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Un primer acto

Los candidatos y el tránsito

Con el auspicio de la Asociación Civil Transparencia y de Cruzada Vial, 10 de los 12 candidatos a la alcaldía de Lima suscribieron un acuerdo multipartidario por un mejor tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial. Entre las medidas más importantes que se comprometen a ejecutar o impulsar se encuentran la creación de una autoridad autónoma de tránsito, el cambio de las normas para fomentar la movilidad sostenible y la promoción del respeto por el peatón y un mejor uso del transporte público.

Los 10 compromisos suscritos serán incluidos por cada grupo político en los planes de gobierno que serán entregados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el 7 de julio. De ese modo, la ciudad estaría logrando que antes de la elección de sus autoridades municipales se alcance un alto grado de consenso de las políticas referidas al transporte público y tránsito.

Apreciado el acuerdo firmado se advierte que lejos de procurar compromisos generales de poco valor, procura una toma de posición en temas específicos sobre los cuales se ha debatido. De estos compromisos quizás sea el más importante el de ejecutar “una política de gestión integral de la ciudad con una visión común, en donde la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Transporte Urbano así como todas las Unidades Orgánicas pertinentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima trabajen de manera coordinada para diseñar una ciudad más amigable para sus ciudadanos”. En este compromiso se puede apreciar una visión de las relaciones entre el tránsito y la ciudad misma desde una perspectiva sostenible, de recuperación de los espacios públicos al servicio de todos, superando el sesgo tradicional que divorcia las pistas de las aceras y los vehículos de las personas.

Es también destacable que los candidatos hayan asumido el compromiso de promover la creación de una autoridad autónoma que lidere la gestión del tránsito, una propuesta que solo hace algunos meses era discutida por quienes defendían la autonomía de un fuero que para este caso aparece incompleto, para una ciudad que convive con una provincia constitucional, no tiene el manejo de la policía y que no asume todas las competencias reguladoras del tránsito como, por ejemplo, la entrega de las licencias de conducir. Al contrario, una autoridad de tránsito evitará los sesgos distritalistas y tendrá más posibilidades de planeamiento, regulación y sanción.

El norte asumido por los firmantes de este acuerdo permitirá la continuidad de las reformas en el transporte que se ejecuta en la actual gestión metropolitana. Es sintomático que el documento no haya sido suscrito por el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, propulsor de la revocatoria de marzo del año pasado, una iniciativa bien recibida y apoyada por los transportistas que se oponen a las medidas reordenadoras del tránsito.

Este acuerdo que reviste un sentido homogeneizador de los planes para la ciudad debería ser seguido de otros que la ciudad demanda y que forma parte de los desafíos de una ciudad de crecimiento desordenado que se acerca a los 10 millones de habitantes, entre ellos el tratamiento de la contaminación ambiental, la recuperación del Río Rímac, el tratamiento de los residuos sólidos, la ocupación del territorio, la destugurización, la defensa de las áreas verdes, la participación ciudadana en la seguridad, entre otros.