EN EL MUNDO

La República 

09 de julio de 2014

Sacando el tapón

Reconocibles pasos de los fiscales en la lucha contra la corrupción.

Los avances que se registran en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se deben en buena parte a la acción del Ministerio Público que parece haber recuperado la iniciativa en la lucha contra el delito. En algunas semanas los fiscales han empezado a acusar y a demandar el arraigo o la detención en los casos que dominan la agenda anticorrupción del Estado.

Los casos taponados toman su curso procesal. El fiscal Hamilton Castro solicitó prisión preventiva para el presidente regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra, y su asesor, Juan Boza Pulido, por cargos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Del mismo modo, el fiscal supraprovincial Walter Delgado Tovar pidió al Poder Judicial la prisión preventiva del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, mientras se le investiga por delitos de asociación ilícita, cohecho y colusión agravada. Los pedidos han sido atendidos.

Luego, el fiscal anticorrupción Gomer Santos Gutiérrez solicitó al Poder Judicial dictar impedimento de salida del país para el presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, mientras se le investiga por malversación de fondos públicos y peculado. En Loreto, el fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota pidió al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas que dicte prisión preventiva contra el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, por el delito de colusión agravada, y otras siete personas.

Finalmente, la fiscal Marita Barreto Rivera, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio, demandó la detención preliminar de 20 personas, incluidos Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, por el presunto delito de lavado de activos, con lo que se inicia la caída de ese grupo.

El retiro del tapón ha coincidido con la finalización del periodo de José Peláez Bardales como Fiscal de la Nación. En algunos casos, como en el del grupo Orellana, fue necesario llevar a cabo cambios en la fiscalía para destrabar los casos y permitir que el Ministerio Público haga su trabajo. En otros ámbitos de la alta dirección de la fiscalía también se registran movimientos para cerrar oficinas, despedir cargos de confianza y abrir procesos administrativos a funcionarios.

Es preciso tomar ello en cuenta cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha empezado a recibir el testimonio del ex Fiscal de la Nación y cuando el Congreso está cumpliendo el mismo cometido. Ello no significa exculpar anticipadamente al actual Fiscal de la Nación, a quien el CNM también investiga, sino poner sobre la mesa la naturaleza de las fuerzas que durante varios años habían paralizado el vigor investigador del Ministerio Público, atenazando con ello la capacidad punitiva del Estado en su punto de origen.

Los cambios ocurridos y que son visibles, a la luz de los acusados, procesados y detenidos, deben ser puestos sobre la mesa para estimular el movimiento de reacción que se opera entre los jueces y fiscales del país. En un contexto de excesiva provisionalidad y de mecanismos de control que las altas instancias jurisdiccionales conservan, es necesario reflexionar sobre estos cambios en voz alta, animar a que los pasos dados no se detengan y a que las autoridades sepan que la vigilancia social no ha cesado.