El PERU Y SU DESTINO por Francisco Igartua - Revista IDEELE - Instituto de Defensa Legal

Me pide ideele que responda un largo rosario de preguntas en cuatro o cinco cuartillas. O sea, me pide un milagro; no sólo por el cúmulo de interrogantes, sino por el tema que éstas abordan: razón de ser y destino del Perú. Una tarea que le costó toda una vida a Jorge Basadre, debo yo concretarla, a la carrera, en unos cuantos párrafos... Y como a la inconsciencia le está permitida todo, acepto el reto. Comenzaré por el nacimiento del Perú como república.

Se dice con suficiencia doctoral que la pobre existencia del Perú y de los demás países latinoamericanos se debe a que no fuimos colonizados por los sajones protestantes sino por los católicos españoles. De ahí –afirman estos sabios profesores universitarios nórdicos–, de ese punto de partida, resultamos siendo lo que somos: países margi­nales.

Y el hecho es irrefutable si no se entra al meollo del asunto. Es cierto que Inglaterra y el protestantismo colonizaron los Estados Unidos y que su costa atlántica fue refugio del excedente poblacional del otro lado del océano. También es verdad que esos colonos con nivel cultural relativamente alto gozaron de reglas económicas liberales y que Inglaterra tuvo a los Estados Unidos como una especie de extensión de las islas británicas, donde se invertía y donde se permitía el intercambio comercial con el mundo.

Pero ocurre, a la vista de cualquier observador desapasionado, que la comparación es impertinente y racista. Por lo tanto, España no colonizó América: la conquistó y la convirtió en territorios productores de riqueza para la metrópoli. A América no se trasladaron colonos sino soldados y funcionarios españoles. España no tenía entonces, luego de guerras sin fin, y con sus tercios ocupando Europa, excedente para exportar. El único proyecto colonizador que hubo en la América española es el de las misiones jesuitas en Paraguay, una colonización no hecha por blancos que desplazaban a los indígenas sino por indígenas guiados por unos cuantos frailes.

La presencia de España y Portugal en América no fue colonizadora –en el sentido que le estoy dando a la palabra–; fue parecida a la de Inglaterra en la India y África... ¿Y qué es lo que vemos ante nuestros ojos? ¿Qué queda en limpio de la presencia inglesa en esas tierras?... En este terreno, colocados así en situaciones similares, es que cabría hacer la comparación; y no será España, por supuesto, ni el moreno mundo latino, los que salgan mal parados de ella.

Producto de ese sistema virreinal español es el Perú republicano, y de ese Perú es del que debemos dar cuenta los peruanos, los habitantes de una república que nació con la independencia, pues nuestro pasado precolombino se quedó olvidado y escondido en las inmensidades del Ande y nunca tuvo –ni tiene ahora que va bajando de las alturas– arte ni parte, como no sea derramar su sangre en los muchos desastres y pocos aciertos del Perú republicano. Este Perú que va en camino de hacerse nación y cuya razón de ser, paradojalmente, más tiene que ver con su pospuesto pasado indígena que con la Lima virreinal. Un pasado que sí pesará en el Perú de mañana.

¿Qué tenía el Perú al nacer y qué tiene ahora?... Es la primera pregunta que me hago, recordando una nota de prensa que da cuenta del descubrimiento, en el fondo del mar, de un galeón hispano en las cercanías de Guayaquil. Ese galeón, contaba el cable, había estado cargado con barricas de vino, con peroles de cobre, con vasijas de aceite y gran cantidad de monedas de oro y plata. El galeón, construido en América, había ido cargando la mercadería en los puertos de la costa peruana y había naufragado al tomar rumbo a Panamá. Corría el siglo XVIII.

¿Qué hicimos los peruanos con esa economía que heredábamos del virreinato español?... Ese galeón, salido de astilleros peruanos, llevaba mosto transformado en vino, olivas convertidas en aceite, cobre hecho peroles y monedas de oro y plata acuñadas en el Perú. O sea, en ese entonces nuestra riqueza salía con valor agregado por una industria no tan incipiente para la época.

¿Por qué no continuamos los peruanos por esa ruta? ¿Por qué echamos por la borda esa oportunidad y nos transformamos en exportadores de materia prima?
El hecho, sin embargo, tiene alguna explicación: mientras en el norte de América no había mayores trabas para el intercambio comercial, en los virreinatos españoles todo estaba sometido a una estructura comercial sumamente rígida y centralizada. Nada podía intercambiarse, ni siquiera de un virreinato a otro, sin la intervención de la metrópoli. Una metrópoli que, además, en el siglo XIX se encontraba en la más absoluta decadencia y no podía siquiera seguir siendo mercado para América.

La situación del Perú de esos años podríamos compararla con lo que ocurre hoy en las naciones del Pacto de Varsovia, luego del derrumbe del comunismo soviético. A la mayoría de éstas el cataclismo sufrido las ha dejado convulsionadas, y la misma poderosa Alemania no logra todavía absorber la crisis de su lado oriental... Y se me ocurre que el derrumbe del imperio español, también centralista y dogmático, debió parecerse a la caída del Muro de Berlín.

Lo que sí no tiene explicación son los yerros de la república peruana posteriores a las anárquicas pugnas entre nuestros anacrónicos caudillos de los primeros años, que fueron sin duda producto del trauma que significó para los peruanos en general nuestra inesperada independencia y, también, de la inmadurez criolla, abanderada de ese alzamiento libertario.

Por lo tanto, ¿por qué han fracasado siempre, lastimosamente, los intentos por institucionalizarnos, y por qué hemos aceptado complacidos a los muchos mandones que han sobrepuesto su voluntad a la ley?...

No pienso que sea indispensable copiar a los Estados Unidos, que quedaron institucionalizados con su inamovible acta de fundación, pero sí creo que los países latinoamericanos han actuado irracionalmente y en su perjuicio al no comprender que cualquier conjunto social –sea nación, club, congregación religiosa o sindicato– no puede vivir armónica y continuadamente sin instituciones válidas y respetables, que estén por encima de los apetitos personales y de los intereses de grupo.

Esta es la gran falla que persiste en el curso de nuestra historia, plagada de rivalidades personales insustanciales, de ridículas vanidades y de envidias y rencores menudos. Sin este lastre, posiblemente el Perú habría podido retomar el camino del desarrollo que muestran los restos de ese galeón construido en las costas peruanas y naufragado con su cargamento de "valores agregados" en las cercanías de Guayaquil en algún año del siglo XVIII.

¿No tienen, pues, futuro el Perú ni América Latina?... Sin duda que no, si nos dedicamos a fundar "Patrias Nuevas" cada vez que les venga en gana a los mandones de turno, como Porfirio Díaz o Augusto B. Leguía en el pasado y hoy Chávez en Venezuela, copiando al peruano Fujimori.

Pero sí habrá futuro, aunque no fácil, si nos decidimos a corregir los yerros del pasado y a institucionalizarnos. No será fácil porque, en su tiempo, no supimos evitar ser marginados del concierto de las naciones punteras –nos independizamos pero no nos desligamos de España–, y hoy será tarea titánica romper la cortina de acero que, a través de un intercambio comercial manipulado, separa a los países del primer mundo del resto de la humanidad. Cuando, por ejemplo, los dirigentes socialistas del mundo entero, reunidos hace pocas semanas en París, proclaman que el mercado debe estar al servicio del hombre, lanzan un bello eslogan y esconden que los Blair, Jospin y Cía. cuidarán de que ese hombre sea europeo. Porque a eso los obligan los votos que los han colocado en el poder, así como también los votos obligan al gobernante de los Estados Unidos a cuidar del hombre norteamericano. Ese es el orden mundial del día. Y es un orden lógico.

Sin embargo, la historia es larga y más previsible de lo que muchos creen. Mientras tanto, grande es la tarea que tenemos por delante para que a la hora del cambio de guardia la historia no nos vuelva a coger desprevenidos como en los días de la independencia. Tenemos que comenzar por integrarnos, lo que significa un tremendo esfuerzo educativo; por añadir valor agregado a nuestra producción e inducir al ahorro nacional; por seguir acrecentando la infraestructura del país y devolver a las provincias el rango que han perdido; y, ante todo, debemos lograr que la ley, la institucionalidad, impere sobre el poder.

Para dejar de ser republiquetas, miradas con indiferencia o menosprecio por el primer mundo –declaraciones sueltas de funcionarios europeos recién ingresados al desarrollo dicen más que las muestras oficiales de respeto que se nos hacen–, los países latinoamericanos debemos apurar el paso para convertirnos en las repúblicas que aún no somos. Debemos hacerlo sin complejo alguno de inferioridad, pues si los Estados Unidos y más aún Europa gozan de poder y bienestar desde hace siglos, salvo hambrunas que América Latina en más de una oportunidad alivió, no nos sirven de ejemplo a seguir en asuntos de moral, justicia, humanismo y respeto a la vida. Las atrocidades y despotismos europeos jamás se han producido en estas tierras, excluidas del club de los privilegiados pero no ajenas a la elite mundial de la cultura. No estamos condenados a cadena perpetua.

Fuente: Revista IDEELE - Instituto de Defensa Legal.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - ¿SE PUEDE HABLAR DE LIBERTAD DE PRENSA EN EL PERÚ?

Francisco Igartua

No hay libertad más respetada -de la boca para afuera- que la libertad de prensa y en algunas declaraciones oficiales, o sea públicas, de ciertas dictaduras encubiertas, como la peruana, se llega hasta la veneración por ella. Sin embargo, en la realidad, en los hechos concretos, no hay libertad más maltratada -y maltratada por unos y por otros- que la libertad de prensa. Ni siquiera es vista con beneplácito por los mismos gobiernos democráticos y ninguna otra libertad es más aborrecida por todos los que ejercen o aspiran a ejercer un gobierno autocrático o absoluto.

Contra la libertad de prensa, por ejemplo, reaccionó violentamente, la semana pasada, Sendero Luminoso, cuando hizo estallar una bomba criminal en la casa de un periodista, Patricio Ricketts. A las ilusiones verbales -mejor dicho escritas- de este tropical arequipeño, que describía a Fujimori como a César bajo el arco de sus triunfos milita­res, escoltado por una procesión de vencidos senderistas, respondió el terrorismo con dinamita, al bárbaro estilo de los que creen que matando pueden imponer sus ideas.

Pero no sólo a dinamitazos se actúa contra el periodismo. Hay maneras más taimadas y más eficaces para destruirlo o silenciario. Al atentado criminal se responde casi siempre como ha respondido Ricketts: con un valeroso y desafiante "no me rindo", que produce instantánea admiración, aplausos, solidaridad y hasta un ligero roce con la gloria y la fama. La reacción en este caso es parecida a la que muchos tienen frente a las dictaduras abiertas, acostumbradas a castigar las rebeldías con clausura del periódico, cárcel y destierro. Pero a la hipócrita hostilidad de un gobierno no se le puede contestar con un desplante heroico, más si la agresión se limita a una o dos empresas periodísticas. La prudencia en estas situaciones aconseja, más bien, callar; pues es muy improbable encontrar apoyo para las protestas, ni siquiera entre los colegas. En estos casos no queda sino el silencio y seguir adelante, como lo ha hecho OIGA hasta hoy.

Este tema fue abordado por la Sociedad Interamericana de Prensa en su reciente reunión de México, aunque apenas de soslayo, ya que la declaración de la cita mexicana puso énfasis en el meollo principista de la libertad de prensa como columna vertebral de la democracia. Le faltó a la SIP la precisión de la Unión Mundial de la Prensa que, en setiembre pasado, en Berlín, se pronunció así: "El actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos, que elevan el precio de los periódicos a niveles que los alejan del público".

¿Con cuánto mayor calor se hubiera expresado la Unión Mundial de la Prensa si en otros países el impuesto a la venta de periódicos y revistas llegara al 18% del precio de tapa, como ocurre en el Perú? Se trata de una cifra inimaginable en cualquier nación civilizada, donde, por lo general, la prensa, igual que los libros, las medicinas y los alimentos básicos no pagan impuestos o pagan porcentajes mínimos. Tampoco tiene cargas tributarias la educación, única excepción aceptada hoy en el Perú, quién sabe -piensan los maliciosos- porque dirigentes de negocios educativos han sido o son ministros de Estado. ¿Por qué se exceptúa la educación y no los libros, los periódicos, las revistas, con los que se educa tanto como con las escuelas? Pueblo que no lee, es pueblo que no piensa, que no medita, que no logrará mejorar su cultura cívica. Es un pueblo disminuido. Y con pueblos culturalmente lisiados es imposible forjar una nación. La televisión, por lo menos hasta hoy, no puede reemplazar a la lectura. La voz y las imágenes son óptimas para informar y hasta para enardecer el ánimo de las multitudes. No impulsan la meditación de los ciudadanos. Y ciudadanos cabales es lo que la República requiere para que hagamos de este país con raíces profundas una nación de futuro.

¿Por qué las ventas de revistas y periódicos -también de libros- deben ser castigadas con 18% de IGV, mientras que la TV distribuye su información y sus mensajes libre de impuestos? ¿Por qué esta discriminación en contra de la lectura?

Más aún, en el caso específico de OIGA: ¿por qué esta revista fue la única publicación presionada con amenazas de cierre y embargos para que no se retrasara en el pago de impuestos, discriminándola : ¿poniéndola al borde de la quiebra? (Hoy esa presión ha amenguado no por respeto a la libertad de prensa sino porque hubiera sido monstruoso que a OIGA se le siguiera acogotando mientras se arregla la falta de pago con el resto de la prensa nacional, a la que nunca se le exigió, como a OIGA, estar al día en sus cuentas, bajo amenaza de embargo).

Pero la enmascarada dictadura militar presidida por Fujimori no sólo echa mano a los impuestos para agobiar y destruir a la prensa de oposición. También utiliza el sabotaje publicitario: ni un solo aviso estatal -ni siquiera por equivocación- se publica en las revistas que son portaestandartes de las críticas al régimen. Y a este sabotaje se unen las empresas privadas; unas -la mayoría­ por directa presión del gobierno y otras -los fenicios de siempre- por inveterada disposición a cobijarse bajo el manto del poder de turno.

El cerco sobre la prensa independiente, sobre el periodismo que se resiste a la autocensura -que es la cómoda censura propiciada por el régimen-, se va cerrando en todos los frentes. Uno de éstos es el de la información. Tampoco una sola foto, una sola entrevista o una sola noticia del gobierno es proporcionada a las publicaciones opositoras. A ellas no se les abre una sola fuente de información oficial.

Valga el siguiente ejemplo para mayor ilustración sobre los maltratos que sufre la prensa opositora en este país:

Hace pocos días se iniciaba la visita del señor Fujimori a Chile, con ocasión de la transmisión de mando en ese país. Patricio Aylwin entregaba la posta democrática a Eduardo Frei. Como de costumbre, la prensa de 'oposición no estaba invitada para acompañar en el viaje al jefe de Estado. Teníamos que bailar con nuestro pañuelo -reducido ya a la nada- y la importancia del suceso obligaba a bailar. Acudimos, pues, a una empresa de transporte y le ofrecimos, como es costumbre, cambiar un pasaje para nuestro enviado con menciones a la compañía en las crónicas de Santiago... Obtuvimos, claro está, el pasaje ­no son tantos los fenicios-, pero con este angustioso ruego: "No nos mencionen absolutamente para nada, que no quede huella de un solo vinculo de nosotros con OIGA".

¿Se puede hablar de libertad de prensa en el Perú?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - UN HUAICO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

Francisco Igartua

En los últimos meses la atención de todas las administraciones de las empresas periodísticas -todas, salvo excepciones contadísimas que confirman la situación general han estado y están obsesionadas con el IGV, impuesto a las ventas que, en el caso de la prensa escrita, tiene como intermediarios con el público -que es al que va dirigido el IGV- a los canillitas, a los puesteros, a los más informales de los trabajadores informales, en realidad vendedores volátiles, nómadas de la ciudad, a los que es imposible trasladarles el cobro del impuesto y que, además, por su trabajo, cobran un porcentaje sobre el precio de tapa, no sobre la factura -que no hay ni pueda haberla- de la empresa.

Como se ve, no hay impuesto más antitécnico que el IGV a la venta de diarios y revistas. Son el único producto que llega al público no por medio de un tendero sino por la mágica y nada técnica alfombra de los canillitas. ¿Cómo hacer para introducir en el mundo de la facturación a estas mágicas alfombras sin cara conocida, de padres imprecisos, pero con la fuerza suficiente para hacer valer su contrato (no escrito) de porcentaje sobre el precio de tapa? Sin canillitas no hay venta de periódicos ni revistas. (En los países muy desarrollados las máquinas los reemplazan y sus sistemas de producción le han quitado encanto a este arte y oficio que es el periodismo, transformándolo en fábrica de noticias y comentarios. Nosotros, por fortuna en estos casos, todavía no somos desarrollados y aún pueblan nuestras calles esos simpáticos personajes trashumantes que llamamos canillitas).

Pero no sólo antitécnico es el IGV a la venta de periódicos, también es una aberración, porque contra lo que piensan los ortodoxos, los fanáticos, los poseídos por el liberalismo, todas las reglas hechas por el hombre -y la ciencia económica es humana, además de inexacta- tiene excepciones que, precisamente, confirman la regla. En este caso, la regla de que no debe haber excepciones en materia de impuestos. Regla correcta, justa, ordenadora. Sin embargo, siendo el IGV un impuesto que va dirigido al consumidor y que, por lo tanto, aumenta directamente el precio de los productos ¿por qué no será posible, como mínimo gesto de solidaridad humana y más cuando el IGV es del 18% como es en el Perú, que se haga excepción con las medicinas? Dirán los fanáticos, que así también se beneficia a los ricos. Pero ¿cuántos son los ricos y en cuánto se benefician con un descuento del 18% en las medicinas? Porcentaje que sí muchísimos pobres no pueden cubrir y por lo que no podrán tomar la medicina que los libre de la enfermedad y de la muerte.

Pero no quiero hacer de esta nota un lamento fúnebre. Volveré, pues, al inicio de estas líneas y aclararé que las circunstancias me obligan en estos días a ocuparme de los menesteres administrativos de la empresa, a pesar de lo que muchas veces he dicho: que a mí me administran, que siempre me han administrado. Lo que es cierto. Aunque sin que haya podido librarme de ingresar algunas veces a estos enredosos terrenos.

Fue esta la razón por la que la semana pasada tuve que asistir a una reunión con el señor Alfredo Jalilie, el hombre del Tesoro, en la que estuvieron presentes y participaron los representantes de todos los medios de prensa, salvo dos o tres excepciones que uno de los asistentes explicó puntualizando que esos diarios, igual que la TV, reciben de la Sunat suficientes avisos pagados para luego cubrir sus cargas tributarias, sin verse, como todos los demás, en situación de quiebra.

Para que no hubiera malentendidos en la reunión y para que estos asuntos sean transparentes, escribí unos apuntes que ahí, en el Ministerio de Economía, leí y que aquí reproduzco:

Para que no se me escape la lengua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para hablar, voy leer estas notas, escritas a vuela lápiz:

Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra gerente- ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para llegar acuerdos que no conozco, porque a esas reuniones OIGA no fue invitada.

Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el impuesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas.

Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívica, lo primero que debe hacer es propiciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los periódicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países embrionarios como el nuestro.

Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado, en setiembre, en Berlín, que' "el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos, que elevan el precio de los periódicos a niveles que los aleja del público".

El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los periódicos tienen subvención estatal.

Ningún otro país en el mundo, a excepción del Chile de Pinochet, se carga con 18% la cuenta de periódicos y revistas; o sea la difusión de la lectura. (Un reciente intento de hacer lo mismo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búlgara). Por algo están comenzando las protestas en el Chile democrático. A pesar que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotativas. Eso lo sabe bien el presidente del Congreso, el señor Yoshiyama.

El 18% de IGV es una carga más que injusta, es discriminatoria si nos comparamos con la televisión o la radio, que difunden sus mensajes y sus informaciones sin pagar IGV. ¿Por qué ocurre tamaño despropósito? ¿Por qué esa misma difusión, libre de impuestos en la TV, ha de pagar 18% de IGV cuando se hace por escrito y alienta la lectura del pueblo?

Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntualizar que la situación de OIGA, al tener una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son muchos menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candidato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y absurda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invitado.

Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato publicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastarnos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa.

La buena voluntad expresada por el señor Jalilie y otros representantes del gobierno, hacen pensar que habrá solución a esta injustísima situación.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUANDO LAS PALABRAS NADA SIGNIFICAN

Francisco Igartua

"Ahora ya nadie pondrá en tela de juicio la limpieza, la transparencia de las elecciones; el gobierno ha aceptado las reglas de juego de la oposición". Esto es, más o menos, lo que ha dicho Fujimori, respaldando la resolución casi unánime del CCD, dándole fuerza de ley al proyecto electoral del Colegio de Abogados de Lima. Y lo dicho por el jefe de Estado -repetido tontamente por muchos opositores que hablaban de fraude por inercia y no por reflexión- no corresponde a la realidad. No es cierto que la ley electoral sea, ella misma, garantía de pureza electoral. Lo que esa ley significa es otra cosa. Significa que no será prorrogado el mandato de Fujimori, que no serán postergadas las elecciones. Porque a eso, a su postergación -no al fraude- apuntaban las tardanzas en el debate y la insistencia en que se cumplieran las reglas de la Constitución cecedista. Lo dice 'El Comercio', el ponderado decano de la prensa nacional, al titular su editorial del viernes con esta frase contundente: "Cambio de actitud (del gobierno) hace viable el proceso electoral". Quiere decir que 'El Comercio', aunque con reservada prudencia, coincidía con OIGA en que las elecciones eran inviables -que no se producirían- si el gobierno se empecinaba en sus planes. No había que ser zahorí para advertir que las trabas y demoras en el debate electoral, así como el abierto propósito de ajustarse a la nueva Constitución, no tenían otra salida, por la imposibilidad material de cumplir con los plazos, que la postergación de las elecciones. El plan que el gobierno exhibía era evidente: hacer inviable, por fuerza mayor, el proceso electoral y tener así que verse 'obligado' a autoprorrogarse en el poder.

Poner fin a esos planes continuistas, a la reelección sin ánforas, es lo que significa la aceptación de la propuesta del Colegio de Abogados. Decir, pues, que la nueva ley hará limpias las elecciones no es cierto. Las hace posible, que es distinto. Corta por lo sano unos planes que no por burdos y torpes dejaban de estar respaldados por los dichos y hechos del régimen. No eran imaginación las demoras abusivas del debate electoral -corno no es producto de la imaginación la ley Cantuta-, ni cesaban las declaraciones concretas de Fujimori exigiendo se cumplieran las normas electorales de la nueva Constitución, orden que fue obedecida por su hombre de las dos torres y otros de sus cecedistas hasta minutos antes del sorprendente cambiazo... Lo que ha ocurrido es una calculada variación de táctica ejecutada por sorpresa, maniobra en la que son duchos los militares, sobre todo los de inteligencia, y que ya han empleado en varios ocasiones con este régimen. ¿Cuál será la nueva táctica para llegar al objetivo estratégico: la permanencia en el poder por veinte años? Ya se irá descubriendo poco a poco.

La pureza o suciedad del proceso electoral dependerá de la calidad personal de los miembros del Jurado Nacional que sean elegidos. A ellos corresponderá observar los recursos ilegales que se empleen en el proceso y dar curso a la acusación correspondiente ante los Tribunales de Justicia. Desgraciadamente, estas nominaciones comienzan con el de la Corte Suprema, donde el gran elector de quien presidirá el Jurado Electoral será don Luis Serpa, magistrado acusado por Fujimori de haber declarado inocente a Abimael Guzmán y luego, después del autogolpe, elegido imperialmente, por tres años, presidente de la Corte Suprema. El comienzo, como se ve, tiene mal olor y es casi seguro que los múltiples actos irregulares que mancharon los últimos procesos electorales se volverán a repetir, sin que se produzcan las obligadas acusaciones del Jurado ante la Fiscalía, salvo voces aisladas de protesta, como las del doctor Chávez Molina. Por lo pronto, ya se están volviendo a repetir los atropellos a la ley electoral, tanto con el respaldo político que le ha dado al gobierno el alto mando militar, que legalmente no puede ser deliberante en asuntos civiles, como con los repartos que militares uniformados hacen de millones de almanaques a todo color -¿quién los paga?- con la efigie de Alberto Fujimori, candidato a la reelección. O ¿no es verdad, como dijo en el hemiciclo un cecedista de la mayoría, que sólo un caído del palto no se daba cuenta que la Constituyente no tenia otro objetivo que hacer posible la reelección del convocante?

Lo que Fujimori ni sus militares adictos, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones, podrán variar es el resultado del recuento de los votos, siempre y cuando este recuento se haga en mesa, sea irrevisable y asistan al acto personeros de los candidatos, a quienes se les extenderán actas firmadas por los miembros de la mesa y cuyos resultados serán inmediatamente trasmitidos por computadora del colegio electoral a los centros acopiadores de datos. A una potente candidatura, con personeros calificados en todas las mesas y computadoras en los centros de votación, no hay posibilidad de hacerle fraude con los votos. Los atropellos a la ley electoral, que abundarán esta vez, serán concentrados en la presión que la Fuerza Armada obediente al régimen, los prefectos y el propio presidente-candidato hagan sobre la población. Presión que sin embargo, en algunos casos podría resultarles contraproducente... Porque eso de recibir regalos y votar contra el regalador que nos cae antipático no es ajeno al espíritu criollo, a la picardía nacional, hija de la pobreza y el desamparo.

Todo, sin embargo, hasta lo más estrafalario, puede ocurrir en un país donde las palabras, las promesas, las mismas disposiciones tomadas pueden significar una cosa ahora y mañana otra distinta, o no valer nada. ¿Cómo entender las frases de Fujimori alegando, con su media sonrisa, que la nueva disposición electoral es garantía de transparencia? ¿Hay alguna seriedad en la declaración del ministro del Interior explicando que Fujimori visita y se saluda amablemente con los presos senderistas de Puno porque "el presidente se preocupa y vigila que se respeten los derechos humanos"? Aunque más llama la atención que a nadie haya repugnado tan cínico desparpajo. ¿Será que estamos saturados de espanto? Nada nos conmueve ni nos indigna. Hasta hay quienes toman en serio y le creen al general Nicola di Bari cuando, olvidándose de todas las mentiras que le estallaron en la cara al descubrirse los horrores de La Cantuta, alega que en el Huallaga no ha habido faItamiento a los derechos humanos. Cuando lo único serio que se puede hacer en este caso, antes de negar los hechos, es investigar imparcialmente el volumen de esos crímenes -que han sido filmados y fotografiados-, pare saber si la victoria sobre Sendero -que hasta ahora está por comprobarse- no ha sido opacada por los excesos o errores de los combatientes.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - ESTÁ A LA VISTA

Francisca Igartua

Pobre, muy pobre es la explicación que dan los miembros de la oposición en el CCD para justificar su presencia en ese Parlamento, adorno democrático del régimen. Alegan que no se ganaría nada si ellos se retiran del Congreso, dejando a Fujimori solo en la cancha, con la pelota en los pies, sin juego, porque los accesitarios están alertas para reemplazar a cualquier renunciante. Dicen que los accesitarios no duermen a la espera de cualquier renuncia, listos a ocupar la curul que no alcanzaron por unos pocos votos de diferencia. ¡Pobre Perú es el que nos muestran estos opositores sin talento y sin coraje! ¡No se atreven a dar, con audacia, el gran paso -a la vez que el único eficaz- para dejar sin máscara democrática al fujimorismo, porque detrás de cada hombre hay -dicen­ un reemplazo, un accesitario, más infeliz que ellos!

No responden al fondo del asunto.

Esquivan el golpe escudándose en que hay la posibilidad de que las cosas empeoren por culpa de unos desconocidos que ellos describen como voraces por el puesto y por los emolumentos que lo acompañan. (Emolumentos mucho, muchísimo más copiosos que los del Parlamento disuelto por el golpe militar). E insisten en no explicar, racionalmente, porqué permanecen en el CCO a sabiendas de que allí sirven al gobierno y no a la oposición. Los miembros de la oposición en el CCO saben que su presencia y participación en los debates parlamentarios es hacerle el juego al gobierno; es darle vida al disfraz democrático del régimen; es convalidar todos y cada uno de los atropellos que allí se consagran; y, sobre todo, es darle una máscara para engañar a quienes lo ob­servan desde el exterior.

Los cecedistas de la oposición, por ejemplo, nada tienen que hacer en el debate electoral. No está en sus manos nada que signifique garantía de elecciones limpias para el próximo año. Sea cual sea el estatuto electoral que salga del CCO, el gobierno no lo cumplirá en lo que no sea de su conveniencia, como no cumplió, en el referendo y en la elección del CCO, ninguna de las normas que no le agradaban de la ley electoral vigente en esas fechas. Será inútil cualquier estatuto -hecho por Siura o por la oposición-, porque será acatado sólo en lo que al gobierno se le antoje cumplir. También, igual que ayer, la Fuerza Armada -controlada por la cúpula que gobierna- seguirá actuando como partido político del régimen, escudada esta vez en "la guerra contra la pobreza", que es, coincidentemente, la bandera electoral de Fujimori. Y no igual, sino más que ayer, las arcas fiscales estarán al servicio de los intereses electorales del gobierno...

Sin embargo, y aquí llegamos al tema de fondo y al fondo del problema, el gobierno no sólo no es ganador anticipado sino que no ganará las elecciones. Esto, a pesar del apoyo militar, del saqueo de los presupuestos del Estado -destinado a comprar votos- y de la imagen democrática que el inútil debate electoral le está obsequiando. El gobierno podrá reírse y se reirá de todas las normas y leyes electorales, pero lo que no podrá es evitar las elecciones. Tampoco podrá postergarlas. El gobierno está condenado a realizar elecciones y a realizarlas en la fecha señalada. No tiene escapatoria. Hay compromisos internacionales que lo tienen atado, que lo obligan. Y en los procesos electorales se pueden hacer muchas trampas, menos una: alterar el resultado del conteo de los votos cuando ese conteo se hace en mesa, ante los personeros de los candidatos, con copia del acta para cada uno de los participantes. A lo que hay que añadir tinta indeleble y depuración de padrones Esto es lo único que hay que vigilar. Y la vigilancia se puede hacer desde la calle. El resto del debate es puro engaño, fuegos fatuos, éter, adormidera y, sobre todo, obsequio que la oposición le hace al régimen de un disfraz democrático.

De todos modos habrá, pues, elecciones y en esas elecciones el gobierno hará todas las trampas ya señaladas. Pero no ganará. Porque lo que no podrá hacer, repito, es manipular los resultados. Ya que si se llegara al impensado extremo de variar las reglas del recuento en mesa, habría que dejar que Fujimori compitiera con su sombra, sin contrincantes, igual que Odría. Y eso, democráticamente, también 'es perder'.

Si algo puede hacer la oposición cecedista para colaborar en la derrota electoral de la dictadura encubierta que nos impuso el golpe militar del 92 y que el 95 intenta perpetuarse con la reelección, no es permaneciendo en el hemiciclo sino, al revés, saliéndose de él y dejando a los gobiernistas sin juego: correteando solos por la cancha, buscando competidores, peleando contra el viento, desesperándose con los exabruptos que le soplan desde lo alto a Martha Chávez. (Por último, no necesitarían los opositores del CCO renunciar a la curul, ni siquiera a la tesorería, si es que saben montar una huelga inteligente; aunque así quedarían a la altura en que ellos ponen a los accesitarios)

-Pero ¿y el candidato? Preguntarán algunos pragmáticos de este bando, que quieren saber si hay, agua en la piscina.

-¿Qué, están ciegos? Acaso no está ya a la vista.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LIBERTAD DE PRENSA EN EL PAIS DE LOS ENGAÑOS

Francisco Igartua

Es el Perú, definitivamente, un país muy gracioso. Pareciera que siempre estuviéramos dispuestos a escapar de la realidad, a eludir responsabilidades, a enmascarar las cosas, a perdemos en las apariencias. Nos encanta engañamos y que nos engañen. ¿Qué es lo que se pretende, por ejemplo, al alegar que, para competir sin ventaja, el presidente que se presente a la re­elección, como el señor Fujimori, debería renunciar seis meses antes a su cargo, como cualquier otro funcionario público? Estos buenos señores, a los que se ha agregado el decano del Colegio de Abogados de Lima, quieren creer -no por ingenuos sino por afición a ser engañados- que, renunciando Fujimori, habrá igualdad de condiciones para todos los candidatos. Y, lógicamente, las elecciones serian transparentes, limpias, irreprochables...

Como las de Odría ­recordarán algunos-, con su bajada al llano en mil novecientos cincuenta y la entrega pasajera de la presidencia a Zenón Noriega, su socio en el cuartelazo de la Revolución Restauradora.

Sólo a quien le encante ser engañado o que lo engañen se le puede ocurrir que, alejándose de Palacio -pero dejando allí a su hermano Santiago y a su amigo Yoshiyama-, Fujimori perdería el control del Poder que le custodia la cúpula militar de Nicola di Bari, su socio en la Revolución de la Reconstrucción Nacional. ¿Acaso Alberto Fujimori no está ausente de Palacio hace varios meses, paseando en helicóptero por todo el territorio nacional, no gobernando -otros lo hacen por él- sino haciendo su campaña electoral? Pocas veces se habrá visto que se gobierne sin Consejo de Ministros, sin despacho, sin planificación, con políticas cambiantes como veletas -excepto en el campo económico- y montado el jefe de Estado, permanentemente, en un helicóptero, como saltaperico. El único régimen de tal estilo que conozco es el de Fidel Castro en Cuba y se me ocurre que algo parecido debe ser el gobierno de Kim IL Sung y su hijo en Corea del Norte. También pudiera ser que se está cumpliendo al pie de la letra el programa militar que nos hizo llegar, en cuatro cuadernillos, un pajarillo verde y que el Poder real esté en manos de un desconocido Consejo Estratégico del Estado, cumpliendo el señor Fujimori y los ministros tareas de relaciones públicas y de ejecución de políticas trazadas en reuniones en el Pentagonito y el SIN, a las que no asisten los ministros -salvo los que puedan pertenecer a ese Consejo Estratégico-, pero si Alberto Fujimori.

En situación semejante, olvidando las sabias razones de la no reelección presidencial -basadas en rotundas experiencias- y pasando por alto que la renuncia de los funcionarios, seis meses antes de presentar sus candidaturas, es costumbre obligada en países -como el Perú- donde la autoridad no es ni puede ser neutral, preguntémonos: ¿qué significado puede tener la renuncia seis meses antes de las elecciones del presidente reeleccionista, si se trata de un cargo que no pierde influencia por renuncia pasajera sino por la pérdida del Poder? .

No hay que engañarse. No hay que darle a Fujimori la ventaja que significa la apariencia de reglas iguales para todos los candidatos. Hay que derrotarlo corno se derrota a toda dictadura, quitándole las máscaras de legalidad y buenos modales que cínicamente se va poniendo. Desnudándola ante el público. No obsequiándole nuevos mascarones de engaño.

Y ya que de engaños hablamos, me ocuparé de otro en actual circulación.

El periodismo independiente y también el que no lo es insisten en que está en peligro la libertad de prensa porque no se deroga o no se modifica la norma cecedista del Habeas Data, un dispositivo de defensa para los ciudadanos en otras constituciones, pero que, aquí, el CCD lo transformó en posible instrumento del Estado para coaccionar a la prensa, tergiversando el legítimo derecho a la rectificación. Sin embargo, en esta protesta nos estamos engañando los periodistas o estamos dejando que nos engañen. Porque el Habeas Data, tal como está configurado en la norma cecedista, es sin duda un peligro evidente para la libertad de prensa y de expresión, y en esta revista se advirtió de inmediato que eso era, apenas el congresista Torres y Torres Lara publicó su anteproyecto constitucional; pero no es el único instrumento de extorsión que tiene el gobierno en sus manos ni el más peligroso. Tampoco es el que esté usando ahora. El medio habitual de extorsión de este gobierno es la presión tributaria, combinada con el sabotaje publicitario. Esta es la verdad monda y lironda, grande como un templo, que la prensa peruana calla por pudor en muchos casos -porque se resisten a mostrar sus desnudeces al público-, en otros por recibir favores del gobierno y en algunos, los menos, las excepciones, por estar menos afectados al no sufrir sabotaje publicitario.

Todo periódico o revista, cualquier publicación, tiene dos fuentes de ingreso: la venta de ejemplares y la venta de espacios publicitarios, avisos. Esta segunda fuente de ingresos sirve para desarrollar, ampliar, tecnificar la empresa y para cubrir los déficit que se produzcan cuando el valor del papel y otros insumos es superior al ingreso por venta de ejemplares (cálculo en el que también entra la devolución de ejemplares no vendidos). Un periódico o revista de bajo costo (pocas páginas y sólo pasable calidad gráfica) puede subsistir únicamente con la venta de ejemplares SI NO HUBIERA IMPUESTO A ESA VENTA, impuesto del que están liberadas todas las publicaciones en el mundo entero -salvo excepciones que confirman la regla por razones diversas: necesidad social de fomentar la lectura y la cultura cívica, facilitar la libre circulación de las ideas, hacer real el derecho a la libre expresión y garantizar el ejer­cicio de la libertad de prensa.

¿Cómo actúa este gobierno, cómo está actuando para mediatizar y anular la libertad de prensa en el Perú?

Simple y llanamente poniendo el 18% de impuesto a la venta de ejemplares -que deberá asumir íntegramente la empresa, pues es imposible trasladarlo a volátiles canillitas ¡cerrándoles el caño de avisaje estatal a las publicaciones cuyas criticas le disgustan¡ y utilizando el chantaje para que la empresa privada se sume al sabotaje publicitario.

Así funciona la censura hoy en el Perú. Un método, de momento, mucho más eficaz que el Habeas Data... Sin embargo, la mayoría prefiere dejarse engañar y engañarse protestando por el Habeas Data y callando por el sabotaje publicitario, que se cierra como tenaza con el impuesto (18%) a la venta de ejemplares, para estrangular al periodismo opositor.

Esta es la verdad. ¿De qué libertad de prensa habla el gobierno?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL PERU Y EL INTERES NACIONAL DEL JAPÓN

Francisco Igartua

Como dijo hace poco Carlos Boloña, que algo debe saber de Alberto Fujimori, pues fue su amanuense en cuestiones económicas antes y después del golpe militar, todo puede esperarse del pragmático Fujimori: hasta que cambie el liberalismo de hoy por el estatismo moderado que ofreció en su campaña electoral del 90 u otro más radical de estilo asiático. Por ejemplo, en el momento especifico actual, que es de elecciones, seguirá los indicadores que le ofrezcan la mayor pesca de votos. Después hará lo que le venga en gana, dentro de los parámetros de la democracia dirigida diseñada por la cúpula militar y de los consejos del Fondo Monetario y del Japón.

Dentro de este cuadro, puesto a la vista por Carlos Boloña, que conoce al régimen por dentro, no han de extrañar las recientes declaraciones del jefe de Estado, hechas en vísperas de partir para Japón y China, sobre la privatización de los 'proyectos especiales, o sea las grandes obras hidroenergéticas que están en construcción por cuenta del Estado y otros muchos bienes nacionales, dada la amplitud e imprecisión del proyecto de ley. Dijo que iba a observar la disposición legal aprobada en el CCD porque, aunque era una buena ley y estaba bien elaborada, él no iba a permitir que sirviera al engaño publicitario electoral. O sea, "la medida es buena, pero la vetaré porque me puede quitar votos". Puro y grosero pragmatismo, con fuerte dosis de irracionalidad y prepotencia. Parecida a otra declaración reciente: las observaciones sobre la 'conducta de su ministro Víttor, protegiendo a prófugos de la justicia, son 'cuestionamientos' que no deben tomarse en cuenta. "¿Acaso a mí no me cuestionaron en el proceso electoral? ... y luego ¿qué pasó? ... No pasó nada". Es cuestión de dar la callada por respuesta y que los acusadores se cansen o queden reducidos a una solitaria voz, que también se cansará. Así ocurrió con las evasiones tributarias de sus negocios inmobiliarios -que prometió aclarar cuando llegara a la presidencia- y así ocurrirá con los 'cuestionamientos' a Vittor, su brazo derecho para la campaña reeleccionista y no seguimos con los ejemplos porque las muestras de cinismo del jefe de Estado y de sus colaboradores y secretarios son tan numerosas que llenaríamos todas las páginas de la revista. Concretemos la atención en el veto a la privatización de los 'proyectos especiales' porque -según ha advertido en sus giras provincianas- esa disposición legal puede hacerle perder votos.

Pero por qué vetar un proyecto de ley que él cree bueno y bien elaborado? ¿Por qué no debatirlo? Que es lo que debió hacerse desde el primer momento y no aprobarlo con nocturnidad, premeditación y alevosía en el CCD.
Hay en este tema dos planteamientos extremos, igualmente nocivos. Uno, el que alienta el proyecto aprobado en el CCD por la mayoría fujimorista y que Fujimori encuentra correcto: es el que alguien ha resumido como la idea de hacer del país un territorio abierto a los buenos negocios. Buenos naturalmente para los inversionistas y -se supone­ también bueno para sus trabajadores, por los excedentes que podrían quedar. De este modo el concepto de nación quedará borrado; la identidad peruana, no lograda todavía, se transformará en una meta inútil; y el hombre peruano perderá conciencia de su dignidad, o la vinculará al éxito económico y no a sus valores como hombre. El otro planteamiento, igualmente nocivo, es que el Estado debe absorber todas las activida­des de los llamados proyectos estratégi­cos de desarrollo y paralizarlos si no dispone de fondos. Porque sería antipatriótico compartir la propiedad. Un absurdo tan grande como el primero. Los dos son vulgares sofismas. Por un lado es disparatado desechar la posibilidad de que empresas privadas nacionales o extranjeras -y también ¿por qué no? otros estados- comprometan capitales en la continuación y ampliación de los proyectos de irrigación y de hidroenergía que desde hace años se vienen construyendo; y, por otro, es deshonesto que el Estado malbaratee activos nacionales que no son del gobierno sino de los peruanos y que se entreguen, más que en concesión en propiedad, agua, minas, tierras y hasta las ruinas de Machu Picchu.

En esto de las privatizaciones se puede ir muy lejos y hasta es necesario sacudirse de ciertos prejuicios nacionalistas, pero no debemos llegar al extremo de desnacionalizar al Perú y transformar su territorio en un bazar librado a la oferta y la demanda. No se puede aceptar que, poco a poco, el Estado peruano no tenga imperio para dar órdenes en su casa, quede desarmado a merced de los intereses privados y desaparezca como Estado. Ese modelo ya lo probamos en el pasado y nos fue pésimo, basta revisar la historia.

Sería demasiado doloroso que el Perú de Basadre, esa promesa y posibilidad que él y otros muchos ilustres peruanos fueron moldeando, se desvanezca en humo. Se dirá que ·éstas son palabras sobre palabras, retórica, vanas intenciones... De acuerdo. Pero preferible es esa promesa y posibilidad, o sea algo por venir, que un corredor, un callejón, un territorio de paso a los intereses nacionales del Japón hacia el Atlántico, una realidad en la que el Estado peruano no dirija siquiera el tránsito de esos intereses, pues si todo se privatiza, vendiendo en propiedad suelo, subsuelo, aire y mares, pueda que haya muchas inversiones, pero en el territorio de un Perú desaparecido, con ciudadanos no se sabe si más ricos o más pobres, pero sí, con seguridad, dependientes de intereses privados, sin posible protección de un Estado también dependiente de esos intereses.

Inversiones que, por lo demás, no serían en muchos casos más concretas que la retórica del pobre Basadre -pobre en opinión de la moda modernista-, pues en el Perú hay retos de inversión que, aun ahora, con el enorme desarrollo tecnológico del momento, no son estimulantes para el capital privado, que siempre tiene en sus miras los réditos de la inversión con perspectiva de persona, o grupo de personas, y no de nación, que es perspectiva más larga y más profunda.

Mas ¿por qué perdemos nuestro tiempo en exponer puntos de vista que seguramente serán despreciados por gente que está feliz por haber suprimido la planificación nacional e ignora por completo la historia del mundo; gente que ni siquiera tiene un arquetipo universal a quien admirar y se siente realizada al declararlo públicamente mirándose el ombligo?

Privaticemos sí, pero con sensatez, teniendo un plan nacional a la vista y sin dejar que el Estado quede a merced de los intereses privados o de otras naciones. Quien desee progresar al servicio de las transnacionales que se enganche en ellas, pero no quiera usar los activos del Perú para ubicarse de cabeza de ratón, haciendo de guía de los compradores. Y no se nos acuse de "cernícalos de la política y del nacionalismo" a quienes jamás hemos siquiera intentado un puesto público y entendemos al Perú como un proyecto muy complejo -nada personal- que no se realizará haciendo de él, como se ha dicho con acierto, "un territorio de buenos negocios" y a lo que nosotros añadimos: al servicio de los intereses nacionales del Japón, ansioso de contar con un corredor franco que le permita instalar sus factorías en las costas del Atlántico, abastecidas con materias primas del Perú, Ecuador y Bolivia, para atacar desde allí el mercado europeo.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - UN PACTO TÁCITO, DOÑA SUSANA Y DOS CHISTES

Francisco Igartua

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la competencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitución dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vienen midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral: Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque –según ellos- es autoritario y eso es lo que necesita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimulada, en un régimen extralegal, sin garantías jurídicas, tremendamente centralista y dominada por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policiaco sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especifico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confusión y dispersión en las filas de los opositores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos integrantes, la estrategia para el triunfo también es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército acomodó con 200 votos por el SI en padrones de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando-, un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mientras que destruirlo o jugar a otras opciones que significarán lo mismo, su destrucción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a constituirse en un grave estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los programas de asistencia y, sobre todo, de desarrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple:

Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mujer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obligan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se excedió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinente arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándose los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a censurar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era proyecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese proyecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destinadas a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamentaria; un derecho que tienen todos los peruanos, desde el presidente de la República hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Víttor -todas ellas comprobadas- y los terrenos del Proyecto Pachacútec, donde este gobierno -este gobierno no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, 'de los que hasta ahora nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí y en el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido Ministro de Vivienda en la época, no se haya enterado de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tienen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del crimen de Barrios Altos -también mencionado por la señora Susana-, y las advertencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como rocas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella- las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de presidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chantaje de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nugent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abiertamente intervinieron en los últimos procesos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas consignadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Penal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL CAPRICHO Y LA PREPOTENCIA NO SON BUENOS GOBERNANTES

Francisco Igartua

Los problemas fronterizos no deben ser politizados. Lo ha dicho con claridad el doctor Javier Pérez de Cuéllar, que de diplomacia algo sabe, y lo mismo ha dado a entender el mandatario Alberto Fujimori. Los dos han hablado racionalmente y ojalá así se tocaran todos los temas de interés nacional: con tino, con buen juicio y sin buscar ventajas personales.

Pero el que no se politice el tema no quiere decir que la prensa de opinión, como es OIGA, se calle y no haga el análisis de lo ocurrido. El público debe estar bien informado sobre nuestra política de fronteras para entender por qué las relaciones exteriores de un país no deben politizarse, no deben ser usadas en beneficio de ningún gobierno en particular -menos en beneficio personal de nadie- y deben ser concretadas con conocimiento de la ciudadanía y con el mayor consenso nacional posible.

Hagamos un poco de historia. Cuando el señor Alberto Fujimori, presidente constitucional en esos momentos, anunció su disposición a solucionar los diferendos con Ecuador, Chile, entredichos subsistentes por negarse estas dos naciones a cumplir tratados aprobados a plenitud por las partes, uno en Río en 1942 y el otro en Lima en 1929.

Fue una obligación aplaudir esa iniciativa e incorporarla a la lista de los aciertos de su régimen. Al contrario mereció ser rechiflado cuando; por capricho, dejó largo tiempo sin embajador a nuestra representación en Brasil. Esa frontera es demasiado importante para que ese país fuera desairado, a causa del disgusto que tuvo Fujimori porque el Congreso baloteó el nombramiento de un amigo suyo, ministro de Alan García, para la embajada en Brasilia. La importancia del asunto era obvia: tanto por la línea fronteriza misma, que es enorme, como por la condición de país garante del Tratado de Río que tiene Brasil.

Resolver las tensiones con Quito y' Santiago era un objetivo casi tan importante como enfrentar con decisión lo que era el problema número uno del país -el terrorismo- y la reincorpora­ción del Perú al mundo financiero internacional. Pero si al decidir esta orientación a nuestra política exterior, que es tarea presidencial, estuvo en lo justo, cometió gravísimo error cuando, con arrogancia y autosuficiencia, puso de lado a los expertos de Torre Tagle y pretendió él, personalmente, realizar las tratativas, con ánimo de lograr en exclusiva la cosecha de los triunfos, que le parecieron tener al alcance de la mano. Viajó tres veces a Ecuador, cayó en el tremendo yerro de aplaudir y abrazar al presidente Durán Ballén que acababa de hablar de diferendo territorial con el Perú. Y peor aún, en un paseo pesquero, se puso a revisar mapas, trazando cambios fronterizos, con su colega ecuatoriano. Toda una serie de idas y venidas en el aire y en falso, que no han servido para nada. Durán BaIlén no ha visitado el Perú y se crearon desmesuradas esperanzas en Quito, con lo que las diferencias con Ecuador se han agravado en lugar de haberse resuelto. Todo por querer el señor Fujimori reemplazar, él solo, a todo el servicio diplomático peruano, que algo conoce del oficio. Quiso dar lecciones de diplomacia a los diplomáticos y salió trasquilado, como está a la vista.

Todo esto lo debe saber la ciudadanía para poder juzgar cuando se ponga a debate nacional -no político- este tema. Le servirá para formarse una opinión ilustrada de los hechos.

Y en cuanto al problema creado por la resistencia chilena a cumplir el Tratado de 1929, hay que decir que ocurrió lo mismo. Unas negociaciones que venían desarrollándose profesionalmente, dirigidas por la Cancillería, desde el gobierno anterior, Fujimori las quiso continuar a su estilo, asumiendo él el comando de la operación. De nuevo puso de lado a Torre Tagle y con un embajador obsecuente y un abogado muy distinguido del foro limeño, especialista en cuestiones tributarias y dilettante en derecho internacional -ignorante, además, de los detalles del conflicto-, quiso resolver el diferendo en secreto, sin informar nada a nadie, ni siquiera a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Prepotentemente, sin debate nacional alguno, creyendo que era fácil rematar el trabajo adelantado por el canciller Allan Wagner, Fujimori hizo concluir las negociaciones y con gran pompa, en uno de los salones más cargados de arañas de cristal de Palacio, con su presencia; para darle mayor seriedad y solemnidad al acto, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y el Perú firmaron las Convenciones de Lima. Para Fujimori se había resuelto el viejo problema de Tacna y Arica y él se coronaba de gloria.

Pero ocurrió que los entendidos en materia de Tratados, los historiadores, los periódicos, las damas de Tacna... encontraron que el Tratado de 1929 había sido saltado a la garrocha por las Convenciones. Estas protestas llegaron al Congreso y ahí se congeló la victoria de Fujimori.

En esos momentos, el Congreso -o sea el propio Fujimori- debió retornar los documentos a Palacio para, por intermedio de Torre Tagle, reiniciar las negociaciones con la Cancillería chilena. Era lo correcto, lo profesional, frente a la mayoritaria oposición ciudadana a las Convenciones. Pero Fujimori insistió en dejar los documentos en el Congreso con ánimo no de convencer al país de las bondades del arreglo sino de esperar el momento oportuno para que su Congreso lo aprobara prepotentemente, entre gallos y medianoche, e imponer al país hechos consumados.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA DIVINIZACIÓN DE LOS RIÑONES

Francisco Igartua

Hace pocos días, en un salón de Lima, escuchaba esta reflexión sobre el Perú actual, dicha en sorna con ánimo de restarle importancia: "Los blancos prefieren a un chino de presidente antes que a un cholo y los cholos lo mismo, antes que a un blanco prefieren a un chino". Añadía: "Y no está mal, porque este país necesita que lo disciplinen, que lo organicen, después ya se verá...". Lo que la bella dama decía, creyéndose Colón, es algo que ya había observado, al nacimiento de los estados americanos, un acucioso francés, Alexis de Tocqueville. Los países de la América española, para Tocqueville, no tenían respeto a la ley ni había sobriedad en sus costumbres, por lo que, disponiendo de las mismas condiciones de prosperidad, no lograrían ser naciones estables, democracias desarrolladas, como lo sería Estados Unidos de América.

Por un lado, voluntarismo, arbitrariedad, prepotencia... y después ya se verá. Un después que nunca ha llegado ni llegará. Porque de la dictadura -que ha sido el sistema más o menos continuado de gobierno en América Latina­ es imposible que surja un orden legal, un estado de derecho, base de todo desarrollo. Para llegar a él se requiere educación democrática, aprendizaje y paciencia, constituirse en pueblo, lograr -en nuestro caso- que los dos Perús, esas "dos razas que esbozan la vuelta al pasado por caminos opuestos, señalando así su inmenso distanciamiento socio-psicológico" -que decía More-, entiendan que los unos no son tan blancos ni los otros tan indios, que "ambos a dos -según sabio decir de un negro viejo- son cholitos, peruanos. Será ese encuentro que avizoró el colónído "Acaso algún día se encuentren -ambas razas- en un punto y ese punto sea el porvenir". La construcción de una nación no es asunto de chinitos ni entorchados con riñones bien puestos.

En el otro lado, al norte, los caudillos de su independencia no se dedicaron a reemplazar en el poder a los virreyes, sino a establecer un orden legal acorde con la realidad que nacía del nuevo estado de cosas. Orden legal con igualdad de mando sobre gobernantes y gobernados. A lo que se añadió educación y costumbres de respeto a la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Así nace la democracia norteamericana y por eso su fortaleza. Cuando la estupidez humana crea en esa nación la segregación de la raza negra, el conflicto no se soluciona subvirtiendo el orden público, proclamando otra constitución, sino incorporando a los negros al orden establecido, extendiendo el estado de derecho a todos los ciudadanos. La ley reina sobre las diferencias internas de esa democracia y es del respeto a la ley que surge su tremendo desarrollo económico, como lo previó con precisión Tocqueville en la tercera década del siglo XIX.

En nuestros lares, exceptuados Chile y Costa Rica, el irrespeto a la leyes lo más frecuente. Cada 'revolución', cada 'Patria nueva', cada 'Nuevo Perú', dicta sus propias leyes que, además, son incumplidas cada vez que el mandón de turno -vestido de frac, de poncho o con charreteras- considere que le han quedado cortas o no le son convenientes. Aquí no manda la ley sino los riñones de quien esté sentado en Palacio. Y así no se hace patria. Así se convierte más en chacra este 'territorio de desconcertadas gentes'.

Desgraciadamente, la historia nada nos enseña. Mejor dicho, me corrijo, nada aprendemos de las enseñanzas de la historia y cuando alguien la recuerda para rechazar, por ejemplo, la violación constitucional del 92, el denunciante resulta condenado por la 'ley' de los golpistas.

La semana pasada, en una reunión pública con los delegados provinciales del Movimiento 13 de Noviembre, organizada para exigir la libertad del general Salinas Sedó y los militares constitucionalistas presos en el Real Felipe, el general Pastor Vives; al agradecer el trabajo de los comités del Movimiento recordó cómo, al producirse el golpe militar del 5 de abril del 92, le vino a la mente un discurso del general Hoyos Rubio, comandante general del Ejército cuando él -Pastor Vives- era flamante coronel. Recordó la invocación del general Hoyos Rubio, que había sido uno de los conspiradores en el golpe de Velasco, haciéndoles reflexionar a los oficiales para que nunca más se dejaran ilusionar con las salvaciones a la patria. De esos pronunciamientos -decía Hoyos- la patria no se salva y sí queda vulnerada la unidad de los militares.

De allí comenzó, explicó Pastor Vives, nuestra inquietud para que el país volviera al orden constitucional, para que no siguiera el Ejército contribuyendo al desorden de la República y debilitándose como institución...

Esa enseñanza dictada por el general Hoyos Rubio, nacida de una trágica experiencia para el país, vivida muy directamente por él, algún efecto tuvo. Lo comprobé en los labios del general Pastor y lo estoy observando en la entereza moral del general Salinas, encarcelado en el Real Felipe con ocho de los suyos. Sin embargo, pareciera que, por algún malvado designio del destino, estuviéramos condenados a nunca aprender las lecciones de la historia y que la saña se agregue al castigo injusto dado a los que osan escuchar sus mandatos.

Mucho se me queda en el tintero sobre el destino fatal del Perú. No por obra del destino, en verdad, sino de nuestro ancestral desapego a la ley, a nuestro desconocimiento de lo que es el orden y, sobre todo, a la divinización de los riñones. De los riñones de los que están arriba y no de los que se alzan con valor moral contra la subversión del orden legal y moral cometida por los gobernantes. Por algo somos el pueblo más maleducado del mundo. El mal ejemplo viene de arriba.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - TRES DECLARACIONES

Francisco Igartua

Tres declaraciones cruciales se han producido la semana que pasó. Por un lado, el doctor Javier Pérez de Cuellar describió magistralmente los lineamientos generales de su candidatura que, para desesperación de sus enemigos y conveniencia de su estrategia electoral, todavía no la oficializa. Por su parte, el ingeniero Alberto Fujimori, que nunca ha tenido ideas propias, aunque sí habilidad para cabalgar en las de otros, ha cometido la torpeza increíble de hacer suya la tesis china de que los derechos humanos son peculiares de cada país y que el sentido de la democracia también lo define cada gobierno, siendo gesto imperialista la intervención de otros estados en estas decisiones que son soberanas de cada nación. Y, por último, el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se dirigió al jefe de Estado del Perú pidiéndole la libertad del general Jaime Salinas Sedó y de los otros oficiales que lo acompañan en la prisión del Real Felipe. (Declaración que publicamos más adelante).

El embajador Pérez de Cuéllar, en una corta y precisa entrevista concedida al decano de la prensa nacional, adelantó que, de serlo, será candidato independiente, pero respetuoso de los partidos políticos, que son consustanciales al sistema democrático. Además no se enfrentará a las instituciones nacionales sino las fortalecerá y buscará su saneamiento; no concentrará el poder en Lima y dará fuerza y autonomía a las regiones y municipios... También anunció que no variará la dirección general de la política económica -puntualizándola como 'tendencia universal' del día-, pero que lo hará con preocupación social, tendiendo a la creación de puestos de trabajo. Y no se dedicará a la confrontación de unos peruanos contra otros, sino a lograr consenso en torno a los puntos coincidentes de interés nacional. Fueron sus declaraciones a El Comercio, según autorizada opinión de un antiguo experto en la problemática del país, "una pieza política maestra" a la que nada le sobraba ni le faltaba.

Mas tarde, por tanto, respondió a las impertinencias del señor Fujimori sobre su larga residencia en el extranjero, puntualizando que él hace cuarenta años está al servicio del Perú y no acepta lecciones de quien sólo hace cuatro años y medio se está interiorizando en los problemas nacionales. En términos enérgicos y precisos, aunque nada destemplados -en contraposición a la característica de Fujimori-, le hizo recordar el embajador Pérez de Cuéllar que el servicio diplomático obliga a sus integrantes a estar permanentemente al tanto de la realidad global del país y severamente le recordó, sin decirlo, que todos los regímenes peruanos, incluido el de Fujimori, acudieron en distintas oportunidades a su despacho de Secretario General de las Naciones Unidas a exponerle el cuadro preciso y general de la situación peruana para pedir su intervención en ayuda del Perú. Lo que siempre hizo y en el caso preciso de Fujimori, hasta nombrando a una de sus asistentes para que coordinara la asistencia social al programa económico de emergencia. Asistencia que no sólo fue desoída sino ninguneada hasta el extremo de que, discretamente, en silencio, tuvo que desaparecer la enviada de la ONU. No es, pues, que Pérez de Cuéllar desconozca la realidad nacional sino que el punto de discusión ha quedado volteado: es tan grande el envanecimiento del señor Fujimori que, ya en aquella lejana visita, su soberbia no le permitió advertir que el Secretario General de las Naciones Unidas le tendía la mano en el punto débil, en el forado bajo la línea de flotación, que tenia el programa económico que le exigía al Perú el Fondo Monetario Internacional, institución técnica que, por lo general, desconoce las particularidades de cada realidad nacional, Fujimori no cree en los peruanos. Cree en él mismo, en sus propias matemáticas, en los organismos internacionales que le recomienda Japón y, ahora, en la 'democracia' china y en la calidad tecnológica de las computadoras y tractores chinos -pagados por los peruanos- que ha ido regando por todo el territorio nacional y que día a día se van acumulando en los depósitos de trastos viejos e inútiles, sea por falta de repuestos, sea por obsoletos o, principalmente, por deficiente construcción.

Nadie entiende cuáles han sido los ob­jetivos perseguidos por el señor Fujimori para suscribir entusiasta, en Beijing, con el problema norcoreano en la frontera, la­particularlsima tesis de que el sistema de­mocrático y el modo de aplicadón de los derechos humanos se lo fabrica cada na­ción a su manera; y que, por lo tanto, la soberanía de cada país no permite la injerencia extraña en estos asuntos.

Con esta tesis desenvainada como espada samurái se presentó Fujimori en Cartagena (Colombia) y arremetió en defensa de la libertad de Haití y Cuba para decidir sus destinos como les venia en gana. Tesis exacta en teoría académica, si se reduce al enunciado, pero sujeta a una larga jurisprudencia internacional y que, en boca de Fujimori, estaba impregnada de la teoría maoísta escuchada y asumida en Beijing, donde la democracia no es derecho de los individuos sino de las masas en abstracto y donde la soberanía está al servicio de la política y los intereses de la cúpula gobernante, y no de la nación.

Tan alucinante y anticuada fue la intervención del jefe de Estado peruano que ni siquiera se la agradeció Fidel Castro.

¿A qué se debe esta torpeza? Se supone que no va dirigida a declararle la guerra a Estados Unidos. Tampoco pareciera que tuviera la limitadísima mira de ganarse los votos de la casi desaparecida izquierda peruana. ¿A qué, entonces?.

No falta quienes hallen esta insólita explicación a tanta torpeza: Lo que busca Fujimori, dicen estos observadores, es poner el parche antes que salga el chupo. Es declararse democracia al estilo oriental, anticipándose a una posible postergación de elecciones y a un cierre de fronteras -como los chinos y norcoreanos- para que no haya olfateo internacional a las tropelías de la 'democracia dirigida' diseñada por los militares que lo llevaron al poder y lo sostienen en él.

¿Fujimori necesitará ayuda siquiátrica?

Es lo que nos preguntamos los occidentales, los que creemos en la democracia como estilo de vida que garantiza el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos, a discrepar y a respetar la critica de los demás, a aceptar las decisiones de las mayorías pero pudiendo creer que la razón la tienen las minorías; los que creemos en la sana convivencia y en la honesta discrepancia de los seres humanos; los que estimamos que el Perú, con sus enormes problemas de identidad, no ha salido todavía de la órbita occidental. ¡Y ojalá no salga!.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUATRO SUCESOS DESIGUALES

Francisco Igartua

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer las circunstancias en las que tendrá que competir -"No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder"­, pero también a sabiendas, por experiencias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelección, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, a los autócratas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del mensaje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta forma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fujimori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóticos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la policía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, dilucidar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente intervención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.

Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni puede dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos debería echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicóptero, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almanaques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE. UU., empantanado en Haití, cual elefante desesperado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para comprar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgullo nacional. La otra es una tragedia horrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacional de un banco que surgió de la imaginación y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enteramos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muerto de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción alguna en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un muchacho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso, la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a WiIfredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no tenía la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podido convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los militares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Expreso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemente avisos en el diario de Orejuelas. También da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicolás di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares "que controlarán el proceso electoral", frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los 'controladores' del proceso. El suplemento del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera antes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - HACER DEMAGOGIA CON LA PLATA DEL PUEBLO NO ES GOBERNAR

Francisco Igartua

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el voto se emite apretando un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley presentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperanzas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate incoherente.

En uno de sus dispositivos, por ejemplo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funcionario puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre ha inspirado la legislación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una presión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resultados. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcionario, cuyo poder llega a todos los rincones del país, pueda participar en elecciones desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cualquier funcionario, también debiera alejarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano disparate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bastaría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio -en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori-, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones sigue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reelecciones, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fondos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral presentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próximos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus cargos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatura, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial -todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una burla cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para imprimir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones -todo a cuenta del Estado-, así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de elevado criterio, profesionales de nota, gentes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candidato a la reelección las violará cuantas veces le dé la gana y se mofará de ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico? ... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el proceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impunemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anda diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apretando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demagogia. Está bien, muy bien, que se inauguren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luz y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su despacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya buena enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el ISC al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer giras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colocarse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repartiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer demagogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campaña electoral.