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Canta claro
por FRANCISCO IGARTUA
Algo, que añadir al caso Cipriani
la
libertad de expresión y La Cantuta
Hace unos días volví de un viaje,
ni corto ni largo, por el llamado (con razón) mundo desarrollado. Y la primera
impresión que me asaltó al llegar fue la pobreza y desorden de nuestro primer
aeropuerto, con la cara apenas lavada con pintura de gato, para hundirme de
inmediato en la suciedad y el caos, en el infernal tráfago limeño, en la ciudad
que un periodista español llamó sin exagerar “la Calcuta de Sudamérica":
combis sobrevivientes envueltas en una nube de humo, gritos, bocinazos, autos
que quieren adelantar a otros saliéndose de pistas que parecen terreno lunar...
Pero peor aún fue horas después, al despertar y leer el periódico y prender la
televisión para ponerme al día. Las mismas y diminutas miserias de siempre,
pequeñeces que empequeñecen el panorama nacional, aunque también sean retrato
de nuestra destartalada realidad.
Lo que sí no sospeché es que, dos
días más tarde, estas diminutas pequeñeces llegarían al extremo grotesco de ver
al arzobispo de Lima involucrado en los crímenes de La Cantuta, por lo que el
ex ministro Bustamante dice haber oído decir a Montesinos.
Sin duda fantasías, pues no
resulta coherente que un militar se niegue a cumplir, por razones religiosas,
la orden superior de lanzar al mar a los muertos; luego consulte con el obispo
de Ayacucho, quien le recomienda denunciar el hecho, avisar a las familias y
enterrarlos cristianamente; y termine descuartizando los cadáveres.
Pero este "culebrón",
que ha dejado estupefacto al país, no apareció sorpresivamente. Tiene antecedentes.
El último lo leí esa madrugada a mi regreso al país. En primera página, con
grandes titulares un obispo desmentía al obispo de Lima, afirmando que la
Iglesia respeta la independencia del Poder Judicial. Lo que me hizo pensar que
monseñor Cipriani, habituado a los deslices verbales, había intentado ejercer
su influencia sacerdotal para obligar a los jueces a variar un fallo. Hecho que
sin duda sería reprobable. Pero no era así la cosa. El arzobispo Cipriani, al
margen de su filiación y de que no sea (como el Opus) bien visto por muchos,
había simplemente expresado su simpatía por el señor Chumpitaz y reclamado, con
el ánimo de paz, justicia y perdón que predica el último mensaje papal, un
pronto fallo para que concluya el calvario que está sufriendo nuestro gran
futbolista por una falta que no llega siquiera a pecata minutia. ¿Existirá un
país en el que los partidos políticos (y Montesinos era figura preponderante
del fujimorismo) no financien la incorporación de celebridades en sus listas
electorales?
Se trata, en lo referente a monseñor,
de una opinión sobre excesos legales que yo y muchos peruanos compartimos y que
no es interferencia alguna en el lento proceso judicial que se les sigue a
Chumpitaz y a otros. Lo que sí resulta intento de interferir en la libertad de
expresión ciudadana es el tono amenazante empleado por algunos jueces y
fiscales para replicar al opinante. Pues así como el Poder Judicial tiene su
jurisdicción, que nadie pone en entredicho, los ciudadanos tenemos el derecho
constitucional a opinar como nos dé la gana sobre cualquiera de los poderes del
Estado. Eso es democracia, ya que sin libertad de expresión aquella resultaría
siendo una farsa.
Es de esperar que la citación
judicial hecha a monseñor Cipriani nada tenga que ver con esas amenazas, aunque
no deje de extrañar que, justo ahora, vuelva a tocarse el tema de los delitos
de lesa humanidad cometidos por Fujimori. Y que la acusación al ex presidente
vuelva a plantearse, como antes, sin seriedad alguna. Sin ánimo de usar las
pruebas reales que lo condenan.
Así como el Poder Judicial se
interesa, de acuerdo a ley, por investigar lo que un testigo dice sobre una
presunta participación indirecta del arzobispo de Lima en los asesinatos de La
Cantuta, yo vuelvo a hacer, por enésima vez, la siguiente pregunta: ¿Por qué el
gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial no toman en cuenta las pruebas que sí
evidencian la culpa de Fujimori en esos crímenes?... Lo hago porque, sin tomar
en cuenta esas probanzas, la acusación montada contra él por delitos de lesa
humanidad es puro fuego de artificios judiciales, en los que se ha envuelto a
monseñor Cipriani. Se trata de pruebas que he exhibido hasta el cansancio,
inútilmente, y que he entregado a políticos y funcionarios judiciales, también
en vano. Se trata de pruebas reales, firmadas, que el Poder Judicial no toma en
cuenta.
Son tres documentos firmados por
Fujimori insistiendo en un mismo mes (julio de 1991) para que fueran ascendidos
todos (con jefes y pichilingues y rivas incluidos) los miembros del llamado después
Grupo Colina, por "trabajos especiales" realizados en las
universidades del país. Esto ocurría poco después de que fueran asesinados 61
estudiantes de la Universidad de Huancayo, asesinatos que sí son vinculantes,
hasta para un lego en derecho, con los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
Son documentos bastante más elocuentes de lo que pueda decir sobre La Cantuta
el arzobispo Cipriani, a quien sorprendentemente se le ha citado como testigo
luego de opinar a favor de Chumpitaz ¿Quién protege a Fujimori y por qué lo
hace?
Fuente:
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
Diario CORREO, 31 de agosto de 2002
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