FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

Algo, que añadir al caso Cipriani  la

libertad de expresión y La Cantuta

Hace unos días volví de un viaje, ni corto ni largo, por el llamado (con razón) mundo desarrollado. Y la primera impresión que me asaltó al llegar fue la pobreza y desorden de nuestro primer aeropuerto, con la cara apenas lavada con pintura de gato, para hundirme de inmediato en la suciedad y el caos, en el infernal tráfago limeño, en la ciudad que un periodista español llamó sin exagerar “la Calcuta de Sudamérica": combis sobrevivientes envueltas en una nube de humo, gritos, bocinazos, autos que quieren adelantar a otros saliéndose de pistas que parecen terreno lunar... Pero peor aún fue horas después, al despertar y leer el periódico y prender la televisión para ponerme al día. Las mismas y diminutas miserias de siempre, pequeñeces que empequeñecen el panorama nacional, aunque también sean retrato de nuestra destartalada realidad.

Lo que sí no sospeché es que, dos días más tarde, estas diminutas pequeñeces llegarían al extremo grotesco de ver al arzobispo de Lima involucrado en los crímenes de La Cantuta, por lo que el ex ministro Bustamante dice haber oído decir a Montesinos.

Sin duda fantasías, pues no resulta coherente que un militar se niegue a cumplir, por razones religiosas, la orden superior de lanzar al mar a los muertos; luego consulte con el obispo de Ayacucho, quien le recomienda denunciar el hecho, avisar a las familias y enterrarlos cristianamente; y termine descuartizando los cadáveres.

Pero este "culebrón", que ha dejado estupefacto al país, no apareció sorpresivamente. Tiene antecedentes. El último lo leí esa madrugada a mi regreso al país. En primera página, con grandes titulares un obispo desmentía al obispo de Lima, afirmando que la Iglesia respeta la independencia del Poder Judicial. Lo que me hizo pensar que monseñor Cipriani, habituado a los deslices verbales, había intentado ejercer su influencia sacerdotal para obligar a los jueces a variar un fallo. Hecho que sin duda sería reprobable. Pero no era así la cosa. El arzobispo Cipriani, al margen de su filiación y de que no sea (como el Opus) bien visto por muchos, había simplemente expresado su simpatía por el señor Chumpitaz y reclamado, con el ánimo de paz, justicia y perdón que predica el último mensaje papal, un pronto fallo para que concluya el calvario que está sufriendo nuestro gran futbolista por una falta que no llega siquiera a pecata minutia. ¿Existirá un país en el que los partidos políticos (y Montesinos era figura preponderante del fujimorismo) no financien la incorporación de celebridades en sus listas electorales?

Se trata, en lo referente a monseñor, de una opinión sobre excesos legales que yo y muchos peruanos compartimos y que no es interferencia alguna en el lento proceso judicial que se les sigue a Chumpitaz y a otros. Lo que sí resulta intento de interferir en la libertad de expresión ciudadana es el tono amenazante empleado por algunos jueces y fiscales para replicar al opinante. Pues así como el Poder Judicial tiene su jurisdicción, que nadie pone en entredicho, los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a opinar como nos dé la gana sobre cualquiera de los poderes del Estado. Eso es democracia, ya que sin libertad de expresión aquella resultaría siendo una farsa.

Es de esperar que la citación judicial hecha a monseñor Cipriani nada tenga que ver con esas amenazas, aunque no deje de extrañar que, justo ahora, vuelva a tocarse el tema de los delitos de lesa humanidad cometidos por Fujimori. Y que la acusación al ex presidente vuelva a plantearse, como antes, sin seriedad alguna. Sin ánimo de usar las pruebas reales que lo condenan.

Así como el Poder Judicial se interesa, de acuerdo a ley, por investigar lo que un testigo dice sobre una presunta participación indirecta del arzobispo de Lima en los asesinatos de La Cantuta, yo vuelvo a hacer, por enésima vez, la siguiente pregunta: ¿Por qué el gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial no toman en cuenta las pruebas que sí evidencian la culpa de Fujimori en esos crímenes?... Lo hago porque, sin tomar en cuenta esas probanzas, la acusación montada contra él por delitos de lesa humanidad es puro fuego de artificios judiciales, en los que se ha envuelto a monseñor Cipriani. Se trata de pruebas que he exhibido hasta el cansancio, inútilmente, y que he entregado a políticos y funcionarios judiciales, también en vano. Se trata de pruebas reales, firmadas, que el Poder Judicial no toma en cuenta.

Son tres documentos firmados por Fujimori insistiendo en un mismo mes (julio de 1991) para que fueran ascendidos todos (con jefes y pichilingues y rivas incluidos) los miembros del llamado después Grupo Colina, por "trabajos especiales" realizados en las universidades del país. Esto ocurría poco después de que fueran asesinados 61 estudiantes de la Universidad de Huancayo, asesinatos que sí son vinculantes, hasta para un lego en derecho, con los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Son documentos bastante más elocuentes de lo que pueda decir sobre La Cantuta el arzobispo Cipriani, a quien sorprendentemente se le ha citado como testigo luego de opinar a favor de Chumpitaz ¿Quién protege a Fujimori y por qué lo hace?

Fuente:
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario CORREO, 31 de agosto de 2002