Clausuré Oiga porque en el Perú de hoy, si no se cuenta con abundante avisaje comercial —cada días más escaso salvo el del Estado—, es imposible, matemáticamente imposible, sostener un medio de expresión veraz e independiente. Gracias al régimen fujimorista pesan sobre la prensa peruana tan fuertes cargas tributarias —únicas en el mundo, pues no existen en país alguno impuestos a las ventas e importaciones para los medios de comunicación o son solo simbólicos al lado del caso peruano—; pesan en la actualidad —repito— sobre la prensa peruana por fuertes cargas tributarias que la hacen prisionera de la Sunat, entidad que, a sabiendas o no, queriéndolo o sin querer, actúa como agente de extorsión gubernamental. De este modo es que los medios de expresión peruanos, salvo honrosas excepciones (entre las que cabe destacar el nombre de Gustavo Mohme), han quedado prisioneros del Gobierno. Y no se los liberará por medios acuerdos de equidad ni disposiciones legales, todos ellos instrumentos que pueden ser utilizados para liquidar la libertad de prensa, tal como lo hizo el régimen militar en 1974. Para que los medios de información se comporten periodísticamente hay que liberarlos del chantaje tributario al que están sometidos. Así, sacándolos del cautiverio y no por reglamentaciones que, siempre, serán espada de Damocles sobre la libertad de prensa, es como se logrará que la prensa hablada y escrita sea libre.

Sobre la reaparición de Oiga

Señores directores:

Vuelvo a sentirme obligado a expresar mi estupor por el nuevo mundo de que en estos días electorales reaparecerá Oiga, el semanario que fundé hace más de medio siglo y por cuya línea de conducta sufrí cárceles y destierros en diversas dictaduras; y al que, hace ya algún tiempo, me vi forzado a cerrar para evitar ir preso por delincuente tributario.

Mi estupor se debe a que es fácil sospechar la intención de esta reaparición de Oiga. Es extraño, por decir lo menos, que la revista vuelva, para “difundir información veraz e independiente”, cinco años después de su cierre y del traspaso que hice del logotipo de Oiga a una persona interesada, según me dijo, en dirigir una publicación de frivolidades del mundo social y del espectáculo.

El hecho, por lo tanto, me obliga a exponer nuevamente las razones por las que hice mutis de la escena periodística peruana.

Clausuré Oiga porque en el Perú de hoy, si no se cuenta con abundante avisaje comercial —cada días más escaso salvo el del Estado—, es imposible, matemáticamente imposible, sostener un medio de expresión veraz e independiente. Gracias al régimen fujimorista pesan sobre la prensa peruana tan fuertes cargas tributarias —únicas en el mundo, pues no existen en país alguno impuestos a las ventas e importaciones para los medios de comunicación o son solo simbólicos al lado del caso peruano—; pesan en la actualidad —repito— sobre la prensa peruana por fuertes cargas tributarias que la hacen prisionera de la Sunat, entidad que, a sabiendas o no, queriéndolo o sin querer, actúa como agente de extorsión gubernamental. De este modo es que los medios de expresión peruanos, salvo honrosas excepciones (entre las que cabe destacar el nombre de Gustavo Mohme), han quedado prisioneros del Gobierno.

Y no se los liberará por medios acuerdos de equidad ni disposiciones legales, todos ellos instrumentos que pueden ser utilizados para liquidar la libertad de prensa, tal como lo hizo el régimen militar en 1974. Para que los medios de información se comporten periodísticamente hay que liberarlos del chantaje tributario al que están sometidos. Así, sacándolos del cautiverio y no por reglamentaciones que, siempre, serán espada de Damocles sobre la libertad de prensa, es como se logrará que la prensa hablada y escrita sea libre.

Vuelvo a tener que aclarar que hace cinco años traspasé el logotipo de Oiga y que nada sé de los vaivenes de esa lejana transacción y nada, absolutamente nada, me liga a la publicación que con el nombre de Oiga comenzará a circular en estos días electorales en los que sobra decir cuál será mi voto.

FRANCISCO IGARTUA,

El Comercio, 24 de abril de 2000