FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Por mal camino andamos – Revista Oiga 10/07/1995

La reacción, cuasi festejante, del oficialismo ante el terrorífico coche­-bomba estallado en las puertas, de la casa del más connotado parlamentario de Cambio, Víctor Joy Way, ha dado pie a que algún observador acucioso del hecho haya abierto dudas sobre el origen del atenta­do. Tanto los titulares de Expreso como las declaraciones del propio afectado por la explosión y de los altos voceros del régimen, celebrando el haber obte­nido, como caído del cielo, un argu­mento para intentar una justificación a las groseras leyes de amnistía, han des­concertado a muchos y no es de extra­ñar que haya surgido la sospecha de que la bomba en casa de Joy Way haya sido un “atentado” fraguado en las entrañas del poder.

En OIGA no creemos que las cosas sean así. Significaría achacarle al go­bierno una maldad diabólica, tan sin piedad, que resulta impensable, ni si­quiera como hipótesis de trabajo. Y como, por otro lado, es imposible que el llamado grupo Colina pueda actuar de espaldas a los altos conductores del régimen, más bien sería razonable ver en el hecho otra prueba de que Sendero Luminoso sigue reconstruyendo su ma­quinaria de muerte. Se trataría de un acto aleve de terror que puso en riesgo la vida de los familiares y custodios de una de las mentes más lúcidas del go­bierno; de un acto que alarma porque afecta al desarrollo nacional, a todos los peruanos, pues vuelve a poner en cua­rentena la imagen del Perú en el exte­rior y daña al turismo, uno de los poten­ciales mayores que tenemos para impulsar ya, ahora, el crecimiento sosteni­do del ingreso de divisas; se trataría de un acto de salvajismo sólo imputable a Sendero.

Pero ¿por qué ha reaccionado el oficialismo como lo ha hecho?

Simplemente por el tremendo com­plejo de culpa que le han echado a las espaldas las leyes de amnistía: la que ha puesto en libertad a condenados por asesinatos horrendos y la que prepo­tente, abusivamente, ha dado normas anticonstitucionales para impedir que la Justicia haga un mínimo de Justicia. Dos leyes que interfieren la indepen­dencia de otro de los poderes del Estado e impiden se continúe investigando el caso Barrios Altos, el exterminio a san­gre fría de los asistentes a una pollada popular.

Han creído Expreso y el propio Joy Way que era posible aplacar la espanta­da protesta ciudadana contra las leyes de impunidad ventilando en grande el bombazo de La Molina Vieja y usándolo como pretexto para reclamar unidad nacional contra el terrorismo y para lanzar al aire, como palomas, intensos reclamos de paz. Tras lo cual se esconde un enorme contrabando: tratar de convencer al país de que la unidad sólo se puede lograr congregándose bajo el mando de Fujimori e instando al pueblo a creer que la paz debe significar la reconciliación entre sí de todos los pe­ruanos opuestos al terrorismo senderis­ta. O sea, se nos abre como obligatorio el absurdo camino del sometimiento a los continuos despropósitos y arbitra­riedades del régimen y al abominable reconocimiento de que los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos son tan dig­nos de respeto como los generales Sali­nas, Robles, Mauricio, y que debemos abrazamos con ellos todos los peruanos que repudiamos a Sendero, porque, aunque equivocados en su modo de actuar, ellos fueron nuestros defensores contra el terrorismo. Algo alucinante, disparatado y tenebroso, que parte de gravísimos errores conceptuales, y tam­bién de infantiles reacciones, que no puede ser aceptado por la ciudadanía consciente, aún cuando, hasta hoy, es­tos contrabandos vengan pasando con facilidad y hasta sean bien recibidos por las multitudes de abajo y de arriba. La cultura chicha imperante hace que el público actúe como robot, por el simple temor a que, sin Fujimori, se acabe la tranquilidad y la esperanza logradas en los últimos años.

Responderé por partes a tan falaces argumentos.

Por lo pronto, el caso del Perú no tiene relación alguna con los procesos de transición a la democracia produci­dos en España y Chile. En esos dos países se da una guerra civil, descomu­nalmente mayor en el primero. Y la reconciliación es entre combatientes de estas guerras. Guerras tan puntualmen­te ideológicas que en Chile la amnistía dada durante el gobierno de Pinochet no alcanzó a los crímenes calificados como el de Letelier, hoy en el candelero. Aquí no ha habido tal encuentro, bélico y fraticida, sino algo parecido a lo que ocurre en Colombia: un enfrentamiento entre el Estado peruano y una banda armada dedicada a tener en vilo al país por medio de actos de terror, actos que, como en Colombia, por muy cruentos y espantosos que sean, no han puesto nunca en riesgo la seguridad interna de la República. Ni en el Perú ni en Colom­bia las guerrillas tuvieron alguna posibi­lidad de derrotar a los ejércitos de una u otra nación. Para que una guerrilla -por medios terroristas o de lucha abierta pueda colocarse en parangón con una Fuerza Armada, tiene que tener un con­sistente apoyo militar externo -caso Vietnam- y un sólido respaldo popular! Hecho este último que jamás se produjo en el Perú, ni siquiera en los momentos culminantes de las arremetidas terroris­tas. En todas las elecciones de los últi­mos quince años, los votos blancos, nulos o ultras, que podrían calcularse como afines a Sendero, no han llegado a más del 3 ó 4 por ciento. Y si ese fue el volumen en años pasados, mucho menor será ahora que los terrorismos marxistas están en declive en el mundo entero, donde se va despuntando más bien la violencia del fundamentalismo islámico. (El tema se desarrolla en la sección En el Perú). Lo que no quiere decir que el desgaste sicológico produci­do por el terrorismo, así como sus efec­tos desestabilizadores en la economía, no puedan descuajeringar a un país.

¿Cómo se puede hablar de paz cuan­do no ha habido guerra? Porque no es de creer que la paz a la que se refiere el oficialismo sea la paz conversada con Abimael Guzmán, o sea con Sendero.

Y en cuanto a la reconciliación de los asesinos de La Cantuta con los militares que, cumpliendo obligatorias normas constitucionales, conspiraron contra el gobierno surgido del golpe militar del 5 de abril del 92 o con los retirados que declararon en contra del régimen por mandato de sus conciencias, es algo tan aberrante que no merece gastar lápiz para tocar el tema.

¿Por qué la razón, la mesura concep­tual, el juicio sano, aunque lleno de pasión, estarán tan ausentes de la vida nacional?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Sobre aquello de sentarse en las bayonetas – Revista Oiga 3/07/1995

SE dice que “los dioses vuelven ciegos a los hombres que quieren perder” y ¡vaya ciega que está la mayoría gobiernista en el Congreso! No aprecia o no quiere apreciar, que toda repetición es una ofensa y que por más que repita y repita una ley, ésta no es más legítima -o, mejor dicho, no será menos ilegítima- que su primera versión, si es que no hay -como no ha habido- enmienda a la anterior y se sigue trasgrediendo el orden constitucional, se sigue yendo contra de la naturaleza de las cosas y a contra pelo del sentir de la ciudadanía toda.

Esto es lo que ha hecho la mayoría gobiernista en el CCD y ha logrado así enajenarse la buena voluntad de la ciudadanía. Ha vuelto a recurrir el gobierno al manotazo de hierro, al golpe, esta vez contra el Poder Judicial, y lo ha hecho contrariando su propia Constitución. La ley de insistencia en la amnistía reitera la violación a la sustancia misma de cualquier Ley de leyes, pues, por lo pronto, si la amnistía es perdón por una culpa, no hay modo de amnistiar a alguien antes de que haya sido declarado culpable. Como es el caso de los presuntos responsables del horrendo y abusivo asesinato, a mansalva y sangre fría, de los asistentes a una pollada en Barrios Altos. Asesinato masivo que está en proceso y que la jueza doctora Saquicuray, con elemental sentido de la Justicia, no ha querido cortar, negándose a dar término a la investigación judicial, por considerar que la tal ley no puede alcanzar a los reos que todavía no han sido juzgados. Aunque en este asunto hay bastante más que el aspecto puramente jurídico, que admite el olvido de la pena, no del hecho. Se trata de un tema que nos lleva a topar con la ética, con el sentido de la moral pública. Por lo que bien ha hecho el escritor Bryce Echenique en declarar que amnistía viene de amnesia y que dentro de la cultura occidental, a la que pertenece esta palabra, el olvido sólo cabe cuando las faltas por perdonar son contra el Estado y no cuando lo son contra la vida de las personas, cuando se trata no de buscar la paz sino de premiar a una banda de aleves asesinos. “No puede haber per­dón para los criminales”, proclama el ar­zobispo y cardenal Alzamora, advirtiendo con dolor y preocupación que “se están perdiendo los conceptos básicos de la conducta humana”.

Sin embargo, no nos hallamos ante un gesto gratuito de prepotencia, no es un desliz aislado lo ocurrido, ni sólo existe el ánimo de liberar a algunos miembros del Ejército que tuvieron actuación eficaz en el golpe del 5 de abril del 92. Detrás de las arbitrariedades añadidas a la ley de amnis­tía, consolidadas con la reiteración de la semana pasada, está el claro propósito de consolidar una “democracia sui generis” o sea una “democradura” como ha dicho el célebre autor de “Julius” y “No me esperen en Abril”. Más precisamente: un régimen autoritario, sin instituciones, sin contrape­so de poderes, sin otra autoridad que la del líder y la cúpula secreta que lo asesora y orienta, dentro de un plan de gobierno de 20 años.

¿Lograrán sus propósitos el presidente Fujimori y su cúpula?

De momento la respuesta es obvia. Todos los recursos del Estado, todo el poderío de las armas, toda la iniciativa política están en manos del gobierno, mientras la economía muestra una cara sonriente. Muy poco, casi nada, es lo que puede hacer la oposición para resistir la oleada de atropellos, prepotencias y arbitrariedades que se han producido y segui­rán ocurriendo. Mientras las cosas estén como están, mientras tanto no varíe el clima político, poco o casi nada se puede hacer. Pero el abuso constante es como la gota de agua sobre la piedra, termina horadándola. El abuso -que es consustan­cial a cualquier autoritarismo terminará por generar el repudio generalizado de la opinión pública. Y contra esto, contra el veredicto popular, no habrá poderío que valga. Es vieja, sabia y comprobada la frase aquella de que “con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas, menos una: sentarse en ellas”. Y quiéranlo o no, el sino fatal de las autocracias es sentarse en ellas. Es su destino.

Mientras tanto observemos con pacien­cia -no resignados sino manteniendo en alto la dignidad- lo que está ocurriendo alrededor nuestro y démonos cuenta de cómo la ciudadanía y b prensa, día adía, se va plegando a nuestra indignación. Aflora se ve a las claras que el único propósito del CCD fue darle visos de legitimidad demo­crática a la reelección presidencial y que toda normatividad legal -hasta su propia Constitución- es una piedra en el camino del autoritarismo. Por algo, mágicamente, se detuvo en el instante preciso la forma­ción del Tribunal de Garantías Constitucio­nales. Y pronto comprobaremos, si el Poder Judicial responde como debe res­ponder al golpe del Congreso, que en este país llamado Perú la actual normatividad jurídica es una tremenda farsa que estallará como un castillo de fuegos artificiales. Nos encontraremos con un Poder Judi­cial dando órdenes de captura que la po­licía -dependiente del Poder Ejecutivo- no ejecutará, porque el ministro de Gobierno dirá que él cumple con la ley y no con las órdenes de los Juzgados. Así como se pondrá en libertad a detenidos que la Jus­ticia no ha absuelto. Un tremendo revoltijo que tendrá en vilo a esta patria que nos duele tanto porque es la tierra donde naci­mos y donde vamos sufriendo el pasar de nuestras vidas.

¿Y si el Poder Judicial acata la ley de amnistía?

Bueno, en este caso, no varían mayor­mente las cosas, pues servirá de aliento para que el gobierno siga abusando de un poder que, en una democracia, está limita­do por el imperio de la juridicidad y, en una dictadura, por el tiempo que tardan las bayonetas en ingresar a la carne de quie­nes se han sentado en ellas. Lo que tem­prano o tarde -no muy tarde- ocurrirá.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – El mensaje de Ocros – Revista Oiga 26/06/1995

Aburrido, como el prín­cipe dinamarqués de Shakespeare, pero no por razones de angustia existencial, sino aburrido de escuchar críticas a su Amnistía -que para muchos es injusto perdón y olvido por asesinatos horrendos y demasiado cercanos-, aburri­do por no tener nada que hacer en Pala­cio, el presidente Fujimori no sale desesperado a la orilla del mar, como Hamlet, a dudar y escudriñar su conciencia. Fuji­mori, al revés, vuela en helicóptero -gas­tando algunos miles de dólares por hora a gritar en un pueblo andino su seguridad en las bondades y beneficios de su Amnis­tía y a volver a recordar sus méritos perso­nales en la campaña antiterrorista -mérito que nunca nadie le ha negado- y los sacri­ficios de los policías y soldados compro­metidos en esa lucha.

¿Qué ha querido decirnos el presiden­te con ese gesto abierto, desafiante?... Por lo pronto, si interpretamos bien sus palabras de Ocros, pareciera haber reconocido que él no gobierna, aunque afirme y afirme que él manda; pues si se aburre en Palacio es porque ahí no tiene trabajo, porque ahí no está el gobierno. Y es absurdo pensar que se gobierna yendo de pueblo en pueblo ordenando arreglar ca­minos, construir escuelas y lanzando dis­cursos iracundos contra sus opositores. Se gobierna -por lo menos así se entiende esta función en todo el mundo- despa­chando el presidente de la República en Palacio con sus ministros y asesores -que son los responsables legales de los actos de gobierno-; tratando de tener una visión completa de los problemas inmediatos y mediatos del país, analizándolos en con­junto y resolviéndolos de acuerdo a prio­ridades trazadas con sus consejeros; y firmando disposiciones de acuerdo a ley y en nombre de la Nación, no de su perso­na. Un trabajo arduo, intenso, que no da tiempo para aburrirse y que se debe realizar como mandatario, no como mandante...

Pero, si desde Palacio no se gobierna ¿desde dónde se ordena y dirige el país? Porque el Perú no está paralizado, todo lo contrario. Y esto es mérito indiscutible del régimen. Hay mayor orden y concierto en el manejo de la economía, hay más disci­plina en el Estado, hay mayores utilidades en los negocios, el país va creciendo. Hay, pues, gobierno. Sin embargo ¿dón­de está ese gobierno si, según el presiden­te Fujimori, no está en Palacio, donde él se aburre? Tampoco puede hallarse en los pueblos y barriadas que el presidente re­corre como un excelente relacionista pú­blico y en los que él va viendo, aunque a pinceladas dispersas, no con visión pano­rámica, que también va creciendo el ham­bre, la miseria, la tuberculosis, la desespe­ración de los jóvenes por conseguir un trabajo. ¿Desde dónde gobierna el Perú el régimen actual? ¿Cuál es la estructura de poder después del 5 de abril de 1992?

En lugar de aclarar que él es el que manda, el presidente Fujimori, con su gesto de Ocros, ha acrecentado las dudas sobre su real control de las funciones del Estado.

Otro de los sentidos del mensaje ha­bría sido demostrar el desagrado presi­dencial por la decisión de la jueza, doña Antonia Saquicuray, quien ha tenido el coraje de mantener la acusación de la fiscal contra los responsables del ase­sinato masivo de Barrios Altos. Prefirien­do la Constitución a la ley de Amnistía, obedeciendo al mandato de su concien­cia, de la Justicia y de la Ética, la jueza ha decidido que esos asesinos no pueden ser amnistiados y que el proceso judicial debe continuar hasta que el crimen sea sancionado.

Con lo que el presidente ha contribui­do a que el tema de la Amnistía vuelva a colocarse en la actualidad más palpitante, dándole al problema una vigencia que crece y crece sin que, como otras veces, pueda amansarlo o silenciarlo el tiempo -los días que pasan- ni las grandes noti­cias, muchas veces fabricadas, sobre las peripecias de Manrique y otros fugados. Y el tema sigue creciendo no sólo por la valiente decisión de la jueza Saquicuray, respaldada por una Corte Suprema que parece dispuesta a salir en defensa de sus fueros, sino porque la ciudadanía en masa, por primera vez, ha reaccionado firme­mente contra una disposición de este go­bierno. El repudio a la Amnistía, aproba­da por el Congreso y mandada a publicar por el presidente, va teniendo una consis­tencia cada vez mayor. Aunque, para ser precisos, no se rechaza a la Amnistía en todas sus partes. No. Lo que ha sublevado a la mayoría ciudadana, lo que le ha dis­gustado tremendamente al país, es el en­gaño escondido tras ella, el pretender colar junto a Salinas, Mauricio y otros presos de conciencia a los asesinos de La Cantuta, quienes apenas habían pasado unos meses en un cuartel.

La bola de la protesta, ante una realidad que hasta ayer la mayoría se negaba a aceptar, ha comenzado a rodar. Y está obligando a los ciudadanos a razonar, a encontrar ilógico que hoy se pretenda im­poner en el Perú una amnistía a la que no se atrevió el mismísimo Pinochet desde el poder. El perdón y olvido del dictador chileno no alcanzó a crímenes califi­cados como el de Letelier y hoy estamos viendo a quienes ordenaron su asesinato, condenados por la Corte Suprema, tratan­do de que la cárcel les sea lo más llevadera posible.

El alud se hará incontenible. Hay que dejarle tiempo al tiempo, sin alarmarse por las amenazas y los augurios de Expre­so, que ahora habla, por boca de D’Ornellas, de que este es un país “de indignaciones fugaces” y, a la vez, llama a una cruzada para distinguir “la paja del heno” y liquidar a “los que siempre com­batieron la represión del terrorismo co­munista”. ¡Menuda pretensión!: para rechazar la ley de Amnistía Expreso quiere que todos los protestantes se coloquen en sus filas. ¿Qué haremos los que repudia­mos la engañosa Amnistía de Fujimori, pero que no comulgamos con Expreso, y que desde el inicio, desde setiembre de 1980, estuvimos en primera fila recla­mando se combatiera el terrorismo, “por­que así comenzó en otras partes” la heca­tombe nacional?... Por fortuna, los dados de los dioses no ruedan a favor de Expre­so en el futuro.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cediendo la palabra a un argentino – Revista Oiga 12/06/1995

¿Qué decir viendo lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Cómo no quedar anonadados observando al Parlamento autolimitar sus prerrogativas en beneficio del señor presidente, haciendo exactamente lo mismo -guardando las distancias-que hizo el Parlamento alemán con Hitler? Y no se me replique que pronto jurará un nuevo Congreso, por­que lo que viene es exactamente el mismo CCD, corregido y aumentado en genu­flexiones al Ejecutivo.

-Porque así lo ha querido la voluntad del pueblo -responderán muchos-.

Lo que es cierto. Pero no olvidemos que la voz de la mayoría no es la verdad suprema. No es la voz de Dios. Ni siquie­ra es lo esencial de la democracia. Para Que un gobierno elegido popularmente sea una auténtica democracia deberá añadir a esa legítima credencial dada por los votos, el aliento a la pluralidad y el respeto a las minorías, el fortalecimiento de las instituciones y el acatamiento al orden jurídico preestablecido, reforma­ble no en función de los apetitos del gobernante sino de las necesidades de las mayorías y con normas a futuro cuando se trata de ampliar mandatos.

¿Cómo expresar nuestro asombro al ver al jefe de Estado haciendo abluciones mágicas, rociándose las espaldas “y el pechito” con los enjuagues de los brujos y corriendo el riesgo de coger una pul­monía al bañarse en las heladas lagunas de una hechicería? ¿Hizo todo aquello por juego, por divertirse, por seguir lla­mando la atención y permanecer en el centro de la noticia o por cumplir con ritos en los que cree?... ¡Cosa curiosa! Hitler también creía en ellos y en los astros, aunque en secreto, para no alar­mar a Alemania.

¿Cómo no quedar estupefactos, sin poder hallar los términos adecuados, las razones precisas, para expresar con vigor la indignación que produce observar el aberrante espectáculo que ofrece la Su­prema Corte Militar, imponiéndose constantemente a la Justicia Civil? Se impuso, a la mala, para castigar benignamente a los asesinos de La Cantuta, para silenciar a notables narcotraficantes como El Vati­cano y, ahora, con toda seguridad, se impondrá para enmudecer al llamado El Negro; mientras va logrando impedir que prospere la acción judicial sobre el crimen masivo de Barrios Altos.

¿Cómo no quedar con la palabra cor­tada, sin aliento para expresar la repulsa que provoca tan penosa situación, al tener que presenciar casi a diario a la Suprema Corte Militar, dedicada desde hace un buen tiempo a pisotear, sin mi­ramiento alguno de fondo ni de forma, los derechos ciudadanos de los militares en retiro que tuvieron el coraje de hacer públicas sus opiniones, sea contra la política del régimen -caso Salinas, Cisne­ros, etc.- o contra la pésima conducción de las operaciones militares en el recien­te conflicto con el Ecuador, que es el “delito” cometido por los generales Mau­ricio y Ledesma y por muchos otros expertos en cuestiones bélicas? ¡Como si la Constitución del Estado no otorgara plenos derechos civiles, entre ellos la elemental opción de opinar libremente, a los militares retirados!

¿Cómo no apretar las manos por la impotencia que se siente al ‘contemplar’ el vil ensañamiento de ese Tribunal Militar con uno de los oficiales más distingui­dos de nuestro Ejército, el general de división Carlos Mauricio? ¡Cómo no comprender su indignación, su rabia, sus alzas de la presión arterial, al verse maltratado, pisoteado, por unos subalternos que cumplen órdenes políticas para con­denarlo por haber ejercido su derecho cívico a opinar en defensa del honor de su Ejército, en el que ganó sus estrellas de divisionario por su capacidad, su hom­bría de bien y no por aceptar tristes papeles como el que está haciendo ese Tribunal de marionetas, integrado por militares en actividad o sea sujetos al mando de quienes se sienten agraviados por las opiniones de los generales Ledes­ma, Mauricio, Salinas, Cisneros, etc.! Todos ellos oficiales que tuvieron el más alto rango en nuestro Ejército.

Pero para que no se diga que me dejo llevar por el hígado en mis críticas a las aberraciones que muchas veces se obser­van en la conducta del gobierno, cederé el saldo de esta columna a un economista argentino, liberal para más señas, que observa a nuestro país desde lejos, con la frialdad de un estudioso de la economía. Su opinión -anterior a muchos de los hechos aquí mencionados y que me han dejado mudo de espanto- ha aparecido en un diario norteamericano y se basan en recientes declaraciones del presidente Fujimori. He aquí algunos párrafos del artículo del economista argentino Alberto Benegas Lynch, titulado “Fujimori con­funde su función”:

El país no es una empresa. Una sociedad libre es, por definición, plura­lista. Los fines de las personas son muy diversos. En este contexto, la función esencial del gobierno consiste en pro­teger los derechos de las personas, para lo cual se requiere una justicia inde­pendiente y un marco institucional que limite el poder. Si un gobernante actúa como un gerente de una empresa debe­rá dictar las medidas pertinentes para que se cumplan sus programas y plani­ficaciones, lo cual implica que deberá instruir a ‘“sus subordinados” a que si­gan esos planes. Con lo que se estarán violentando los derechos de las perso­nas, ya que el gobernante se habrá excedido en sus funciones específicas, al tiempo que se afectará severamente el funcionamiento del mercado.

El Cronista de Buenos Aires acaba de reproducir una noticia aparecida en el Financial Times de Londres, titulada Fujimori asumió la función de ge­rente para dirigir Perú como una compañía. El contenido de la nota, fir­mada por Sally Bowen, resulta preocu­pante y, por momentos, alarmante. En el cable de marras Fujimori dice: “Modes­tia aparte, a muchos pueblos les gustaría tener un presidente como yo y (el mun­do) está lleno de jefes de Estado que sien­ten cierta admiración por mí”. Lo último puede ser cierto en algunos casos, pero sostener lo primero es subestimar gran­demente la opinión de personas que creen a pie juntillas en el funcionamiento irrestricto de marcos institucionales com­patibles con un régimen republicano y que no creen que un país deba dirigirse como una empresa. En este sentido, siempre en la referida nota, se afirma que “Fujimori se ubica en el cargo de gerente general que, desde arriba, supervisa todo por teléfono a través de su famosa com­putadora Toshiba”. Termina la nota del Financial Times citando una pregunta que se le hace al presidente Fujimori: “¿Qué pasaría con Perú si el helicóptero presidencial se estrellara o si una bala asesina diera en el blanco?” La respuesta es patética: “No se preocupe, seguiré ma­nejando el país desde el cielo”.

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Se pone de manifiesto mucha igno­rancia al sostener que existe una corre­lación entre la actividad empresarial y la actividad gubernamental. Por otro lado y para terminar, resulta oportuno recordar un pensamiento de Wilhelm Roepke a los distraídos que circunscri­ben su atención en los aspectos pura­mente crematísticos: “La diferencia entre una sociedad libre y una autorita­ria no estriba en que en la primera se producen más heladeras y ham­burguesas. La diferencia radica en la adopción de concepciones ético institu­cionales opuestas”.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Una voz en el desierto – Revista Oiga 29/05/1995

Pocos o casi nadie -por lo que parece- venían obser­vando el crecimiento sostenido de las acciones te­rroristas en los últimos meses. Eran asesinatos, tornas de pueblos y emboscadas que ocurrían en remotos parajes de las serranías y en la ceja de selva. Siempre muy lejos de Lima. No había, pues, porqué alarmarse. Nada menos que el presidente de la República le habla señalado próxima muerte, por las condi­ciones de su prisión, al creador de Sendero Luminoso, dando a entender que “muerto el perro, enterrada la rabia”. Aun­que, fiel a su temperamento y a su desco­nocimiento del sentido de las palabras, añadió que, con permiso presidencial, el ideador de la secta asesina, haría declara­ciones “¡históricas!” antes de morir. Los estómagos satisfechos de Lima no podían estar más tranquilos, pese a las insistentes oscilaciones de la luz en las semanas pasa­das.

Pero, de pronto, una tremenda explo­sión en el corazón de Miraflores, con muertos, heridos y destrucción masiva, nos baja de las nubes. Digo nos, porque no sospeché que, tan pronto, a menos de cinco años de la caída del Muro de Berlín, el marxismo-maoísmo del camarada Gon­zalo iba a hallar respuesta a la catástrofe ideológica sufrida y a reordenar sus ideas y postulados. Tampoco imaginé que Sen­dero Luminoso rehacerla sus cuadros de comando con tanta prontitud. No sospe­ché la rapidez de la reorganización de la dirigencia senderista, a pesar de que esta columna anticipó que Abimael Guzmán no era la “rabia” y que, mientras hubiera el hambre, la miseria y la desesperanza que hay en el país, el terrorismo volvería a resurgir, con Sendero u otra secta a la cabeza, y que otra ideología reivindicado­ra reemplazaría al marxismo-maoísmo.

Lo ocurrido en el hotel miraflorino es demostración de que Sendero se ha reor­ganizado, de que tiene nuevo comando y nueva orientación y de que el gobierno ha sido cogido desprevenido, sin remota idea -es de sospechar- de lo que está ocurrien­do en el campo de la subversión. Lo que no quiere decir que la República esté en peligro, no lo estuvo nunca frente a Sen­dero y al MRTA, ya que la diferencia de potencial entre la subversión terrorista y la Fuerza Armada -igual en el Perú que en Colombia- es sideral. Para que el terroris­mo se transforme en riesgo para la supervivencia de una nación tiene que convertirse en fuerza popular, su ideolo­gía tiene que trascender a las mayorías nacionales, como es el caso de los integristas musulmanes en el norte de África. Querer equiparar el problema Sendero al del terrorismo argelino, por ejemplo, es delirar o pretender hipnotizar al país para engañarlo. Lo que tampoco significa -¡no se me vaya a acusar de senderista!- que el terrorismo no sea un peligro para la inte­gridad física de los ciudadanos y un gran desestabilizador de la economía.

La reacción del gobierno arde el maca­bro rebrote senderista ha dejado pasma­dos a los peruanos pensantes y, sin em­bargo, obtendrá, casi con toda seguridad, el aplauso ciego de la mayoría, que cree en la eficacia de la pena de muerte y en la bondad de las universidades controladas por la disciplina militar.

Con el pretexto del coche-bomba en el Hotel María Angola, entre gallos y media noche, contrariando la normatividad jurídica, el régimen dio un nuevo golpe de Estado y puso a todas las universidades en manos del presidente de la República. Todas, porque todas, sin excepción, pue­den ser intervenidas por el jefe de Estado, de acuerdo a la “ley” aprobada, en sesión “secreta” que se transformó en “reserva­da” para reducir el escándalo legal, y que se ejecutó contra San Marcos antes de que se cumpliera el plazo de ley.

Todo un monstruoso legicidio contra el que se alzarán muy pocas voces de conde­na, pues el régimen se ha ocupado de ir destruyendo todas las instituciones que pudieran ser contestatarias, desde los clu­bes de madres a los partidos políticos, y de desprestigiar, desacreditar o ridiculizar a todas las personalidades nacionales que pudieran tener audiencia y autoridad mo­ral. No hay, hoy en el Perú, quien tenga ascendiente para alzar la voz ni hay donde hacerlo con amplitud: todos los medios de comunicación masiva están dominados o domesticados por el Estado. Una podero­sísima maquinaria política, de acción sico­social, ha ido triturando el esquema de­mocrático del país, dejando a la democra­cia peruana reducida al ritual de las vota­ciones.

Así, con este manotazo a las universi­dades, va tomando forma el Nuevo Perú que el presidente Fujimori dice que está inventando y que, de acuerdo a los cuadernillos que un pajarillo verde dejó hace ya tiempo en esta casa, es producto de un secreto Consejo de Seguridad del Estado controlado por la Fuerza Armada. Un Nuevo Perú que no tendrá autonomía universitaria y que, grotescamente, luce como segundo vicepresidente de la Repú­blica al rector de rectores, quien, dando risa y pena, afirma que sólo se interven­drán San Marcos y La Cantuta, que se lo ha dicho el presidente y que él no reniega de su creencia en la necesidad académica de la autonomía universitaria. Un Nuevo Perú que acaba de echar al tacho de la basura la ley creando la institución Defen­sor del Pueblo, porque el régimen no acepta que ese Defensor pueda entrar a los cuarteles y verificar si hay civiles se­cuestrados. ¡Y en esa ley de Defensoría - del Pueblo, obra de dos miembros de la mayoría oficialista, estaban de acuerdo todos los sectores del Parlamento, un Par­lamento que es -por lo menos de título-Constituyente! Un Nuevo Perú que no tiene ejemplos, “yo estoy haciendo aquí mi propio modelo, yo estay inventando un país” (Fujimori), y para el que va a crear un nuevo sistema electoral. Un Nuevo Perú donde los magistrados, salvo el presi­dente de la Corte Suprema, están prohibi­dos de opinar. Un Nuevo Perú que quiere obligar a los magistrados supremos a inte­rrogar en los, cuarteles a los presos de excepción (caso Zanatti). Un Nuevo Perú que convertirá en Museo de la Política Tradicional al histórico local del Congreso. Un Nuevo Perú que estudia adoptar la política de defensa de los Derechos Hu­manos de la China Comunista, según lo ha declarado en Trujillo la Fiscal de la Nación, justo el mismo día en que la agen­cia de noticias EFE anunció la ejecución en China de 151 criminales con un tiro en la nuca...

¡Este es el Nuevo Perú que iremos conociendo poco a poco! Pero ¿para qué seguir, sabiendo que somos una voz en el desierto?