LA TERCERA

LOS COMERCIANTES VASCOS

EN EL VIRREINATO PERUANO

Profesor Dr. Guillermo Lohmann Villena

Catedrático de las Universidades del Perú

Mayor de San Marcos y Lima 

II

LA CAPTACIÓN VASCONGADA DE LOS PUESTOS PREEMINENTES

Para hacerse cargo al justo del ambiente en que desplegaron su acción en el Perú los hombres de empresa de raigambre vasca es indispensable hacer caudal de la coexistencia de un enjambre de paisanos instalado en destinos claves de la administración pública y fiscal, ejerciendo ministerios de alta responsabilidad u ocupando dignidades de gran relieve social. ¿Es impropio admitir que desde esas posiciones no dispensasen alguna prestación de ayuda, un trato de favor o acaso un apoyo decisivo? (26).

Sin echar en saco roto que dos mandatarios coetáneos, Guirior y Jáuregui, ambos navarros, ocupan el solio virreina! desde 1776 hasta 1784, y que un arzobispo de origen santanderino, González de la Reguera, rige la sede limeña desde 1782 hasta 1805, la enumeración de los paisanos apostados en lugares estratégicos ha de iniciarse con el Visitador General José Antonio de Areche, natural de las Encartaciones, que desarrolló su controvertida misión en el Perú desde Junio de 1777 hasta el mismo mes de 1782, levantando un vendaval de pasiones, desautorizando al primero de los mencionados gobernantes hasta hacer de él un virrey de palo (en la opinión vulgar) y por último encendiendo con sus temerarias innovaciones tributarias la tea revolucionaria que agitó Tupac Amaru en 1780.

En la magistratura hay que mencionar al orduñés José de Gorbea y Vadillo, Fiscal r del Crimen (1784-1803), que en 1794 convocó a sus connacionales a acudir en auxilio del terruño (27).

En el círculo íntimo del Virrey Amat (1761-1776) se contaban tres vizcaínos, a saber: su secretario de cartas Antonio de Elexpuru y Larrinaga (28), Miguel de Arriaga y Gurbista, Director General de la Aduana (v.) y Juan de Echavarría y Uría, Contador General del mismo establecimiento (29), los dos últimos fiadores del gobernante en su juicio de residencia (30).

En la plaza de Administrador General de la repetida Aduana y de la Alcabala, desempeñada desde 1782 hasta 1790 por Joaquín José de Arrese y Lardizábal (sobrino de D. Martín de Lardizábal y Elorza, Gobernador de Venezuela y Consejero de Indias (1740-1743) y de Juan Antonio, obispo de Puebla de los Angeles y electo arzobispo de México) (31), le sucedió el Contador 1º de Resultas de ella, Juan Domingo de Ordozgoiti (1791). Finalmente, para terminar con el personal de dicho organisr habrá que mencionar al Oficial Mayor, José Ignacio de Lecuanda y Ezcarra posteriormente Contador interino (1791-1794) y Administrador, también transita mente (1795-1797) (32).

Desde 1741 hasta su muerte en 1774 se mantuvo Cristóbal de Leuro y Dudago como Contador Ordenador en el Tribunal Mayor de Cuentas (33), y desde 1735 ha 1767 Francisco de Ersilbengoa y Orbezu desempeñó las funciones de Contador Residencias en la Audiencia (34).

El bilbaino Estanislao de Landazuri y Bolívar, Caballero santiaguista, ocupe cargo de Juez Superintendente de la Casa de Moneda de Lima desde 1778 hasta 17**.

Del Tribunal del Santo Oficio han de entrar en la cuenta dos Inquisidores prolongado ejercicio de sus funciones: Mateo de Amusquibar y Ochoa de Reca (1744-1763) (35) y Juan Ignacio de Obiaga (1759-1784) (36) , y otros tan Secretarios del Secreto, a saber: Gaspar de Orue y Berastegui (37) y José Arescurenaga y Zabaleta (1743-1789), Individuo Correspondiente de la Real Socio Vascongada de Amigos del País (38), cuyo hijo, Manuel de Arescurenaga y Peña, ya limeño, sucedió a su padre en el puesto.

Francisco de Ocharan y Mollinedo (v.) fué el único de su nación que empuñe vara de Alcalde de Lima (1780) y en atención a su probilidad fue elegido conjuez alzadas en el Tribunal de Minería (1788).

En fin, Francisco de Urrizmendi y Aramendi fue Guarda Mayor del puerto Callao (1749-1756) (39).

El enunciado vínculo de paisanaje no implicaba siempre una inteligencia fisuras: en 10 de Abril de 1771 el Tribunal del Consulado exteriorizó su protesta a la decisión de Arriaga, Administrador de los Derechos de Alcabala y Almojarifaz que con arreglo al Decreto del Virrey Amat (10 de Diciembre de 1769), sancionado Real Cédula (27 de Agosto de 1770), exigía que la apertura de los bultos y far importados se efectuase para su avalúo en la Aduana, en presencia de los inspecto en lugar de conducirse directamente a los almacenes de los destinatarios, en donde recelaba que se abrirían las cajas para sustituir  fraudulentamente las mercaderías otras de valor inferior (40).

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