EN EL MUNDO

La República 

El caso Bustíos 26 años después

Nuevos procesados y vieja impunidad

En el contexto de las acusaciones contra el ministro del  Interior, Daniel Urresti, en relación con el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, en 1988, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha revelado que uno de los sentenciados, Víctor Fernando La Vera Hernández, ha sido liberado y estaba a punto de ser contratado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Anoche, fue excluido de este proceso. Otro de los sentenciados, Amador Vidal Sanbento, también se encuentra libre. Ambos han cumplido apenas un tercio de las penas a las que fueron condenados.

En el caso vuelve a asomar la impunidad. El asesinato de Bustíos fue un alevoso acto de venganza contra un periodista por el “delito” de fotografiar a un oficial del Ejército acusado de la desaparición de 60 personas, a la postre uno de sus asesinos. En la clásica espiral de la violencia, es el caso de un periodista que documenta su trabajo y que  paga con su vida el hallazgo de la información.

El caso Bustíos ha demostrado varias regularidades de nuestro sistema que juzga los delitos de lesa humanidad, entre ellas la lenta judicialización de los hechos por las maniobras dilatorias de las instituciones que deben aportar información oficial sobre personas, órdenes, hechos, reportes e indagaciones propias. En este caso, el que se haya condenado a algunos de los culpables 20 años después de los hechos no abona en favor de estos ni garantiza su inocencia. Al contrario, deja patente la voluntad de impunidad alimentada desde el mismo Estado.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), primero, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otros organismos nacionales e internacionales, denunciaron más de una vez demoras procesales y omisión de los compromisos con los deudos de Hugo Bustíos, de modo que solo desde el año 2009 se empezó a llevar a cabo la actividad probatoria. En ese sentido, los hechos son antiguos pero la impunidad ha sido permanente, de modo que tiene sentido que los hallazgos e imputaciones sean relativamente nuevos.

Esta lógica debe ser aplicada al procesamiento desde el año pasado del hoy ministro del Interior. Su vinculación al caso es antigua, por los hechos descritos, aunque la acusación sea relativamente reciente. En este entendido, lo que corresponde es el sometimiento de los investigados a los órganos de justicia como efectivamente el general (r) Daniel Urresti lo hizo en su momento.

Su condición de ministro de Estado es un problema para el juzgamiento cabal de su responsabilidad. Como todo ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y mal se haría en condenarlo sin un proceso justo y debido. En la misma medida, es un error político con probables secuelas jurisdiccionales absolverlo de antemano, subestimando y sustituyendo el rol de los jueces. En ese sentido, sería más conveniente que ejerza su derecho de defensa sin estar premunido del poder que ahora ejerce.

Es preciso exigir desde la prensa, una vez más como en los últimos 26 años, que en este caso no exista impunidad, que se castigue a los responsables de este asesinato, que los condenados cumplan sus condenas sin violar las normas de ejecución penal y que tengan el derecho a la reinserción a la sociedad, aunque eso no signifique franquearles el retorno al sistema de seguridad democrática del país al que afectaron.