FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL CAPRICHO Y LA PREPOTENCIA NO SON BUENOS GOBERNANTES

Francisco Igartua

Los problemas fronterizos no deben ser politizados. Lo ha dicho con claridad el doctor Javier Pérez de Cuéllar, que de diplomacia algo sabe, y lo mismo ha dado a entender el mandatario Alberto Fujimori. Los dos han hablado racionalmente y ojalá así se tocaran todos los temas de interés nacional: con tino, con buen juicio y sin buscar ventajas personales.

Pero el que no se politice el tema no quiere decir que la prensa de opinión, como es OIGA, se calle y no haga el análisis de lo ocurrido. El público debe estar bien informado sobre nuestra política de fronteras para entender por qué las relaciones exteriores de un país no deben politizarse, no deben ser usadas en beneficio de ningún gobierno en particular -menos en beneficio personal de nadie- y deben ser concretadas con conocimiento de la ciudadanía y con el mayor consenso nacional posible.

Hagamos un poco de historia. Cuando el señor Alberto Fujimori, presidente constitucional en esos momentos, anunció su disposición a solucionar los diferendos con Ecuador, Chile, entredichos subsistentes por negarse estas dos naciones a cumplir tratados aprobados a plenitud por las partes, uno en Río en 1942 y el otro en Lima en 1929.

Fue una obligación aplaudir esa iniciativa e incorporarla a la lista de los aciertos de su régimen. Al contrario mereció ser rechiflado cuando; por capricho, dejó largo tiempo sin embajador a nuestra representación en Brasil. Esa frontera es demasiado importante para que ese país fuera desairado, a causa del disgusto que tuvo Fujimori porque el Congreso baloteó el nombramiento de un amigo suyo, ministro de Alan García, para la embajada en Brasilia. La importancia del asunto era obvia: tanto por la línea fronteriza misma, que es enorme, como por la condición de país garante del Tratado de Río que tiene Brasil.

Resolver las tensiones con Quito y' Santiago era un objetivo casi tan importante como enfrentar con decisión lo que era el problema número uno del país -el terrorismo- y la reincorpora­ción del Perú al mundo financiero internacional. Pero si al decidir esta orientación a nuestra política exterior, que es tarea presidencial, estuvo en lo justo, cometió gravísimo error cuando, con arrogancia y autosuficiencia, puso de lado a los expertos de Torre Tagle y pretendió él, personalmente, realizar las tratativas, con ánimo de lograr en exclusiva la cosecha de los triunfos, que le parecieron tener al alcance de la mano. Viajó tres veces a Ecuador, cayó en el tremendo yerro de aplaudir y abrazar al presidente Durán Ballén que acababa de hablar de diferendo territorial con el Perú. Y peor aún, en un paseo pesquero, se puso a revisar mapas, trazando cambios fronterizos, con su colega ecuatoriano. Toda una serie de idas y venidas en el aire y en falso, que no han servido para nada. Durán BaIlén no ha visitado el Perú y se crearon desmesuradas esperanzas en Quito, con lo que las diferencias con Ecuador se han agravado en lugar de haberse resuelto. Todo por querer el señor Fujimori reemplazar, él solo, a todo el servicio diplomático peruano, que algo conoce del oficio. Quiso dar lecciones de diplomacia a los diplomáticos y salió trasquilado, como está a la vista.

Todo esto lo debe saber la ciudadanía para poder juzgar cuando se ponga a debate nacional -no político- este tema. Le servirá para formarse una opinión ilustrada de los hechos.

Y en cuanto al problema creado por la resistencia chilena a cumplir el Tratado de 1929, hay que decir que ocurrió lo mismo. Unas negociaciones que venían desarrollándose profesionalmente, dirigidas por la Cancillería, desde el gobierno anterior, Fujimori las quiso continuar a su estilo, asumiendo él el comando de la operación. De nuevo puso de lado a Torre Tagle y con un embajador obsecuente y un abogado muy distinguido del foro limeño, especialista en cuestiones tributarias y dilettante en derecho internacional -ignorante, además, de los detalles del conflicto-, quiso resolver el diferendo en secreto, sin informar nada a nadie, ni siquiera a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Prepotentemente, sin debate nacional alguno, creyendo que era fácil rematar el trabajo adelantado por el canciller Allan Wagner, Fujimori hizo concluir las negociaciones y con gran pompa, en uno de los salones más cargados de arañas de cristal de Palacio, con su presencia; para darle mayor seriedad y solemnidad al acto, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y el Perú firmaron las Convenciones de Lima. Para Fujimori se había resuelto el viejo problema de Tacna y Arica y él se coronaba de gloria.

Pero ocurrió que los entendidos en materia de Tratados, los historiadores, los periódicos, las damas de Tacna... encontraron que el Tratado de 1929 había sido saltado a la garrocha por las Convenciones. Estas protestas llegaron al Congreso y ahí se congeló la victoria de Fujimori.

En esos momentos, el Congreso -o sea el propio Fujimori- debió retornar los documentos a Palacio para, por intermedio de Torre Tagle, reiniciar las negociaciones con la Cancillería chilena. Era lo correcto, lo profesional, frente a la mayoritaria oposición ciudadana a las Convenciones. Pero Fujimori insistió en dejar los documentos en el Congreso con ánimo no de convencer al país de las bondades del arreglo sino de esperar el momento oportuno para que su Congreso lo aprobara prepotentemente, entre gallos y medianoche, e imponer al país hechos consumados.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA DIVINIZACIÓN DE LOS RIÑONES

Francisco Igartua

Hace pocos días, en un salón de Lima, escuchaba esta reflexión sobre el Perú actual, dicha en sorna con ánimo de restarle importancia: "Los blancos prefieren a un chino de presidente antes que a un cholo y los cholos lo mismo, antes que a un blanco prefieren a un chino". Añadía: "Y no está mal, porque este país necesita que lo disciplinen, que lo organicen, después ya se verá...". Lo que la bella dama decía, creyéndose Colón, es algo que ya había observado, al nacimiento de los estados americanos, un acucioso francés, Alexis de Tocqueville. Los países de la América española, para Tocqueville, no tenían respeto a la ley ni había sobriedad en sus costumbres, por lo que, disponiendo de las mismas condiciones de prosperidad, no lograrían ser naciones estables, democracias desarrolladas, como lo sería Estados Unidos de América.

Por un lado, voluntarismo, arbitrariedad, prepotencia... y después ya se verá. Un después que nunca ha llegado ni llegará. Porque de la dictadura -que ha sido el sistema más o menos continuado de gobierno en América Latina­ es imposible que surja un orden legal, un estado de derecho, base de todo desarrollo. Para llegar a él se requiere educación democrática, aprendizaje y paciencia, constituirse en pueblo, lograr -en nuestro caso- que los dos Perús, esas "dos razas que esbozan la vuelta al pasado por caminos opuestos, señalando así su inmenso distanciamiento socio-psicológico" -que decía More-, entiendan que los unos no son tan blancos ni los otros tan indios, que "ambos a dos -según sabio decir de un negro viejo- son cholitos, peruanos. Será ese encuentro que avizoró el colónído "Acaso algún día se encuentren -ambas razas- en un punto y ese punto sea el porvenir". La construcción de una nación no es asunto de chinitos ni entorchados con riñones bien puestos.

En el otro lado, al norte, los caudillos de su independencia no se dedicaron a reemplazar en el poder a los virreyes, sino a establecer un orden legal acorde con la realidad que nacía del nuevo estado de cosas. Orden legal con igualdad de mando sobre gobernantes y gobernados. A lo que se añadió educación y costumbres de respeto a la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Así nace la democracia norteamericana y por eso su fortaleza. Cuando la estupidez humana crea en esa nación la segregación de la raza negra, el conflicto no se soluciona subvirtiendo el orden público, proclamando otra constitución, sino incorporando a los negros al orden establecido, extendiendo el estado de derecho a todos los ciudadanos. La ley reina sobre las diferencias internas de esa democracia y es del respeto a la ley que surge su tremendo desarrollo económico, como lo previó con precisión Tocqueville en la tercera década del siglo XIX.

En nuestros lares, exceptuados Chile y Costa Rica, el irrespeto a la leyes lo más frecuente. Cada 'revolución', cada 'Patria nueva', cada 'Nuevo Perú', dicta sus propias leyes que, además, son incumplidas cada vez que el mandón de turno -vestido de frac, de poncho o con charreteras- considere que le han quedado cortas o no le son convenientes. Aquí no manda la ley sino los riñones de quien esté sentado en Palacio. Y así no se hace patria. Así se convierte más en chacra este 'territorio de desconcertadas gentes'.

Desgraciadamente, la historia nada nos enseña. Mejor dicho, me corrijo, nada aprendemos de las enseñanzas de la historia y cuando alguien la recuerda para rechazar, por ejemplo, la violación constitucional del 92, el denunciante resulta condenado por la 'ley' de los golpistas.

La semana pasada, en una reunión pública con los delegados provinciales del Movimiento 13 de Noviembre, organizada para exigir la libertad del general Salinas Sedó y los militares constitucionalistas presos en el Real Felipe, el general Pastor Vives; al agradecer el trabajo de los comités del Movimiento recordó cómo, al producirse el golpe militar del 5 de abril del 92, le vino a la mente un discurso del general Hoyos Rubio, comandante general del Ejército cuando él -Pastor Vives- era flamante coronel. Recordó la invocación del general Hoyos Rubio, que había sido uno de los conspiradores en el golpe de Velasco, haciéndoles reflexionar a los oficiales para que nunca más se dejaran ilusionar con las salvaciones a la patria. De esos pronunciamientos -decía Hoyos- la patria no se salva y sí queda vulnerada la unidad de los militares.

De allí comenzó, explicó Pastor Vives, nuestra inquietud para que el país volviera al orden constitucional, para que no siguiera el Ejército contribuyendo al desorden de la República y debilitándose como institución...

Esa enseñanza dictada por el general Hoyos Rubio, nacida de una trágica experiencia para el país, vivida muy directamente por él, algún efecto tuvo. Lo comprobé en los labios del general Pastor y lo estoy observando en la entereza moral del general Salinas, encarcelado en el Real Felipe con ocho de los suyos. Sin embargo, pareciera que, por algún malvado designio del destino, estuviéramos condenados a nunca aprender las lecciones de la historia y que la saña se agregue al castigo injusto dado a los que osan escuchar sus mandatos.

Mucho se me queda en el tintero sobre el destino fatal del Perú. No por obra del destino, en verdad, sino de nuestro ancestral desapego a la ley, a nuestro desconocimiento de lo que es el orden y, sobre todo, a la divinización de los riñones. De los riñones de los que están arriba y no de los que se alzan con valor moral contra la subversión del orden legal y moral cometida por los gobernantes. Por algo somos el pueblo más maleducado del mundo. El mal ejemplo viene de arriba.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - TRES DECLARACIONES

Francisco Igartua

Tres declaraciones cruciales se han producido la semana que pasó. Por un lado, el doctor Javier Pérez de Cuellar describió magistralmente los lineamientos generales de su candidatura que, para desesperación de sus enemigos y conveniencia de su estrategia electoral, todavía no la oficializa. Por su parte, el ingeniero Alberto Fujimori, que nunca ha tenido ideas propias, aunque sí habilidad para cabalgar en las de otros, ha cometido la torpeza increíble de hacer suya la tesis china de que los derechos humanos son peculiares de cada país y que el sentido de la democracia también lo define cada gobierno, siendo gesto imperialista la intervención de otros estados en estas decisiones que son soberanas de cada nación. Y, por último, el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se dirigió al jefe de Estado del Perú pidiéndole la libertad del general Jaime Salinas Sedó y de los otros oficiales que lo acompañan en la prisión del Real Felipe. (Declaración que publicamos más adelante).

El embajador Pérez de Cuéllar, en una corta y precisa entrevista concedida al decano de la prensa nacional, adelantó que, de serlo, será candidato independiente, pero respetuoso de los partidos políticos, que son consustanciales al sistema democrático. Además no se enfrentará a las instituciones nacionales sino las fortalecerá y buscará su saneamiento; no concentrará el poder en Lima y dará fuerza y autonomía a las regiones y municipios... También anunció que no variará la dirección general de la política económica -puntualizándola como 'tendencia universal' del día-, pero que lo hará con preocupación social, tendiendo a la creación de puestos de trabajo. Y no se dedicará a la confrontación de unos peruanos contra otros, sino a lograr consenso en torno a los puntos coincidentes de interés nacional. Fueron sus declaraciones a El Comercio, según autorizada opinión de un antiguo experto en la problemática del país, "una pieza política maestra" a la que nada le sobraba ni le faltaba.

Mas tarde, por tanto, respondió a las impertinencias del señor Fujimori sobre su larga residencia en el extranjero, puntualizando que él hace cuarenta años está al servicio del Perú y no acepta lecciones de quien sólo hace cuatro años y medio se está interiorizando en los problemas nacionales. En términos enérgicos y precisos, aunque nada destemplados -en contraposición a la característica de Fujimori-, le hizo recordar el embajador Pérez de Cuéllar que el servicio diplomático obliga a sus integrantes a estar permanentemente al tanto de la realidad global del país y severamente le recordó, sin decirlo, que todos los regímenes peruanos, incluido el de Fujimori, acudieron en distintas oportunidades a su despacho de Secretario General de las Naciones Unidas a exponerle el cuadro preciso y general de la situación peruana para pedir su intervención en ayuda del Perú. Lo que siempre hizo y en el caso preciso de Fujimori, hasta nombrando a una de sus asistentes para que coordinara la asistencia social al programa económico de emergencia. Asistencia que no sólo fue desoída sino ninguneada hasta el extremo de que, discretamente, en silencio, tuvo que desaparecer la enviada de la ONU. No es, pues, que Pérez de Cuéllar desconozca la realidad nacional sino que el punto de discusión ha quedado volteado: es tan grande el envanecimiento del señor Fujimori que, ya en aquella lejana visita, su soberbia no le permitió advertir que el Secretario General de las Naciones Unidas le tendía la mano en el punto débil, en el forado bajo la línea de flotación, que tenia el programa económico que le exigía al Perú el Fondo Monetario Internacional, institución técnica que, por lo general, desconoce las particularidades de cada realidad nacional, Fujimori no cree en los peruanos. Cree en él mismo, en sus propias matemáticas, en los organismos internacionales que le recomienda Japón y, ahora, en la 'democracia' china y en la calidad tecnológica de las computadoras y tractores chinos -pagados por los peruanos- que ha ido regando por todo el territorio nacional y que día a día se van acumulando en los depósitos de trastos viejos e inútiles, sea por falta de repuestos, sea por obsoletos o, principalmente, por deficiente construcción.

Nadie entiende cuáles han sido los ob­jetivos perseguidos por el señor Fujimori para suscribir entusiasta, en Beijing, con el problema norcoreano en la frontera, la­particularlsima tesis de que el sistema de­mocrático y el modo de aplicadón de los derechos humanos se lo fabrica cada na­ción a su manera; y que, por lo tanto, la soberanía de cada país no permite la injerencia extraña en estos asuntos.

Con esta tesis desenvainada como espada samurái se presentó Fujimori en Cartagena (Colombia) y arremetió en defensa de la libertad de Haití y Cuba para decidir sus destinos como les venia en gana. Tesis exacta en teoría académica, si se reduce al enunciado, pero sujeta a una larga jurisprudencia internacional y que, en boca de Fujimori, estaba impregnada de la teoría maoísta escuchada y asumida en Beijing, donde la democracia no es derecho de los individuos sino de las masas en abstracto y donde la soberanía está al servicio de la política y los intereses de la cúpula gobernante, y no de la nación.

Tan alucinante y anticuada fue la intervención del jefe de Estado peruano que ni siquiera se la agradeció Fidel Castro.

¿A qué se debe esta torpeza? Se supone que no va dirigida a declararle la guerra a Estados Unidos. Tampoco pareciera que tuviera la limitadísima mira de ganarse los votos de la casi desaparecida izquierda peruana. ¿A qué, entonces?.

No falta quienes hallen esta insólita explicación a tanta torpeza: Lo que busca Fujimori, dicen estos observadores, es poner el parche antes que salga el chupo. Es declararse democracia al estilo oriental, anticipándose a una posible postergación de elecciones y a un cierre de fronteras -como los chinos y norcoreanos- para que no haya olfateo internacional a las tropelías de la 'democracia dirigida' diseñada por los militares que lo llevaron al poder y lo sostienen en él.

¿Fujimori necesitará ayuda siquiátrica?

Es lo que nos preguntamos los occidentales, los que creemos en la democracia como estilo de vida que garantiza el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos, a discrepar y a respetar la critica de los demás, a aceptar las decisiones de las mayorías pero pudiendo creer que la razón la tienen las minorías; los que creemos en la sana convivencia y en la honesta discrepancia de los seres humanos; los que estimamos que el Perú, con sus enormes problemas de identidad, no ha salido todavía de la órbita occidental. ¡Y ojalá no salga!.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUATRO SUCESOS DESIGUALES

Francisco Igartua

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer las circunstancias en las que tendrá que competir -"No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder"­, pero también a sabiendas, por experiencias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelección, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, a los autócratas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del mensaje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta forma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fujimori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóticos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la policía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, dilucidar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente intervención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.

Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni puede dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos debería echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicóptero, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almanaques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE. UU., empantanado en Haití, cual elefante desesperado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para comprar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgullo nacional. La otra es una tragedia horrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacional de un banco que surgió de la imaginación y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enteramos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muerto de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción alguna en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un muchacho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso, la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a WiIfredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no tenía la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podido convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los militares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Expreso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemente avisos en el diario de Orejuelas. También da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicolás di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares "que controlarán el proceso electoral", frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los 'controladores' del proceso. El suplemento del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera antes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - HACER DEMAGOGIA CON LA PLATA DEL PUEBLO NO ES GOBERNAR

Francisco Igartua

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el voto se emite apretando un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley presentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperanzas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate incoherente.

En uno de sus dispositivos, por ejemplo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funcionario puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre ha inspirado la legislación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una presión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resultados. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcionario, cuyo poder llega a todos los rincones del país, pueda participar en elecciones desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cualquier funcionario, también debiera alejarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano disparate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bastaría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio -en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori-, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones sigue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reelecciones, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fondos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral presentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próximos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus cargos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatura, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial -todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una burla cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para imprimir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones -todo a cuenta del Estado-, así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de elevado criterio, profesionales de nota, gentes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candidato a la reelección las violará cuantas veces le dé la gana y se mofará de ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico? ... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el proceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impunemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anda diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apretando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demagogia. Está bien, muy bien, que se inauguren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luz y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su despacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya buena enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el ISC al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer giras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colocarse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repartiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer demagogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campaña electoral.