FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LIBERTAD DE PRENSA EN EL PAIS DE LOS ENGAÑOS

Francisco Igartua

Es el Perú, definitivamente, un país muy gracioso. Pareciera que siempre estuviéramos dispuestos a escapar de la realidad, a eludir responsabilidades, a enmascarar las cosas, a perdemos en las apariencias. Nos encanta engañamos y que nos engañen. ¿Qué es lo que se pretende, por ejemplo, al alegar que, para competir sin ventaja, el presidente que se presente a la re­elección, como el señor Fujimori, debería renunciar seis meses antes a su cargo, como cualquier otro funcionario público? Estos buenos señores, a los que se ha agregado el decano del Colegio de Abogados de Lima, quieren creer -no por ingenuos sino por afición a ser engañados- que, renunciando Fujimori, habrá igualdad de condiciones para todos los candidatos. Y, lógicamente, las elecciones serian transparentes, limpias, irreprochables...

Como las de Odría ­recordarán algunos-, con su bajada al llano en mil novecientos cincuenta y la entrega pasajera de la presidencia a Zenón Noriega, su socio en el cuartelazo de la Revolución Restauradora.

Sólo a quien le encante ser engañado o que lo engañen se le puede ocurrir que, alejándose de Palacio -pero dejando allí a su hermano Santiago y a su amigo Yoshiyama-, Fujimori perdería el control del Poder que le custodia la cúpula militar de Nicola di Bari, su socio en la Revolución de la Reconstrucción Nacional. ¿Acaso Alberto Fujimori no está ausente de Palacio hace varios meses, paseando en helicóptero por todo el territorio nacional, no gobernando -otros lo hacen por él- sino haciendo su campaña electoral? Pocas veces se habrá visto que se gobierne sin Consejo de Ministros, sin despacho, sin planificación, con políticas cambiantes como veletas -excepto en el campo económico- y montado el jefe de Estado, permanentemente, en un helicóptero, como saltaperico. El único régimen de tal estilo que conozco es el de Fidel Castro en Cuba y se me ocurre que algo parecido debe ser el gobierno de Kim IL Sung y su hijo en Corea del Norte. También pudiera ser que se está cumpliendo al pie de la letra el programa militar que nos hizo llegar, en cuatro cuadernillos, un pajarillo verde y que el Poder real esté en manos de un desconocido Consejo Estratégico del Estado, cumpliendo el señor Fujimori y los ministros tareas de relaciones públicas y de ejecución de políticas trazadas en reuniones en el Pentagonito y el SIN, a las que no asisten los ministros -salvo los que puedan pertenecer a ese Consejo Estratégico-, pero si Alberto Fujimori.

En situación semejante, olvidando las sabias razones de la no reelección presidencial -basadas en rotundas experiencias- y pasando por alto que la renuncia de los funcionarios, seis meses antes de presentar sus candidaturas, es costumbre obligada en países -como el Perú- donde la autoridad no es ni puede ser neutral, preguntémonos: ¿qué significado puede tener la renuncia seis meses antes de las elecciones del presidente reeleccionista, si se trata de un cargo que no pierde influencia por renuncia pasajera sino por la pérdida del Poder? .

No hay que engañarse. No hay que darle a Fujimori la ventaja que significa la apariencia de reglas iguales para todos los candidatos. Hay que derrotarlo corno se derrota a toda dictadura, quitándole las máscaras de legalidad y buenos modales que cínicamente se va poniendo. Desnudándola ante el público. No obsequiándole nuevos mascarones de engaño.

Y ya que de engaños hablamos, me ocuparé de otro en actual circulación.

El periodismo independiente y también el que no lo es insisten en que está en peligro la libertad de prensa porque no se deroga o no se modifica la norma cecedista del Habeas Data, un dispositivo de defensa para los ciudadanos en otras constituciones, pero que, aquí, el CCD lo transformó en posible instrumento del Estado para coaccionar a la prensa, tergiversando el legítimo derecho a la rectificación. Sin embargo, en esta protesta nos estamos engañando los periodistas o estamos dejando que nos engañen. Porque el Habeas Data, tal como está configurado en la norma cecedista, es sin duda un peligro evidente para la libertad de prensa y de expresión, y en esta revista se advirtió de inmediato que eso era, apenas el congresista Torres y Torres Lara publicó su anteproyecto constitucional; pero no es el único instrumento de extorsión que tiene el gobierno en sus manos ni el más peligroso. Tampoco es el que esté usando ahora. El medio habitual de extorsión de este gobierno es la presión tributaria, combinada con el sabotaje publicitario. Esta es la verdad monda y lironda, grande como un templo, que la prensa peruana calla por pudor en muchos casos -porque se resisten a mostrar sus desnudeces al público-, en otros por recibir favores del gobierno y en algunos, los menos, las excepciones, por estar menos afectados al no sufrir sabotaje publicitario.

Todo periódico o revista, cualquier publicación, tiene dos fuentes de ingreso: la venta de ejemplares y la venta de espacios publicitarios, avisos. Esta segunda fuente de ingresos sirve para desarrollar, ampliar, tecnificar la empresa y para cubrir los déficit que se produzcan cuando el valor del papel y otros insumos es superior al ingreso por venta de ejemplares (cálculo en el que también entra la devolución de ejemplares no vendidos). Un periódico o revista de bajo costo (pocas páginas y sólo pasable calidad gráfica) puede subsistir únicamente con la venta de ejemplares SI NO HUBIERA IMPUESTO A ESA VENTA, impuesto del que están liberadas todas las publicaciones en el mundo entero -salvo excepciones que confirman la regla por razones diversas: necesidad social de fomentar la lectura y la cultura cívica, facilitar la libre circulación de las ideas, hacer real el derecho a la libre expresión y garantizar el ejer­cicio de la libertad de prensa.

¿Cómo actúa este gobierno, cómo está actuando para mediatizar y anular la libertad de prensa en el Perú?

Simple y llanamente poniendo el 18% de impuesto a la venta de ejemplares -que deberá asumir íntegramente la empresa, pues es imposible trasladarlo a volátiles canillitas ¡cerrándoles el caño de avisaje estatal a las publicaciones cuyas criticas le disgustan¡ y utilizando el chantaje para que la empresa privada se sume al sabotaje publicitario.

Así funciona la censura hoy en el Perú. Un método, de momento, mucho más eficaz que el Habeas Data... Sin embargo, la mayoría prefiere dejarse engañar y engañarse protestando por el Habeas Data y callando por el sabotaje publicitario, que se cierra como tenaza con el impuesto (18%) a la venta de ejemplares, para estrangular al periodismo opositor.

Esta es la verdad. ¿De qué libertad de prensa habla el gobierno?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL PERU Y EL INTERES NACIONAL DEL JAPÓN

Francisco Igartua

Como dijo hace poco Carlos Boloña, que algo debe saber de Alberto Fujimori, pues fue su amanuense en cuestiones económicas antes y después del golpe militar, todo puede esperarse del pragmático Fujimori: hasta que cambie el liberalismo de hoy por el estatismo moderado que ofreció en su campaña electoral del 90 u otro más radical de estilo asiático. Por ejemplo, en el momento especifico actual, que es de elecciones, seguirá los indicadores que le ofrezcan la mayor pesca de votos. Después hará lo que le venga en gana, dentro de los parámetros de la democracia dirigida diseñada por la cúpula militar y de los consejos del Fondo Monetario y del Japón.

Dentro de este cuadro, puesto a la vista por Carlos Boloña, que conoce al régimen por dentro, no han de extrañar las recientes declaraciones del jefe de Estado, hechas en vísperas de partir para Japón y China, sobre la privatización de los 'proyectos especiales, o sea las grandes obras hidroenergéticas que están en construcción por cuenta del Estado y otros muchos bienes nacionales, dada la amplitud e imprecisión del proyecto de ley. Dijo que iba a observar la disposición legal aprobada en el CCD porque, aunque era una buena ley y estaba bien elaborada, él no iba a permitir que sirviera al engaño publicitario electoral. O sea, "la medida es buena, pero la vetaré porque me puede quitar votos". Puro y grosero pragmatismo, con fuerte dosis de irracionalidad y prepotencia. Parecida a otra declaración reciente: las observaciones sobre la 'conducta de su ministro Víttor, protegiendo a prófugos de la justicia, son 'cuestionamientos' que no deben tomarse en cuenta. "¿Acaso a mí no me cuestionaron en el proceso electoral? ... y luego ¿qué pasó? ... No pasó nada". Es cuestión de dar la callada por respuesta y que los acusadores se cansen o queden reducidos a una solitaria voz, que también se cansará. Así ocurrió con las evasiones tributarias de sus negocios inmobiliarios -que prometió aclarar cuando llegara a la presidencia- y así ocurrirá con los 'cuestionamientos' a Vittor, su brazo derecho para la campaña reeleccionista y no seguimos con los ejemplos porque las muestras de cinismo del jefe de Estado y de sus colaboradores y secretarios son tan numerosas que llenaríamos todas las páginas de la revista. Concretemos la atención en el veto a la privatización de los 'proyectos especiales' porque -según ha advertido en sus giras provincianas- esa disposición legal puede hacerle perder votos.

Pero por qué vetar un proyecto de ley que él cree bueno y bien elaborado? ¿Por qué no debatirlo? Que es lo que debió hacerse desde el primer momento y no aprobarlo con nocturnidad, premeditación y alevosía en el CCD.
Hay en este tema dos planteamientos extremos, igualmente nocivos. Uno, el que alienta el proyecto aprobado en el CCD por la mayoría fujimorista y que Fujimori encuentra correcto: es el que alguien ha resumido como la idea de hacer del país un territorio abierto a los buenos negocios. Buenos naturalmente para los inversionistas y -se supone­ también bueno para sus trabajadores, por los excedentes que podrían quedar. De este modo el concepto de nación quedará borrado; la identidad peruana, no lograda todavía, se transformará en una meta inútil; y el hombre peruano perderá conciencia de su dignidad, o la vinculará al éxito económico y no a sus valores como hombre. El otro planteamiento, igualmente nocivo, es que el Estado debe absorber todas las activida­des de los llamados proyectos estratégi­cos de desarrollo y paralizarlos si no dispone de fondos. Porque sería antipatriótico compartir la propiedad. Un absurdo tan grande como el primero. Los dos son vulgares sofismas. Por un lado es disparatado desechar la posibilidad de que empresas privadas nacionales o extranjeras -y también ¿por qué no? otros estados- comprometan capitales en la continuación y ampliación de los proyectos de irrigación y de hidroenergía que desde hace años se vienen construyendo; y, por otro, es deshonesto que el Estado malbaratee activos nacionales que no son del gobierno sino de los peruanos y que se entreguen, más que en concesión en propiedad, agua, minas, tierras y hasta las ruinas de Machu Picchu.

En esto de las privatizaciones se puede ir muy lejos y hasta es necesario sacudirse de ciertos prejuicios nacionalistas, pero no debemos llegar al extremo de desnacionalizar al Perú y transformar su territorio en un bazar librado a la oferta y la demanda. No se puede aceptar que, poco a poco, el Estado peruano no tenga imperio para dar órdenes en su casa, quede desarmado a merced de los intereses privados y desaparezca como Estado. Ese modelo ya lo probamos en el pasado y nos fue pésimo, basta revisar la historia.

Sería demasiado doloroso que el Perú de Basadre, esa promesa y posibilidad que él y otros muchos ilustres peruanos fueron moldeando, se desvanezca en humo. Se dirá que ·éstas son palabras sobre palabras, retórica, vanas intenciones... De acuerdo. Pero preferible es esa promesa y posibilidad, o sea algo por venir, que un corredor, un callejón, un territorio de paso a los intereses nacionales del Japón hacia el Atlántico, una realidad en la que el Estado peruano no dirija siquiera el tránsito de esos intereses, pues si todo se privatiza, vendiendo en propiedad suelo, subsuelo, aire y mares, pueda que haya muchas inversiones, pero en el territorio de un Perú desaparecido, con ciudadanos no se sabe si más ricos o más pobres, pero sí, con seguridad, dependientes de intereses privados, sin posible protección de un Estado también dependiente de esos intereses.

Inversiones que, por lo demás, no serían en muchos casos más concretas que la retórica del pobre Basadre -pobre en opinión de la moda modernista-, pues en el Perú hay retos de inversión que, aun ahora, con el enorme desarrollo tecnológico del momento, no son estimulantes para el capital privado, que siempre tiene en sus miras los réditos de la inversión con perspectiva de persona, o grupo de personas, y no de nación, que es perspectiva más larga y más profunda.

Mas ¿por qué perdemos nuestro tiempo en exponer puntos de vista que seguramente serán despreciados por gente que está feliz por haber suprimido la planificación nacional e ignora por completo la historia del mundo; gente que ni siquiera tiene un arquetipo universal a quien admirar y se siente realizada al declararlo públicamente mirándose el ombligo?

Privaticemos sí, pero con sensatez, teniendo un plan nacional a la vista y sin dejar que el Estado quede a merced de los intereses privados o de otras naciones. Quien desee progresar al servicio de las transnacionales que se enganche en ellas, pero no quiera usar los activos del Perú para ubicarse de cabeza de ratón, haciendo de guía de los compradores. Y no se nos acuse de "cernícalos de la política y del nacionalismo" a quienes jamás hemos siquiera intentado un puesto público y entendemos al Perú como un proyecto muy complejo -nada personal- que no se realizará haciendo de él, como se ha dicho con acierto, "un territorio de buenos negocios" y a lo que nosotros añadimos: al servicio de los intereses nacionales del Japón, ansioso de contar con un corredor franco que le permita instalar sus factorías en las costas del Atlántico, abastecidas con materias primas del Perú, Ecuador y Bolivia, para atacar desde allí el mercado europeo.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - UN PACTO TÁCITO, DOÑA SUSANA Y DOS CHISTES

Francisco Igartua

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la competencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitución dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vienen midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral: Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque –según ellos- es autoritario y eso es lo que necesita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimulada, en un régimen extralegal, sin garantías jurídicas, tremendamente centralista y dominada por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policiaco sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especifico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confusión y dispersión en las filas de los opositores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos integrantes, la estrategia para el triunfo también es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército acomodó con 200 votos por el SI en padrones de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando-, un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mientras que destruirlo o jugar a otras opciones que significarán lo mismo, su destrucción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a constituirse en un grave estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los programas de asistencia y, sobre todo, de desarrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple:

Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mujer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obligan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se excedió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinente arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándose los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a censurar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era proyecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese proyecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destinadas a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamentaria; un derecho que tienen todos los peruanos, desde el presidente de la República hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Víttor -todas ellas comprobadas- y los terrenos del Proyecto Pachacútec, donde este gobierno -este gobierno no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, 'de los que hasta ahora nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí y en el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido Ministro de Vivienda en la época, no se haya enterado de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tienen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del crimen de Barrios Altos -también mencionado por la señora Susana-, y las advertencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como rocas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella- las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de presidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chantaje de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nugent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abiertamente intervinieron en los últimos procesos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas consignadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Penal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL CAPRICHO Y LA PREPOTENCIA NO SON BUENOS GOBERNANTES

Francisco Igartua

Los problemas fronterizos no deben ser politizados. Lo ha dicho con claridad el doctor Javier Pérez de Cuéllar, que de diplomacia algo sabe, y lo mismo ha dado a entender el mandatario Alberto Fujimori. Los dos han hablado racionalmente y ojalá así se tocaran todos los temas de interés nacional: con tino, con buen juicio y sin buscar ventajas personales.

Pero el que no se politice el tema no quiere decir que la prensa de opinión, como es OIGA, se calle y no haga el análisis de lo ocurrido. El público debe estar bien informado sobre nuestra política de fronteras para entender por qué las relaciones exteriores de un país no deben politizarse, no deben ser usadas en beneficio de ningún gobierno en particular -menos en beneficio personal de nadie- y deben ser concretadas con conocimiento de la ciudadanía y con el mayor consenso nacional posible.

Hagamos un poco de historia. Cuando el señor Alberto Fujimori, presidente constitucional en esos momentos, anunció su disposición a solucionar los diferendos con Ecuador, Chile, entredichos subsistentes por negarse estas dos naciones a cumplir tratados aprobados a plenitud por las partes, uno en Río en 1942 y el otro en Lima en 1929.

Fue una obligación aplaudir esa iniciativa e incorporarla a la lista de los aciertos de su régimen. Al contrario mereció ser rechiflado cuando; por capricho, dejó largo tiempo sin embajador a nuestra representación en Brasil. Esa frontera es demasiado importante para que ese país fuera desairado, a causa del disgusto que tuvo Fujimori porque el Congreso baloteó el nombramiento de un amigo suyo, ministro de Alan García, para la embajada en Brasilia. La importancia del asunto era obvia: tanto por la línea fronteriza misma, que es enorme, como por la condición de país garante del Tratado de Río que tiene Brasil.

Resolver las tensiones con Quito y' Santiago era un objetivo casi tan importante como enfrentar con decisión lo que era el problema número uno del país -el terrorismo- y la reincorpora­ción del Perú al mundo financiero internacional. Pero si al decidir esta orientación a nuestra política exterior, que es tarea presidencial, estuvo en lo justo, cometió gravísimo error cuando, con arrogancia y autosuficiencia, puso de lado a los expertos de Torre Tagle y pretendió él, personalmente, realizar las tratativas, con ánimo de lograr en exclusiva la cosecha de los triunfos, que le parecieron tener al alcance de la mano. Viajó tres veces a Ecuador, cayó en el tremendo yerro de aplaudir y abrazar al presidente Durán Ballén que acababa de hablar de diferendo territorial con el Perú. Y peor aún, en un paseo pesquero, se puso a revisar mapas, trazando cambios fronterizos, con su colega ecuatoriano. Toda una serie de idas y venidas en el aire y en falso, que no han servido para nada. Durán BaIlén no ha visitado el Perú y se crearon desmesuradas esperanzas en Quito, con lo que las diferencias con Ecuador se han agravado en lugar de haberse resuelto. Todo por querer el señor Fujimori reemplazar, él solo, a todo el servicio diplomático peruano, que algo conoce del oficio. Quiso dar lecciones de diplomacia a los diplomáticos y salió trasquilado, como está a la vista.

Todo esto lo debe saber la ciudadanía para poder juzgar cuando se ponga a debate nacional -no político- este tema. Le servirá para formarse una opinión ilustrada de los hechos.

Y en cuanto al problema creado por la resistencia chilena a cumplir el Tratado de 1929, hay que decir que ocurrió lo mismo. Unas negociaciones que venían desarrollándose profesionalmente, dirigidas por la Cancillería, desde el gobierno anterior, Fujimori las quiso continuar a su estilo, asumiendo él el comando de la operación. De nuevo puso de lado a Torre Tagle y con un embajador obsecuente y un abogado muy distinguido del foro limeño, especialista en cuestiones tributarias y dilettante en derecho internacional -ignorante, además, de los detalles del conflicto-, quiso resolver el diferendo en secreto, sin informar nada a nadie, ni siquiera a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Prepotentemente, sin debate nacional alguno, creyendo que era fácil rematar el trabajo adelantado por el canciller Allan Wagner, Fujimori hizo concluir las negociaciones y con gran pompa, en uno de los salones más cargados de arañas de cristal de Palacio, con su presencia; para darle mayor seriedad y solemnidad al acto, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y el Perú firmaron las Convenciones de Lima. Para Fujimori se había resuelto el viejo problema de Tacna y Arica y él se coronaba de gloria.

Pero ocurrió que los entendidos en materia de Tratados, los historiadores, los periódicos, las damas de Tacna... encontraron que el Tratado de 1929 había sido saltado a la garrocha por las Convenciones. Estas protestas llegaron al Congreso y ahí se congeló la victoria de Fujimori.

En esos momentos, el Congreso -o sea el propio Fujimori- debió retornar los documentos a Palacio para, por intermedio de Torre Tagle, reiniciar las negociaciones con la Cancillería chilena. Era lo correcto, lo profesional, frente a la mayoritaria oposición ciudadana a las Convenciones. Pero Fujimori insistió en dejar los documentos en el Congreso con ánimo no de convencer al país de las bondades del arreglo sino de esperar el momento oportuno para que su Congreso lo aprobara prepotentemente, entre gallos y medianoche, e imponer al país hechos consumados.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA DIVINIZACIÓN DE LOS RIÑONES

Francisco Igartua

Hace pocos días, en un salón de Lima, escuchaba esta reflexión sobre el Perú actual, dicha en sorna con ánimo de restarle importancia: "Los blancos prefieren a un chino de presidente antes que a un cholo y los cholos lo mismo, antes que a un blanco prefieren a un chino". Añadía: "Y no está mal, porque este país necesita que lo disciplinen, que lo organicen, después ya se verá...". Lo que la bella dama decía, creyéndose Colón, es algo que ya había observado, al nacimiento de los estados americanos, un acucioso francés, Alexis de Tocqueville. Los países de la América española, para Tocqueville, no tenían respeto a la ley ni había sobriedad en sus costumbres, por lo que, disponiendo de las mismas condiciones de prosperidad, no lograrían ser naciones estables, democracias desarrolladas, como lo sería Estados Unidos de América.

Por un lado, voluntarismo, arbitrariedad, prepotencia... y después ya se verá. Un después que nunca ha llegado ni llegará. Porque de la dictadura -que ha sido el sistema más o menos continuado de gobierno en América Latina­ es imposible que surja un orden legal, un estado de derecho, base de todo desarrollo. Para llegar a él se requiere educación democrática, aprendizaje y paciencia, constituirse en pueblo, lograr -en nuestro caso- que los dos Perús, esas "dos razas que esbozan la vuelta al pasado por caminos opuestos, señalando así su inmenso distanciamiento socio-psicológico" -que decía More-, entiendan que los unos no son tan blancos ni los otros tan indios, que "ambos a dos -según sabio decir de un negro viejo- son cholitos, peruanos. Será ese encuentro que avizoró el colónído "Acaso algún día se encuentren -ambas razas- en un punto y ese punto sea el porvenir". La construcción de una nación no es asunto de chinitos ni entorchados con riñones bien puestos.

En el otro lado, al norte, los caudillos de su independencia no se dedicaron a reemplazar en el poder a los virreyes, sino a establecer un orden legal acorde con la realidad que nacía del nuevo estado de cosas. Orden legal con igualdad de mando sobre gobernantes y gobernados. A lo que se añadió educación y costumbres de respeto a la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Así nace la democracia norteamericana y por eso su fortaleza. Cuando la estupidez humana crea en esa nación la segregación de la raza negra, el conflicto no se soluciona subvirtiendo el orden público, proclamando otra constitución, sino incorporando a los negros al orden establecido, extendiendo el estado de derecho a todos los ciudadanos. La ley reina sobre las diferencias internas de esa democracia y es del respeto a la ley que surge su tremendo desarrollo económico, como lo previó con precisión Tocqueville en la tercera década del siglo XIX.

En nuestros lares, exceptuados Chile y Costa Rica, el irrespeto a la leyes lo más frecuente. Cada 'revolución', cada 'Patria nueva', cada 'Nuevo Perú', dicta sus propias leyes que, además, son incumplidas cada vez que el mandón de turno -vestido de frac, de poncho o con charreteras- considere que le han quedado cortas o no le son convenientes. Aquí no manda la ley sino los riñones de quien esté sentado en Palacio. Y así no se hace patria. Así se convierte más en chacra este 'territorio de desconcertadas gentes'.

Desgraciadamente, la historia nada nos enseña. Mejor dicho, me corrijo, nada aprendemos de las enseñanzas de la historia y cuando alguien la recuerda para rechazar, por ejemplo, la violación constitucional del 92, el denunciante resulta condenado por la 'ley' de los golpistas.

La semana pasada, en una reunión pública con los delegados provinciales del Movimiento 13 de Noviembre, organizada para exigir la libertad del general Salinas Sedó y los militares constitucionalistas presos en el Real Felipe, el general Pastor Vives; al agradecer el trabajo de los comités del Movimiento recordó cómo, al producirse el golpe militar del 5 de abril del 92, le vino a la mente un discurso del general Hoyos Rubio, comandante general del Ejército cuando él -Pastor Vives- era flamante coronel. Recordó la invocación del general Hoyos Rubio, que había sido uno de los conspiradores en el golpe de Velasco, haciéndoles reflexionar a los oficiales para que nunca más se dejaran ilusionar con las salvaciones a la patria. De esos pronunciamientos -decía Hoyos- la patria no se salva y sí queda vulnerada la unidad de los militares.

De allí comenzó, explicó Pastor Vives, nuestra inquietud para que el país volviera al orden constitucional, para que no siguiera el Ejército contribuyendo al desorden de la República y debilitándose como institución...

Esa enseñanza dictada por el general Hoyos Rubio, nacida de una trágica experiencia para el país, vivida muy directamente por él, algún efecto tuvo. Lo comprobé en los labios del general Pastor y lo estoy observando en la entereza moral del general Salinas, encarcelado en el Real Felipe con ocho de los suyos. Sin embargo, pareciera que, por algún malvado designio del destino, estuviéramos condenados a nunca aprender las lecciones de la historia y que la saña se agregue al castigo injusto dado a los que osan escuchar sus mandatos.

Mucho se me queda en el tintero sobre el destino fatal del Perú. No por obra del destino, en verdad, sino de nuestro ancestral desapego a la ley, a nuestro desconocimiento de lo que es el orden y, sobre todo, a la divinización de los riñones. De los riñones de los que están arriba y no de los que se alzan con valor moral contra la subversión del orden legal y moral cometida por los gobernantes. Por algo somos el pueblo más maleducado del mundo. El mal ejemplo viene de arriba.