EN EL MUNDO

La República 

Sí se puede

El Estado responde al delito con voluntad política y acción conjunta

La jueza penal nacional Mercedes Caballero ha ordenado a pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos la detención preliminar de Rodolfo Orellana Rengifo y de 22 de sus principales colaboradores, entre ellos el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca, para ser investigados por delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Este grupo era señalado hasta ayer como la organización delictiva más grande del país, acusado por la fiscalía de dedicarse al blanqueo de capitales procedente del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares, del tráfico ilícito de drogas y de minerales.

La orden de detención fue ejecutada como una operación conjunta cuya efectividad ya se apreció con ocasión de la captura de la mafia que operaba en el gobierno regional de Áncash. Dicha operación expresa un grado de coordinación que con voluntad política alcanzaron para este caso procuradores, jueces, policías, fiscales y ejecutivos de otros ámbitos que concurren a la lucha contra el delito, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de instituciones privadas obligadas a reportar transacciones dolosas y sospechosas.

Aunque tarde, este es un botón de muestra del “Sí se puede” peruano frente al delito, una síntesis del ejercicio completo de las competencias y capacidades procesales, coercitivas y punitivas del Estado puestas en movimiento, y dormidas y fragmentadas por varios años en miles de casos.

Al saludar este paso debe recordarse que el clan Orellana no irrumpió hace meses ni de la noche a la mañana; los datos que disponen las autoridades dan cuenta de que sus actividades se iniciaron por lo menos hace una década y se intensificaron al ritmo de la indiferencia de los gobiernos y la corrupción de la policía, las administraciones judiciales y el Ministerio Público, y al paso del tejido de una vasta red que penetró otras organizaciones como las notarías, centros de arbitraje y los registros públicos, entre otros.

En el balance le cabe un mérito de ineludible reconocimiento a un sector del Estado que ha demostrado ser resistente a la corrupción y que debe ser potenciado y protegido, es decir, el sistema de procuradores, acosado por campañas difamatorias. Igual reconocimiento merecen las víctimas de este clan que, a pesar de su desventaja frente al poder del clan organizado y con la justicia de espaldas, no desmayaron; y los escasos hombres públicos, como el congresista Víctor Andrés García, que sin tener una necesaria razón material en litigio se enfrentaron a esta organización con los costos que ello les significó.

Debe ser relevado asimismo el papel desempeñado por la prensa, especialmente los más de 20 periodistas enjuiciados por Rodolfo Orellana en el momento de su mayor poder –entre ellos dos de esta casa editora, Augusto Álvarez Rodrich y César Romero, y nuestro colaborador Ricardo Uceda– por haberse atrevido a revelar sus actividades y darles voz a sus víctimas, y la resistencia de organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro Líber de la Pontificia Universidad Católica, que dirige Julio Arbizu.

Una golondrina no hace el verano pero no deja de tener un trino auspicioso, sobre todo si invita a no cejar en la permanente búsqueda de la justicia y la sanción del crimen.