FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos delitos en un solo acto – Revista Oiga 12/09/1994

Howard Rodríguez, comandante de la región norte y brazo derecho del general Nicola di Bari, jefe del Ejército y del Comando Conjunto, al ser sorprendido por un fotógrafo de La República en fla­grante delito -repartiendo almanaques de propaganda a un líder político-, re­accionó con grosería, halagos y chanta­jes, violentamente, hasta lograr lo que quería: censurar al periódico. El rollo fotográfico, con las pruebas del delito, fue destruido por los soldados que acompañaban al general. El atentado contra la libertad de prensa no ha podi­do, pues, ser más transparente; y no puede haber mayor evidencia de la pre­sión que se está ejerciendo, desde aho­ra, sobre el electorado, con miras a las elecciones del año entrante. Presión que la ley electoral y el código penal peruanos condenan con varios años de cárcel.

Sin embargo, aparte de unas líneas informativas y uno que otro editorial de repulsa en la prensa diaria, nada más se ha hecho para que el periodismo peruano haga sentir su voz de protesta por este atentado, que no es contra La República, sino contra toda la prensa. Mientras que a las televisoras, salvo alguna excepción, el hecho les mereció unos pocos minutos de desganada in­formación, incluida una media lectura de los comunicados de protesta de las asociaciones gremiales nacionales y extranjeras.

Se trata de un hecho gravísimo, por partida doble. Pero, como si nada hu­biera pasado, “el mundo sigue andan­do”, plácidamente, en el Perú.

También en estos días la fiscal Eguía no ha encontrado huella de delito en las denuncias de la señora Susana Higuchi de Fujimori. La fiscal Eguía ha ‘investigado’ y no ha visto, no ha querido ver, cómo se hicieron humo más de cuatro millones de dólares, girados por este gobierno, en el fantasmal proyecto Pachacutec. Además, ha ‘investigado’ y ha encontrado que es un angelito el ex –ministro Vittor, a pesar, de que, a contrapelo de la ley, su compañía ejecutaba Obras del Estado, ganadas a dedo; y a pesar de las pruebas contundentes, publicadas en OIGA, de los negocios montados en Chile por el señor Vittor con los prófugos del millonario soborno del BCCI, los señores Figueroa.

Todo esto ha ocurrido en la cara del país entero y aquí no ha pasado nada. Ni los fiscales supremos han abierto la boca ni la gran prensa se ha escandalizado con la conducta de la fiscal Eguía. “El mundo siguió andando...”.

En el CCD hay varias voces de protesta, pero se estrellan contra la olímpica frescura de la doctora Martha Chávez que se niega y se niega a mirar lo que hasta los ciegos ven, alegando que OIGA no le ha entregado pruebas sobre Vittor. ¡Pero si las pruebas no están en nuestro poder! Lo que tenemos en OIGA son copias, que el CCD rechazaría por ser sólo copias. Las pruebas están en los tribunales de Lima —hemos señalado en cuales— y en notarias de Santiago de Chile que también hemos precisado. En estos lugares es donde saltará la liebre de Vittor y, si lo quisiera, le será fácil a la doctora Chávez cogerle la cola con las manos. Nuestras copias, que sí hemos cotejado con los originales, son guías precisas para llegar a la liebre, pero no son las pruebas. ¿O es que los particulares, doctora Chávez, pueden sacar copias autenticadas de los expedientes judiciales? Ella sí las puede obtener, cómo Congreso Constituyente. Y también el Congreso tiene fondos para lograr las escrituras de las notarías santiaguinas autenticadas por el cónsul peruano y vueltas a autenticar por el ministerio de Relaciones Exteriores. La doctora Martha Chávez sabe muy bien que, sin esos requisitos, nuestras copias pueden ser verdaderas, idén­ticas a los originales —como lo son—, pero no tienen validez legal.

Naturalmente que las voces discordantes con la doctora Chávez en el CCD son voces perdidas en el desier­to. Porque para eso -para no ser escu­chada- es que está la oposición en ese Congreso, fruto de un acto electoral viciado por la participación activa del Ejército —igual que ahora— y del propio jefe de Estado a favor de la lista de Yoshiyama, quien así salió ‘ungido’ vice­presidente de facto. La oposición está en el hemiciclo de ese Congreso para lanzar palabras al viento y avalar al régimen. Está cumpliendo un tristísimo papel que no puede disimular, alegando que si toda la oposición hubiera interve­nido en esas elecciones hubiera sido otro el resultado. Falso. Esas eleccio­nes, propuestas por ciertos líderes opositores con irreflexiva vocación parla­mentaria y total despiste político, no podían tener otro resultado que el que tuvieron. En los momentos en que se realizaron esas elecciones, en esas cir­cunstancias, el país estaba dividido en­tre partidarios y enemigos del golpe. Y los partidarios del golpe, por diversas razones, eran muchos más. De todos modos, pues, iban a ser mayoría. Ir a esa elección fue un suicidio para la de­mocracia. El autoritarismo subsistió gra­cias al CCD.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Un pacto tácito, doña Susana y dos chistes – Revista Oiga 29/08/1994

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la compe­tencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitu­ción dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vie­ne midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral. Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque -según ellos- es autoritario y eso es lo que nece­sita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimula­da, en un régimen extralegal, sin garan­tías jurídicas, tremendamente centralista y dominado por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policía­co sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno, sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especí­fico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confu­sión y dispersión en las filas de los oposi­tores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos inte­grantes, la estrategia para el triunfo tam­bién es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército aco­modó con 200 votos por el SI en padro­nes de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando; un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mien­tras que destruirlo o jugar a otras opcio­nes que significarán lo mismo, su destruc­ción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por, otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a cons­tituirse en un gravé estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los progra­mas de asistencia y, sobre todo; de desa­rrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple: Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mu­jer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obli­gan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se exce­dió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinen­te arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándole los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a cen­surar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era pro­yecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese pro­yecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destina­das a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamenta­ria; un derecho que tienen todos los pe­ruanos, desde el presidente de la Repúbli­ca hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Vittor -todas ellas comproba­das- y los terrenos del Proyecto Pacha­cútec, donde este gobierno -este gobier­no no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, de los que hasta aho­ra nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí yen el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido ministro de Vivienda en la época, no se haya entera­do de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tie­nen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del cri­men de Barrios Altos -también mencio­nado por la señora Susana-, y las adver­tencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como ro cas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora. Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella-las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de pre­sidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chanta­je de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán.... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elec­ciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nu­gent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abierta­mente intervinieron en los últimos proce­sos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas con­signadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Pe­nal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos mafias controlan el Perú – Revista Oiga 22/08/1994

Hace unos días dije en un programa del Canal 11 que el Perú se halla­ba en manos de dos mafias, una japonesa y otra militar. Lo que es­pantó a algunos de mis amigos. Uno de ellos me comentó luego:

-Creí que no ibas a llegar a tu casa.

Lo que, sin duda, es algo exagerado. No hemos llegado a los extremos gangsteriles de los años treinta. Pero sí es cierto que el país está gobernado por estas dos mafias. Sobre la militar poco o nada podría añadir a las muchas crónicas publicadas en esta y otras revistas sobre los actos de gobierno, con paseo de tanques por las calles, tomadas por la cúpula militar, y sobran los detalles difundidos sobre el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta. También se co­nocen, aunque más soterradamente, la matanza de Barrios Altos y la desapari­ción de universitarios en Huancayo; así como los altaneros pronunciamientos políticos del alto mando militar en diver­sas circunstancias. Tampoco son desco­nocidos los controles sobre las comuni­caciones y más de una vez -no todas- los medios de difusión han dado cuenta de diversas ‘visitas’ -unas veces uniforma­das y otras sin dejar rastro- en las que, por la ninguna justificación policial o por la falta de indicios de robo,- no-pueden dejar de ser gestos clarísimos de ame­drentamiento político, sólo achacables al Servicio de Inteligencia Militar.

Todo esto es verdad y está al margen de los aciertos del régimen en el campo económico; aunque aciertos no tan so­bredimensionados como los quieren ver muchos peruanos y no pocos burócratas internacionales, que se niegan a advertir que, junto a las correcciones inevitables en el campo macroeconómico, se han agigantado los problemas de la deuda externa, igual que el cuadro de extrema pobreza, los índices de desnutrición y la geografía de las enfermedades críticas. También el aterrante poder de la mafia -militar es una realidad que convive con los éxitos del gobierno en la lucha anti­subversiva, éxitos que no son ajenos a la liquidación del marxismo como base ideológica del terrorismo y a la caída del Muro de Berlín, con su consecuente corte de apoyo logístico, moral y económi­co a las subversiones de signo comunis­ta. A lo que es necesario añadir: en los indudables logros antiterroristas de los últimos años -como la captura de Guz­mán, por ejemplo- en nada influyó el autogolpe militar del señor Fujimori. El operativo Guzmán lo tenía montado la Dincote -e iba por muy buen camino- desde mucho antes que se produjera la quiebra del orden constitucional. Esto es historia y no historieta electoral.

Pero en esta oportunidad me toca hablar de la otra mafia que controla al gobierno peruano, de la mafia japonesa, mafia que preside el señor Alberto Fuji­mori Fujimori.

No hay en esta referencia pre­juicio racial. Primero porque, por la in­formación que poseo, la mayoría de ja­poneses e hijos de japoneses que residen en el Perú no forman una comunidad de mafiosos. Y, segundo, porque mal puede caer en este tipo de xenofobia quien, como yo, igual que ellos, recién estoy echando mis propias raíces en estas tie­rras.

Y esto de la mafia japonesa tampoco es un cuento, es historia; que ahora acrecienta su verosimilitud cuando el proble­ma de la corrupción estalla en la cara al propio Fujimori y ya no puede ir dando la callada por respuesta, poniendo cara de palo o abrazando, dándoles credencial de buena conducta, a pícaros comproba­dos como Raúl Vittor Alfaro, ministro en un reducto del primer mandatario don­de, por denuncia que OIGA publica en esta edición, se hace el montaje del mo­dus operandi de la mafia para extorsio­nar a los desesperados del Perú… y quién sabe a otros ciudadanos no tan desespe­rados. El hombre de Palacio en estos operativos es el viceministro de la Presi­dencia Carlos Tsuboyama Matsuda, quien, por lo que se aprecia en los docu­mentos que aparecen más adelante en esta edición, actúa con control remoto sobre otras dependencias estatales.

Aunque es mejor que vayamos al co­mienzo de la historia, para tener una visión más precisa de los hechos y, a la vez, para que el relato de lo ocurrido sirva para poner algo de luz en el enfren­tamiento de la señora Susana Higuchi con el poder de los Fujimori.

Cuando se produjo la denuncia de la señora Higuchi contra sus concuñados por el mal uso que, según ella, se estaba dando a las donaciones japonesas, recibí la visita desesperada de un amigo y de una asistenta de la primera dama. Me venían a pedir protección para la señora Susana.

Yo creí que estaba soñando o que me estaban tomando el pelo. ¿Cómo podría yo, revista de oposición, perseguido eco­nómicamente por el régimen, proteger a nadie, si no lo podía hacer conmigo mismo?

-Lo que queremos es que se sepa lo que ha ocurrido y sabemos que usted es capaz de hacerlo. La señora Susana ha sido secuestrada.

-¿Qué?

-Sí. Creemos que está en el Pentago­nito.

-Bueno, cuenten conmigo. Aunque, desgraciadamente, la revista está ya presa. Será para la próxima semana. Estemos en contacto.

Al día siguiente, el amigo de la familia Higuchi llegó a las oficinas de OIGA e invitó a almorzar a su casa a nuestra gerenta general, Carolina Arias. Ella aceptó y fue, además, en representación mía.

En el almuerzo se presentó la familia Higuchi, totalmente abatida y apesadumbrada, aunque mostrando un gran fervor religioso y mucho coraje frente a cual­quier desastre que les pudiera ocurrir.

-Ustedes -dijo uno de ellos- no tie­nen idea de lo que son capaces los Fuji­mori y tememos por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana. A nosotros nos pueden quitar todo, no importa. Basta que nos queden las manos para volver a comenzar a trabajar. Confiamos en Dios. Pero nos preocupa Susana.

Carolina Arias volvió a dar segurida­des de que haríamos todo lo que estuvie­ra a nuestro alcance...

Sin embargo, al día siguiente, por medio de una llamada telefónica, pidie­ron que no dijéramos una palabra sobre el tema.

OIGA cumplió con lo que se le pedía y meses después apareció como una sombra la señora Susana Higuchi. Y así siguió por mucho tiempo.