FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ‘Expreso’ tiene razón – Revista Oiga 12/12/1994

Por ahí se dice, y lo dicen muchos, que el país no necesita discursos sino orden, disciplina. Y algunos se animan a añadir: mano dura, o sea, dicho más claro, dictadura. Con lo que, sin duda, apuntan al meollo de los problemas del Perú, que son varios y complejos, pero entre los que destaca el desorden, la informalidad, la disciplina, la falta de respeto a la ley.

¿Tienen, pues, razón lo que esto afirman con convicción que les sale de dentro, del alma, del pecho?... En lo central sí. Es evidente la falta de orden y disciplina entre los peruanos. Pero los muchos que piensan así ponen más pecho que cerebro, al desdeñar el dis­curso, la palabra, el verbo, el principio de todas las cosas. Y de allí se explica que caigan con pasión en el error de confundir dictadura con orden y disci­plina. Si pusieran más atención en el discurso, en la palabra, advertirían pronto que las disposiciones efectivas no son las que parten de la arbitrarie­dad o capricho del hombre en el poder, con don de mando, sino las que ema­nan de la ley, del respeto al orden legal. Y que, por lo tanto, lo que en el país se requiere es que alguien, con don de mando —que es uno de los requisitos indispensables para ser gobernante—, haga respetar la ley, el orden jurídico, que es lo que iguala a gobernantes y gobernados y los obliga a vivir civilizadamente. Así es como se consti­tuye la estabilidad cierta, real, qué es base para el desarrollo. No hay la me­nor duda de que el Perú requiere orden y disciplina. Pero orden y disciplina que partan del respeto ala ley —que ella es la dura— y no de les cambiantes disposiciones dictadas al capricho de un gobernante con don de mando. Qué es lo que, desgraciadamente, está ocu­rriendo en el Perú ahora. Todo en el país, hasta el parchado de las pistas y el recojo de basura, depende de la volun­tad de una persona, que está en el gobierno por mandato no del pueblo ni de un orden legal preestablecido, sino por la voluntad de los militares que impusieron, con los tanques, el 5 de abril del 92, un arbitrario régimen de Reconstrucción Nacional. O sea si lo que en el Perú falta es orden y discipli­na, respeto a la ley, nada hay más contrario a ello que el régimen actual, sujeto a disposiciones legales dictadas por un Congreso hechizo que actúa en función de los caprichos y arbitrarieda­des del o los mandos surgidos del golpe militar del 5 de abril de 1992.

Esta es la verdad monda y lironda. Y así, burlándose del orden legal, no se construye un país estable, ni se educa en el orden y la disciplina a un pueblo que ha hecho de la informalidad su ley.

Pero esta es mi palabra, bastante devaluada entre, los muchos amantes de la mano dura, que no se sabe por qué están tan felices cuando el Perú ha llegado, ahora, a consumir la mitad de los alimentos que consumía hace vein­te años. Y cuando la clase media ha desaparecido o se halla recluida en su casa, a media luz, con el polvo de los muebles y alguna vieja revista de regalo en las manos.

Acudiré esta vez en mi ayuda a ‘Expre­so’, el diario fujimorista por excelencia, en el cual los Ricketts, Rey de Castros y D’Ornellas desahogan sus odios y renco­res de diplomáticos frustrados contra el doctor Javier Pérez de Cuéllar, porque, sin haberles él hecho ningún daño a ellos —quién sabe sí algún favor o alguna atención—, los humilló al llegar él a Secretario General de las Naciones Unidos durante diez años, con una pensión mensual mayor a la de todos sus sueldos juntos en una década.

‘Expreso’ del lunes pasado, en su edi­torial, cerca de uno de los vomitivos de Ricketts contra Pérez de Cuéllar, se que­dó atónito ante la informalidad chicha del discurso de Fujimori en CADE, con maullidos y gruñidos que hubieran sido pifiados en un circo —por malos—, pero que recibieron los aplausos de siempre de los siempre palaciegos hombres de negocios. Y descubre ‘Expresó que el más neoalanista de los expositores del conclave empresarial ha sido el señor Fujimori, que ya adquirió mil camiones para que el Estado compre a los agricul­tores sus productos y los distribuya y venda a los consumidores. Con razón, dice ‘Expreso’ que esto es una locura; que es comenzar a reconstruir el aparato estatal ineficiente; que es resucitar ENCI y ECASA. No revela, sin embargo, el fondo del problema: no dice que son los militares de la revolución del 68, sus herederos, los que están detrás de estas disposiciones estatistas. Tampoco dice que esos militares, los tenientes y capita­nes de la revolución del 68, que son los generales del 5 de abril del 92, han pues­to también sus picas en la compra por el Estado de maquinaria para que el Ejército sea el gran constructor, en competencia desleal y sin vigilancia con los empresa­rios de este ramo, quienes, Igual que en el 68 y en el 85 con Alan García; callan y aplauden a quien los va a ahorcar.

Sin embargo, ha dicho bastante ‘Expreso’ al señalar que Fujimori ha visto la paja alanista en los ojos de los otros y no la viga en los suyos. Pareciera que Expreso ha descubierto, en esos mil camiones ya oficializados en ‘El Perua­no’, cuáles serán las modificaciones al programa económico que hará el go­bierno de la Fuerza Armada y Fujimori, si se queda en el poder.

En lo que también ‘Expreso’ quiere ver un retorno al alanismo es la referencia de Fujimori —un tanto confusa— a que habrá que exonerar del IGV a los alimentos básicos. Y aquí sí está equivocado el diario de Orejuelas de arriba a abajo. Por puro ayatolismo liberal, llega al extremo de afirmar esta barbaridad: que los productores de pollo, huevos y leche no son precisamente pobres y que, por lo tanto, deben pagar el 18% del IGV. ¡No, seño­res de ‘Expreso’ ¡Así no son las cosas! Si esos productores son ricos, que paguen impuestos a la renta, como también de­bieran pagarlos los que se hacen ricos con la enseñanza. Lo que no se debe pagar es el IGV, que es impuesto que recae directamente en los consumidores, que son, en conjunto, los miserables de la cadena. Claro está que sólo cuando se trate, como en todos los países civili­zados y verdaderamente desarrollados, de medicinas, alimentos básicos, educa­ción y cultura (o sea libros, revistas, pe­riódicos y espectáculos artísticos). Nada más, pero también nada menos. No hay una sola actividad en la vida en la que no haya excepciones, que son las que hacen la regla. Negarlas es una especie de paranoia de la modernidad.

Al día siguiente, el martes, más curio­samente todavía, el editorial de ‘Expreso’ se ocupó de la exposición de Javier Pérez de Cuéllar y, también con razón, la llenó de elogios. ¿Le replicarán a ‘Expreso’ los mastines de Fujimori de ‘Expreso’?

Comienza a hacerse muy confuso el trasfondo del panorama electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado” – Revista Oiga 5/12/1994

Ha dicho la doctora Bozo en Canal 11, y ha dicho bien, que “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado”. Añadió, para reforzar la frase, la información exacta —por nadie desmentirla— sobre los muchos millones que el Estado ha distribuido entre las distintas televisoras, radios y periódicos, para que éstos cubran sus deudas tributarias; y a los que estaban al día en sus impuestos, el obsequio les servirá como resarcimiento por la injusticia que significaba no haberles considerado desde el comienzo en la operación de salvataje a los medios de comunicación. Se trata de una escanda­losa lotería otorgada a dedo por el gobier­no, con el dinero de los contribuyentes, y que, según racional afirmación de Canal 11, significa que Fujimori, en lugar de expropiar, imitando a Velasco, ha com­prado el favor de los medios de comunica­ción, otorgándoles un desmesurado rega­lo sonante y contante. Por ejemplo —lo puso en pantalla la doctora Bozo—, el Canal 2, que nunca había pagado im­puestos, recibió una bonificación de 8 millones para poner al día sus deudas; y como el Canal 5 protestó con otros por la injusticia, pues alegaba estar al día en sus obligaciones tributarias, el gobierno del señor Fujimori decidió compensarlo obsequiándole 8 millones —igual que al 2— como adelanto de publicidad. Así acabó la guerra de los canales que tal injusticia había generado: Cebándose todos con el dinero no del Estado ni del señor Fujimo­ri, sino de los contribuyentes; que hoy, como en la Edad Media, son los hombres del pueblo los consumidores. Ya que día a día van creciendo los impuestos indirec­tos y disminuyendo los de la renta. Paga impuestos —es sólo otro ejemplo— el que compra un pan, una medicina, un libro, un periódico. Y no pagan tributo alguno las operaciones bursátiles. Y esta injusti­cia verdadera, real, dura como una roca, no llama la atención a nadie. Nadie la corrige y nadie protesta por ella, porque goza de la bendición del Fondo Moneta­rio y de la sacrosanta nueva Biblia: el liberalismo del embudo al revés.

Sin embargo, con ser impactante y cierta, la denuncia de la doctora Bozo en Canal 11, no abarca con amplitud el atentado que contra la libertad de prensa está cometiendo ahora, en el Perú, siste­máticamente, el gobierno del señor Fuji­mori y de la Fuerza Armada.

Primero, discriminando y chantajeando a los medios de comunicación que no le son afectos, poniéndolos al margen en el reparto de la publicidad. Tarea en la que el gobierno de Fujimori y de la Fuer­za Armada recibe el apoyo entusiasta de la derecha empresarial. Canal 11 no tiene un solo aviso del Estado y sufre igual o parecido sabotaje de la empresa privada. Tampoco hay publicidad alguna para OIGA ni parra otros periódicos de la oposición que desagradan a un gobierno que se irrita porque se le recuerda que es producto de un golpe militar y que los tanques tienen tanta influencia como él frente a un hechizo Congreso Constituyente Democrático.

En este punto la coincidencia entre Canal 11 y OIGA es total. Lo que Canal 11 y la doctora Bozo no tocan, quien sabe porque este segundo aspecto del problema no le alcanza a la televisión y carecen de información al respecto, es el impuesto de 18% (IGV) a los insumos y a la venta de los ejemplares de revistas y periódicos. Un impuesto que no existe en la mayoría de los países civilizados del mundo y en- ninguno en ese volumen. Porque no existe libertad de prensa —y aquí el término es preciso­, no hay libertad de prensa cuando se interponen barreras entre lo impreso y los lectores. Y esas barreras pueden ser el cierre o la censura—la famosa mordaza de ayer— o los impuestos aberrantes, que es la mordaza moderna. Con sabotaje publicitario y con 18% de IGV a los insumos y a la venta de los ejemplares —que debe ser cubierto por el productor, ya que los intermediarios (canillitas) son aire, son luz, son viento—, la existencia de las revistas en el Perú es imposible. Subsisten, sobreviven, gracias a precios de tapa delirantes, como es 7 soles por una revista en blanco y negro y con el papel que el impresor tenga a bien utilizar.

Esta es la realidad de la libertad de prensa en el Perú. Por un lado, medios de comunicación comprados con favo­res del gobierno y, por otro, el Canal 11 y uno que otro periódico sostenido por la tradición, el avisaje y la media voz, junto a muy pocos periódicos y revistas de oposición abierta, que apenas sobrevi­ven al sabotaje publicitario y al aberrante 18% de IGV a las ventas y a los insumos. IGV del que también deberían estar li­bres —como en todo país sensato— los alimentos básicos, las medicinas y los libros. ¿Por qué la educación está exceptuada hasta del impuesto a la renta?... Simplemente, porque con recibos del colegio con el 18% de IGV, ahí sí que los votos de Fujimori se los llevaría el aire, sin que nada pudieran hacer los tanques militares para impedirlo.

Pero, al leer estas líneas, el lector se habrá formado la falsa idea de que en el acuerdo del gobierno con los medios de comunicación para cancelar deuda tributaria con avisaje sólo se ha considerado el aberrante IGV, que el productor no puede trasladar al público por estar sometido a la intermediación del inubicable canillita. No. En el acuerdo, en el regalo del Estado a las televisoras y periódicos, han entrado todos los impuestos incluido el de la renta —un impuesto del que, en justicia, nadie debe estar exonerado—, y los de las más insólitas compras en el caso de las televisoras, que sí no pagan, igual que las radios, IGV por los insumos —son las ondas— ni por las ventas de información y comentarios, pues sus programas no tie­nen precio de venta al público.

Desgraciadamente, el ayatolismo li­beral y las deformaciones profesionales de los economistas se han adentrado tan hondamente en nuestra sociedad y, lógicamente, hasta en los periódicos, que muy pocos son los que quieren advertir cómo se atenta hoy contra la libertad de expresión en el Perú: saboteando y chantajeando con el avisaje a Canal 11 y a las revistas y periódicos de oposición, a los que, además, se les agrede con el abe­rrante IGV a los insumos y a la venta de ejemplares. Caso típico, este último, de la moderna inquisición contra la prensa, como lo señaló el Congreso Mundial de Periodistas, en Berlín, hace dos años.

Es una lástima que, cada vez que se pasa lista, haya menos periodistas en el comando de los periódicos y que las anteojeras de ayer —los tabúes ideológicos— hayan sido reemplazados por el tabú económico. ¡Como si la economía fuera ciencia exacta y tuviera Biblia!

(F. IGARTUA)

P. S. Curiosamente, los más fervorosos fujimoristas están muy preocupados por los “errores que está cometiendo la can­didatura de Pérez de Cuéllar”. Se duelen muchísimo “porque el embajador está quedando mal”... ¿No será más bien que, al revés, a pesar de los errores -que existen y habrá que corregir abriendo puertas, apuntando con más energía a las culpas del adversario en la pauperiza­ción del pueblo y no hiriendo a los posi­bles aliados de mañana-, no será que esos fanáticos fujimoristas estén temien­do el triunfo de Pérez de Cuéllar y buscan acercarse a él mostrando su ‘preocupa­ción’ por sus errores?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¿Una dictadura informal? – Revista Oiga 21/11/1994

Tras la caída del Muro de Berlín, la política de exclusión, propia de los dictadores, pareció sucumbir definitivamente. En su lugar, los acuerdos políticos, los pactos y las concilia­ciones a nivel institucional exponen una nueva exitosa metodología política, digna de toda sociedad civilizada. Sudáfrica, tras el acuerdo entre Leclerc y Mandela, logra así -pacíficamente- consagrar un Parlamento de veras representativo. En América Latina, Paraguay clausura su casi secular dictadura y Chile inicia con furor cívico el segundo gobierno no de la concertación. México se “aggiorna” y celebra sus primeras elecciones cristalinas. En El Salvador, un pacto po­lítico garantiza el proceso electoral y neutraliza las pasiones de una sociedad que vivía en encarnizada guerra civil. Argentina y Bolivia emprenden exitosos pactos políticos para realizar reformas constitucionales sin alterar en orden constitucional ni la continuidad política. En Colombia, el M-19 depone las armas y accede a la legalidad por la vía de una Asamblea Constituyente. Brasil y Venezuela deponen a sus respectivos manda­tarios (Collor y C.A. Pérez), mediante métodos constitucionales y amplio deba­te público. Antiguos dictadores, como el boliviano García Meza, tienen abiertos procesos de extradición. Otros, como Videla o Noriega, purgan sus responsa­bilidades en las mazmorras. En Guate­mala, aborta un insólito golpe de Estado comandado por el presidente Constitu­cional, quien hoy es objeto de persecu­ción. América Latina exhibe, así, una etapa de veras inédita para un continen­te considerado inferior, incapaz de afir­mar un orden democrático.

En ese extenso panorama de conti­nuidad institucional y de acuerdos políti­cos permanentes, hubo dos excepciones que enlutaron la democracia latinoamericana: Haití -cuyo golpe fue condenado por nuestra diplomacia- y el Perú. Pero, tras el pacífico derrocamiento de Cedras y el feliz retorno de Aristide, Haití puede incorporarse en este dominó democráti­co. El lunar negro queda monopolizado por el Perú de Fujimori.

-Pero Fujimori no es un dictador....

-No lo es. Claro que no. Fujimori es un hombre respetuoso de la Constitución y de las leyes. Es un hombre dialo­gante y predispuesto a los pactos políti­cos y a los entendimientos. Es incapaz de ofender a los adversarios políticos ni de injuriar a ciudadanos indefensos. Nunca usurpa las funciones de un juez o de un fiscal. Es respetuoso de la autonomía municipal e incapaz de secuestrarle las rentas al Concejo Provincial de Lima. Seria impensable que vuelva a disolver el Congreso o que acepte –calladamente las arbitrariedades de los militares. Es incapaz de abusar del poder para reele­girse...

-Bueno, pero todos esos son asuntos muy ‘formales’...

Tras la caída del Muro de Berlín, los moldes ideológicos que impedían forta­lecer los consensos democráticos fueron sumariamente ejecutados, en un gran triturador de papeles. La reflexión de­mocrática amplía a sus interlocutores. Atrás, muy atrás quedó aquella lastimosa monserga marxista, que denigraba a los regímenes democráticos, como mera­mente ‘formales. Esta nueva tendencia tiene epígonos importantes en el Perú. Caso interesante es el del novísimo So­cialismo Democrático, que conforma la denominada ‘izquierda arrepentida (Ta­pia, Lynch, A. Delgado, Adrianzén, etc.). Renovando su lenguaje, asumen la de­mocracia como lo que siempre fue: un conjunto de métodos, procedimientos e instituciones. Y combaten resueltamen­te todo pretendido cuestionamiento en nombre de ese antiguo handicap a los dictadores: ofrecer una ‘democracia real’.

De pronto, contrariando esta tenden­cia universal (que no permite confirmar cierta globalización de la democracia), en el Perú, alguien está interesado en repetir esas viejas monsergas. Acusa a la democracia de ‘formal’. Y lo hace una y otra y otra vez más. Lo peor es que tal anacronismo no proviene de un ideólo­go de izquierda, ni de un militante del marxismo supérstite. No es tampoco un senderista de la rama ‘Feliciano’ ni es una clandestina proclama que anuncia la aparición de un nuevo movimiento guerrillero. Ese personaje que denosta las ‘formalidades’ de la democracia es el mismísimo señor Fujimori. Sí. El del 5 de abril. El de la convivencia en el Pentagonito. El de las cartas para Abimael y la prisión: para Salinas Sedó. Y sus dicterios antidemocráticos los lanza impunemente, desde las altas cumbres del poder, apoyándose en las televisoras y radios que son sus tan inútiles megáfonos.

Hay quienes han protestado ante la gentileza hacia la señora democracia que pregona este caballero tan autoritario. Hay quienes han emprendido ya -aguerridamente- la crítica de la crítica. Otros, han demostrado justificada alarma ante los arrebatos que estas palabras puedan vaticinar. Hasta la víspera elec­toral, que en el Perú tiene hoy mucho más de víspera que de electoral se ha puesto a temblar, preocupada por su destino. Vamos: que no es para tanto. ¿En verdad alguien se sorprende por esta invectiva contra los regímenes democráticos? No. No es para tanto. En el Perú necesitamos claridad, mayor trans­parencia entre deseos e intenciones y nada mejor para la pedagogía ciudadana y para el porvenir de nuestras costum­bres políticas, que este carné de identi­dad. El tiburón también muere por la boca.

Su árbol genealógico tiene ramas co­nocidas. Y algunas verdes, muy verdes: color uniforme. Déjenlo, pues, hablar. Y que se sienta como en la familia, esfor­zándose por recoger aquellos mismos pretextos que blandieron con perverso éxito dictadores como. Leguía, Odría o Velasco. Todavía no ha bautizado su ‘fujicracia’. Lamentablemente, no podrá llamarla ‘Patria Nueva’, ni podrá exhibir­la como una ‘democracia social de parti­cipación plena’, aunque así lo proclame el servil CCD. Esos cuentos, lamentable­mente, ya están patentado INDE­COPI.

¡Ay! Y tampoco diga que la democracia no se come. Porque, en verdad, hubo, quien –hace dos años– se la ingirió de un bocado.