Poder Judicial admite a trámite
demanda contra acaparamiento de medios
Sabado, 04 de enero de 2014 |
7:48 am
En la esfera judicial. Magistrada
del Cuarto Juzgado Constitucional considera que el pedido de ocho periodistas
para anular la compra de Epensa por parte del grupo El Comercio, porque atenta
contra la pluralidad informativa y libertad de expresión, cumple con las
formalidades del caso y se refiere a la amenaza de un derecho constitucional.
César Romero C.
El Poder Judicial aceptó dirimir
en el asunto de la concentración medios escritos. El 4º Juzgado Constitucional
de Lima, atendido por la jueza Lizy Béjar Monge, admitió a trámite la demanda
de acción de amparo que presentó el director-fundador de la revista Caretas,
Enrique Zileri Gibson, y siete periodistas contra la concentración de medios en
el Perú.
Béjar Monge, quien reemplazaba en
el cargo al juez civil Juan Macedo Cuenca, tomó esa decisión el viernes 27 de
diciembre del 2013.
Juan Macedo Cuenca se reincorporó
a sus labores el 28 de diciembre, y será él quien determinará bien dar la razón
en todo o en parte a los demandantes, o bien rechazar la demanda en su
totalidad.
SOLO UN PRIMER PASO
La resolución de la jueza Béjar
Monge fue ingresada al sistema electrónico de seguimiento de expedientes, el 2
de enero, y distribuida a la mesa de partes única de la Corte Superior de
Justicia de Lima, para su notificación a los demandados: Editora El Comercio,
Servicios Especiales de Edición y la familia Agois Banchero.
El ingreso de la resolución al
sistema electrónico tiene una función informativa, de dar cuenta de las
decisiones judiciales. Su publicación por ese medio no afecta los plazos que
tienen las partes para presentar recursos, que rigen a partir de la
notificación física y escrita de las decisiones.
A esto se suma que la decisión de
Béjar Monge solo supone que la demanda es admitida en el sistema judicial para
su análisis y discusión, lo que quiere decir que el Poder Judicial todavía no
da la razón a los demandantes, solo es un primer paso de un largo camino que
puede tener su destino final en el Tribunal Constitucional, e incluso en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.
DEMANDA EXPUESTA
La magistrada consideró que la
demanda cumple con todas las formalidades del caso y que el asunto se refiere a
una violación o amenaza al contenido de un derecho constitucional.
Estos derechos, precisó, libertad
de expresión, de información, pluralismo informativo, deben y pueden ser
protegidos por una acción de amparo.
En su texto principal, la
resolución judicial dice:
1) Con escrito de noviembre 2013,
en la vía del proceso constitucional, seis ciudadanos demandan a dos personas
jurídicas y cinco ciudadanos, por violación al derecho constitucional: libertad
de expresión e información, pluralismo informativo, etc.
2) Los ciudadanos solicitan
anular el acto jurídico de las transferencias de acciones del 54% de la empresa
EPENSA y ALFA BETA (grupo familia Agois, diario Correo) que han sido adquiridas
por empresas del grupo El Comercio (familia Miró Quesada), con lo cual se
produce una alta concentración en un solo grupo empresarial de más del 80-90
por ciento de los medios de comunicación escritos del Perú.
3) Refieren que dicho acto afecta
el derecho constitucional a la libertad informativa al afectar directamente el
pluralismo y diversidad que constituyen la base de todo ordenamiento
democrático.
4) El Juzgado recuerda que son
requisitos de procedencia de la demanda de amparo que el pedido se refiera a
una violación o amenaza del contenido esencial de un derecho constitucional, y
que la vía constitucional sea la única vía urgente y adecuada para obtener
tutela; asimismo, que la aclaración de los hechos que sustenten la supuesta
violación al derecho no requiera de actuación probatoria plena.
5) En el caso concreto existen
elementos objetivos que justifican admitir la demanda constitucional con el fin
de establecer si se afectaron los derechos fundamentales alegados mediante el
acto jurídico objeto de anulación.
PLAZOS PARA RESPONDER
La doctora Lizy Béjar concedió
cinco días a los demandantes para contestar la demanda. Este caso se contará a
partir de la fecha en que sus abogados reciban físicamente la resolución de
admisión.
Posteriormente, la contestación o
respuesta de los demandados también será notificada al demandante, para que
pueda levantar las observaciones que se hagan.
También es posible que las partes
soliciten una audiencia pública al juez para que los abogados puedan exponer
sus diferentes puntos de vista y aclarar alguna duda del magistrado, antes que
emita su veredicto.
Lo que resuelva el Cuarto Juzgado
Constitucional podrá ser apelado a una Sala Superior Civil de Lima, instancia
en la que también podría realizarse una audiencia pública a favor o en contra
de la sentencia.
Si la Sala Superior Civil da la
razón a los demandantes, la causa termina aquí y se procede a la ejecución de
lo que se resuelva.
Sin embargo, si los de
demandantes pierden en todas las instancias del Poder Judicial podrán apelar al
Tribunal Constitucional y, si este tampoco les da la razón, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda de amparo fue
presentada en noviembre por Enrique Zileri, director fundador de Caretas; Luz
Helguero, directora de El Tiempo-Piura; Gustavo Mohme, de La República;
Fernando Valencia, de Diario 16; y los periodistas Augusto Álvarez, Mirko
Lauer, Rosa María Palacios y Mario Saavedra-Pinón.
Los hombres de prensa cuestionan
la compra del 54% de las acciones de Epensa y Alfa Beta Sistemas por el grupo
El Comercio, al considerar que esa transacción afecta el derecho de los
ciudadanos a recibir una información plural, por lo que piden al juez anular
dicha compra. “El juez deberá tener presente a lo largo del proceso que este es
un debate entre la pluralidad y la diversidad frente a la concentración y el
acaparamiento”, resaltaron los periodistas en su escrito.
CUESTIONAN RESOLUCIÓN
El diario El Comercio anunció,
por su parte, en su edición web, que denunciará a la jueza Lizy Béjar Monge ante
la Oficina de Control de la Magistratura por supuestas irregularidades en la
admisión a trámite de la demanda de amparo. Explicaron que según su abogado
Juan Monroy Gálvez, la resolución judicial llevaría la firma del especialista
legal Miguel Loloy Príncipe, quien para esa época ya no estaba laborando en el
Poder Judicial.
Señalan además que la resolución
ingresó al sistema informático un día no laborable, por lo que no sería cierta
la fecha del 27 de diciembre.
Fuentes judiciales indicaron a La
República que, efectivamente, Loloy renunció en septiembre, pero que su firma
no aparece en la resolución, aunque permanecería en el sistema y que el 2 de
enero fue laborable en el área administrativa.
PRIMER MINISTRO Y CONGRESISTAS A
FAVOR DE QUE EL CONGRESO DEBATA LA CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS
El primer ministro, César
Villanueva Arévalo, señaló que "el presidente ha opinado de buena fe.
Tiene derecho a opinar, como nosotros, no hay ningún riesgo de nada, no hay amenaza
de nada, el presidente es absolutamente democrático, no hay nada que temer, la
libertad de prensa está sanita”, declaró Villanueva Arévalo.
La presidenta del Consejo
Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), Rosa María Alfaro, consideró peligroso
para una democracia que la mayoría de medios escritos esté en manos de un solo
grupo empresarial, por lo que se mostró a favor de un debate en el Congreso.
El congresista de Perú Posible,
Daniel Mora, pidió no tener miedo de que este tema se vea en el Congreso, con
participación de la sociedad civil y a otras organizaciones. "¿Por qué se
asustan tanto?, el Congreso tiene toda la autoridad para emprender una
discusión porque la concentración de medios lesiona el derecho a la información
plural y objetiva", declaró.
"Le corresponde al Congreso
debatir el tema de la concentración de medios porque desde la Constitución se
regula a medios televisivos y radiales, y los medios escritos están dentro del
mismo saco y allí hay que profundizar el debate", afirmó el congresista
Gustavo Rondón (SN).
El parlamentario Mesías Guevara
de AP-Frente Amplio dijo que en países como los Estados Unidos, existe una
regulación en la propiedad de la prensa para evitar la concentración y no es
tomado como intervencionismo político o gubernamental.
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