FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

La constitución de Fujimori debe ir a la basura

Ha decidido el Congreso por abrumadora mayoría declarar válida la constitución (así, con minúscula) que Alberto Kenya Fujimori se fabricó amparado en el golpe militar que, un año antes, había violado la Constitución vigente, continuadora legítima del orden jurídico nacional. Y a mí y a muchos que no somos apristas, esta decisión nos apena, nos avergüenza, porque si bien es cierto que la Constitución del 79 está equivocada en muchos capítulos y resulta en conjunto obsoleta, es la Constitución que Alberto Kenya Fujimori ultrajó sacando la tropa a la calle para asaltar con tanques y metralletas a sus instituciones y a los medios de comunicación que se sospechaba iban a alzar voces de protesta por el legicidio cometido (voces que en mayoría se pasaron de excesivamente tímidas). Captura infame del poder, que fue origen e inspiración de la constitución que el usurpador se dio para ser reelegido y gobernar arbitrariamente.

Estos son los hechos, desnudos de retórica y de cálculos de conveniencia coyuntural. Y me avergüenzo de que no hayan sido valorados por un Congreso que, aunque bastante despistado, tiene la misma legitimidad del Parlamento que el fujimorato disolvió alevosamente. Nuestro pueblo merece lecciones de respeto a los principios y no muestras de vulgar apego a lo práctico, a lo inmediatista. Debemos educarlo y no desorientarlo perdonando uno de los mayores delitos del régimen pasado, mientras se condena al pobre Chumpitaz.

Se trata de una decisión sólo posible en un país como el nuestro, en el que cambiar de Constitución es casi un deportivo cambio de camisa y donde todo es negociable, hasta el mandato explícito de una Constitución que no fue derogada sino violada, de una ley de leyes que en las naciones que se respetan es inamovible, salvo con enmiendas que se produzcan de acuerdo a normas establecidas.

Sin poner de lado los pasos prácticos que será necesario dar para que no colapse el orden legal, enseñémosle al pueblo que es bueno ser leal a los principios

Si se quiere tocar educativamente el tema (que es lo que se debe hacer), no hay duda, no puede haber una pizca de duda sobre la validez, hasta hoy, de la Constitución violada, la que expresamente señala como delito grave esa violación, tan grave que hace obligatoria la insurrección contra los usurpadores de la legalidad. Que fue lo que hicieron en noviembre de ese año el general Jaime Salinas Sedó y los suyos. Un bello gesto en defensa del orden constitucional que muy pocos ciudadanos supieron valorar y menos entender como el cumplimiento de la rebeldía ordenada por la ley. Más bien la frivolidad limeña se ensañó con el rebelde y lo tachó de ambicioso, sin advertir que Fujimori, al que aplaudían, sería el déspota mayor y más ambicioso de nuestra historia.

Alegar que la constitución de 1993, producto del golpe militar que violentó el legítimo orden constitucional, no debe ser arrojada al tacho de basura sino servir de base para una nueva que le borronee su ilegalidad y su autoritarismo, es una aberración que indigna desde el punto de vista moral o que hace reír cuando recordamos la discusión sobre si de ese documento quitaban o no quitaban el nombre de Kenya (segundo bautismal de Fujimori).

Lo que aquí escribo es, naturalmente, un alegato principista que ningún demócrata pondrá en entredicho, salvo aquellos que durante el fujimorato participaron en la constituyente dizque para evitar que los golpistas hicieran de las suyas, hecho que no evitaron, pues la llamada constitución del 93 fue la vestimenta precisa para que Fujimori fungiera de demócrata, cumpliera su pro-pósito de reelegirse y diera cariz constitucional a sus autocráticas disposiciones gubernamentales. También muestran disconformidad con la posición principista los parlamentarios que integraron los Congresos siguientes con la excusa de que lo hicieron sólo para que la oposición tuviera voz e impedir que el fujimorato se extralimitara. Objetivo que, por supuesto, no se logró, ya que la "oposición" se dedicó a gritonear contra el régimen sin dejar de pasar por la tesorería de la dictadura, a sabiendas de que sus gritos y teatrales exhibiciones en la TV no hacían otra cosa que avalar al régimen cubriendo el papel cómplice de "oposición democrática". El fujimorato hizo lo que le dio la gana todos esos años, y si al final cayó no fue por la acción histriónica de la oposición en el Congreso. Cayó porque sus errores e inmoralidades socavaron sus cimientos y porque, puesta en evidencia su corrupción, el pueblo salió a la calle.

No tienen, pues, esos congresistas autoridad moral para negarle legitimidad y vigencia a la Constitución, buena o mala, con la que los peruanos quisieron en 1979 darle continuidad a su ordenamiento legal.

Otra cosa es que, por razones prácticas de orden jurídico, sea necesario no echar de inmediato a la basura el estatuto de Fujimori. Pero desde ya el país debe saber cuál será el destino de esa antidemocrática norma. Mientras tanto, rápidamente, deben hacerse las modificaciones a la legítima Constitución para desbrozarla de disposiciones obsoletas (sobre todo en lo económico e institucional) y para que queden incorporadas a ella las variaciones que el correr de los años han hecho necesarias.

Una huelga inteligente de los parlamentarios opositores habría liquidado antes al fujimorato.

Dejar que siga rigiendo sin fecha fija la constitución fujimorista, por muchos cambios que se le introduzcan, es maleducar al pueblo, es enseñarle que la ley puede ser transgredida y cambiada por otra hecha a medida del capricho del que "manda". ¿Cómo hacer que el pueblo entienda que no debe pasarse la luz roja del tránsito si en lo alto ve que al reflector que prohíbe transgredir la Constitución se lo bajaron de un balazo y no pasó nada?

Ha llegado la hora de que los políticos se pongan a nivel del pueblo y se preocupen por educarlo en el respeto a la ley.

Fuente.

FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
Diario CORREO, 16 de diciembre 2001