FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – De sainetes y tragedias – Revista Oiga 24/07/1995

En un mundo políticamente irracional, donde, por un lado, asistimos a la portentosa presencia del ingenio humano en la sideral atmósfera de Júpiter y, por otro, observamos las atroces -espeluznantes- matanzas de Bos­nia y Chechenia, acaso parezcan saine­tes las tragedias y los triunfos que nos rodean a los peruanos. Pero pueda que no tanto si tomamos en cuenta la relativi­dad de las cosas y si pensamos que siempre es uno mismo el eje del universo. Porque siendo descomunal la hazaña de visitar Júpiter -aunque sólo sea por medio de sondas espaciales y más que aborrecible la irresolución con la que mira Europa las horrendas salvajadas que ocurren en Bos­nia, en el propio territorio europeo, no deja -guardando las distancias- de ser dra­mática para nosotros la realidad peruana de estos días, de indudables logros econó­micos -cierto que sin llegar todavía a los peruanos de a pie- y, a la vez, de vergonzo­sas caídas en los abismos de la incultura cívica. Mejor dicho: más que caídas, recaí­das en el primitivismo político.

Hace años, un hombre pintoresco pero de aguda percepción de su ambien­te, el iqueño don Temístocles Rocha, expresaba así, desafiante, el carácter del autoritarismo odriísta del que él era ca­pitoste:

-¿Qué importa la Constitución si so­mos la mayoría?

Exactamente el mismo pensamiento que en estos días han expresado dos damas, de pantalones puestos y repre­sentativos del régimen fujimorista, las dos del mismo nombre: Martha. Las dos con t y h. Y ninguna de ellas chacarera como don Temístocles sino mujeres ilustradas, con título académico, y una de ellas de renombre internacional.

Para las señoras Chávez y Hildebrandt -aquí sí igualadas en ideas, en ideología, con don Temístocles Rocha- las mayorías man­dan y no han sido elegidas para perder tiempo en discusiones con las minorías sino para “hacer las cosas que se tienen que hacer en el momento indicado...”

Razones sin duda recias, elementa­les, como las del rucio de Sancho Pan­za... Pero por ello nada valederas. No están dirigidas a convencer sino a impo­nerse. Y sin duda se impondrán mien­tras las mayorías sigan prefiriendo do­blegarse a reclamar sus derechos y mientras la fuerza de las armas, como en tiempos de Odría, respalden la filo­sofía -la ideología- del pragmatismo, del que manda porque tiene más votos en el Congreso y las armas de los cuarteles, aunque ordene disparates revestidos de sedas que parezcan sensateces.

No, señoras y señores de la mayoría, el mandato del pueblo no obliga a las mayorías a mandar sino a gobernar, con la disciplina severa de la ley, y a respetar los derechos de las minorías. Eso es democracia. Imponerse por medio de las bayonetas o por proyectos “sorpresa” en el Parlamento no es gobernar; eso es autoritarismo, es cesarismo, es capricho napoleónico.

Naturalmente que la democracia se­ría aberrante -aparte de ser un imposi­ble- si fuera la imposición de las mino­rías. Seria el desorden, la anarquía. Pero esto no quiere decir que las minorías deban estar pintadas en la pared. De­mocracia es diálogo y no puede haber diálogo si no hay dos o más plantea­mientos contrapuestos. Y democracia -igual que diálogo- también es medita­ción, es doble instancia, es la negación del apresuramiento por hacer. Alguna razón habrá para que en todas las de­mocracias bien asentadas, en las comu­nidades altamente desarrolladas, nunca deje de haber un Senado, que es la parte reflexiva de la institución parlamenta­ria, el hemiciclo de la meditación, don­de madura la confrontación habida en la Cámara Baja.

Mandar al caballazo no es gobernar, es desgobernar un país, es habituarlo al acatamiento ciego y temeroso, no es formar ciudadanos sino reclutas. Y con reclutas se puede ir a la guerra no a la conquista de un puesto en la comunidad de las naciones desarrolladas o, como se dice ahora, en la modernidad.

Esta es una verdad tan firme como un templo y, desgraciadamente, el distinti­vo principal del régimen fujimorista es ese estilo: prepotente, autoritario, aun­que lo niegue la señora Chávez, quien no logra captar que es autoritarismo y del peor el declarar -como ella acaba de hacerlo- que seguirán habiendo “leyes de medianoche” porque “el trabajo noc­turno honra a quienes lo hacen”, aña­diendo que “no hay que cuidarse dema­siado de lo que dice la prensa, ni tener timidez a ejercer mayoría”.

Pero, peor aún: este régimen no se cansa de demostrar que es él la única autoridad, la única institución que orde­na y dispone en el país. No otra cosa significa, por ejemplo, la reciente amo­nestación de amedrentamiento que el gobierno le ha hecho llegar, indirecta, mente por medio de la Corte, a la jueza Antonia Saquicuray, por el delito de haber actuado en conciencia y fallado que la Ley de Amnistía, por recta inter­pretación constitucional, no alcanzaba a los asesinos de Barrios Altos. Esto es algo más que el “¿qué importa la Constitución si somos mayoría?”. Es la vigilancia y control que sobre toda la institucionali­dad nacional ejerce, de manera secreta y sutil, un Poder Ejecutivo no tan claro y explícito como aparece. Un etilo de go­bernar que en todas partes del mundo se entiende como fascismo.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Por mal camino andamos – Revista Oiga 10/07/1995

La reacción, cuasi festejante, del oficialismo ante el terrorífico coche­-bomba estallado en las puertas, de la casa del más connotado parlamentario de Cambio, Víctor Joy Way, ha dado pie a que algún observador acucioso del hecho haya abierto dudas sobre el origen del atenta­do. Tanto los titulares de Expreso como las declaraciones del propio afectado por la explosión y de los altos voceros del régimen, celebrando el haber obte­nido, como caído del cielo, un argu­mento para intentar una justificación a las groseras leyes de amnistía, han des­concertado a muchos y no es de extra­ñar que haya surgido la sospecha de que la bomba en casa de Joy Way haya sido un “atentado” fraguado en las entrañas del poder.

En OIGA no creemos que las cosas sean así. Significaría achacarle al go­bierno una maldad diabólica, tan sin piedad, que resulta impensable, ni si­quiera como hipótesis de trabajo. Y como, por otro lado, es imposible que el llamado grupo Colina pueda actuar de espaldas a los altos conductores del régimen, más bien sería razonable ver en el hecho otra prueba de que Sendero Luminoso sigue reconstruyendo su ma­quinaria de muerte. Se trataría de un acto aleve de terror que puso en riesgo la vida de los familiares y custodios de una de las mentes más lúcidas del go­bierno; de un acto que alarma porque afecta al desarrollo nacional, a todos los peruanos, pues vuelve a poner en cua­rentena la imagen del Perú en el exte­rior y daña al turismo, uno de los poten­ciales mayores que tenemos para impulsar ya, ahora, el crecimiento sosteni­do del ingreso de divisas; se trataría de un acto de salvajismo sólo imputable a Sendero.

Pero ¿por qué ha reaccionado el oficialismo como lo ha hecho?

Simplemente por el tremendo com­plejo de culpa que le han echado a las espaldas las leyes de amnistía: la que ha puesto en libertad a condenados por asesinatos horrendos y la que prepo­tente, abusivamente, ha dado normas anticonstitucionales para impedir que la Justicia haga un mínimo de Justicia. Dos leyes que interfieren la indepen­dencia de otro de los poderes del Estado e impiden se continúe investigando el caso Barrios Altos, el exterminio a san­gre fría de los asistentes a una pollada popular.

Han creído Expreso y el propio Joy Way que era posible aplacar la espanta­da protesta ciudadana contra las leyes de impunidad ventilando en grande el bombazo de La Molina Vieja y usándolo como pretexto para reclamar unidad nacional contra el terrorismo y para lanzar al aire, como palomas, intensos reclamos de paz. Tras lo cual se esconde un enorme contrabando: tratar de convencer al país de que la unidad sólo se puede lograr congregándose bajo el mando de Fujimori e instando al pueblo a creer que la paz debe significar la reconciliación entre sí de todos los pe­ruanos opuestos al terrorismo senderis­ta. O sea, se nos abre como obligatorio el absurdo camino del sometimiento a los continuos despropósitos y arbitra­riedades del régimen y al abominable reconocimiento de que los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos son tan dig­nos de respeto como los generales Sali­nas, Robles, Mauricio, y que debemos abrazamos con ellos todos los peruanos que repudiamos a Sendero, porque, aunque equivocados en su modo de actuar, ellos fueron nuestros defensores contra el terrorismo. Algo alucinante, disparatado y tenebroso, que parte de gravísimos errores conceptuales, y tam­bién de infantiles reacciones, que no puede ser aceptado por la ciudadanía consciente, aún cuando, hasta hoy, es­tos contrabandos vengan pasando con facilidad y hasta sean bien recibidos por las multitudes de abajo y de arriba. La cultura chicha imperante hace que el público actúe como robot, por el simple temor a que, sin Fujimori, se acabe la tranquilidad y la esperanza logradas en los últimos años.

Responderé por partes a tan falaces argumentos.

Por lo pronto, el caso del Perú no tiene relación alguna con los procesos de transición a la democracia produci­dos en España y Chile. En esos dos países se da una guerra civil, descomu­nalmente mayor en el primero. Y la reconciliación es entre combatientes de estas guerras. Guerras tan puntualmen­te ideológicas que en Chile la amnistía dada durante el gobierno de Pinochet no alcanzó a los crímenes calificados como el de Letelier, hoy en el candelero. Aquí no ha habido tal encuentro, bélico y fraticida, sino algo parecido a lo que ocurre en Colombia: un enfrentamiento entre el Estado peruano y una banda armada dedicada a tener en vilo al país por medio de actos de terror, actos que, como en Colombia, por muy cruentos y espantosos que sean, no han puesto nunca en riesgo la seguridad interna de la República. Ni en el Perú ni en Colom­bia las guerrillas tuvieron alguna posibi­lidad de derrotar a los ejércitos de una u otra nación. Para que una guerrilla -por medios terroristas o de lucha abierta pueda colocarse en parangón con una Fuerza Armada, tiene que tener un con­sistente apoyo militar externo -caso Vietnam- y un sólido respaldo popular! Hecho este último que jamás se produjo en el Perú, ni siquiera en los momentos culminantes de las arremetidas terroris­tas. En todas las elecciones de los últi­mos quince años, los votos blancos, nulos o ultras, que podrían calcularse como afines a Sendero, no han llegado a más del 3 ó 4 por ciento. Y si ese fue el volumen en años pasados, mucho menor será ahora que los terrorismos marxistas están en declive en el mundo entero, donde se va despuntando más bien la violencia del fundamentalismo islámico. (El tema se desarrolla en la sección En el Perú). Lo que no quiere decir que el desgaste sicológico produci­do por el terrorismo, así como sus efec­tos desestabilizadores en la economía, no puedan descuajeringar a un país.

¿Cómo se puede hablar de paz cuan­do no ha habido guerra? Porque no es de creer que la paz a la que se refiere el oficialismo sea la paz conversada con Abimael Guzmán, o sea con Sendero.

Y en cuanto a la reconciliación de los asesinos de La Cantuta con los militares que, cumpliendo obligatorias normas constitucionales, conspiraron contra el gobierno surgido del golpe militar del 5 de abril del 92 o con los retirados que declararon en contra del régimen por mandato de sus conciencias, es algo tan aberrante que no merece gastar lápiz para tocar el tema.

¿Por qué la razón, la mesura concep­tual, el juicio sano, aunque lleno de pasión, estarán tan ausentes de la vida nacional?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Sobre aquello de sentarse en las bayonetas – Revista Oiga 3/07/1995

SE dice que “los dioses vuelven ciegos a los hombres que quieren perder” y ¡vaya ciega que está la mayoría gobiernista en el Congreso! No aprecia o no quiere apreciar, que toda repetición es una ofensa y que por más que repita y repita una ley, ésta no es más legítima -o, mejor dicho, no será menos ilegítima- que su primera versión, si es que no hay -como no ha habido- enmienda a la anterior y se sigue trasgrediendo el orden constitucional, se sigue yendo contra de la naturaleza de las cosas y a contra pelo del sentir de la ciudadanía toda.

Esto es lo que ha hecho la mayoría gobiernista en el CCD y ha logrado así enajenarse la buena voluntad de la ciudadanía. Ha vuelto a recurrir el gobierno al manotazo de hierro, al golpe, esta vez contra el Poder Judicial, y lo ha hecho contrariando su propia Constitución. La ley de insistencia en la amnistía reitera la violación a la sustancia misma de cualquier Ley de leyes, pues, por lo pronto, si la amnistía es perdón por una culpa, no hay modo de amnistiar a alguien antes de que haya sido declarado culpable. Como es el caso de los presuntos responsables del horrendo y abusivo asesinato, a mansalva y sangre fría, de los asistentes a una pollada en Barrios Altos. Asesinato masivo que está en proceso y que la jueza doctora Saquicuray, con elemental sentido de la Justicia, no ha querido cortar, negándose a dar término a la investigación judicial, por considerar que la tal ley no puede alcanzar a los reos que todavía no han sido juzgados. Aunque en este asunto hay bastante más que el aspecto puramente jurídico, que admite el olvido de la pena, no del hecho. Se trata de un tema que nos lleva a topar con la ética, con el sentido de la moral pública. Por lo que bien ha hecho el escritor Bryce Echenique en declarar que amnistía viene de amnesia y que dentro de la cultura occidental, a la que pertenece esta palabra, el olvido sólo cabe cuando las faltas por perdonar son contra el Estado y no cuando lo son contra la vida de las personas, cuando se trata no de buscar la paz sino de premiar a una banda de aleves asesinos. “No puede haber per­dón para los criminales”, proclama el ar­zobispo y cardenal Alzamora, advirtiendo con dolor y preocupación que “se están perdiendo los conceptos básicos de la conducta humana”.

Sin embargo, no nos hallamos ante un gesto gratuito de prepotencia, no es un desliz aislado lo ocurrido, ni sólo existe el ánimo de liberar a algunos miembros del Ejército que tuvieron actuación eficaz en el golpe del 5 de abril del 92. Detrás de las arbitrariedades añadidas a la ley de amnis­tía, consolidadas con la reiteración de la semana pasada, está el claro propósito de consolidar una “democracia sui generis” o sea una “democradura” como ha dicho el célebre autor de “Julius” y “No me esperen en Abril”. Más precisamente: un régimen autoritario, sin instituciones, sin contrape­so de poderes, sin otra autoridad que la del líder y la cúpula secreta que lo asesora y orienta, dentro de un plan de gobierno de 20 años.

¿Lograrán sus propósitos el presidente Fujimori y su cúpula?

De momento la respuesta es obvia. Todos los recursos del Estado, todo el poderío de las armas, toda la iniciativa política están en manos del gobierno, mientras la economía muestra una cara sonriente. Muy poco, casi nada, es lo que puede hacer la oposición para resistir la oleada de atropellos, prepotencias y arbitrariedades que se han producido y segui­rán ocurriendo. Mientras las cosas estén como están, mientras tanto no varíe el clima político, poco o casi nada se puede hacer. Pero el abuso constante es como la gota de agua sobre la piedra, termina horadándola. El abuso -que es consustan­cial a cualquier autoritarismo terminará por generar el repudio generalizado de la opinión pública. Y contra esto, contra el veredicto popular, no habrá poderío que valga. Es vieja, sabia y comprobada la frase aquella de que “con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas, menos una: sentarse en ellas”. Y quiéranlo o no, el sino fatal de las autocracias es sentarse en ellas. Es su destino.

Mientras tanto observemos con pacien­cia -no resignados sino manteniendo en alto la dignidad- lo que está ocurriendo alrededor nuestro y démonos cuenta de cómo la ciudadanía y b prensa, día adía, se va plegando a nuestra indignación. Aflora se ve a las claras que el único propósito del CCD fue darle visos de legitimidad demo­crática a la reelección presidencial y que toda normatividad legal -hasta su propia Constitución- es una piedra en el camino del autoritarismo. Por algo, mágicamente, se detuvo en el instante preciso la forma­ción del Tribunal de Garantías Constitucio­nales. Y pronto comprobaremos, si el Poder Judicial responde como debe res­ponder al golpe del Congreso, que en este país llamado Perú la actual normatividad jurídica es una tremenda farsa que estallará como un castillo de fuegos artificiales. Nos encontraremos con un Poder Judi­cial dando órdenes de captura que la po­licía -dependiente del Poder Ejecutivo- no ejecutará, porque el ministro de Gobierno dirá que él cumple con la ley y no con las órdenes de los Juzgados. Así como se pondrá en libertad a detenidos que la Jus­ticia no ha absuelto. Un tremendo revoltijo que tendrá en vilo a esta patria que nos duele tanto porque es la tierra donde naci­mos y donde vamos sufriendo el pasar de nuestras vidas.

¿Y si el Poder Judicial acata la ley de amnistía?

Bueno, en este caso, no varían mayor­mente las cosas, pues servirá de aliento para que el gobierno siga abusando de un poder que, en una democracia, está limita­do por el imperio de la juridicidad y, en una dictadura, por el tiempo que tardan las bayonetas en ingresar a la carne de quie­nes se han sentado en ellas. Lo que tem­prano o tarde -no muy tarde- ocurrirá.