FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De Brecht a la modernidad – Revista Oiga 28/03/1994

Como en la archiconocida y millones de veces citada conseja de Bertolt Brecht -también siempre olvidada en el momento oportuno-, el alcalde de Lima, Ricardo Belmont, acaba de descubrir que el gobierno de Fujimori es una autocracia, una dictadura, que ha disuelto, con violencia y con engaños, las instituciones nacionales; encade­nando a los municipios -que son el em­brión de la vida democrática- al capri­cho del Poder Ejecutivo.

Olvida Belmont que el 5 de abril de 1992, el día del golpe militar con Fujimori de mascarón de proa, él se negó a condenar lo que ese día ocurrió. No atinó a convocar al pueblo, no se alzó en representación de sus votantes, no quiso sentir los calores de la indignación en defensa de la democracia y de la volun­tad ciudadana expresada en las urnas. Se negó a considerar que el Poder Le­gislativo, aparte de la cuestión adjetiva de los sueldos, no puede corromper ni ser corrompido por nadie si no es en complicidad con el Ejecutivo. Tampoco quiso admitir que no es despachando a sus casas a los jueces, con una bayoneta en la espalda, como se podía corregir las corruptelas de la Justicia. “El golpe -pensó como los personajes de Brecht- va contra el Parlamento y el Poder Ju­dicial. No vendrán por mí”. Y se calló. Calló durante muchos días. Hasta el 23 de abril, fecha en la que ya todas las instituciones con un poco de rubor en la cara habían protestado por la violenta, inconsulta, inexplicable e innecesaria in­terrupción del orden democrático y constitucional. Ese día, cuando hasta ‘Expreso’ -el vocero más descarado del régimen de la ‘reconstrucción nacional’- había expresado su repudio formal al golpe de Estado, también Belmont pu­blicó su propio y débil comunicado de rechazo a la ruptura del orden constitu­cional. El 23 de abril estaba probado que no era peligroso hacerlo, pero –‘por siaca, hermanón’- no dejó de añadir esperanzas de que pronto se restablece­ría el orden conculcado, bajo la sabia dirección, claro está, del señor Fujimori; “creyendo, como miles de peruanos, que el gobierno buscaba el bienestar del Perú”.

No se -dio cuenta Belmont, igual que los personajes de Brecht, que el Parla­mento era una institución, como los municipios, con el mismo respaldo electoral que él y que Fujimori; y que las democracias dejan de ser lo que son, mueren, cuando se rompe el equilibrio entre las instituciones libremente elegi­das. No quiso entender Belmont que, aceptando el empleo de la fuerza militar contra una de ellas, daba permiso para que todas fueran violadas.

Hoy, Belmont llora porque la viola­ción ya lo alcanzó. Llora y llora... pero es tarde. No tiene quien lo ampare. Y lo triste es que le asiste toda la razón en sus lamentaciones. Es verdad, es cierto, que los municipios, como instituciones representativas de las comunidades ciuda­danas, han sido atropellados tanto por la constitución fujimorista -que no fija, como la anterior, lo que son bienes y rentas de las alcaldías-, como por la autocracia fujimorista. El decreto legis­lativo Nº 776, con el pretexto de repartir equitativamente los fondos municipales, establece una inaceptable dependencia de todas las alcaldías del Perú al Poder Ejecutivo, amén de dejar en la inopia al municipio de Lima. Es el retomo al centralismo, quién sabe el mayor de los males que ha sufrido este país, centrali­zado por los Incas, por los virreyes y por los presidentes, muchos de ellos prede­cesores autocráticos de Fujimori. Se trata de un cáncer casi congénito del que, con gran dificultad, íbamos salien­do poco a poco. El decreto legislativo 776 significa, en asuntos municipales, volver a hacer de Lima, del Palacio de Pizarro, la Corte de un Virreinato. Esta vez no con virreyes en lo alto sino con un jefe de Estado que, al parecer, quisiera aproximarse al modelo cultural que Asia está oponiendo a la democracia europea que los Estados Unidos tratan de impo­ner en el mundo. El premier japonés, Morihiro Hosokawa, ha dicho con descamada claridad, frente a las tiranteces entre China y Corea del Norte con Esta­dos Unidos, que el concepto occidental de derechos humanos no debe ser apli­cado ciegamente a todas las naciones. “No es correcto imponerle una demo­cracia de tipo occidental, o europeo, a los demás”, precisó Hosokawa en Bei­jing. ¿Cómo será la democracia asiática? Se parecerá a la idea suche de Kim II Sung o al régimen de ‘reconstrucción nacional’ de Fujimori? Peor aún: ¿por qué los derechos humanos no pueden ser iguales para todos los hombres?

Hace muy bien Ricardo Belmont, aunque tarde, en alzar la voz, haciendo ver las entrañas autocráticas del régimen surgido del golpe militar del 5 de abril de 1992 y del celestinaje de la OEA.

Pero Belmont no está solo. Lo acom­paña en descubrir, recién hoy, que el gobierno de Fujimori es una dictadura, el ex ministro de Economía, el 'preferido' de Fujimori: el vehemente Carlos Boloña. Aunque no son iguales las reacciones de Belmont y Boloña. En éste, el resen­timiento es mayor. Estuvo mucho más cerca de Fujimori. Y sus desahogos son en público y en la intimidad. Se duele -y se duele mucho- por no haber seguido el consejo de los amigos que lo instaban a renunciar el 5 de abril del 92. Pero su mujer le dijo: Fujimori te quiere.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Un huaico contra la libertad de prensa – Revista Oiga 28/03/1994

En los últimos meses la atención de todas las administraciones de las empresas periodísticas -todas, salvo excepciones contadísimas que confirman la situación general- han estado y están obsesionadas con el IGV, impuesto a las ventas que, en el caso de la prensa escrita, tiene como intermediarios con el público -que es al que va dirigido el IGV- a los canillitas, a los puesteros, a los más informales de los trabajadores informales, en realidad vendedores volátiles, nómadas de la ciudad, a los que es imposible trasladarles, el cobro del impuesto y que, además, por su trabajo, cobran un porcentaje so­bre el precio de tapa, no sobre la factura -que no hay ni pueda haberla- de la empresa.

Como se ve, no hay impuesto más antitécnico que el IGV a la venta de dia­rios y revistas. Son el único producto que llega al público no por medio de un tendero sino por la mágica y nada técni­ca alfombra de los canillitas. ¿Cómo ha­cer para introducir en el mundo de la facturación a estas mágicas alfombras sin cara conocida, de padres imprecisos, pero con la fuerza suficiente para hacer valer su contrato (no escrito) de porcen­taje sobre el precio de tapa? Sin canilli­tas no hay venta de periódicos ni revis­tas. (En los países muy desarrollados las máquinas los reemplazan y sus sistemas de producción le han quitado encanto a este arte y oficio que es el periodismo, transformándolo en fábrica de noticias y comentarios. Nosotros, por fortuna en estos casos, todavía no somos desarro­llados y aún pueblan nuestras calles esos simpáticos personajes trashumantes que llamamos canillitas).

Pero no sólo antitécnico es el IGV a la venta de periódicos, también es una aberración, porque contra lo que pien­san los ortodoxos, los fanáticos, los poseídos por el liberalismo, todas las reglas hechas por el hombre -y la ciencia eco­nómica es humana, además de inexac­ta- tiene excepciones que, precisamente, confirman la regla. En este paso, la regla de que no debe haber excepciones en materia de impuestos. Regla correcta, justa, ordenadora. Sin embargo, siendo el IGV un impuesto que va dirigido al consumidor y que, por lo tanto, aumen­ta directamente el precio de los produc­tos ¿por qué no será posible, como mí­nimo gesto de solidaridad humana y más cuando el IGV es del 18% como en el Perú, que se haga excepción con las medicinas? Dirán los fanáticos, los pose­sos, que así también se beneficia a los ricos. Pero ¿cuántos son los ricos y en cuánto se benefician con un descuento del 18% en las medicinas? Porcentaje que sí muchísimos pobres no pueden cubrir y por lo que no podrán tomar la medicina que los libre de la enfermedad y de la muerte.

Pero no quiero hacer de esta nota un lamento fúnebre. Volveré, pues, al ini­cio de estas líneas y aclararé que las circunstancias me obligan en estos días a ocuparme de los menesteres adminis­trativos de la empresa, a pesar de lo que muchas veces he dicho: que a mí me administran, que siempre me han administrado. Lo que es cierto. Aunque sin que haya podido librarme de ingresar algunas veces a estos enredosos terre­nos.

Fue esta la razón por la que la sema­na pasada tuve que asistir a una reunión con el señor Alfredo Jalille, el hombre del Tesoro, en la que estuvieron presen­tes y participaron los representantes de todos los medios de prensa de Lima, salvo dos o tres excepciones que uno de los asistentes explicó puntualizando que esos diarios, igual que la TV, reciben de la Sunat suficientes avisos pagados para luego cubrir sus cargas tributarias, sin verse, como todos los demás, en situa­ción de quiebra.

Para que no hubiera malentendidos en la reunión y para que estos asuntos sean transparentes, escribí unos apuntes que ahí, en el ministerio de Economía, leí y que aquí reproduzco:

Para que no se me escape la len­gua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para ha­blar, voy a leer estas notas, escritas a vuela lápiz:

Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra geren­ta- ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para lle­gar a acuerdos que no conozco, por­que a esas reuniones OIGA no fue invitada.

Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el im­puesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas.

Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívi­ca, lo primero que debe hacer es pro­piciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los perió­dicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países em­brionarios como el nuestro.

Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado, en setiembre, en Berlín, que “el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos, que elevan el precio de los periódicos a niveles que los aleja del público”.

El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holan­da, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los perió­dicos tienen subvención estatal.

Ningún otro país en el mundo, a excepción del Chile de Pinochet, se carga con 18% la venta de periódicos y revistas; o sea la difusión de la lectu­ra. (Un reciente intento de hacer lo mismo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búl­gara). Por algo están comenzando las protestas en Chile democrático. A pe­sar que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotati­vas. Eso lo sabe bien el presidente del Congreso, el señor Yoshiyama.

El 18% de IGV es una carga más que injusta, es discriminatoria si nos comparamos con la televisión o la ra­dio, que difunden sus mensajes y sus informaciones sin pagar IGV. ¿Por qué ocurre tamaño despropósito? ¿Por qué esa misma difusión, libre de impues­tos en la TV, ha de pagar 18% de IGV cuando se hace por escrito y alienta la lectura del pueblo?

Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntua­lizar que la situación de OIGA, al te­ner una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son muchos menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candi­dato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y ab­surda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invita­do.

Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato pu­blicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastar­nos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa.

La buena voluntad expresada por el señor Jalilie y otros representantes del gobierno, hacen pensar que habrá solu­ción a esta injustísima situación.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Está a la vista – Revista Oiga 14/03/1994

Pobre, muy pobre es la explicación que dan los miembros de la oposición en el CCD para justificar su presencia en ese Parlamento, adorno democrático del régimen. Alegan que no se ganaría nada si ellos se retiran del Congreso, dejando a Fujimori solo en la cancha, con la pelo­ta en los pies, sin juego, porque los accesitarios están alertas para reempla­zar a cualquier renunciante. Dicen que los accesitarios no duermen a la espera de cualquier renuncia, listos a ocupar la curul que no alcanzaron por unos pocos votos de diferencia. ¡Pobre Perú es el que nos muestran estos opositores sin talento y sin coraje! ¡No se atreven a dar, con audacia, el gran paso -a la vez que el único, eficaz- para dejar sin más­cara democrática al fujimorismo, por­que detrás de cada hombre hay –dicen- un reemplazo, un accesitario, más infe­liz que ellos!

No responden al fondo del asunto. Esquivan el golpe escudándose en que hay la posibilidad de que las cosas em­peoren por culpa de unos desconocidos que ellos describen como voraces por el puesto y por los emolumentos que lo acompañan. (Emolumentos mucho, muchísimo más copiosos que los del Parlamento disuelto por el golpe mili­tar). E insisten en no explicar, racional­mente, por qué permanecen en el CCD a sabiendas de que allí sirven al gobierno y no a la oposición. Los miembros de la oposición en el CCD saben que su pre­sencia y participación en los debates parlamentarios es hacerle el juego al gobierno; es darle vida al disfraz demo­crático del régimen; es convalidar todos y cada uno de los atropellos que allí se consagran; y, sobre todo, es darle una máscara para engañar a quienes lo observan desde el exterior.

Los cecedistas de la oposición, por ejemplo, nada tienen que hacer en el debate electoral. No está en sus manos nada que signifique garantía de eleccio­nes limpias para el próximo año. Sea cual sea él estatuto electoral que salga del CCD, el gobierno no lo cumplirá en lo que no sea de su conveniencia; como no cumplió, en el referido y en la elección del CCD, ninguna de las nor­mas que no le agradaban de la ley electoral vigente en esas fechas. Será inútil cualquier estatuto -hecho por Siura o por la oposición-, porque será acatado sólo en lo que al gobierno se le antoje cumplir. También, igual que ayer, la Fuerza Armada -controlada por la cúpula que gobierna- seguirá actuando como partido político del ré­gimen, escudada esta vez en "la guerra contra la pobreza", que es, coincidentemente, la bandera electoral de Fuji­mori. Y no igual, sino más que ayer, las arcas fiscales estarán al servicio de los intereses electorales del gobierno.

Sin embargo, y aquí llegamos al tema de fondo y al fondo del problema, el gobierno no sólo no es ganador antici­pado sino que no ganará las elecciones. Esto, a pesar del apoyo militar, del saqueo de los presupuestos del Estado -destinado a comprar votos- y de la imagen democrática que el inútil debate electoral le está obsequiando. El gobier­no podrá reírse y se reirá de todas las normas y leyes electorales, pero lo que no podrá es evitar las elecciones. Tampoco podrá postergarlas. El gobierno está condenado a realizar elecciones y a realizarlas en la fecha señalada. No tiene escapatoria. Hay compromisos internacionales que lo tienen atado, que lo obligan. Y en los procesos electora­les se pueden hacer muchas trampas, menos una: alterar el resultado del conteo de los votos cuando ese conteo se hace en mesa, ante los personeros de los candidatos, con copia del acta para cada uno de los participantes. A lo que hay que añadir tinta indeleble y depuración de padrones. Esto es lo único que hay que vigilar. Y la vigilancia se puede hacer desde la calle. El resto del debate es puro engaño, fuegos fa­tuos, éter, adormidera y, sobre todo, obsequio que la oposición le hace al régimen de un disfraz democrático.

De todos modos habrá, pues, elec­ciones y en esas elecciones el gobierno hará todas las trampas ya señaladas. Pero no ganará. Porque lo que no po­drá hacer, repito, es manipular los resultados. Ya que si se llegara al impensado extremo de variar las reglas del recuento en mesa, habría que dejar que Fujimori compitiera con su sombra, sin contrincantes, igual que Odría. Y eso, democráticamente, también es perder.

Si algo puede hacer la oposición cecedista para colaborar en la derrota electoral de la dictadura encubierta que nos impuso el golpe militar del 92 y que el 95 intenta perpetuarse con la reelec­ción, no es permaneciendo en el he­miciclo sino, al revés, saliéndose de él y dejando a los gobiernistas sin juego: correteando solos por la cancha, bus­cando competidores, peleando contra el viento, desesperándose con los exabruptos que le soplan desde lo alto a Martha Chávez. (Por último, no necesi­tarían los opositores del CCD renunciar a la curul, ni siquiera a la tesorería, si es que saben montar una huelga inteli­gente; aunque así quedarían a la altura en que ellos ponen a los accesitarios)

-Pero ¿y el candidato?

Preguntarán algunos pragmáticos de este bando, que quieren saber si hay agua en la piscina.

-¿Qué, están ciegos? Acaso no está ya a la vista.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - Cuando la irracionalidad impera – Revista Oiga 7/03/1994

ROSTROS alegres, pal­moteos, risotadas. Hay olor y sabor a triunfo en el ambiente. Y no es pa­ra menos.

—¡Dos mil dos millo­nes de dólares, con ya­pa de algunos miles!

Todo el oro del mundo, el cuarto del rescate de Atahualpa, dos tercios de las exportaciones peruanas van a ingresar en un día a las arcas nacionales. Cómo no va a haber caras de fiesta si los españoles han saldado su cuenta de cinco siglos, sin pestañar, sin mostrar el entre­cejo. ¡Dos mil dos millones de dólares! que aunque sirvan sólo para ayudar a la reelección de Fujimori con caminos, con agua y desagüe, con puestos de trabajo en las barriadas y en los pueblos perdi­dos del Perú deben ser bienvenidos. ¿Por qué nos ha de preocupar que a la Telefónica Española se le haya roto la máquina de calcular y termine pagándo­nos el oro y la plata que otros y no los conquistadores se llevaron, ya que todos ellos —casi todos— en estas tierras deja­ron sus huesos y sus escasas fortunas?

Sin embargo, entre el regocijo tam­bién se escucha:

—Ahora sí, se acabó la cantaleta de La Cantuta...

Y la irracionalidad, que se siente vic­toriosa, da rienda suelta a sus bárbaros instintos. Los muertos bien muertos están “porque eran senderistas”.

—¿Quién te lo dijo?

Pronto se hace inútil el diálogo. No hay argumento que valga frente a los dos mil millones de dólares. A punta de billetes quedan derrotadas las razones de los que, festejando el éxito económi­co de una licitación limpiamente condu­cida, siguen entendiendo que el caso de La Cantuta acusa al régimen de encubri­dor y cómplice en los crímenes cometi­dos por las fuerzas del orden contra los derechos humanos. Así como el caso `Vaticano' acusa al gobierno de querer ocultar los enlaces del narcotráfico con los altos mandos de las Fuerzas Arma­das; con los capos de esas Fuerzas, ya que a capitanes y coroneles les sería imposible silenciar a ‘Vaticano’. Y a ‘Vaticano’ lo han callado y sepultado en prisión con la misma prepotencia con que se dictó la ley Cantuta, humillando al llamado Poder Judicial y dejando esta­blecido que en el Perú de hoy no hay seguridad jurídica, que el Perú de hoy está sometido a la voluntad de una cú­pula militar coludida con Fujimori y tam­bién, al parecer, con algunos empresa­rios que entienden buen gobierno con buenos negocios y creen que Pinochet es el modelo a seguir, desconociendo, por un lado, las realidades de Chile y el Perú y, por otro, ignorando que orden significa acatamiento a la ley de gober­nantes y gobernados y no imposición de los primeros, como si fueran capataces de forzados.

Este es el hecho político que vive la República, un hecho bochornoso que nos descalifica moral y jurídicamente ante el mundo; y que, si usamos la razón y no los instintos cavernarios que todo hombre lleva dentro, no puede ser bo­rrado por el hecho económico del mo­mento: el feliz resultado de una ‘privati­zación’ impecable, a la que se añadió un impensado sobreprecio que nos hará sentirnos ricos por un tiempo, que ojalá sea largo y de siembra y no de despilfa­rro. Que el viento no se lleve a los dóla­res telefónicos como a aquellos “¡Ay! mis cabellicos, maire, que uno a uno se los lleva el aire" o como a los ingresos del guano, del caucho...

Pero el desorden argumental —don­de los millones de dólares pesan más que la razón— no sólo se da en el debate entre el gobierno y sus adversarios. Parecido desorden se da dentro de las filas de la oposición. Y en este punto me permitiré discrepar de las razones ex­puestas en defensa de la presencia opo­sitora en el Congreso ‘Democrático’ por un hombre de intachable conducta cívi­ca, Henry Pease.

Dice Pease, con mucha razón, que el CCD ha perdido legitimidad porque ha roto sus propias reglas, pero añade, sin razón alguna, que él y sus colegas oposi­tores se quedan en ese ilegítimo Parla­mento para pelear y demostrarle al país “lo que este gobierno es, lo que este Congreso es”.

No, amigo Pease, no hay sensatez ni realismo en su argumento. Permítame que le diga, con muchísimo respeto a su persistente honorabilidad, que usted está profundamente equivocado. Para lo único que sirve la presencia de la oposición en el CCD es para darle una máscara de legitimidad al gobierno. Sin embargo, si de ese Congreso se salieran los miembros más significativos de la oposición, entonces sí quedaría al des­cubierto lo que es el régimen cívico-militar impuesto al país el año 92 por una cúpula militar. Fujimori se quedaría sin máscara y veríamos en su rostro el ros­tro de Nicola di Bari.

Acepto que pudo haber sido discutible el que la oposición participara en las elecciones de la Constituyente, a pesar de que, según lo indicaba la experiencia, era insensato —en el orden práctico—pretender competir con el golpismo re­cién triunfante y dueño del ánimo públi­co, del aparato de propaganda... y de las armas. Pero hoy, repasando los hechos producidos desde entonces, no hay posi­bilidad de discusión alguna. El CCD fue convocado para engañar a la comunidad internacional y lograr uno de los grandes propósitos del golpe: darle apariencia legal a la reelección del presidente en ejercicio, dispositivo con nefastos antecedentes en nuestra historia. Y el resul­tado ha sido una Constitución que no tiene otra novedad que la reelección. ¿Para qué sirvió, pues, la presencia de la oposición en el debate constitucional sino para darle cierta legalidad a la reelección, el objetivo principal de esa revolución de 20 años de la que se jacta­ba Fujimori el 5 de abril del 92?

Oportunidades para que la oposición se retire del CCD han sobrado. Pudo hacerlo cuando el general Nicola di Bari sacó los tanques a las calles para que el Congreso callara y el Congreso calló, sin dar la cara por sus fueros, probando que su tarea es estar pintado en la pa­red, como decorado democrático del señor Fujimori. Pudo retirarse cuando se avasalló a los municipios anulándoles su autonomía. Y debió retirarse hace pocas semanas cuando, con la ley Can­tuta, quedó probado que, hoy en el Pe­rú, la seguridad jurídica es un hechizo y que el mando de la República está en manos de la cúpula que domina los cuar­teles. Quedándose en el Parlamento, la oposición cumple el triste papel de ava­ladora, de Celestina, de una legitimidad que nunca tuvo este régimen. La oposi­ción en el Parlamento es la máscara ‘democrática’ del señor Fujimori.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Las bayonetas comenzaron a entrar en las carnes – Revista Oiga 14/02/1994

Ocurrió lo que estaba previsto. De un momen­to a otro el decorado seudodemocrático del régimen fujimorista se vino abajo y ha quedado al descubierto, íntegra, toda la tramoya. En un rincón, los innu­merables disfraces del títere mayor: som­breros huancas, tiaras shipibas, ponchos cusqueños, varas de mando, guirnaldas, espadines, cintas de seda, coronas de laurel, todos los trastos que se pone enci­ma Alberto Fujimori para parecer simpáti­co y cumplir las tareas de relaciones públi­cas que le encomienda el comando mili­tar. Al otro lado; el Comando, con los rostros encapuchados. Sólo uno muestra la cara: Nicola di Bari. Es el Comando sin rostro el que da las órdenes. Alberto Fuji­mori, como un fantoche, se pasea por el desnudo escenario, entre las cuerdas de la tramoya, tropezándose con las cortinas del decorado tiradas por el suelo; mien­tras los ministros, que siempre han actua­do entre el decorado y el público, miran desconcertados el desconocido interior del escenario. Salvo alguno que otro, cómplice de los encapuchados, conoce­dor a fondo de los recovecos de la tramoya. También hay cómplices en la platea y en los palcos, pero nadie los conoce.

En el borde derecho, bajo el telón de boca, está el coro, compuesto por los congresistas de la mayoría, listos a cantar la canción que les ordene la marioneta que mueven los militares sin rostro. Los miembros de la minoría, en repliegue táctico, se han retirado y se fortifican en la tesorería del Congreso.

Este es el cuadro vivo de la actualidad política peruana. Es la realidad puesta al descubierto en momento insospechado y de gran desconcierto para quienes ignoran las lecciones de la historia y creen que los logros económicos todo lo justifican; para quienes no entienden que igual que los edificios, la obra política-social-econó­mica requiere cimientos sólidos, o sea orden jurídico, democracia y no bayone­tas con voz de mando. Las bayonetas no sirven de cimiento y mucho menos de asiento, que es lo que hizo Fujimori al ser elegido: sentarse en ellas. Más temprano que tarde, lo dice la historia, las bayonetas perforan los fundillos y penetran en las carnes. La caída del telón, la quitada de máscara, tenía que ocurrir porque la farsa democrática, montada por Boloña y el empresariado nacional, con el celestinaje de Baena, Gros Espiell y Einaudi, no podía engañar a todos todo el tiempo.

Lo que ahora se ha puesto en evidencia es bastante más que la abusiva decisión de ocultar las responsabilidades castren­ses en los crímenes de La Cantuta y en el narcotráfico. Con la ley que interfiere la contienda de competencias, aprobada a media noche y con la grosera ventaja de una sola cámara, ya nadie sé puede seguir chupando el dedo: el régimen peruano es una dictadura militar y lo viene siendo, abiertamente por lo menos, desde el 5 de abril de 1992. Quienes no admiten esta verdad, o pecan de inocentes o son pillos redomados. Aquí no caben términos me­dios. Se está con la dictadura o contra ella; y los despistados son de verdad o de mentirijilla, no puede haberlos de mitad mitad. También ya se hizo evidente que el llamado presidente Fujimori no pasa de ser un pelele al servicio de ese desconoci­do gobierno militar. Hoy van abundando los que descubren que el ‘presidente’ no gobierna, que su labor principal es de relacionista público, de folclórico candida­to de los cuarteles. Por eso es que vaga por toda la República como un Papá Noel, mientras los ministros no logran entender por qué no hay Consejo de Gobierno. No logran entenderlo, pero se lo callan y siguen de ministros.

Visto así el panorama y, más aún, con­vencidos como estamos de que Fujimori, desde que salió elegido, es un prisionero político de los militares, resultaban dándo­nos vergüenza ajena los reclamos que se le estuvieron haciendo para que no pro­mulgara la ley, poniéndolo como árbitro de una situación en la que su papel había sido cumplir la orden de organizar la vota­ción del CCD a favor del reclamo militar. Por algo el ministro de Salud acudió al Congreso con el voto de consigna en el bolsillo. ¿Y qué decir de las candorosas esperanzas de los que soñaron con un gesto altivo de la Corte Suprema?

En esta casa en ningún momento se dudó que Fujimori promulgaría la ley —salvo que el SIN tuviera alguna sibilina jugada bajo la manga— y que la Suprema la acataría sin importarle cubrirse de oprobio. Hoy rige en él Perú la ley de la selva. Les basta a los militares, por inter­medio de Fujimori, instar al Congreso, cómodamente reducido a una sola Asam­blea, para que dicte la ley que les venga en gana y ésta será rápidamente promulgada en Palacio y acatada por la Suprema, aunque se trate de otra aberración jurídi­ca y constitucional. Ahora acaba de pa­sarse el caso de La Cantuta al Tribunal Militar, mañana podrá —como ha dicho el doctor Avendaño— corregirse arbitraria­mente la norma electoral, o declarar nula, por ejemplo, cualquier disposición legal otorgando ventajas de zona franca a una inversión pesquera o minera. Lo pequeño y lo grande, todo lo puede el CCD. El abuso y el capricho, la prepotencia legici­da, han quedado consagrados como el nuevo orden jurídico de la República. La Constitución, aún esa pobre constituta que se ha dado el régimen, para nada sirve. ¿Qué más se necesita para llamar dictadura a este gobierno?

Pero seamos nosotros, no la adminis­tración norteamericana, los que hagamos la crítica y propongamos soluciones. La intromisión yanqui en los asuntos inter­nos del Perú es una impertinencia. Y ese error comete el Departamento de Estado al juzgar públicamente cuestiones inter­nas de nuestra Justicia y al dictamos lo que debemos hacer. Lo que no quiere decir que si los Estados Unidos, en su fuero interno, opinan que la democracia es burlada en nuestro país, no puedan suspender los préstamos y ayudas que tengan programados para el Perú. Estarían en su legítimo derecho. Derecho del que debieran hacer uso para vetar la pre­sencia de un golpista como Fujimori en las reuniones de la OEA posteriores al 5 de abril del 92. De esas reuniones, auspicia­das por los Estados Unidos, es que salió premiado, con la continuación en la presi­dencia, un auténtico burlador de la democracia.