudir y abrazar al presidente Durán Ballén que acababa de hablar de diferendo territorial con el Perú. Y peor aún, en un paseo pesquero, se puso a revisar mapas, trazando cambios fronterizos, con su colega ecuatoriano. Toda una serie de idas y venidas en el aire y en falso, que no han servido para nada. Durán BaIlén no ha visitado el Perú y se crearon desmesuradas esperanzas en Quito, con lo que las diferencias con Ecuador se han agravado en lugar de haberse resuelto. Todo por querer el señor Fujimori reemplazar, él solo, a todo el servicio diplomático peruano, que algo conoce del oficio. Quiso dar lecciones de diplomacia a los diplomáticos y salió trasquilado, como está a la vista.

Todo esto lo debe saber la ciudadanía para poder juzgar cuando se ponga a debate nacional -no político- este tema. Le servirá para formarse una opinión ilustrada de los hechos.

Y en cuanto al problema creado por la resistencia chilena a cumplir el Tratado de 1929, hay que decir que ocurrió lo mismo. Unas negociaciones que venían desarrollándose profesionalmente, dirigidas por la Cancillería, desde el gobierno anterior, Fujimori las quiso continuar a su estilo, asumiendo él el comando de la operación. De nuevo puso de lado a Torre Tagle y con un embajador obsecuente y un abogado muy distinguido del foro limeño, especialista en cuestiones tributarias y dilettante en derecho internacional -ignorante, además, de los detalles del conflicto-, quiso resolver el diferendo en secreto, sin informar nada a nadie, ni siquiera a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Prepotentemente, sin debate nacional alguno, creyendo que era fácil rematar el trabajo adelantado por el canciller Allan Wagner, Fujimori hizo concluir las negociaciones y con gran pompa, en uno de los salones más cargados de arañas de cristal de Palacio, con su presencia; para darle mayor seriedad y solemnidad al acto, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y el Perú firmaron las Convenciones de Lima. Para Fujimori se había resuelto el viejo problema de Tacna y Arica y él se coronaba de gloria.

Pero ocurrió que los entendidos en materia de Tratados, los historiadores, los periódicos, las damas de Tacna... encontraron que el Tratado de 1929 había sido saltado a la garrocha por las Convenciones. Estas protestas llegaron al Congreso y ahí se congeló la victoria de Fujimori.

En esos momentos, el Congreso -o sea el propio Fujimori- debió retornar los documentos a Palacio para, por intermedio de Torre Tagle, reiniciar las negociaciones con la Cancillería chilena. Era lo correcto, lo profesional, frente a la mayoritaria oposición ciudadana a las Convenciones. Pero Fujimori insistió en dejar los documentos en el Congreso con ánimo no de convencer al país de las bondades del arreglo sino de esperar el momento oportuno para que su Congreso lo aprobara prepotentemente, entre gallos y medianoche, e imponer al país hechos consumados.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA DIVINIZACIÓN DE LOS RIÑONES

Francisco Igartua

Hace pocos días, en un salón de Lima, escuchaba esta reflexión sobre el Perú actual, dicha en sorna con ánimo de restarle importancia: "Los blancos prefieren a un chino de presidente antes que a un cholo y los cholos lo mismo, antes que a un blanco prefieren a un chino". Añadía: "Y no está mal, porque este país necesita que lo disciplinen, que lo organicen, después ya se verá...". Lo que la bella dama decía, creyéndose Colón, es algo que ya había observado, al nacimiento de los estados americanos, un acucioso francés, Alexis de Tocqueville. Los países de la América española, para Tocqueville, no tenían respeto a la ley ni había sobriedad en sus costumbres, por lo que, disponiendo de las mismas condiciones de prosperidad, no lograrían ser naciones estables, democracias desarrolladas, como lo sería Estados Unidos de América.

Por un lado, voluntarismo, arbitrariedad, prepotencia... y después ya se verá. Un después que nunca ha llegado ni llegará. Porque de la dictadura -que ha sido el sistema más o menos continuado de gobierno en América Latina­ es imposible que surja un orden legal, un estado de derecho, base de todo desarrollo. Para llegar a él se requiere educación democrática, aprendizaje y paciencia, constituirse en pueblo, lograr -en nuestro caso- que los dos Perús, esas "dos razas que esbozan la vuelta al pasado por caminos opuestos, señalando así su inmenso distanciamiento socio-psicológico" -que decía More-, entiendan que los unos no son tan blancos ni los otros tan indios, que "ambos a dos -según sabio decir de un negro viejo- son cholitos, peruanos. Será ese encuentro que avizoró el colónído "Acaso algún día se encuentren -ambas razas- en un punto y ese punto sea el porvenir". La construcción de una nación no es asunto de chinitos ni entorchados con riñones bien puestos.

En el otro lado, al norte, los caudillos de su independencia no se dedicaron a reemplazar en el poder a los virreyes, sino a establecer un orden legal acorde con la realidad que nacía del nuevo estado de cosas. Orden legal con igualdad de mando sobre gobernantes y gobernados. A lo que se añadió educación y costumbres de respeto a la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Así nace la democracia norteamericana y por eso su fortaleza. Cuando la estupidez humana crea en esa nación la segregación de la raza negra, el conflicto no se soluciona subvirtiendo el orden público, proclamando otra constitución, sino incorporando a los negros al orden establecido, extendiendo el estado de derecho a todos los ciudadanos. La ley reina sobre las diferencias internas de esa democracia y es del respeto a la ley que surge su tremendo desarrollo económico, como lo previó con precisión Tocqueville en la tercera década del siglo XIX.

En nuestros lares, exceptuados Chile y Costa Rica, el irrespeto a la leyes lo más frecuente. Cada 'revolución', cada 'Patria nueva', cada 'Nuevo Perú', dicta sus propias leyes que, además, son incumplidas cada vez que el mandón de turno -vestido de frac, de poncho o con charreteras- considere que le han quedado cortas o no le son convenientes. Aquí no manda la ley sino los riñones de quien esté sentado en Palacio. Y así no se hace patria. Así se convierte más en chacra este 'territorio de desconcertadas gentes'.

Desgraciadamente, la historia nada nos enseña. Mejor dicho, me corrijo, nada aprendemos de las enseñanzas de la historia y cuando alguien la recuerda para rechazar, por ejemplo, la violación constitucional del 92, el denunciante resulta condenado por la 'ley' de los golpistas.

La semana pasada, en una reunión pública con los delegados provinciales del Movimiento 13 de Noviembre, organizada para exigir la libertad del general Salinas Sedó y los militares constitucionalistas presos en el Real Felipe, el general Pastor Vives; al agradecer el trabajo de los comités del Movimiento recordó cómo, al producirse el golpe militar del 5 de abril del 92, le vino a la mente un discurso del general Hoyos Rubio, comandante general del Ejército cuando él -Pastor Vives- era flamante coronel. Recordó la invocación del general Hoyos Rubio, que había sido uno de los conspiradores en el golpe de Velasco, haciéndoles reflexionar a los oficiales para que nunca más se dejaran ilusionar con las salvaciones a la patria. De esos pronunciamientos -decía Hoyos- la patria no se salva y sí queda vulnerada la unidad de los militares.

De allí comenzó, explicó Pastor Vives, nuestra inquietud para que el país volviera al orden constitucional, para que no siguiera el Ejército contribuyendo al desorden de la República y debilitándose como institución...

Esa enseñanza dictada por el general Hoyos Rubio, nacida de una trágica experiencia para el país, vivida muy directamente por él, algún efecto tuvo. Lo comprobé en los labios del general Pastor y lo estoy observando en la entereza moral del general Salinas, encarcelado en el Real Felipe con ocho de los suyos. Sin embargo, pareciera que, por algún malvado designio del destino, estuviéramos condenados a nunca aprender las lecciones de la historia y que la saña se agregue al castigo injusto dado a los que osan escuchar sus mandatos.

Mucho se me queda en el tintero sobre el destino fatal del Perú. No por obra del destino, en verdad, sino de nuestro ancestral desapego a la ley, a nuestro desconocimiento de lo que es el orden y, sobre todo, a la divinización de los riñones. De los riñones de los que están arriba y no de los que se alzan con valor moral contra la subversión del orden legal y moral cometida por los gobernantes. Por algo somos el pueblo más maleducado del mundo. El mal ejemplo viene de arriba.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - TRES DECLARACIONES

Francisco Igartua

Tres declaraciones cruciales se han producido la semana que pasó. Por un lado, el doctor Javier Pérez de Cuellar describió magistralmente los lineamientos generales de su candidatura que, para desesperación de sus enemigos y conveniencia de su estrategia electoral, todavía no la oficializa. Por su parte, el ingeniero Alberto Fujimori, que nunca ha tenido ideas propias, aunque sí habilidad para cabalgar en las de otros, ha cometido la torpeza increíble de hacer suya la tesis china de que los derechos humanos son peculiares de cada país y que el sentido de la democracia también lo define cada gobierno, siendo gesto imperialista la intervención de otros estados en estas decisiones que son soberanas de cada nación. Y, por último, el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se dirigió al jefe de Estado del Perú pidiéndole la libertad del general Jaime Salinas Sedó y de los otros oficiales que lo acompañan en la prisión del Real Felipe. (Declaración que publicamos más adelante).

El embajador Pérez de Cuéllar, en una corta y precisa entrevista concedida al decano de la prensa nacional, adelantó que, de serlo, será candidato independiente, pero respetuoso de los partidos políticos, que son consustanciales al sistema democrático. Además no se enfrentará a las instituciones nacionales sino las fortalecerá y buscará su saneamiento; no concentrará el poder en Lima y dará fuerza y autonomía a las regiones y municipios... También anunció que no variará la dirección general de la política económica -puntualizándola como 'tendencia universal' del día-, pero que lo hará con preocupación social, tendiendo a la creación de puestos de trabajo. Y no se dedicará a la confrontación de unos peruanos contra otros, sino a lograr consenso en torno a los puntos coincidentes de interés nacional. Fueron sus declaraciones a El Comercio, según autorizada opinión de un antiguo experto en la problemática del país, "una pieza política maestra" a la que nada le sobraba ni le faltaba.

Mas tarde, por tanto, respondió a las impertinencias del señor Fujimori sobre su larga residencia en el extranjero, puntualizando que él hace cuarenta años está al servicio del Perú y no acepta lecciones de quien sólo hace cuatro años y medio se está interiorizando en los problemas nacionales. En términos enérgicos y precisos, aunque nada destemplados -en contraposición a la característica de Fujimori-, le hizo recordar el embajador Pérez de Cuéllar que el servicio diplomático obliga a sus integrantes a estar permanentemente al tanto de la realidad global del país y severamente le recordó, sin decirlo, que todos los regímenes peruanos, incluido el de Fujimori, acudieron en distintas oportunidades a su despacho de Secretario General de las Naciones Unidas a exponerle el cuadro preciso y general de la situación peruana para pedir su intervención en ayuda del Perú. Lo que siempre hizo y en el caso preciso de Fujimori, hasta nombrando a una de sus asistentes para que coordinara la asistencia social al programa económico de emergencia. Asistencia que no sólo fue desoída sino ninguneada hasta el extremo de que, discretamente, en silencio, tuvo que desaparecer la enviada de la ONU. No es, pues, que Pérez de Cuéllar desconozca la realidad nacional sino que el punto de discusión ha quedado volteado: es tan grande el envanecimiento del señor Fujimori que, ya en aquella lejana visita, su soberbia no le permitió advertir que el Secretario General de las Naciones Unidas le tendía la mano en el punto débil, en el forado bajo la línea de flotación, que tenia el programa económico que le exigía al Perú el Fondo Monetario Internacional, institución técnica que, por lo general, desconoce las particularidades de cada realidad nacional, Fujimori no cree en los peruanos. Cree en él mismo, en sus propias matemáticas, en los organismos internacionales que le recomienda Japón y, ahora, en la 'democracia' china y en la calidad tecnológica de las computadoras y tractores chinos -pagados por los peruanos- que ha ido regando por todo el territorio nacional y que día a día se van acumulando en los depósitos de trastos viejos e inútiles, sea por falta de repuestos, sea por obsoletos o, principalmente, por deficiente construcción.

Nadie entiende cuáles han sido los ob­jetivos perseguidos por el señor Fujimori para suscribir entusiasta, en Beijing, con el problema norcoreano en la frontera, la­particularlsima tesis de que el sistema de­mocrático y el modo de aplicadón de los derechos humanos se lo fabrica cada na­ción a su manera; y que, por lo tanto, la soberanía de cada país no permite la injerencia extraña en estos asuntos.

Con esta tesis desenvainada como espada samurái se presentó Fujimori en Cartagena (Colombia) y arremetió en defensa de la libertad de Haití y Cuba para decidir sus destinos como les venia en gana. Tesis exacta en teoría académica, si se reduce al enunciado, pero sujeta a una larga jurisprudencia internacional y que, en boca de Fujimori, estaba impregnada de la teoría maoísta escuchada y asumida en Beijing, donde la democracia no es derecho de los individuos sino de las masas en abstracto y donde la soberanía está al servicio de la política y los intereses de la cúpula gobernante, y no de la nación.

Tan alucinante y anticuada fue la intervención del jefe de Estado peruano que ni siquiera se la agradeció Fidel Castro.

¿A qué se debe esta torpeza? Se supone que no va dirigida a declararle la guerra a Estados Unidos. Tampoco pareciera que tuviera la limitadísima mira de ganarse los votos de la casi desaparecida izquierda peruana. ¿A qué, entonces?.

No falta quienes hallen esta insólita explicación a tanta torpeza: Lo que busca Fujimori, dicen estos observadores, es poner el parche antes que salga el chupo. Es declararse democracia al estilo oriental, anticipándose a una posible postergación de elecciones y a un cierre de fronteras -como los chinos y norcoreanos- para que no haya olfateo internacional a las tropelías de la 'democracia dirigida' diseñada por los militares que lo llevaron al poder y lo sostienen en él.

¿Fujimori necesitará ayuda siquiátrica?

Es lo que nos preguntamos los occidentales, los que creemos en la democracia como estilo de vida que garantiza el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos, a discrepar y a respetar la critica de los demás, a aceptar las decisiones de las mayorías pero pudiendo creer que la razón la tienen las minorías; los que creemos en la sana convivencia y en la honesta discrepancia de los seres humanos; los que estimamos que el Perú, con sus enormes problemas de identidad, no ha salido todavía de la órbita occidental. ¡Y ojalá no salga!.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUATRO SUCESOS DESIGUALES

Francisco Igartua

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer las circunstancias en las que tendrá que competir -"No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder"­, pero también a sabiendas, por experiencias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelección, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, a los autócratas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del mensaje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta forma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fujimori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóticos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la policía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, dilucidar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente intervención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.

Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni puede dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos debería echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicóptero, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almanaques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE. UU., empantanado en Haití, cual elefante desesperado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para comprar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgullo nacional. La otra es una tragedia horrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacional de un banco que surgió de la imaginación y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enteramos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muerto de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción alguna en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un muchacho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso, la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a WiIfredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no tenía la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podido convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los militares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Expreso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemente avisos en el diario de Orejuelas. También da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicolás di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares "que controlarán el proceso electoral", frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los 'controladores' del proceso. El suplemento del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera antes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - HACER DEMAGOGIA CON LA PLATA DEL PUEBLO NO ES GOBERNAR

Francisco Igartua

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el voto se emite apretando un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley presentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperanzas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate incoherente.

En uno de sus dispositivos, por ejemplo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funcionario puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre ha inspirado la legislación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una presión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resultados. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcionario, cuyo poder llega a todos los rincones del país, pueda participar en elecciones desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cualquier funcionario, también debiera alejarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano disparate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bastaría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio -en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori-, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones sigue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reelecciones, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fondos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral presentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próximos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus cargos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatura, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial -todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una burla cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para imprimir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones -todo a cuenta del Estado-, así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de elevado criterio, profesionales de nota, gentes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candidato a la reelección las violará cuantas veces le dé la gana y se mofará de ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico? ... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el proceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impunemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anda diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apretando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demagogia. Está bien, muy bien, que se inauguren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luz y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su despacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya buena enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el ISC al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer giras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colocarse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repartiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer demagogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campaña electoral.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA CERVEZA Y LOS PERIODISTAS

Francisco Igartua

Solicitando le prestemos atención -al final de la nota destaca la frase ritual "con el ruego de su publicación"-, la Compañía de Cerveza Cristal nos ha hecho llegar una larga exposición en la que 'explica la caída del consumo de cerveza (8.5%) por el auge que ha tomado la venta de ron importado (133%) y de otros alcoholes rectificados nacionales y extranjeros. Y le asiste a la Cristal toda la razón en sus argumentos para protestar, pues este desequilibrio se presenta, sin duda alguna, por el trato discriminatorio que, en cuestión de impuestos, sufre la cerveza en relación a bebidas de alto grado alcohólico. Pero hay algo más que sólo está insinuado en la comunicación de los fabricantes cerveceros. También esa baja se debe a la pauperización del pueblo, que no puede pagar la parte del impuesto que se le asigna (18% de IGV y 30% de ISC) por la compra de cerveza, su bebida preferida. En tales condiciones opta por olvidar sus penas emborrachándose con licores de alto grado alcohólico, más dañino para la salud que la cerveza, pero más baratos y más contundentes para borrar del cerebro malos recuerdos y tensiones. De allí también el auge del juego y de las drogas.

Frente a esta realidad, las campañas y los discursos de respaldo a la lucha contra el narcotráfico para evitar el daño a la salud de nuestra población suena a inútil y hueco compromiso, a desvergonzada hipocresía. ¡Cómo si el alcohol no causara tanto destrozo como los estupefacientes.

Con esta nota de Cristal vemos que nuestros grandes hombres de empresa comienzan a ver que en economía las situaciones no son tan simples ni se resuelven con pura matemática. Es cierto -en este punto no hay duda alguna- que las normas tributarias, para ser eficaces, deben ser generales e iguales para todos; pero sin dejar de reconocer que son insoslayables las excepciones y respetables las particularidades que, como en la gramática, confirman la regla. Tal es el caso de la cerveza, que es discriminada y cargada con mayor castigo tributario que rones y alcoholes rectificados, mucho más dañinos para la salud popular y juvenil que la cerveza, cuando la realidad sanitaria y moral obliga que las cosas sean al revés.

También estos grandes empresarios habrán advertido que el pueblo, y no las elites, es el que cubre la mayor parte del presupuesto de la República. Por ejemplo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el renglón cerveza -que es todavía la bebida de las masas- llega a sumas mil veces superiores a los magros ingresos que el whisky le produce al fisco. ¿Y qué deI IGV -impuesto a la venta- a los fideos, a la leche, a los huevos, al aceite? ¿Alguien ha hecho el cálculo de la sideral diferencia del pago hecho por los pobres al fisco con el mísero aporte que hacen las elites? ¿Come más fideos un rico que un desocupado? ¿Toma más leche? Y tómese en cuenta que en el Perú algo más de 20 millones de personas son medianamente pobres, pobres, paupérrimos y miserables. Estos son lo que, sin saberlo, cubren la mayor parte del presupuesto nacional cada vez que toman un té, un café, un pan o una cerveza.

Pero volvamos al tema inicial: ¿Por qué, si hay discriminación tributaria en contra de la cerveza, que es una bebida de moderado grado alcohólico, no se invierten los términos y la discriminación se vuelve contra los alcoholes fuertes, que son dañinos a la salud y, en el caso de algunos de ellos, consumidos sólo por adultos de la clase alta? Esto lo aconsejaría una economía con sentido humano, solidaria con los más necesitados y preocupada por la salud moral y física de la población. Una economía que no tendría que avergonzarse de la hipocresía que se esconde en muchos discursos antinarcóticos.

Para evitar las consabidas trampas basta que la diferencia sea entre licores y cervezas, señalando que éstas, cuando lleguen al grado 'de ponemos 'osos', pasen al renglón de licores.

Esperemos que ahora los grandes empresarios -como son los de la cerveza-, tan distantes de los problemas de los demás, comprendan ahora la necesidad de las excepciones tributarias; de la igualdad en situaciones semejantes -Dionisio Romero ha pedido, con razón, igual trato para la banca nacional y la extranjera-, y del sentido humano que la economía no debiera despreciar.

Pongámonos de acuerdo en que el impuesto general a las ventas -el que cancela cada ciudadano al hacer una compra- es técnicamente el más eficiente y que éste debe ser universal. También admitamos -porque técnicamente es lo correcto- que la tasa del 18%, es demasiado alta y debería reducirse al 10 o 12%. Así habría menos evasión y se ampliaría la base tributaria. Hace muchísimos años, antes de la era cristiana, un sabio emperador chino descubrió y estableció como norma que los impuestos en conjunto jamás deberían pasar del 15%, porque, de lo contrario, sería una permanente tentación a ser evadidos.

Pero vayamos a lo nuestro, a lo que nos atañe a los periodistas: ¿por qué no debe haber excepciones o, mejor dicho, por qué debe haber una sola?

Sería verdaderamente criminal, una estulticia, que a los recibos de los estudiantes se les añadiera 18% de IGV. ¡Cómo si el déficit mayor de este país no fuera la falta de educación' Está, pues, muy bien que se exceptúe del IGV a la educación, como se ha hecho. Lo que no debe ocurrir es que el negocio de la educación -se hacen negocios con ella y muy grandes- no pague impuesto a la renta. Y tampoco está bien que, en igualdad de trato, no se exonere del IGV a la venta de periódicos y revistas, que son el medio más eficaz de educación cívica y de ilustración que tienen los ciudadanos y es, hoy día, condición indispensable para que se pueda hablar de libertad de prensa en un país. Que haya publicaciones pornográficas y de escalofriante frivolidad, es algo lamentable, como son lamentables algunas frivolísimas escuelas privadas, pero no le quitemos la vida a un ser humano por los muchos o pocos forúnculos que lo afeen. Por lo demás, no es ésta una excepción especialísima. En todos los países del mundo civilizado, en unos más que en otros, la venta de libros y periódicos goza de regímenes de excepción o preferencia. También en todos los países desarrollados, con un mínimo de conciencia sobre las necesidades vitales de su población, están liberados o muy aligerados del IGV o IVA los alimentos básicos y las medicinas Gobierno que no entienda esta situación -más en los países subdesarrollados, en los lugares donde, como aquí, los salarios son de hambre-, es gobierno sin sensibilidad humana, sin mirada al futuro, sin sentido de patria. ¿Qué se podrá hacer mañana con un pueblo ignorante, incivil, tuberculoso?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - VITTOR, SUSANA Y LIBERTAD DE PRENSA

Francisco Igartua

Para muchos debiera esta revista estar alegre por la caída del ministro de la Presidencia, el ingeniero Vittor.

-Ustedes -nos dicen- son los que lo han tumbado. Sin embargo, no es verdad que OIGA se regocije con lo ocurrido. El que el señor Fujimori se desprenda de un ministro comprobadamente pícaro y encubridor de pícaros, no significa que haya desaparecido la inmoralidad en el régimen o que ésta haya amenguado. Vittor ha renunciado después de que Fujimori avaló públicamente su conducta de encubridor de los beneficiarios de los sobornos del BCCI (denuncia comprobada) y después de que quedara en evidencia que era uno de los tantos allegados al régimen que se aprovechan deshonestamente de las obras gubernamentales. Avalar a pícaros y más tarde aceptarles sus renuncias ("agradeciéndoles los servicios prestados a la Nación") no es moralizar, es amparar la corrupción y desmoralizar a los peruanos. ¿Se puede hablar de moralización cuando los picaronazos renunciantes no sólo nunca recibieron un castigo sino que fueron premiados con embajadas y buenos negocios? Menos aún vale la pregunta mientras se mantenga en los altos mandos del gobierno a los encubridores de Zanatti -pícaro mayor que los esposos Figueroa- y mientras los enormes gastos del gobierno -financiados con los impuestos que pagan los pobres al comer un pan o leer un periódico- sigan sin otra fiscalización que la frase cachacienta de Fujimori: "Ahora no hay comisiones". Vittor, nada menos que ministro de la Presidencia ¿no recibía comisiones? ¿No han recibido comisiones los ministros que permitieron que Zanatti vendiera Faucett, se llevara los aviones de Aeronaves y se deshiciera de sus negocios ganaderos? ¿Quién le paga su campaña reeleccionista al señor Fujimori? ¿No hay malversación en la impresión de fotos a todo color del mandatario y en otros regalos personales?

No, no estamos contentos en OIGA con la caída del ministro Vittor -su renuncia con "gracias a los servicios prestados" no es satisfactoria muestra de voluntad moralizadora- y, por otro lado, nos apenan las desavenencias familiares en Palacio. Sabemos de las terribles tensiones sufridas por la señora Higuchi cuando fue secuestrada en el Pentagonito, por aquello de los 'trapos sucios', y nos desconciertan sus apariciones públicas al lado del esposo tanto como su escapada de Palacio. Se trata de hechos contradictorios que pueden ser máscara de insospechadas conductas sobre las que no es aconsejable especular. Nuestra sensibilidad occidental peruana podría perderse en los meandros orientales de la relación Fujimori Higuchi. Sin embargo, no es posible negar que mucho más nos apena la esposa maltratada que el consorte autoritario y prepotente.

Y como también está en el tapete el tema de la presión económica del gobierno sobre los medios de expresión, repetiré lo que escribí y publiqué -por si las moscas el 28 de marzo del 94-, al inicio de estas 'secretas negociaciones'. Posición que OIGA sigue manteniendo a pie firme; entendiendo publicidad por divulgación de asuntos de interés nacional no propaganda política:

Para que no se me escape la lengua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para hablar, voy leer estas notas, escritas a vuela lápiz en estos momentos:

"Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra gerente ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para llegar a acuerdos que no conozco, porque a esas reuniones OIGA no fue invitada”.

"Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el impuesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas”.

"Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívica, lo primero que debe hacer es propiciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los periódicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países embrionarias como el nuestro”.

"Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado en setiembre, en Berlín, que el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos que elevan el precio de los perió­dicos a niveles que los aleja del público".

"El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los periódicos tienen subvención estatal”.

"Ningún país en el mundo carga con 18%a la venta de periódicos y revistas; o sea, a la difusión de la lectura. (Un reciente intento de hacerlo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búlgara). Por el mismo tema hay protestas en Chile democrático. A pesar de que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de Impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotativas”.

"El 18% de IGV a la prensa es una carga más que injusta, es discriminato­ria si nos comparamos con la Educa­ción, que está liberada -y con razón­ de este y otros impuestos. También es criminal el IGV a las medicinas, a los alimentos básicos y a los libros”.

''Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntualizar que la situación de OIGA, al tener una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son mucho menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candidato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y absurda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invitado”.

"Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato publicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastarnos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa".

Más que acertado es el comentario del presidente Belaunde, publicado en Caretas. Es la radiografía de la libertad de prensa en el Perú de hoy. Dice Belaunde:

"Las antiguas dictaduras clausuraban los periódicos, Fujimori los compra".

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - DOS MAFIAS CONTROLAN EL PERU

Francisco Igartua

Hace unos días dije en un programa del Canal 11 que el Perú se hallaba en manos de dos mafias, una japonesa y otra militar. Lo que espantó a algunos de mis amigos. Uno de ellos me comentó luego:

-Creí que no ibas a llegar a tu casa. Lo que, sin duda, es algo exagerado.

No hemos llegado a los extremos gansteriles de los años treinta. Pero sí es cierto que el país está gobernado por estas dos mafias. Sobre la militar poco o nada podría añadir a las muchas crónicas publicadas en esta y otras revistas sobre los actos de gobierno, con paseo de tanques por las calles, tomadas por la cúpula militar, y sobran los detalles difundidos sobre el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta. También se conocen aunque más soterradamente, la matanza de Barrios Altos y la desaparición de universitarios en Huancayo; así como los altaneros pronunciamientos políticos del alto mando militar en diversas circunstancias. Tampoco son desconocidos los controles sobre las comunicaciones y más de una vez -no todas- los medios de difusión han dado cuenta de diversas 'visitas' -unas veces uniformadas y otras sin dejar rastro- en las que, por ninguna justificación policial o por la falta de indicios de robo, no pueden dejar de ser gestos clarísimos de amedrentamiento político, sólo achacables al Servicio de Inteligencia Militar.

Todo esto es verdad y está al margen de los aciertos del régimen en el campo económico; aunque aciertos no tan sobredimensionados como los quieren ver muchos peruanos y no pocos burócratas internacionales, que se niegan a advertir que, junto a las correcciones inevitables en el campo macroeconómico, se han agigantado los problemas de la deuda externa, igual que el cuadro de extrema pobreza, los índices de desnutrición y la geografía de las enfermedades críticas. También el aterrante poder de la mafia militar es una realidad que convive con los éxitos del gobierno en la lucha antisubversiva, éxitos que no son ajenos a la liquidación del marxismo como base ideológica del terrorismo y a la caída del Muro de Berlín, con su consecuente corte de apoyo logístico, moral y económico a las subversiones de signo comunista. A lo que es necesario añadir: en los indudables logros antiterroristas de los últimos años -como la captura de Guzmán, por ejemplo- en nada influyó el autogolpe militar del señor Fujimori. El operativo Guzmán lo tenía montado la Dincote -e iba por muy buen camino­ desde mucho antes que se produjera la quiebra del orden constitucional. Esto es historia y no historieta electoral.

Pero en esta oportunidad me toca hablar de la otra mafia que controla al gobierno peruano, de la mafia japonesa, mafia que preside el señor Alberto Fujimori Fujimori.

No hay en esta referencia ningún prejuicio racial. Primero porque, por la información que poseo, la mayoría de japoneses e hijos de japoneses que residen en el Perú no forman una comunidad de mafiosos. Y, segundo, porque mal puede caer en este tipo de xenofobia quien, como yo, igual que ellos, recién estoy echando mis propias raíces en estas tierras.

Y esto de la mafia japonesa tampoco es un cuento, es historia; que ahora acrecienta su verosimilitud, cuando el problema de la corrupción estalla en la cara al propio Fujimori y ya no puede ir dando la callada por respuesta, poniendo cara de palo o abrazando, dándoles credencial de buena conducta, a pícaros comprobados como Raúl Vittor Alfaro, ministro en un reducto del primer mandatario donde, por denuncia que OIGA publica en esta edición, se hace el montaje del modus operandi de la mafia para extorsionar a los desesperados del Perú... y quién sabe a otros ciudadanos no tan desesperados. El hombre de Palacio en estos operativos es el viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda, quien, por lo que se aprecia en los documentos que aparecen más adelante en esta edición, actúa con control remoto sobre otras dependencias estatales.

Aunque es mejor que vayamos al comienzo de la historia, para tener una visión más precisa de los hechos y, a la vez, para que el relato de lo ocurrido sirva para poner algo de luz en el enfrentamiento de la señora Susana Higuchi con el poder de los Fujimori.

Cuando se produjo la denuncia de la señora Higuchi contra sus concuñados por el mal uso que, según ella, se estaba dando a las donaciones japonesas, recibí la visita desesperada de un amigo y de una asistenta de la primera dama. Me venían a pedir protección para la señora Susana.

Yo creí que estaba soñando o que me estaban tomando el pelo. ¿Cómo podría yo, revista de oposición, perseguido económicamente por el régimen, proteger a nadie, si no lo podía hacer conmigo mismo?

-Lo que queremos es que se sepa lo que ha ocurrido y sabemos que usted es capaz de hacerlo. La señora Susana ha sido secuestrada.

-¿Qué?

-Sí. Creemos que está en el Pentagonito.

-Bueno, cuenten conmigo. Aunque, desgraciadamente, la revista está ya impresa. Será para la próxima semana. Estemos en contacto.

Al día siguiente, el amigo de la familia Higuchi llegó a las oficinas de OIGA é invitó a almorzar a su casa a nuestra gerente general, Carolina Arias. Ella aceptó y fue, además, en representación mía.

En el almuerzo se presentó la familia Higuchi, totalmente abatida y apesadumbrada, aunque mostrando un gran fervor religioso y mucho coraje frente a cualquier desastre que les pudiera ocurrir.

-Ustedes -dijo uno de ellos- no tienen idea de lo que son capaces los Fujimori y tememos por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana. A nosotros nos pueden quitar todo, no importa. Basta que nos queden las manos para volver a comenzar a trabajar. Confiamos en Dios. Pero nos preocupa Susana.

Carolina Arias volvió a dar seguridades de que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance...

Sin embargo, al día siguiente, por medio de una llamada telefónica, pidieron que no dijéramos una palabra sobre el tema.

OIGA cumplió con lo que se le pedía y meses después apareció como una sombra la señora Susana Higuchi. Y así siguió por mucho tiempo.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - ZONA DE PENURIAS

Francisco Igartua

En 1973, la UNESCO al señalar los rangos defini­torios de los países mar­cadamente subdesarrolla­dos, acuñó el término «zona de penuria» para referirse a las repúblicas como el Perú cuya pobla­ción crece pero su producción de libros disminuye notablemente. De entonces a la fecha han transcurrido 22 años. El Perú pasó por una dictadura militar, dos gobiernos demo­cráticos y un régimen cívico militar, sin embargo el drama de libro y las publicaciones no sólo persisten sino que se ha agudizado radicalmente.

Situación sumamente crítica que, mediante impuestos ciegos y abusivos, amenaza con destruir la industria edito­rial y a todas las instituciones dedicadas a divulgar cultura y cimentar las bases de la nacionalidad de un país que desde su gestación pugna por encontrar su destino como nación.

Un tema medular que OIGA, a lo largo de toda su existencia, ha deman­dado atención y medidas correctivas convencida de su trascendencia. Pero es asunto ignorado por gobiernos de toda laya que, en esta hora de dura prueba, vuelven a tocar cuando se habla de «revolución educativa», pero, paradójica­mente, se olvida que ésta se forja y cimienta en las aulas, en las carpetas y los escritorios de los estudiantes y maestros donde el libro es un extraño.

Y es que los gravámenes han vuelto prohibitivo al libro, al igual que han limitado su producción en el Perú los impuestos al papel, a la tinta y a todos los insumos de la industria editorial. Contradictoria política cuando en América y el mundo entero hay un florecimiento de las publicaciones gra­cias a las leyes de protección y fomen­to.

Los impuestos ahogan todo esfuer­zo editorial. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde la indus­tria del ramo trabaja exonerada de impuestos, en el Perú el papel que se importa está gravado con un arancel del 15%, al que hay que sumar pagos por concepto de supervisión (1%), se­guro (3%) y el 18% por IGV ¡37 por ciento!. En el caso de las revistas y periódicos a esos pagos hay que añadirle el cobro del IGV por concepto de venta, impuesto que es imposible trasladar a los canillitas.

Pero si esta realidad descrita expli­ca, en gran parte, el porqué languidece la producción de libros y desaparecen publicaciones, también sirve para ilus­trar lo que sucede con el libro que se importa o exporta y recibe el mismo trato que un saco de papas. De esa manera, un libro que en España cuesta 10 dólares en el Perú vale 16. Y es que en la Madre Patria el libro si es conside­rado artículo de primera necesidad.

A propósito, en 1993, cuando el go­bierno español incrementó la tasa del I.V.A. (equivalente a nuestro IGV) del 12% al 15, a los libros se les redujo la tasa del 6% al 3%. Y ojo que ahí no paga ningún otro tipo de arancel. En Chile, donde también se paga un I.V.A. del 18%, todo lo recaudado por ese concepto tiene un fin cultural: adquirir libros para mantener actualiza­das las bibliotecas públicas del país.

Pero el caso más ilustrativo de lo beneficioso que son para un país las medidas de fomento de la industria editorial lo da Colombia. Ahí se dio una ley promotora que, en 20 años, ha convertido esa actividad en el ter­cer rubro de exportación de ese país, hoy en franca competencia por el pri­mer lugar del mercado sudamericano con México.

Los extraordinarios beneficios, que en diciembre de 1993, mediante la Ley N° 98 se han prorrogado hasta el año 2013, exoneran de tasas arance­larias y de todo tributo a la industria editorial, liberan la compra de rotati­vas, maquinarias e insumos, crea fuen­tes de financiamiento y otorga al rubro categoría de actividad industrial beneficiándola con créditos directos y mecanismos de redescuento. Además dis­pone la realización de ferias, señala, por ley, la compra de libros para todas las bibliotecas públicas del país y crea tarifas postales preferenciales.

Una realidad, con acordes de músi­ca celestial, que, a pesar de su cerca­nía, está muy distante de lo que ha pasado y pasa en el Perú donde la producción de libros sigue postrada, ha quebrado más del 50% de las libre­rías limeñas en los últimos 15 años y, donde por los aranceles, las inspeccio­nes y el IGV, el libro importado ha desaparecido.

Hoy, en el Perú de 1995, los libros de ciencias, de ingeniería, las obras con los últimos avances en todos los campos del saber humano se han esfu­mado de las escasas librerías existen­tes, con el grave perjuicio para nues­tros estudiantes y profesionales que de esa manera han quedado desactuali­zados en un mundo donde el conoci­miento es clave para poder competir.

Y también, como signo de los tiem­pos contradictorios que padece el país, la piratería editorial ha adquiri­do carta de ciudadanía cuando en realidades tan distantes y disímiles como Estados Unidos y la China co­munista, que apuesta a la moderni­dad, se vela por los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Francisco Igartua opina: LOS SOVIETS, SRA. MACHER, NO SON UN PARTIDO POLITICO - Diario Expreso 14/06/2003

“Con estupor he visto y leído, en la prensa y la TV de estos días, a respetables voceros de la sociedad civil (Tapia, Macher, De Althaus, Gorriti) dando cátedra de sabiduría política. Lo han hecho, sin embargo, con tan vanidosos aires de perdonavidas que han acrecentado el disparate de calificar a Sendero Luminoso de partido político. Frente a tan grande tontería no puedo dejar de aprovechar la ocasión para reírme un poco a costillas de estos defensores de la ideología como partido político. Reírme, porque enojarse sería un desperdicio de energías. ¿De dónde acá una ideología es partido político?.. Otra cosa es que con base en ideologías se formen partidos políticos, entidades que sólo pueden ser hijas de la democracia. Los partidos políticos que niegan la posible existencia de competidores de su ideología (los partidos únicos, dueños de la verdad) no son partidos políticos. Son una partida, banda, asociación de facinerosos, porque su aspiración es liquidar a la democracia y establecer el totalitarismo. No son, repito, partidos políticos. Y las bandas criminales como Sendero o el MRTA lo son menos aun, porque se inician como delincuentes, en contraposición a la confrontación de ideologías que sólo en democracia puede darse. Al parecer, el origen marxista de algunos de los citados les hace creer que, como existen partidos comunistas a los cuales admiraron, el comunismo es partido político. No, señores Tapia y Macher. Cuando el comunismo, el fascismo y el nazismo llegan al poder y entronizan su camuflada ideología de partido único, dejan la apariencia de partidos políticos y se transforman en bandas criminales del aparato del Estado. El Soviet y el Reich son la negación de la democracia, que es, repito, confrontación de posiciones ideológicas, no producción de cadáveres. Ni Sendero ni el MRTA han pasado siquiera por la etapa del camuflaje. El concepto de partido político, cuyo germen está en el diálogo griego, nace con la Revolución Francesa en cuanto ésta deja de ser barullo y guillotina. Y un partido político está organizado cuando sus afiliados tienen un pensamiento igual frente a los problemas del Estado, más que cuando los aglutina una ideología. Puede haber, por ejemplo, católicos en partidos políticos contrapuestos. Los partidos políticos son hijos legítimos de la democracia, de la confrontación de pareceres o, para decirlo con palabras de Federico More, `fundado en la coexistencia amistosa de todas las clases sociales; en la libre convivencia y en la honesta discrepancia'. No tienen pues cabida en ella (en la democracia) los grupos, bandas o facciones que se proponen establecer una dictadura de pensamiento único. Darles categoría de partidos políticos a Sendero Luminoso o a los tupamaros es una aberración; es comparar, poner al mismo nivel, la barbarie nazi o soviética con el libre juego de las ideas e intereses en los que se funda la democracia. Bien ha dicho, por lo tanto, el presidente Paniagua cuando afirma que `Sendero no fue, no es ni podrá ser un partido político porque, para serlo, hay que ser una organización que compita en democracia'. Añadiendo que `democracia no es una lucha entre bandas criminales que pretenden imponer por la fuerza sus puntos de vista'" (Expreso, 14/6/2003).