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DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA
FRANCISCO IGARTUA CON DORIS GIBSON, PIEZA CLAVE EN LA FUNDACION DE OIGA, EN 1950 CONFUNDARIAN CARETAS.

«También la providencia fue bondadosa conmigo, al haberme permitido -poniendo a parte estos años que acabo de relatar- escribir siempre en periódicos de mi propiedad, sin atadura alguna, tomando los riesgos y las decisiones dictadas por mi conciencia en el tono en que se me iba la pluma, no siempre dentro de la mesura que tanto gusta a la gente limeña. Fundé Caretas y Oiga, aunque ésta tuvo un primer nacimiento en noviembre de 1948, ocasión en la que también conté con la ayuda decisiva de Doris Gibson, mi socia, mi colaboradora, mi compañera, mi sostén en Caretas, que apareció el año 50. Pero éste es asunto que he tocado ampliamente en un ensayo sobre la prensa revisteril que publiqué años atrás y que, quién sabe, reaparezca en esta edición con algunas enmiendas y añadiduras». FRANCISCO IGARTUA - «ANDANZAS DE UN PERIODISTA MÁS DE 50 AÑOS DE LUCHA EN EL PERÚ - OIGA 9 DE NOVIEMBRE DE 1992»

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«Cierra Oiga para no prostituir sus banderas, o sea sus ideales que fueron y son de los peruanos amantes de las libertades cívicas, de la democracia y de la tolerancia, aunque seamos intolerantes contra la corrupción, con el juego sucio de los gobernantes y de sus autoridades. El pecado de la revista, su pecado mayor, fue quien sabe ser intransigente con su verdad» FRANCISCO IGARTUA – «ADIÓS CON LA SATISFACCIÓN DE NO HABER CLAUDICADO», EDITORIAL «ADIÓS AMIGOS Y ENEMIGOS», OIGA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995

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LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU

LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

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LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

«Siendo la paz el más difícil y, a la vez, el supremo anhelo de los pueblos, las delegaciones presentes en este Segundo Congreso de las Colectividades Vascas, con la serena perspectiva que da la distancia, respaldan a la sociedad vasca, al Gobierno de Euskadi y a las demás instituciones vascas en su empeño por llevar adelante el proceso de paz ya iniciado y en el que todos estamos comprometidos.» FRANCISCO IGARTUA - TEXTO SOMETIDO A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA Y QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD - VITORIA-GASTEIZ, 27 DE OCTUBRE DE 1999.

«Muchos más ejemplos del particularismo vasco, de la identidad euskaldun, se pueden extraer de la lectura de estos ajados documentos americanos, pero el espacio, tirano del periodismo, me obliga a concluir y lo hago con un reclamo cara al futuro. Identidad significa afirmación de lo propio y no agresión a la otredad, afirmación actualizada-repito actualizada- de tradiciones que enriquecen la salud de los pueblos y naciones y las pluralidades del ser humano. No se hace patria odiando a los otros, cerrándonos, sino integrando al sentir, a la vivencia de la comunidad euskaldun, la pluralidad del ser vasco. Por ejemplo, asumiendo como propio -porque lo es- el pensamiento de las grandes personalidades vascas, incluido el de los que han sido reacios al Bizcaitarrismo como es el caso de Unamuno, Baroja, Maeztu, figuras universales y profundamente vascas, tanto que don Miguel se preciaba de serlo afirmando «y yo lo soy puro, por los dieciséis costados». Lo decía con el mismo espíritu con el que los vascos en 1612, comenzaban a reunirse en Euskaletxeak aquí en América» - FRANCISCO IGARTUA - AMERICA Y LAS EUSKALETXEAK - EUSKONEWS & MEDIA 72.ZBK 24-31 DE MARZO 2000

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viernes, 10 de abril de 2009

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Un pacto tácito, doña Susana y dos chistes – Revista Oiga 29/08/1994


Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la compe­tencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitu­ción dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vie­ne midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral. Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque -según ellos- es autoritario y eso es lo que nece­sita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimula­da, en un régimen extralegal, sin garan­tías jurídicas, tremendamente centralista y dominado por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policía­co sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno, sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especí­fico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confu­sión y dispersión en las filas de los oposi­tores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos inte­grantes, la estrategia para el triunfo tam­bién es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército aco­modó con 200 votos por el SI en padro­nes de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando; un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mien­tras que destruirlo o jugar a otras opcio­nes que significarán lo mismo, su destruc­ción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por, otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a cons­tituirse en un gravé estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los progra­mas de asistencia y, sobre todo; de desa­rrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple: Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mu­jer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obli­gan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se exce­dió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinen­te arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándole los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a cen­surar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era pro­yecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese pro­yecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destina­das a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamenta­ria; un derecho que tienen todos los pe­ruanos, desde el presidente de la Repúbli­ca hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Vittor -todas ellas comproba­das- y los terrenos del Proyecto Pacha­cútec, donde este gobierno -este gobier­no no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, de los que hasta aho­ra nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí yen el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido ministro de Vivienda en la época, no se haya entera­do de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tie­nen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del cri­men de Barrios Altos -también mencio­nado por la señora Susana-, y las adver­tencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como ro cas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora. Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella-las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de pre­sidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chanta­je de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán.... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elec­ciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nu­gent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abierta­mente intervinieron en los últimos proce­sos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas con­signadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Pe­nal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos mafias controlan el Perú – Revista Oiga 22/08/1994

Hace unos días dije en un programa del Canal 11 que el Perú se halla­ba en manos de dos mafias, una japonesa y otra militar. Lo que es­pantó a algunos de mis amigos. Uno de ellos me comentó luego:

-Creí que no ibas a llegar a tu casa.

Lo que, sin duda, es algo exagerado. No hemos llegado a los extremos gangsteriles de los años treinta. Pero sí es cierto que el país está gobernado por estas dos mafias. Sobre la militar poco o nada podría añadir a las muchas crónicas publicadas en esta y otras revistas sobre los actos de gobierno, con paseo de tanques por las calles, tomadas por la cúpula militar, y sobran los detalles difundidos sobre el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta. También se co­nocen, aunque más soterradamente, la matanza de Barrios Altos y la desapari­ción de universitarios en Huancayo; así como los altaneros pronunciamientos políticos del alto mando militar en diver­sas circunstancias. Tampoco son desco­nocidos los controles sobre las comuni­caciones y más de una vez -no todas- los medios de difusión han dado cuenta de diversas ‘visitas’ -unas veces uniforma­das y otras sin dejar rastro- en las que, por la ninguna justificación policial o por la falta de indicios de robo,- no-pueden dejar de ser gestos clarísimos de ame­drentamiento político, sólo achacables al Servicio de Inteligencia Militar.

Todo esto es verdad y está al margen de los aciertos del régimen en el campo económico; aunque aciertos no tan so­bredimensionados como los quieren ver muchos peruanos y no pocos burócratas internacionales, que se niegan a advertir que, junto a las correcciones inevitables en el campo macroeconómico, se han agigantado los problemas de la deuda externa, igual que el cuadro de extrema pobreza, los índices de desnutrición y la geografía de las enfermedades críticas. También el aterrante poder de la mafia -militar es una realidad que convive con los éxitos del gobierno en la lucha anti­subversiva, éxitos que no son ajenos a la liquidación del marxismo como base ideológica del terrorismo y a la caída del Muro de Berlín, con su consecuente corte de apoyo logístico, moral y económi­co a las subversiones de signo comunis­ta. A lo que es necesario añadir: en los indudables logros antiterroristas de los últimos años -como la captura de Guz­mán, por ejemplo- en nada influyó el autogolpe militar del señor Fujimori. El operativo Guzmán lo tenía montado la Dincote -e iba por muy buen camino- desde mucho antes que se produjera la quiebra del orden constitucional. Esto es historia y no historieta electoral.

Pero en esta oportunidad me toca hablar de la otra mafia que controla al gobierno peruano, de la mafia japonesa, mafia que preside el señor Alberto Fuji­mori Fujimori.

No hay en esta referencia pre­juicio racial. Primero porque, por la in­formación que poseo, la mayoría de ja­poneses e hijos de japoneses que residen en el Perú no forman una comunidad de mafiosos. Y, segundo, porque mal puede caer en este tipo de xenofobia quien, como yo, igual que ellos, recién estoy echando mis propias raíces en estas tie­rras.

Y esto de la mafia japonesa tampoco es un cuento, es historia; que ahora acrecienta su verosimilitud cuando el proble­ma de la corrupción estalla en la cara al propio Fujimori y ya no puede ir dando la callada por respuesta, poniendo cara de palo o abrazando, dándoles credencial de buena conducta, a pícaros comproba­dos como Raúl Vittor Alfaro, ministro en un reducto del primer mandatario don­de, por denuncia que OIGA publica en esta edición, se hace el montaje del mo­dus operandi de la mafia para extorsio­nar a los desesperados del Perú… y quién sabe a otros ciudadanos no tan desespe­rados. El hombre de Palacio en estos operativos es el viceministro de la Presi­dencia Carlos Tsuboyama Matsuda, quien, por lo que se aprecia en los docu­mentos que aparecen más adelante en esta edición, actúa con control remoto sobre otras dependencias estatales.

Aunque es mejor que vayamos al co­mienzo de la historia, para tener una visión más precisa de los hechos y, a la vez, para que el relato de lo ocurrido sirva para poner algo de luz en el enfren­tamiento de la señora Susana Higuchi con el poder de los Fujimori.

Cuando se produjo la denuncia de la señora Higuchi contra sus concuñados por el mal uso que, según ella, se estaba dando a las donaciones japonesas, recibí la visita desesperada de un amigo y de una asistenta de la primera dama. Me venían a pedir protección para la señora Susana.

Yo creí que estaba soñando o que me estaban tomando el pelo. ¿Cómo podría yo, revista de oposición, perseguido eco­nómicamente por el régimen, proteger a nadie, si no lo podía hacer conmigo mismo?

-Lo que queremos es que se sepa lo que ha ocurrido y sabemos que usted es capaz de hacerlo. La señora Susana ha sido secuestrada.

-¿Qué?

-Sí. Creemos que está en el Pentago­nito.

-Bueno, cuenten conmigo. Aunque, desgraciadamente, la revista está ya presa. Será para la próxima semana. Estemos en contacto.

Al día siguiente, el amigo de la familia Higuchi llegó a las oficinas de OIGA e invitó a almorzar a su casa a nuestra gerenta general, Carolina Arias. Ella aceptó y fue, además, en representación mía.

En el almuerzo se presentó la familia Higuchi, totalmente abatida y apesadumbrada, aunque mostrando un gran fervor religioso y mucho coraje frente a cual­quier desastre que les pudiera ocurrir.

-Ustedes -dijo uno de ellos- no tie­nen idea de lo que son capaces los Fuji­mori y tememos por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana. A nosotros nos pueden quitar todo, no importa. Basta que nos queden las manos para volver a comenzar a trabajar. Confiamos en Dios. Pero nos preocupa Susana.

Carolina Arias volvió a dar segurida­des de que haríamos todo lo que estuvie­ra a nuestro alcance...

Sin embargo, al día siguiente, por medio de una llamada telefónica, pidie­ron que no dijéramos una palabra sobre el tema.

OIGA cumplió con lo que se le pedía y meses después apareció como una sombra la señora Susana Higuchi. Y así siguió por mucho tiempo.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cuando no dan ganas de escribir – Revista Oiga 15/08/1994


La más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelante con denunciar a un ladrón porque otros seguirán robando, que nada se adelanta con decirle en su cara majadero al majadero, porque no por eso la majadería disminuirá en el mundo.

Miguel de Unamuno.

Hay veces, como hoy, en que se siente uno cansado, abatido, sin ánimo de entrar en batalla... ni siquiera contra uno mismo, contra la abulia que se te adentra después de estar tratando de defenderte de la sinrazón tributaria del Estado, sin posibilidad algu­na de que se te entienda que lo absurdo no puede ser norma legal. Quinientos soles de un olvido, error o descuido —demostra­ción de la ineficiencia de la burocracia estatal— no pueden transformarse, en poco tiempo, en más de veintitrés mil soles de deuda. Esto es una exacción, un robo, un juego de cifras ficticias, irreales, totalmente absurdas y, por lo tanto, fuera del campo de lo factual, de la realidad. Y en esa irrealidad ando perdido estos días. Perdido e irritado, porque la irracionali­dad me irrita; aunque más me irrita hacer de carnero, que es lo que estoy haciendo, en vista de que toda la prensa en la misma situación de OIGA —o sea, la casi totalidad del periodismo peruano— se ha sometido a los absurdos chantajes tributarios del gobierno.

No debiera extrañar, pues, que no ten­ga ánimo de escribir una línea, que no sepa qué decirles a ustedes, lectores ami­gos; pues, para escribir, hay primero que ir empollando en la mente algunas ideas para hacerlas parir. Y hoy veo a un lado amodorramiento, acomodo, conformis­mo; mientras crece al otro lado el abuso y el atropello y las maquiavélicas maniobras tributarias para amedrentar a la oposición se hacen himalayas.

Pero son los días en que hay que sacar coraje de esa misma fatiga que nos va venciendo. Eso sólo se logra recurriendo a las admoniciones de quienes, por diver­sas razones del destino, escogimos por maestros, por guías de nuestra conducta y nuestro oficio. También se encuentra rum­bo escuchando, escudriñando, las voces de los lectores.

Por eso esta nota se inicia con una cita de Unamuno. En él, en mi maestro, de ética y de terquedad, he hallado el mismo consejo de algunos amigos: OIGA no debe minimizar su triunfo sobre Raúl Vittor y sobre su protector Fujimori. Las documentadas denuncias de OIGA hicie­ron caer al ministro de la Presidencia y envalentonan a otros denunciantes. Su labor de profilaxis abre camino, es acica­te para los críticos medrosos y desanima a los pícaros en ciernes. Si no fuera por OIGA ese ladrón y mentiroso de Vittor seguiría de ministro, administrando los miles de millones que el fisco obtiene de los impuestos que el pueblo, los desposeí­dos pagan al comer un pan, un plato de tallarines o adquiriendo una medicina. Porque esa es la injusta estructura tributaria que ha impuesto al país este régimen.

Sí, algo ha adelantado OIGA denun­ciando al ladrón Vittor y logrando su re­nuncia. Y más adelantaremos si levanta­mos el ánimo y, poniendo de lado los aspectos adjetivos y personales de la con­frontación de la señora Higuchi con su marido, nos hacemos eco de sus gravísimas acusaciones, que no hacen otra cosa que confirmar las denuncias de la oposición, principalmente desde estas columnas, sobre la corrupción del gobier­no de Fujimori. La señora Susana Higuchi de Fujimori ha hecho ver que no sólo la burla a la Constitución, la arbitrariedad y el autoritarismo campean en el gobierno sino también la inmoralidad y los malos manejos financieros. No es sólo la voz de una ciudadana que reclama sus derechos políticos, caprichosos e inconstitucional­mente recortados por una ley con nom­bre propio —aprobada con premeditación, nocturnidad y alevosía—, sino el reclamo de decencia de una ciudadana que, desde el puesto de Primera Dama de la Nación, observa el latrocinio y la inmoralidad a su alrededor.

Lo que dice que le dijo el chismoso Rey y Rey, las pugnas de sentimientos de una dama herida por los maltratos del esposo, las contradictorias reacciones de una madre amenazada, son el envoltorio adje­tivo, aunque con algunas tonalidades dra­máticas, de una cuestión de Estado que ha adquirido máximo interés público: En el Perú no rige la ley sino el capricho de un Narciso, que en la historia universal —lo ha repetido varias veces— no encuentra una sola personalidad a la que él podría admi­rar; y que, en más de un discurso, ha tenido la osadía de insinuarse como fun­dador de un nuevo Perú con cordón umbilical unido sólo a nuestro pasado precolombino, dejando así de lado, bo­rrando, nuestro ayer occidental y republi­cano. Algo verdaderamente chistoso: un oscuro profesor de matemáticas —si no fuera así hubiera estado en la UNI y no en la Agraria—, un astuto político y mediocre jefe de Estado, ¡pretendiendo deshacerse de Luna Pizarro, de Gálvez, de Grau y Bolognesi, de Piérola y Pardo, de Riva Agüero y Mariátegui! Chiste chicha, de sal gruesa, que da pena y ganas de llorar.

Por fortuna, buenas noticias soplarán desde el sur esta semana. Vientos nuevos prometen barrer los desquiciados delirios autoritarios de estos años, sin alterar los cambios de modernización producidos en esta misma etapa.

Bienvenido, don Javier Pérez de Cuéllar. Peruano medular, enraizado en el ayer y el pasado de esta patria mestiza, con mucho por enmendar, pero con no pocos pasajes y personajes para recordar con orgullo.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¡Fuji, Fuji, qué grande sos! – Revista Oiga 1/08/1994


Hace muchos años, en Buenos Aires, vi a Perón agitar unos billetes de dólar ante una inmensa multitud, mientras pre­guntaba: -¿Han visto ustedes alguna vez un dólar?

Y la masa rugiente respondía:

-¡No! ¡No!

-¿Qué nos importa, pues, a los argen­tinos el valor del dólar?

Comentó triunfante Perón mientras arrojaba los billetes a la plaza, como si fueran papeles de basura, y ésta rugía:

- ¡Perón, Perón, que grande sos!

Fue ese un simple acto de demagogia de un caudillo ante una multitud encandilada e ignorante. Fue un gesto para lograr el aplauso fácil, para domar como mago la voluntad del público, para jugar con las masas y hacerse coronar como caudillo, como César.

Naturalmente que el espectáculo de ese día en Buenos Aires me hizo recordar a Mussolini y a las ululantes huestes fascis­tas bajo los balcones del Palacio de Venecia en Roma. Vi a un dictador en acción, haciendo teatro en la plaza pública sobre un tema sumamente delicado como era en aquel entonces la devaluación del peso argentino frente al dólar.

Pero Perón ni otros caudillos se hubie­ran atrevido a ofrecer ese mismo espectáculo ante una asamblea cerrada, ante un Parlamento -Mussolini y Hitler no lo te­nían porque consideraban a los parlamen­tos reliquias inútiles del pasado- o frente a un congreso partidario. Les hubiera pare­cido excesivo trasladar la demagogia de la plaza a una sala, donde alguien podría replicar con la razón o una minoría califi­cada retirarse ofendida por el insulto que semejante gesto significaba a la inteligen­cia y a la dignidad de los presentes.

Aquí en Lima, el señor Fujimori se ha dado el gusto de ejecutar en el Congreso de la República ese acto de prestidigita­ción con los billetes. Es claro que lo ha hecho ante un Parlamento motejado con razón de Constituyente y Democrático, porque no ha constituido otra cosa que la reelección presidencial y de democrático sólo es un remedo.

Fujimori lo que ha hecho el 28 de julio es usar el Congreso como plaza pública para ensayarse como caudillo, haciendo que los cecedistas le sirvieran de multitud. Ha colocado al CCD en el nivel que le fijó al convocarlo. De escupidera presiden­cial. Y con el barato gesto de arrojar papeles al aire en pleno hemiciclo parlamenta­rio, en una ceremonia solemne que es simbólica de nuestra nación como Perú y como República, volvió Fujimori a insistir indirectamente en una tesis varias veces repetida y hace poco expresada verbal­mente en el banquete ofrecido por él al presidente boliviano, Sánchez de Lozada: que nuestro porvenir debemos construirlo borrando las etapas posteriores a nuestro pasado precolombino, borrando a Grau y Cáceres, a San Martín y Bolívar junto con los virreyes; porque la tarea de futuro es renovar el Tahuantinsuyo. O sea borrar el Perú... ¡Bueno, al insinuar todos estos disparates -que se parecen a lo del ‘pasado’ vergonzante del Apra, es de pensar que no sabía lo que estaba diciendo en ese banquete, o que su complejo contra el Perú es de siquiatría!

Tirar billetes por los suelos es gesto demagógico para multitudes. No corres­ponde a- un acto cívico solemne y serio. Además sólo en parte es verdad que hoy valgan más los soles que los intis. Y me explico: es cierto que se está controlando la inflación, pero ni ésta está todavía bajo pleno control, ni es suficiente la baja de la inflación para vivir mejor. Hace algunos años Bolivia la llevó a cero y no cambiaron mucho las penurias bolivianas. Del mismo modo, los bajos salarios y la desocupación galopante hacen del Perú actual una aproximación al infierno y no al paraíso que pintó Fujimori lanzando billetes por los aires en el Congreso.
Según explica en esta edición el econo­mista Pennano y lo hacen otros en diver­sas ocasiones, no es tan maravillosa la política económica fujimorista, limitada a seguir al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario. Por lo tanto, si la com­paramos con las políticas de Chile, Argen­tina y México, se comprueba que hemos negociado pésimo nuestra deuda externa y arruinado nuestras exportaciones no tra­dicionales. Y si se ha recuperado la mine­ría, en gran parte gracias al éxito de la lucha antisubversiva -ayudada poderosa­mente por la caída del Muro de Berlín y su consecuente desaparición del marxismo en las universidades-, en el agro se ha pasado de la miseria a la inanición, por falta de apoyo crediticio. Y lo mismo se puede decir si colocamos a un lado la construcción de colegios y al otro la desmoralización y la hambruna del profesora­do.

En cuanto a las privatizaciones, la asombrosa compra de los teléfonos y Entel ha ocultado diversos errores en otras ventas de activos de la Nación -que eso son las privatizaciones- y sirve de cortina de humo a lo que se piensa hacer con Petroperú. Al parecer, si se hace lo que se sospecha, ocurriría algo que podría llegar a ser catastrófico conforme vaya pasando el tiempo.

Tenemos a un jefe de Estado en frenética campaña electoral, construyendo obras que se vean y repartiendo regalos a troche y moche, mientras el despacho presidencial está vacío, sin orientar las soluciones a los problemas nacionales -agro, exportaciones, descentralismo- y sin señalar rumbo en política exterior o distraídamente alentando a Cuba, Haití y Corea del Norte. El gobierno sigue andan­do por inercia, de acuerdo al empujón que recibió del Fondo Monetario y al paso que marca el bombo del Ejército.

De descentralismo y regionalización; aquí no hay nada. Aquí hay puro centralis­mo, concentrado en Fujimori y el Ejército. Tampoco hay institucionalidad alguna. Las únicas instituciones son Fujimori y el Ejér­cito. Y la fiscalización la ordena y manda Fujimori, sin meterse, claro está, con el Ejército. El en persona, sólo él, es la moralización, abrazado a las pillerías del ministro Vittor, a las obras sin licitación, a las facilidades dadas a Zanatti -para que se lleve los aviones de Aeronaves, venda Faucett y sus ganaderías-; abrazado a los militares comprometidos en el narcotráfi­co y a los asesinos de La Cantuta, ascendi­dos a expreso e insistente pedido suyo.

Es claro que hay saldos positivos -¡cómo no lo va a haber después del desas­tre aprista!- y él se encargó de mag­nificarlos y los cecedistas de exaltarlos con sus aplausos. Pero el saldo negativo es horrendo. A la gente no se le convence, se la somete; como se va a someter a los diplomáticos que serán readmitidos en estos días, después de haber sido cesados por abuso y capricho de Palacio. Igual que en otras épocas, como en otras Patrias Nuevas, se construye sin fiscalización, sin planificación, humillando, desmoralizan­do a los peruanos. Formando no ciudadanos sino gente servil y acomodaticia.

Y esto se hace sin grandeza, sin brillo, sin elocuencia, aunque fueren de oropel. Con grotescas imitaciones, como el repar­to al aire de billetes; con mediocridad chicha; con caudillismo bajopontino.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar – Revista Oiga 18/07/1994


Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el votó .se emite apretando .un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley pre­sentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperan­zas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate inco­herente.

En uno de sus dispositivos, por ejem­plo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funciona­rio puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre-ha inspirado la legis­lación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una pre­sión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resulta­dos. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcio­nario, cuyo poder llega a todos los rinco­nes del país, pueda participar en eleccio­nes desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cual­quier funcionario, también debiera ale­jarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano dis­parate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bas­taría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio —en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori—, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones si­gue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reeleccio­nes, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fon­dos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral pre­sentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próxi­mos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus car­gos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatu­ra, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial —todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen—que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una bur­la cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para impri­mir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones —todo a cuenta del Estado—; así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de ele­vado criterio, profesionales de nota, gen­tes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candida­to a la reelección las violará cuantas ve­ces le dé la gana y se mofará de “ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico?... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el pro­ceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impu­nemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anta diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país Inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apre­tando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demago­gia. Está bien, muy bien, que se inaugu­ren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luí y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su des­pacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya bue­na enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el 18% al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer gi­ras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colo­carse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repar­tiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer dema­gogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campa­ña electoral.

jueves, 9 de abril de 2009

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La corrupción se tapa con silencio – Revista Oiga 13/06/1994


Como en otras oportuni­dades, que me temo no será la última, en las se­manas pasadas hubo pre­sión para que OIGA ca­llara su campaña contra el ‘picaronazo’ Vittor. Era una presión múltiple e in tensa. Al final, se limitaba a esta frase: Sigues haciendo oposición, pero en este asunto te callas. Ni siquiera te recti­ficas. Sólo te callas. ¿Qué te cuesta?

Y no cuento más porque no viene al caso. Lo cierto es que, de nuevo, había­mos tocado el talón de Aquiles del régi­men: su falta de honestidad. Un punto en el que se sabe débil y se desespera por ocultarlo. Porque en este gobierno hay deshonestidad no solamente en las fal­sas promesas e imputaciones calumnio­sas del jefe de Estado o en los despilfa­rros de sus paseos familiares -en alguna oportunidad se movilizó hasta en barco de guerra para placer de Kenyi y sus amigos-; hay deshonestidad en las obras sin licitación y sin control, concedidas a dedo; hay deshonestidad en el manejo secreto de las donaciones y es deshonesto que el jefe de Estado se pasee por el país obsequiando esas donaciones como si fuera sacadas de su bolsillo. Se habla mucho de trasparencia, pero todo se hace por sorpresa y entre bambalinas, a escondidas. Es tan ‘honesto’ el régimen que la encargada de vigilar las aduanas del país, la señora Higaona, no dice una palabra cuando su hija es descubierta dando exámenes de ingreso a la univer­sidad por medio de otra muchacha pare­cida a ella, a quien se supone se le habría sobornado ¿con las propinas de la niña Higaona? ¿Y es honesto que el jefe de Estado se haya hecho presente en la graduación de su hijo, como piloto de aviación, a sabiendas de que era un acto irregular porque el hijo había sido des­aprobado en seis cursos en el colegio, Io que hacía inválido su diploma de piloto?... La honestidad no es cuestión de montos sino de conducta. Y, si de mon­tos se habla, montones son los millones que los ‘picaronazos’ del régimen han hecho humo, como Fumanchú, sin que les ocurra nada, a pesar de las denuncia: concretas de OIGA. Al contrario, se les ha premiado con embajadas u otras ca­nonjías. ¿Y qué de las decisiones millo­narias que se toman en Palacio y de los miles de millones que pasan por él sin que nadie los controle ni vigile, porque el ‘trasparente’ ordenador de estas transacciones es alguien que no figura en plani­lla conocida ni tiene cargo ni obligacio­nes públicas? Es simplemente Santiago, el hermano. El James Bond del régimen.

Pero el caso Vittor, que es el motivo de estas líneas, ha adquirido otras connotaciones. No por el pobre señor Vittor que, como ya dije semanas atrás, poco cuenta personalmente en este asunto -es apenas otra pieza en el engranaje de la corrupción del régimen-, sino por la complicada acogida que la denuncia de OIGA ha tenido en los medios de comu­nicación. Una denuncia que tuve que hacer pública en conferencia de prensa, como resguardo por las presiones diversas que estaba recibiendo. El respaldo de las radioemisoras fue completa, salvo excepciones muy significativas. La difu­sión radial debe haber cubierto el territo­rio nacional. Pero lo que al gobierno le preocupa es la televisión. Y aquí quedó en evidencia que la declaración de Chapultepec es, para Fujimori, papel para envolver bacalao malogrado. Asis­tieron a la conferencia de prensa de OIGA Canal 11 y Canal 9, este último con un equipo completo, decidido segu­ramente por los mandos periodísticos de la empresa, de acuerdo a la resonancia noticiosa del tema. Además de cubrir la conferencia, el Canal 9 filmó una entre­vista conmigo.

Esto fue al mediodía.

En la tarde, el Canal 4 se interesó por entrevistarme, porque se iba a presentar Vittor en el canal y quería que hubiera imparcialidad. La cita fue a las cinco. A las cinco y media no hubo nada. Se aplazó la entrevista para ‘el día siguien­te’.

Esa noche el Canal 11 dio cuenta del hecho en cuatro o cinco minutos, excelentemente bien editados. Fue un mode­lo de profesionalismo ese resumen. En el 9 no apareció una sola imagen ni se leyó una línea. La conferencia no había exis­tido. El silencio fue total en todos los demás canales. Ni el ministro Vittor ni nadie abrieron la boca. Se había impues­to la política de dar la callada por respuesta. Afirmándose el gobierno en su creencia de que lo que no se habla no existe. Así se borran, con el silencio, las pruebas de corrupción de este régimen. Pero esa política no fue decisión de los mandos periodísticos de esas empresas sino imposición, con chantaje sobre sus otros negocios, del gobierno a los propietarios de los canales, gente fenicia que no tiene idea de las obligaciones culturales y sociales de un medio de pren­sa y que desconoce en absoluto lo que es el periodismo. Los canales, para ellos, son medios de presión para favorecer sus negocios más rentables y tener po­der.

Esto lo podrán negar en cuarenta to­nos y formas, utilizando a sus mejores escribientes, pero las cosas son así, como están arriba escritas. Esa es la verdad. Y en este punto sí no me equivoco porque tengo en la mano la prueba del delito. Porque eso, un delito contra la libertad de prensa, es lo ocurrido…

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De gansadas y basuras – Revista Oiga 9/05/1994


Semana cargada de cu­riosas novedades y ne­gros nubarrones ha sido la que acaba de pasar. Por un lado, el Congreso da muestras -aunque equí­vocas- de sentirse anima­do a sintonizar con las ideas del buen orden democrático y plantea la 'bajada al llano' del presidente que postule a la reelección y habla de distrito electoral múltiple; mientras que por otros lados se acrecienta gratuitamente la tirantez en las relaciones con Estados Unidos y se Intensifica la división interna en las Fuer­zas Armadas.

Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es co­pia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Ma­nuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrin­cante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apo­dado Democrático nos ofrece un candi­dato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Eleccio­nes al más puro estilo Odría no se pue­den dar. También en esa época se argu­mentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta cate­goría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la Repúbli­ca. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa cons­tante exigencia en las legislaciones elec­torales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los fun­cionarios públicos a renunciar a sus car­gos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que parti­cipen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tra­diciones, sus legislaciones no conside­ren la renuncia presidencial -porque se­ría una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los je­fes de gobierno.

La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelec­ción no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosin­crasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en Méxi­co, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a dis­posiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben has­ta hoy su reelección.

En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincia­lismo, en la chatura aldeana, en los plei­tos de comadres. Dividir los 120 asien­tos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegi­da en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y represen­tativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputa­dos, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parla­mento en una olla de grillos comarcanos.

Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión públi­ca. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las rela­ciones peruano-norteamericanas, con­cretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimo­ri. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.

Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori fren­te a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin me­dir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.

Pero donde Fujimori y su guardia pre­toriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revis­tas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen pública­mente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.

Grave injusticia se ha cometido con­tra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusa­do. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuani­midad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es do­blegar moralmente, con la cárcel, al ge­neral Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cie­lo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – En el reino de la amoralidad – Oiga 2/05/1994


Hace, años ya, cuando se hacía visible que el manda­tario de entonces no sólo era un joven irresponsa­ble, de verbo florido, sino también un desaprensivo acumulador de residencias y otros bienes, OIGA logró demostrar que eran ciertas esas alarmantes aprecia­ciones. Los documentos cantaban la ver­dad: las minuciosas y públicas cuentas del mandatario no cuadraban. Había quedado fuera de su exhaustiva contabi­lidad, por lo menos, una residencia en la playa. En resguardo de la moral pública, cumpliendo lo que creía era su deber y no en gesto de animadversión política, igual que lo había hecho en mil otras oportunidades en el curso de su larga historia, OIGA alzó la voz y persistió en su denun­cia. Ya no había argumentos ni cifras para responder. Ya no hubo cartas alti­sonantes del mandatario, leídas en el Senado, contra el que estas líneas, escri­be. Esa vez, como otras veces en otros tiempos y, sobre todo, en los actuales, se dio con éxito la callada por respuesta. Y peor aún: nadie acompañó a OIGA en la denuncia. En ese entonces Alan García estaba en el apogeo del poder y dispen­saba sus favores a lo doce apóstoles, los mismos que luego lo satanizaron -cuan­do les tocó el bolsillo- y que hoy han vuelto a la mesa de los repartos, teniendo a Fujimori de redentor de sus tribulacio­nes. Nadie se quiso alzar contra el poder. Los apóstoles por satisfechos y sus ami­gos por comodones. Esa loca democra­cia le estaba haciendo daño a la demo­cracia y al país, pero les iba bien con ella y ellos, según se dice sin que protesten, “no son políticos sino negociantes". Otros -muchísimos- callaron por temor. El poder era Alan. Nos quedamos solos. Y la callada por respuesta resultó triun­fante.

Valgan estos recuerdos no como can­sado repaso del pasado sino como advertencia de que OIGA está acostumbrada a quedarse sola y no le importa que ahora le vuelva a ocurrir lo mismo en el caso Vittor. También sirva el recuerdo como referencia a la preocupación constante de OIGA por ser fiel a una conducta principista, no de circunstancias. No es, pues, ánimo político contra el régimen del señor Fujimori, desenfreno ciego y gratuito contra el ‘enemigo’, lo que nos lleva en estos días a señalar la incapaci­dad del señor Raúl Vittor para ser minis­tro. Es preocupación moral lo que nos alienta a actuar como actuamos, es in­quietud porque el país mejore, en sus relaciones humanas, en el respeto a los derechos del vecino, en la adecuación de las conductas cívicas a normas superiores a los apetitos personales. Y es cierto lo que dice el ministro Vittor: que nadie se ocuparía de él ni de sus fechorías santiaguinas si no fuera porque hoy es ministro de Estado. Es cierto, las acusaciones que se le hacen son políticas: ¡Qué tal descubrimiento señor Vittor! Claro que nos ocupamos de él no porque sea el constructor Vittor sino el ministro Vittor y más todavía por ser ministro de la Presidencia, por ser el agente promotor de la candidatura a la presidencia del actual jefe de Estado, Alberto Fujimori. Sí, es verdad lo que dice. Si no fuera político, de Vittor nadie se ocuparía, a nadie le importaría sus negocios y encubrimientos, fuera del grupo de sus ami­gos y, sobre todo, de sus damnificados, porque también hay damnificados en esta historia santiaguina. (Ver nota).

Cuando se mete uno a político, señor Vittor, se pone uno en candelero para, desde esa situación expectante, ser ejemplo de discreción, cordura, efectividad, o ser piedra de escándalo. El político actúa para la colectividad, señor Vittor, y es juzgado por ella, por el público, no por su círculo amical. Ese es el riesgo de meterse a político señor Vittor. No es tarea fácil y, menos, cuando se es piedra de escándalo y eso, piedra de escándalo, es el actual ministro de la Presidencia, gracias a su escandalosa relación con un prófugo de la justicia y a las acusaciones judiciales que se le hacen en Santiago de Chile. Para sortear los escollos que estas situaciones presentan se requiere el respaldo de los tanques militares -el señor Fujimori, el de las construcciones con evasión de impuestos, le puede explicar a Vittor cómo se hace para lograrlo- o vivir en un país como el Perú de hoy, donde las nociones de la moral han desaparecido, donde la ética ha entrado en desuso, donde saciar apetitos personales es la meta de las minorías dirigentes y dónde los egoísmos, las ruindades útiles, el afán de lucro vuelan como buitres satisfechos sobre famélicas multitudes. Vittor, el de la doble t, está salvado. Lo ha salvado hallarse en el reino de la amoralidad.

Y en este punto es imposible pasar por alto recientes declaraciones del decano del Colegio de Abogados sobre la reelección de los miembros del CCD. Chocan con tal violencia en cualquier sensibilidad con un mínimo de sentido moral, que callar sería un crimen de en­cubrimiento. Y no callaremos; agregan­do, eso sí, nuestra sospecha de que la versión periodística ha podido suprimir matices que en algo podrían haber mori­gerado el desagradable impacto de esas declaraciones.

No somos abogados y no es en el terreno estrictamente legal que plantea­remos nuestro horrorizado rechazo a la tesis de que “no hay prohibición alguna para que los congresistas (del CCD) sean reelegidos”. ¿Cómo que no hay prohibi­ción alguna? ¿Es justo, puede ser válido ante la justicia, ante la verdad, ante el orden moral, que quienes se presentaron a una elección con el compromiso a firme, escrito y solemne de que no inten­tarían ser reelectos, redacten una Cons­titución que deje sin esclarecer el punto y después se consideren con derecho a la reelección? Sin entrar en consideracio­nes en torno a los alcances legales de las obligaciones contraídas entre electores y elegidos -sobre lo que los juristas mucho podrían decir- ¿es posible que puedan ser olímpicamente saltados a la garrocha por los abogados los mandatos de la moral, del compromiso ético admitido no sólo en conciencia -que ya es bastan­te- sino cumplido de acuerdo a normas publicadas, conocidas por los votantes y tomadas como obligatorias por los candidatos? ¿Qué cosa es la ley, entonces? ¿Qué cosa es la justicia?

Sólo en un país sin moral, en el reino de la amoralidad, puede darse lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo en el Perú.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De Brecht a la modernidad – Revista Oiga 28/03/1994


Como en la archiconocida y millones de veces citada conseja de Bertolt Brecht -también siempre olvidada en el momento oportuno-, el alcalde de Lima, Ricardo Belmont, acaba de descubrir que el gobierno de Fujimori es una autocracia, una dictadura, que ha disuelto, con violencia y con engaños, las instituciones nacionales; encade­nando a los municipios -que son el em­brión de la vida democrática- al capri­cho del Poder Ejecutivo.

Olvida Belmont que el 5 de abril de 1992, el día del golpe militar con Fujimori de mascarón de proa, él se negó a condenar lo que ese día ocurrió. No atinó a convocar al pueblo, no se alzó en representación de sus votantes, no quiso sentir los calores de la indignación en defensa de la democracia y de la volun­tad ciudadana expresada en las urnas. Se negó a considerar que el Poder Le­gislativo, aparte de la cuestión adjetiva de los sueldos, no puede corromper ni ser corrompido por nadie si no es en complicidad con el Ejecutivo. Tampoco quiso admitir que no es despachando a sus casas a los jueces, con una bayoneta en la espalda, como se podía corregir las corruptelas de la Justicia. “El golpe -pensó como los personajes de Brecht- va contra el Parlamento y el Poder Ju­dicial. No vendrán por mí”. Y se calló. Calló durante muchos días. Hasta el 23 de abril, fecha en la que ya todas las instituciones con un poco de rubor en la cara habían protestado por la violenta, inconsulta, inexplicable e innecesaria in­terrupción del orden democrático y constitucional. Ese día, cuando hasta ‘Expreso’ -el vocero más descarado del régimen de la ‘reconstrucción nacional’- había expresado su repudio formal al golpe de Estado, también Belmont pu­blicó su propio y débil comunicado de rechazo a la ruptura del orden constitu­cional. El 23 de abril estaba probado que no era peligroso hacerlo, pero –‘por siaca, hermanón’- no dejó de añadir esperanzas de que pronto se restablece­ría el orden conculcado, bajo la sabia dirección, claro está, del señor Fujimori; “creyendo, como miles de peruanos, que el gobierno buscaba el bienestar del Perú”.

No se -dio cuenta Belmont, igual que los personajes de Brecht, que el Parla­mento era una institución, como los municipios, con el mismo respaldo electoral que él y que Fujimori; y que las democracias dejan de ser lo que son, mueren, cuando se rompe el equilibrio entre las instituciones libremente elegi­das. No quiso entender Belmont que, aceptando el empleo de la fuerza militar contra una de ellas, daba permiso para que todas fueran violadas.

Hoy, Belmont llora porque la viola­ción ya lo alcanzó. Llora y llora... pero es tarde. No tiene quien lo ampare. Y lo triste es que le asiste toda la razón en sus lamentaciones. Es verdad, es cierto, que los municipios, como instituciones representativas de las comunidades ciuda­danas, han sido atropellados tanto por la constitución fujimorista -que no fija, como la anterior, lo que son bienes y rentas de las alcaldías-, como por la autocracia fujimorista. El decreto legis­lativo Nº 776, con el pretexto de repartir equitativamente los fondos municipales, establece una inaceptable dependencia de todas las alcaldías del Perú al Poder Ejecutivo, amén de dejar en la inopia al municipio de Lima. Es el retomo al centralismo, quién sabe el mayor de los males que ha sufrido este país, centrali­zado por los Incas, por los virreyes y por los presidentes, muchos de ellos prede­cesores autocráticos de Fujimori. Se trata de un cáncer casi congénito del que, con gran dificultad, íbamos salien­do poco a poco. El decreto legislativo 776 significa, en asuntos municipales, volver a hacer de Lima, del Palacio de Pizarro, la Corte de un Virreinato. Esta vez no con virreyes en lo alto sino con un jefe de Estado que, al parecer, quisiera aproximarse al modelo cultural que Asia está oponiendo a la democracia europea que los Estados Unidos tratan de impo­ner en el mundo. El premier japonés, Morihiro Hosokawa, ha dicho con descamada claridad, frente a las tiranteces entre China y Corea del Norte con Esta­dos Unidos, que el concepto occidental de derechos humanos no debe ser apli­cado ciegamente a todas las naciones. “No es correcto imponerle una demo­cracia de tipo occidental, o europeo, a los demás”, precisó Hosokawa en Bei­jing. ¿Cómo será la democracia asiática? Se parecerá a la idea suche de Kim II Sung o al régimen de ‘reconstrucción nacional’ de Fujimori? Peor aún: ¿por qué los derechos humanos no pueden ser iguales para todos los hombres?

Hace muy bien Ricardo Belmont, aunque tarde, en alzar la voz, haciendo ver las entrañas autocráticas del régimen surgido del golpe militar del 5 de abril de 1992 y del celestinaje de la OEA.

Pero Belmont no está solo. Lo acom­paña en descubrir, recién hoy, que el gobierno de Fujimori es una dictadura, el ex ministro de Economía, el 'preferido' de Fujimori: el vehemente Carlos Boloña. Aunque no son iguales las reacciones de Belmont y Boloña. En éste, el resen­timiento es mayor. Estuvo mucho más cerca de Fujimori. Y sus desahogos son en público y en la intimidad. Se duele -y se duele mucho- por no haber seguido el consejo de los amigos que lo instaban a renunciar el 5 de abril del 92. Pero su mujer le dijo: Fujimori te quiere.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Un huaico contra la libertad de prensa – Revista Oiga 28/03/1994


En los últimos meses la atención de todas las administraciones de las empresas periodísticas -todas, salvo excepciones contadísimas que confirman la situación general- han estado y están obsesionadas con el IGV, impuesto a las ventas que, en el caso de la prensa escrita, tiene como intermediarios con el público -que es al que va dirigido el IGV- a los canillitas, a los puesteros, a los más informales de los trabajadores informales, en realidad vendedores volátiles, nómadas de la ciudad, a los que es imposible trasladarles, el cobro del impuesto y que, además, por su trabajo, cobran un porcentaje so­bre el precio de tapa, no sobre la factura -que no hay ni pueda haberla- de la empresa.

Como se ve, no hay impuesto más antitécnico que el IGV a la venta de dia­rios y revistas. Son el único producto que llega al público no por medio de un tendero sino por la mágica y nada técni­ca alfombra de los canillitas. ¿Cómo ha­cer para introducir en el mundo de la facturación a estas mágicas alfombras sin cara conocida, de padres imprecisos, pero con la fuerza suficiente para hacer valer su contrato (no escrito) de porcen­taje sobre el precio de tapa? Sin canilli­tas no hay venta de periódicos ni revis­tas. (En los países muy desarrollados las máquinas los reemplazan y sus sistemas de producción le han quitado encanto a este arte y oficio que es el periodismo, transformándolo en fábrica de noticias y comentarios. Nosotros, por fortuna en estos casos, todavía no somos desarro­llados y aún pueblan nuestras calles esos simpáticos personajes trashumantes que llamamos canillitas).

Pero no sólo antitécnico es el IGV a la venta de periódicos, también es una aberración, porque contra lo que pien­san los ortodoxos, los fanáticos, los poseídos por el liberalismo, todas las reglas hechas por el hombre -y la ciencia eco­nómica es humana, además de inexac­ta- tiene excepciones que, precisamente, confirman la regla. En este paso, la regla de que no debe haber excepciones en materia de impuestos. Regla correcta, justa, ordenadora. Sin embargo, siendo el IGV un impuesto que va dirigido al consumidor y que, por lo tanto, aumen­ta directamente el precio de los produc­tos ¿por qué no será posible, como mí­nimo gesto de solidaridad humana y más cuando el IGV es del 18% como en el Perú, que se haga excepción con las medicinas? Dirán los fanáticos, los pose­sos, que así también se beneficia a los ricos. Pero ¿cuántos son los ricos y en cuánto se benefician con un descuento del 18% en las medicinas? Porcentaje que sí muchísimos pobres no pueden cubrir y por lo que no podrán tomar la medicina que los libre de la enfermedad y de la muerte.

Pero no quiero hacer de esta nota un lamento fúnebre. Volveré, pues, al ini­cio de estas líneas y aclararé que las circunstancias me obligan en estos días a ocuparme de los menesteres adminis­trativos de la empresa, a pesar de lo que muchas veces he dicho: que a mí me administran, que siempre me han administrado. Lo que es cierto. Aunque sin que haya podido librarme de ingresar algunas veces a estos enredosos terre­nos.

Fue esta la razón por la que la sema­na pasada tuve que asistir a una reunión con el señor Alfredo Jalille, el hombre del Tesoro, en la que estuvieron presen­tes y participaron los representantes de todos los medios de prensa de Lima, salvo dos o tres excepciones que uno de los asistentes explicó puntualizando que esos diarios, igual que la TV, reciben de la Sunat suficientes avisos pagados para luego cubrir sus cargas tributarias, sin verse, como todos los demás, en situa­ción de quiebra.

Para que no hubiera malentendidos en la reunión y para que estos asuntos sean transparentes, escribí unos apuntes que ahí, en el ministerio de Economía, leí y que aquí reproduzco:

Para que no se me escape la len­gua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para ha­blar, voy a leer estas notas, escritas a vuela lápiz:

Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra geren­ta- ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para lle­gar a acuerdos que no conozco, por­que a esas reuniones OIGA no fue invitada.

Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el im­puesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas.

Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívi­ca, lo primero que debe hacer es pro­piciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los perió­dicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países em­brionarios como el nuestro.

Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado, en setiembre, en Berlín, que “el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos, que elevan el precio de los periódicos a niveles que los aleja del público”.

El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holan­da, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los perió­dicos tienen subvención estatal.

Ningún otro país en el mundo, a excepción del Chile de Pinochet, se carga con 18% la venta de periódicos y revistas; o sea la difusión de la lectu­ra. (Un reciente intento de hacer lo mismo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búl­gara). Por algo están comenzando las protestas en Chile democrático. A pe­sar que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotati­vas. Eso lo sabe bien el presidente del Congreso, el señor Yoshiyama.

El 18% de IGV es una carga más que injusta, es discriminatoria si nos comparamos con la televisión o la ra­dio, que difunden sus mensajes y sus informaciones sin pagar IGV. ¿Por qué ocurre tamaño despropósito? ¿Por qué esa misma difusión, libre de impues­tos en la TV, ha de pagar 18% de IGV cuando se hace por escrito y alienta la lectura del pueblo?

Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntua­lizar que la situación de OIGA, al te­ner una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son muchos menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candi­dato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y ab­surda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invita­do.

Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato pu­blicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastar­nos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa.

La buena voluntad expresada por el señor Jalilie y otros representantes del gobierno, hacen pensar que habrá solu­ción a esta injustísima situación.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Está a la vista – Revista Oiga 14/03/1994


Pobre, muy pobre es la explicación que dan los miembros de la oposición en el CCD para justificar su presencia en ese Parlamento, adorno democrático del régimen. Alegan que no se ganaría nada si ellos se retiran del Congreso, dejando a Fujimori solo en la cancha, con la pelo­ta en los pies, sin juego, porque los accesitarios están alertas para reempla­zar a cualquier renunciante. Dicen que los accesitarios no duermen a la espera de cualquier renuncia, listos a ocupar la curul que no alcanzaron por unos pocos votos de diferencia. ¡Pobre Perú es el que nos muestran estos opositores sin talento y sin coraje! ¡No se atreven a dar, con audacia, el gran paso -a la vez que el único, eficaz- para dejar sin más­cara democrática al fujimorismo, por­que detrás de cada hombre hay –dicen- un reemplazo, un accesitario, más infe­liz que ellos!

No responden al fondo del asunto. Esquivan el golpe escudándose en que hay la posibilidad de que las cosas em­peoren por culpa de unos desconocidos que ellos describen como voraces por el puesto y por los emolumentos que lo acompañan. (Emolumentos mucho, muchísimo más copiosos que los del Parlamento disuelto por el golpe mili­tar). E insisten en no explicar, racional­mente, por qué permanecen en el CCD a sabiendas de que allí sirven al gobierno y no a la oposición. Los miembros de la oposición en el CCD saben que su pre­sencia y participación en los debates parlamentarios es hacerle el juego al gobierno; es darle vida al disfraz demo­crático del régimen; es convalidar todos y cada uno de los atropellos que allí se consagran; y, sobre todo, es darle una máscara para engañar a quienes lo observan desde el exterior.

Los cecedistas de la oposición, por ejemplo, nada tienen que hacer en el debate electoral. No está en sus manos nada que signifique garantía de eleccio­nes limpias para el próximo año. Sea cual sea él estatuto electoral que salga del CCD, el gobierno no lo cumplirá en lo que no sea de su conveniencia; como no cumplió, en el referido y en la elección del CCD, ninguna de las nor­mas que no le agradaban de la ley electoral vigente en esas fechas. Será inútil cualquier estatuto -hecho por Siura o por la oposición-, porque será acatado sólo en lo que al gobierno se le antoje cumplir. También, igual que ayer, la Fuerza Armada -controlada por la cúpula que gobierna- seguirá actuando como partido político del ré­gimen, escudada esta vez en "la guerra contra la pobreza", que es, coincidentemente, la bandera electoral de Fuji­mori. Y no igual, sino más que ayer, las arcas fiscales estarán al servicio de los intereses electorales del gobierno.

Sin embargo, y aquí llegamos al tema de fondo y al fondo del problema, el gobierno no sólo no es ganador antici­pado sino que no ganará las elecciones. Esto, a pesar del apoyo militar, del saqueo de los presupuestos del Estado -destinado a comprar votos- y de la imagen democrática que el inútil debate electoral le está obsequiando. El gobier­no podrá reírse y se reirá de todas las normas y leyes electorales, pero lo que no podrá es evitar las elecciones. Tampoco podrá postergarlas. El gobierno está condenado a realizar elecciones y a realizarlas en la fecha señalada. No tiene escapatoria. Hay compromisos internacionales que lo tienen atado, que lo obligan. Y en los procesos electora­les se pueden hacer muchas trampas, menos una: alterar el resultado del conteo de los votos cuando ese conteo se hace en mesa, ante los personeros de los candidatos, con copia del acta para cada uno de los participantes. A lo que hay que añadir tinta indeleble y depuración de padrones. Esto es lo único que hay que vigilar. Y la vigilancia se puede hacer desde la calle. El resto del debate es puro engaño, fuegos fa­tuos, éter, adormidera y, sobre todo, obsequio que la oposición le hace al régimen de un disfraz democrático.

De todos modos habrá, pues, elec­ciones y en esas elecciones el gobierno hará todas las trampas ya señaladas. Pero no ganará. Porque lo que no po­drá hacer, repito, es manipular los resultados. Ya que si se llegara al impensado extremo de variar las reglas del recuento en mesa, habría que dejar que Fujimori compitiera con su sombra, sin contrincantes, igual que Odría. Y eso, democráticamente, también es perder.

Si algo puede hacer la oposición cecedista para colaborar en la derrota electoral de la dictadura encubierta que nos impuso el golpe militar del 92 y que el 95 intenta perpetuarse con la reelec­ción, no es permaneciendo en el he­miciclo sino, al revés, saliéndose de él y dejando a los gobiernistas sin juego: correteando solos por la cancha, bus­cando competidores, peleando contra el viento, desesperándose con los exabruptos que le soplan desde lo alto a Martha Chávez. (Por último, no necesi­tarían los opositores del CCD renunciar a la curul, ni siquiera a la tesorería, si es que saben montar una huelga inteli­gente; aunque así quedarían a la altura en que ellos ponen a los accesitarios)

-Pero ¿y el candidato?

Preguntarán algunos pragmáticos de este bando, que quieren saber si hay agua en la piscina.

-¿Qué, están ciegos? Acaso no está ya a la vista.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - Cuando la irracionalidad impera – Revista Oiga 7/03/1994


ROSTROS alegres, pal­moteos, risotadas. Hay olor y sabor a triunfo en el ambiente. Y no es pa­ra menos.

—¡Dos mil dos millo­nes de dólares, con ya­pa de algunos miles!

Todo el oro del mundo, el cuarto del rescate de Atahualpa, dos tercios de las exportaciones peruanas van a ingresar en un día a las arcas nacionales. Cómo no va a haber caras de fiesta si los españoles han saldado su cuenta de cinco siglos, sin pestañar, sin mostrar el entre­cejo. ¡Dos mil dos millones de dólares! que aunque sirvan sólo para ayudar a la reelección de Fujimori con caminos, con agua y desagüe, con puestos de trabajo en las barriadas y en los pueblos perdi­dos del Perú deben ser bienvenidos. ¿Por qué nos ha de preocupar que a la Telefónica Española se le haya roto la máquina de calcular y termine pagándo­nos el oro y la plata que otros y no los conquistadores se llevaron, ya que todos ellos —casi todos— en estas tierras deja­ron sus huesos y sus escasas fortunas?

Sin embargo, entre el regocijo tam­bién se escucha:

—Ahora sí, se acabó la cantaleta de La Cantuta...

Y la irracionalidad, que se siente vic­toriosa, da rienda suelta a sus bárbaros instintos. Los muertos bien muertos están “porque eran senderistas”.

—¿Quién te lo dijo?

Pronto se hace inútil el diálogo. No hay argumento que valga frente a los dos mil millones de dólares. A punta de billetes quedan derrotadas las razones de los que, festejando el éxito económi­co de una licitación limpiamente condu­cida, siguen entendiendo que el caso de La Cantuta acusa al régimen de encubri­dor y cómplice en los crímenes cometi­dos por las fuerzas del orden contra los derechos humanos. Así como el caso `Vaticano' acusa al gobierno de querer ocultar los enlaces del narcotráfico con los altos mandos de las Fuerzas Arma­das; con los capos de esas Fuerzas, ya que a capitanes y coroneles les sería imposible silenciar a ‘Vaticano’. Y a ‘Vaticano’ lo han callado y sepultado en prisión con la misma prepotencia con que se dictó la ley Cantuta, humillando al llamado Poder Judicial y dejando esta­blecido que en el Perú de hoy no hay seguridad jurídica, que el Perú de hoy está sometido a la voluntad de una cú­pula militar coludida con Fujimori y tam­bién, al parecer, con algunos empresa­rios que entienden buen gobierno con buenos negocios y creen que Pinochet es el modelo a seguir, desconociendo, por un lado, las realidades de Chile y el Perú y, por otro, ignorando que orden significa acatamiento a la ley de gober­nantes y gobernados y no imposición de los primeros, como si fueran capataces de forzados.

Este es el hecho político que vive la República, un hecho bochornoso que nos descalifica moral y jurídicamente ante el mundo; y que, si usamos la razón y no los instintos cavernarios que todo hombre lleva dentro, no puede ser bo­rrado por el hecho económico del mo­mento: el feliz resultado de una ‘privati­zación’ impecable, a la que se añadió un impensado sobreprecio que nos hará sentirnos ricos por un tiempo, que ojalá sea largo y de siembra y no de despilfa­rro. Que el viento no se lleve a los dóla­res telefónicos como a aquellos “¡Ay! mis cabellicos, maire, que uno a uno se los lleva el aire" o como a los ingresos del guano, del caucho...

Pero el desorden argumental —don­de los millones de dólares pesan más que la razón— no sólo se da en el debate entre el gobierno y sus adversarios. Parecido desorden se da dentro de las filas de la oposición. Y en este punto me permitiré discrepar de las razones ex­puestas en defensa de la presencia opo­sitora en el Congreso ‘Democrático’ por un hombre de intachable conducta cívi­ca, Henry Pease.

Dice Pease, con mucha razón, que el CCD ha perdido legitimidad porque ha roto sus propias reglas, pero añade, sin razón alguna, que él y sus colegas oposi­tores se quedan en ese ilegítimo Parla­mento para pelear y demostrarle al país “lo que este gobierno es, lo que este Congreso es”.

No, amigo Pease, no hay sensatez ni realismo en su argumento. Permítame que le diga, con muchísimo respeto a su persistente honorabilidad, que usted está profundamente equivocado. Para lo único que sirve la presencia de la oposición en el CCD es para darle una máscara de legitimidad al gobierno. Sin embargo, si de ese Congreso se salieran los miembros más significativos de la oposición, entonces sí quedaría al des­cubierto lo que es el régimen cívico-militar impuesto al país el año 92 por una cúpula militar. Fujimori se quedaría sin máscara y veríamos en su rostro el ros­tro de Nicola di Bari.

Acepto que pudo haber sido discutible el que la oposición participara en las elecciones de la Constituyente, a pesar de que, según lo indicaba la experiencia, era insensato —en el orden práctico—pretender competir con el golpismo re­cién triunfante y dueño del ánimo públi­co, del aparato de propaganda... y de las armas. Pero hoy, repasando los hechos producidos desde entonces, no hay posi­bilidad de discusión alguna. El CCD fue convocado para engañar a la comunidad internacional y lograr uno de los grandes propósitos del golpe: darle apariencia legal a la reelección del presidente en ejercicio, dispositivo con nefastos antecedentes en nuestra historia. Y el resul­tado ha sido una Constitución que no tiene otra novedad que la reelección. ¿Para qué sirvió, pues, la presencia de la oposición en el debate constitucional sino para darle cierta legalidad a la reelección, el objetivo principal de esa revolución de 20 años de la que se jacta­ba Fujimori el 5 de abril del 92?

Oportunidades para que la oposición se retire del CCD han sobrado. Pudo hacerlo cuando el general Nicola di Bari sacó los tanques a las calles para que el Congreso callara y el Congreso calló, sin dar la cara por sus fueros, probando que su tarea es estar pintado en la pa­red, como decorado democrático del señor Fujimori. Pudo retirarse cuando se avasalló a los municipios anulándoles su autonomía. Y debió retirarse hace pocas semanas cuando, con la ley Can­tuta, quedó probado que, hoy en el Pe­rú, la seguridad jurídica es un hechizo y que el mando de la República está en manos de la cúpula que domina los cuar­teles. Quedándose en el Parlamento, la oposición cumple el triste papel de ava­ladora, de Celestina, de una legitimidad que nunca tuvo este régimen. La oposi­ción en el Parlamento es la máscara ‘democrática’ del señor Fujimori.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Las bayonetas comenzaron a entrar en las carnes – Revista Oiga 14/02/1994


Ocurrió lo que estaba previsto. De un momen­to a otro el decorado seudodemocrático del régimen fujimorista se vino abajo y ha quedado al descubierto, íntegra, toda la tramoya. En un rincón, los innu­merables disfraces del títere mayor: som­breros huancas, tiaras shipibas, ponchos cusqueños, varas de mando, guirnaldas, espadines, cintas de seda, coronas de laurel, todos los trastos que se pone enci­ma Alberto Fujimori para parecer simpáti­co y cumplir las tareas de relaciones públi­cas que le encomienda el comando mili­tar. Al otro lado; el Comando, con los rostros encapuchados. Sólo uno muestra la cara: Nicola di Bari. Es el Comando sin rostro el que da las órdenes. Alberto Fuji­mori, como un fantoche, se pasea por el desnudo escenario, entre las cuerdas de la tramoya, tropezándose con las cortinas del decorado tiradas por el suelo; mien­tras los ministros, que siempre han actua­do entre el decorado y el público, miran desconcertados el desconocido interior del escenario. Salvo alguno que otro, cómplice de los encapuchados, conoce­dor a fondo de los recovecos de la tramoya. También hay cómplices en la platea y en los palcos, pero nadie los conoce.

En el borde derecho, bajo el telón de boca, está el coro, compuesto por los congresistas de la mayoría, listos a cantar la canción que les ordene la marioneta que mueven los militares sin rostro. Los miembros de la minoría, en repliegue táctico, se han retirado y se fortifican en la tesorería del Congreso.

Este es el cuadro vivo de la actualidad política peruana. Es la realidad puesta al descubierto en momento insospechado y de gran desconcierto para quienes ignoran las lecciones de la historia y creen que los logros económicos todo lo justifican; para quienes no entienden que igual que los edificios, la obra política-social-econó­mica requiere cimientos sólidos, o sea orden jurídico, democracia y no bayone­tas con voz de mando. Las bayonetas no sirven de cimiento y mucho menos de asiento, que es lo que hizo Fujimori al ser elegido: sentarse en ellas. Más temprano que tarde, lo dice la historia, las bayonetas perforan los fundillos y penetran en las carnes. La caída del telón, la quitada de máscara, tenía que ocurrir porque la farsa democrática, montada por Boloña y el empresariado nacional, con el celestinaje de Baena, Gros Espiell y Einaudi, no podía engañar a todos todo el tiempo.

Lo que ahora se ha puesto en evidencia es bastante más que la abusiva decisión de ocultar las responsabilidades castren­ses en los crímenes de La Cantuta y en el narcotráfico. Con la ley que interfiere la contienda de competencias, aprobada a media noche y con la grosera ventaja de una sola cámara, ya nadie sé puede seguir chupando el dedo: el régimen peruano es una dictadura militar y lo viene siendo, abiertamente por lo menos, desde el 5 de abril de 1992. Quienes no admiten esta verdad, o pecan de inocentes o son pillos redomados. Aquí no caben términos me­dios. Se está con la dictadura o contra ella; y los despistados son de verdad o de mentirijilla, no puede haberlos de mitad mitad. También ya se hizo evidente que el llamado presidente Fujimori no pasa de ser un pelele al servicio de ese desconoci­do gobierno militar. Hoy van abundando los que descubren que el ‘presidente’ no gobierna, que su labor principal es de relacionista público, de folclórico candida­to de los cuarteles. Por eso es que vaga por toda la República como un Papá Noel, mientras los ministros no logran entender por qué no hay Consejo de Gobierno. No logran entenderlo, pero se lo callan y siguen de ministros.

Visto así el panorama y, más aún, con­vencidos como estamos de que Fujimori, desde que salió elegido, es un prisionero político de los militares, resultaban dándo­nos vergüenza ajena los reclamos que se le estuvieron haciendo para que no pro­mulgara la ley, poniéndolo como árbitro de una situación en la que su papel había sido cumplir la orden de organizar la vota­ción del CCD a favor del reclamo militar. Por algo el ministro de Salud acudió al Congreso con el voto de consigna en el bolsillo. ¿Y qué decir de las candorosas esperanzas de los que soñaron con un gesto altivo de la Corte Suprema?

En esta casa en ningún momento se dudó que Fujimori promulgaría la ley —salvo que el SIN tuviera alguna sibilina jugada bajo la manga— y que la Suprema la acataría sin importarle cubrirse de oprobio. Hoy rige en él Perú la ley de la selva. Les basta a los militares, por inter­medio de Fujimori, instar al Congreso, cómodamente reducido a una sola Asam­blea, para que dicte la ley que les venga en gana y ésta será rápidamente promulgada en Palacio y acatada por la Suprema, aunque se trate de otra aberración jurídi­ca y constitucional. Ahora acaba de pa­sarse el caso de La Cantuta al Tribunal Militar, mañana podrá —como ha dicho el doctor Avendaño— corregirse arbitraria­mente la norma electoral, o declarar nula, por ejemplo, cualquier disposición legal otorgando ventajas de zona franca a una inversión pesquera o minera. Lo pequeño y lo grande, todo lo puede el CCD. El abuso y el capricho, la prepotencia legici­da, han quedado consagrados como el nuevo orden jurídico de la República. La Constitución, aún esa pobre constituta que se ha dado el régimen, para nada sirve. ¿Qué más se necesita para llamar dictadura a este gobierno?

Pero seamos nosotros, no la adminis­tración norteamericana, los que hagamos la crítica y propongamos soluciones. La intromisión yanqui en los asuntos inter­nos del Perú es una impertinencia. Y ese error comete el Departamento de Estado al juzgar públicamente cuestiones inter­nas de nuestra Justicia y al dictamos lo que debemos hacer. Lo que no quiere decir que si los Estados Unidos, en su fuero interno, opinan que la democracia es burlada en nuestro país, no puedan suspender los préstamos y ayudas que tengan programados para el Perú. Estarían en su legítimo derecho. Derecho del que debieran hacer uso para vetar la pre­sencia de un golpista como Fujimori en las reuniones de la OEA posteriores al 5 de abril del 92. De esas reuniones, auspicia­das por los Estados Unidos, es que salió premiado, con la continuación en la presi­dencia, un auténtico burlador de la democracia.

domingo, 5 de abril de 2009

FRANCISCO IGARTUA - ¿Nada se gana, entonces, con buscar la verdad?


¿Nada se gana, entonces, con buscar la verdad?

Se gana por lo pronto el rescate de la propia dignidad, que es ya bastante; y se cumple con el Maestro -Unamuno- quien dijo que «la más miserable de todas las miserias, la más repugnante y apestosa argucia de la cobardía es esa de decir que nada se adelanta con denunciar al ladrón y al majadero».

Francisco Igartua – 23/09/1923 24/03/2004

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL – “MENSAJE Y ESPERANZA” – Revista Oiga 31/07/90


Lo último que puede perderse en un desastre es la esperanza. No diré, pues, que el mensaje presidencial con el que inauguró su mandato el ingeniero Fujimori haya apagado las ilusiones despertadas por el cambio de gobierno. Primero, porque no carece de méritos lo dicho por el presidente Fujimori ante el Congreso -sobre todo su acertada referencia. a que "sólo el trabajo hace posible sociedades prósperas..."-; segundo, porque todavía no se conocen las medidas concretas que revelarán cuál es el plan de gobierno del presidente Fujimori; y, tercero, porque cualquier gabinete ministerial -y el que preside el ingeniero Hurtado es, sin duda, de muy buena calidad- será mejor que la "troupe" de ineptos que rodeaba a la perversidad de Alan García Pérez, magistral manipulador de apetitos y desastroso gobernador de ciudadanos, quien esa misma tarde se despidió de la presidencia soñando con un país regional izado que aún no ha salido de su imaginación y que ojalá de allí no salga porque su intencionalidad es sabotear el desarrollo normal del Perú.

El mensaje del presidente Fujimori no ha matado la esperanza, pero tampoco es cierto que con él se abre un nuevo capítulo en la historia del Perú. Por lo tanto, con toda cortesía, desde estas columnas de leal y democrática oposición, me veo obligado a puntualizar algunos reparos a un mensaje excesivamente largo para lo poco que dijo y que fue farragosamente leído por una persona que no logra dominar el idioma castellano y aún no puede pronunciar la palabra peruanos (dice "per-uanos").

Fue impresionante y hasta conmovedora su tremolante condena a la inmoralidad y su reclamo a que la ética se asocie a la política. Sin embargo, sus palabras -bastante menos elocuentes que las palabras moralizadoras pronunciadas por Alan García en el mensaje de 1985- no pasaron de eso: de palabras. Cuando concretó la idea cayó en una aberración que corteja a las multitudes pero que las hunde en el peor de los males peruanos: el paternalismo. La creación de un "Comité contra la Corrupción a cargo de un ciudadano de reconocida solvencia moral, con acceso directo al presidente y sólo responsable ante él", no tiene nada de nuevo ni de moderno, es la vuelta y revuelta a las comisiones presidenciales, siempre inútiles, como los tribunales de sanción de los años 30 o las recientes comisiones de Paz propugnadas por Alan García; es caer en el más embrutecedor de los vicios nacionales: colocar al presidente, representación del Estado, por encima del bien y del mal, dispensador de favores y castigos. Es hacer del mandatario -el que recibe mandato- un emperador. Es la negación de la democracia; es la quiebra de la institucionalidad, ese respeto a los organismos legales cuyo funcionamiento armónico hace civilizada la convivencia humana y sin los cuales la democracia no se consolida.

Otro es el camino para una verdadera moralización. Y comienza, simplemente con el cumplimiento de la ley. Para lograr el objetivo moralizador que persigue, al flamante presidente Fujimori le hubiera bastado decir: ¡aquí está, de acuerdo a ley, mi declaración jurada de bienes y la explicación de cómo los logré¡ lo mismo harán todos los funcionarios a mi gobierno y cualquier denuncia privada o pública -para eso existe la libertad de prensa-, naturalmente que cualquier denuncia seriamente hecha, sin demagogia ni trastienda política, será cursada por mí ante la Fiscalía de la Nación, que es la institución que la ley señala como cauce para el enjuiciamiento de la inmoralidad en la administración del Estado. Cursaré las denuncias e instaré a la Fiscalía para que investigue y, si es menester, para que acuse ante el Poder Judicial.

Eso sería abrir esperanzas ciertas de moralización y de fortalecimiento de la institucionalidad. Lo que ha hecho el ingeniero Alberto Fujimori es 'lanzar palabras al viento y proponer un comité con olor y sabor a un paternalismo medioeval que, no por estar sumamente arraigado en los pueblos del Perú, es lícito alentar. En el paternalismo es fácil hallar las raíces de muchas de nuestras mayores postraciones.

En lo que estuvo preciso el mensaje fue en el análisis de lo que nos deja el gobierno de Alan García. Haciendo una larga pausa, con severidad, pronunció estas cuatro palabras: "Heredamos, pues, un desastre". Pero no hubo detalle de las medidas económicas que nos sacarán del atolladero de la inflación y la recesión. La esperanza pasa a manos del premier Hurtado MilIer.

Como seña de esa esperanza que no muere, el presidente Fujimori se limitó a anunciar la derogatoria de la Ley de Expropiación de la Banca. Una seña muy pobre, porque viene a resultar algo así como la partida de defunción de un muerto. El certificado de algo que ya ocurrió.

Extrañamente, sobre todo en un hombre que no tiene condiciones histriónicas para ser un demagogo y cuya formación académica lo obligaría a expresarse con sobriedad, el mensaje estuvo cargado de sentimentalismo; hasta tal punto, que en algún momento parecieron sonar las notas de algún tango. Daba la impresión de estar buscando afanosamente votos, el apoyo fácil de la multitud. Alberto Fujimori parecía no estar suficientemente contento con la victoria del 10 de junio. ¿Querrá seguir, como Alan, en permanente campaña electoral?

Pero el aplauso, logrado con facilidad al embestir sin miramientos al Poder Judicial -un Poder del Estado que sin duda está plagado de malos jueces, pero que, en cuanto institución sin presupuesto ni armas, no merece ser tratada como palo de gallinero-, se fue diluyendo conforme se iba perdiendo el mensaje por los meandros de la artesanía, la prioridad de la mujer, el bienestar del niño -"el adulto de mañana" - y la violencia terrorista, violencia "que no puede justificar, de manera alguna, la violación sistemática o esporádica de los derechos humanos". Al llegar a este punto el enfriamiento llegó hasta las huestes de Cambio 90, mientras algunos acuciosos observadores se preguntaban si nuestras Fuerzas Armadas eran las acusadas por violación sistemática de los derechos humanos.

En fin, un mensaje presidencial que la oposición no ve, claro está, con los ojos de los amigos del ingeniero Fujimori, pero que no destruye esperanzas. Les da prórroga hasta la exposición del premier Hurtado.