FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

Poder Judicial admite a trámite demanda contra acaparamiento de medios

Sabado, 04 de enero de 2014 | 7:48 am

En la esfera judicial. Magistrada del Cuarto Juzgado Constitucional considera que el pedido de ocho periodistas para anular la compra de Epensa por parte del grupo El Comercio, porque atenta contra la pluralidad informativa y libertad de expresión, cumple con las formalidades del caso y se refiere a la amenaza de un derecho constitucional.

César Romero C.

El Poder Judicial aceptó dirimir en el asunto de la concentración medios escritos. El 4º Juzgado Constitucional de Lima, atendido por la jueza Lizy Béjar Monge, admitió a trámite la demanda de acción de amparo que presentó el director-fundador de la revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, y siete periodistas contra la concentración de medios en el Perú.

Béjar Monge, quien reemplazaba en el cargo al juez civil Juan Macedo Cuenca, tomó esa decisión el viernes 27 de diciembre del 2013.

Juan Macedo Cuenca se reincorporó a sus labores el 28 de diciembre, y será él quien determinará bien dar la razón en todo o en parte a los demandantes, o bien rechazar la demanda en su totalidad.

SOLO UN PRIMER PASO

La resolución de la jueza Béjar Monge fue ingresada al sistema electrónico de seguimiento de expedientes, el 2 de enero, y distribuida a la mesa de partes única de la Corte Superior de Justicia de Lima, para su notificación a los demandados: Editora El Comercio, Servicios Especiales de Edición y la familia Agois Banchero.

El ingreso de la resolución al sistema electrónico tiene una función informativa, de dar cuenta de las decisiones judiciales. Su publicación por ese medio no afecta los plazos que tienen las partes para presentar recursos, que rigen a partir de la notificación física y escrita de las decisiones.  

A esto se suma que la decisión de Béjar Monge solo supone que la demanda es admitida en el sistema judicial para su análisis y discusión, lo que quiere decir que el Poder Judicial todavía no da la razón a los demandantes, solo es un primer paso de un largo camino que puede tener su destino final en el Tribunal Constitucional, e incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.

DEMANDA EXPUESTA

La magistrada consideró que la demanda cumple con todas las formalidades del caso y que el asunto se refiere a una violación o amenaza al contenido de un derecho constitucional.

Estos derechos, precisó, libertad de expresión, de información, pluralismo informativo, deben y pueden ser protegidos por una acción de amparo.

En su texto principal, la resolución judicial dice: 

1) Con escrito de noviembre 2013, en la vía del proceso constitucional, seis ciudadanos demandan a dos personas jurídicas y cinco ciudadanos, por violación al derecho constitucional: libertad de expresión e información, pluralismo informativo, etc.

2) Los ciudadanos solicitan anular el acto jurídico de las transferencias de acciones del 54% de la empresa EPENSA y ALFA BETA (grupo familia Agois, diario Correo) que han sido adquiridas por empresas del grupo El Comercio (familia Miró Quesada), con lo cual se produce una alta concentración en un solo grupo empresarial de más del 80-90 por ciento de los medios de comunicación escritos del Perú.

3) Refieren que dicho acto afecta el derecho constitucional a la libertad informativa al afectar directamente el pluralismo y diversidad que constituyen la base de todo ordenamiento democrático.

4) El Juzgado recuerda que son requisitos de procedencia de la demanda de amparo que el pedido se refiera a una violación o amenaza del contenido esencial de un derecho constitucional, y que la vía constitucional sea la única vía urgente y adecuada para obtener tutela; asimismo, que la aclaración de los hechos que sustenten la supuesta violación al derecho no requiera de actuación probatoria plena.

5) En el caso concreto existen elementos objetivos que justifican admitir la demanda constitucional con el fin de establecer si se afectaron los derechos fundamentales alegados mediante el acto jurídico objeto de anulación.

PLAZOS PARA RESPONDER

La doctora Lizy Béjar concedió cinco días a los demandantes para contestar la demanda. Este caso se contará a partir de la fecha en que sus abogados reciban físicamente la resolución de admisión.

Posteriormente, la contestación o respuesta de los demandados también será notificada al demandante, para que pueda levantar las observaciones que se hagan.

También es posible que las partes soliciten una audiencia pública al juez para que los abogados puedan exponer sus diferentes puntos de vista y aclarar alguna duda del magistrado, antes que emita su veredicto.

Lo que resuelva el Cuarto Juzgado Constitucional podrá ser apelado a una Sala Superior Civil de Lima, instancia en la que también podría realizarse una audiencia pública a favor o en contra de la sentencia.

Si la Sala Superior Civil da la razón a los demandantes, la causa termina aquí y se procede a la ejecución de lo que se resuelva.

Sin embargo, si los de demandantes pierden en todas las instancias del Poder Judicial podrán apelar al Tribunal Constitucional y, si este tampoco les da la razón, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La demanda de amparo fue presentada en noviembre por Enrique Zileri, director fundador de Caretas; Luz Helguero, directora de El Tiempo-Piura; Gustavo Mohme, de La República; Fernando Valencia, de Diario 16; y los periodistas Augusto Álvarez, Mirko Lauer, Rosa María Palacios y Mario Saavedra-Pinón.

Los hombres de prensa cuestionan la compra del 54% de las acciones de Epensa y Alfa Beta Sistemas por el grupo El Comercio, al considerar que esa transacción afecta el derecho de los ciudadanos a recibir una información plural, por lo que piden al juez anular dicha compra. “El juez deberá tener presente a lo largo del proceso que este es un debate entre la pluralidad y la diversidad frente a la concentración y el acaparamiento”, resaltaron los periodistas en su escrito.

CUESTIONAN RESOLUCIÓN

El diario El Comercio anunció, por su parte, en su edición web, que denunciará a la jueza Lizy Béjar Monge ante la Oficina de Control de la Magistratura por supuestas irregularidades en la admisión a trámite de la demanda de amparo. Explicaron que según su abogado Juan Monroy Gálvez, la resolución judicial llevaría la firma del especialista legal Miguel Loloy Príncipe, quien para esa época ya no estaba laborando en el Poder Judicial.

Señalan además que la resolución ingresó al sistema informático un día no laborable, por lo que no sería cierta la fecha del 27 de diciembre.

Fuentes judiciales indicaron a La República que, efectivamente, Loloy renunció en septiembre, pero que su firma no aparece en la resolución, aunque permanecería en el sistema y que el 2 de enero fue laborable en el área administrativa.

PRIMER MINISTRO Y CONGRESISTAS A FAVOR DE QUE EL CONGRESO DEBATA LA CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS

El primer ministro, César Villanueva Arévalo, señaló que "el presidente ha opinado de buena fe. Tiene derecho a opinar, como nosotros, no hay ningún riesgo de nada, no hay amenaza de nada, el presidente es absolutamente democrático, no hay nada que temer, la libertad de prensa está sanita”, declaró Villanueva Arévalo.

La presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), Rosa María Alfaro, consideró peligroso para una democracia que la mayoría de medios escritos esté en manos de un solo grupo empresarial, por lo que se mostró a favor de un debate en el Congreso.

El congresista de Perú Posible, Daniel Mora, pidió no tener miedo de que este tema se vea en el Congreso, con participación de la sociedad civil y a otras organizaciones. "¿Por qué se asustan tanto?, el Congreso tiene toda la autoridad para emprender una discusión porque la concentración de medios lesiona el derecho a la información plural y objetiva", declaró.

"Le corresponde al Congreso debatir el tema de la concentración de medios porque desde la Constitución se regula a medios televisivos y radiales, y los medios escritos están dentro del mismo saco y allí hay que profundizar el debate", afirmó el congresista Gustavo Rondón (SN).

El parlamentario Mesías Guevara de AP-Frente Amplio dijo que en países como los Estados Unidos, existe una regulación en la propiedad de la prensa para evitar la concentración y no es tomado como intervencionismo político o gubernamental.