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| Francisco Igartua |
"Ahora ya nadie pondrá en tela de juicio la limpieza, la transparencia de las elecciones; el gobierno ha aceptado las reglas de juego de la oposición". Esto es, más o menos, lo que ha dicho Fujimori, respaldando la resolución casi unánime del CCD, dándole fuerza de ley al proyecto electoral del Colegio de Abogados de Lima. Y lo dicho por el jefe de Estado -repetido tontamente por muchos opositores que hablaban de fraude por inercia y no por reflexión- no corresponde a la realidad. No es cierto que la ley electoral sea, ella misma, garantía de pureza electoral. Lo que esa ley significa es otra cosa. Significa que no será prorrogado el mandato de Fujimori, que no serán postergadas las elecciones. Porque a eso, a su postergación -no al fraude- apuntaban las tardanzas en el debate y la insistencia en que se cumplieran las reglas de la Constitución cecedista. Lo dice 'El Comercio', el ponderado decano de la prensa nacional, al titular su editorial del viernes con esta frase contundente: "Cambio de actitud (del gobierno) hace viable el proceso electoral". Quiere decir que 'El Comercio', aunque con reservada prudencia, coincidía con OIGA en que las elecciones eran inviables -que no se producirían- si el gobierno se empecinaba en sus planes. No había que ser zahorí para advertir que las trabas y demoras en el debate electoral, así como el abierto propósito de ajustarse a la nueva Constitución, no tenían otra salida, por la imposibilidad material de cumplir con los plazos, que la postergación de las elecciones. El plan que el gobierno exhibía era evidente: hacer inviable, por fuerza mayor, el proceso electoral y tener así que verse 'obligado' a autoprorrogarse en el poder.
Poner fin a esos planes continuistas, a la reelección sin ánforas, es lo que significa la aceptación de la propuesta del Colegio de Abogados. Decir, pues, que la nueva ley hará limpias las elecciones no es cierto. Las hace posible, que es distinto. Corta por lo sano unos planes que no por burdos y torpes dejaban de estar respaldados por los dichos y hechos del régimen. No eran imaginación las demoras abusivas del debate electoral -corno no es producto de la imaginación la ley Cantuta-, ni cesaban las declaraciones concretas de Fujimori exigiendo se cumplieran las normas electorales de la nueva Constitución, orden que fue obedecida por su hombre de las dos torres y otros de sus cecedistas hasta minutos antes del sorprendente cambiazo... Lo que ha ocurrido es una calculada variación de táctica ejecutada por sorpresa, maniobra en la que son duchos los militares, sobre todo los de inteligencia, y que ya han empleado en varios ocasiones con este régimen. ¿Cuál será la nueva táctica para llegar al objetivo estratégico: la permanencia en el poder por veinte años? Ya se irá descubriendo poco a poco.
La pureza o suciedad del proceso electoral dependerá de la calidad personal de los miembros del Jurado Nacional que sean elegidos. A ellos corresponderá observar los recursos ilegales que se empleen en el proceso y dar curso a la acusación correspondiente ante los Tribunales de Justicia. Desgraciadamente, estas nominaciones comienzan con el de la Corte Suprema, donde el gran elector de quien presidirá el Jurado Electoral será don Luis Serpa, magistrado acusado por Fujimori de haber declarado inocente a Abimael Guzmán y luego, después del autogolpe, elegido imperialmente, por tres años, presidente de la Corte Suprema. El comienzo, como se ve, tiene mal olor y es casi seguro que los múltiples actos irregulares que mancharon los últimos procesos electorales se volverán a repetir, sin que se produzcan las obligadas acusaciones del Jurado ante la Fiscalía, salvo voces aisladas de protesta, como las del doctor Chávez Molina. Por lo pronto, ya se están volviendo a repetir los atropellos a la ley electoral, tanto con el respaldo político que le ha dado al gobierno el alto mando militar, que legalmente no puede ser deliberante en asuntos civiles, como con los repartos que militares uniformados hacen de millones de almanaques a todo color -¿quién los paga?- con la efigie de Alberto Fujimori, candidato a la reelección. O ¿no es verdad, como dijo en el hemiciclo un cecedista de la mayoría, que sólo un caído del palto no se daba cuenta que la Constituyente no tenia otro objetivo que hacer posible la reelección del convocante?
Lo que Fujimori ni sus militares adictos, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones, podrán variar es el resultado del recuento de los votos, siempre y cuando este recuento se haga en mesa, sea irrevisable y asistan al acto personeros de los candidatos, a quienes se les extenderán actas firmadas por los miembros de la mesa y cuyos resultados serán inmediatamente trasmitidos por computadora del colegio electoral a los centros acopiadores de datos. A una potente candidatura, con personeros calificados en todas las mesas y computadoras en los centros de votación, no hay posibilidad de hacerle fraude con los votos. Los atropellos a la ley electoral, que abundarán esta vez, serán concentrados en la presión que la Fuerza Armada obediente al régimen, los prefectos y el propio presidente-candidato hagan sobre la población. Presión que sin embargo, en algunos casos podría resultarles contraproducente... Porque eso de recibir regalos y votar contra el regalador que nos cae antipático no es ajeno al espíritu criollo, a la picardía nacional, hija de la pobreza y el desamparo.
Todo, sin embargo, hasta lo más estrafalario, puede ocurrir en un país donde las palabras, las promesas, las mismas disposiciones tomadas pueden significar una cosa ahora y mañana otra distinta, o no valer nada. ¿Cómo entender las frases de Fujimori alegando, con su media sonrisa, que la nueva disposición electoral es garantía de transparencia? ¿Hay alguna seriedad en la declaración del ministro del Interior explicando que Fujimori visita y se saluda amablemente con los presos senderistas de Puno porque "el presidente se preocupa y vigila que se respeten los derechos humanos"? Aunque más llama la atención que a nadie haya repugnado tan cínico desparpajo. ¿Será que estamos saturados de espanto? Nada nos conmueve ni nos indigna. Hasta hay quienes toman en serio y le creen al general Nicola di Bari cuando, olvidándose de todas las mentiras que le estallaron en la cara al descubrirse los horrores de La Cantuta, alega que en el Huallaga no ha habido faItamiento a los derechos humanos. Cuando lo único serio que se puede hacer en este caso, antes de negar los hechos, es investigar imparcialmente el volumen de esos crímenes -que han sido filmados y fotografiados-, pare saber si la victoria sobre Sendero -que hasta ahora está por comprobarse- no ha sido opacada por los excesos o errores de los combatientes.
Poner fin a esos planes continuistas, a la reelección sin ánforas, es lo que significa la aceptación de la propuesta del Colegio de Abogados. Decir, pues, que la nueva ley hará limpias las elecciones no es cierto. Las hace posible, que es distinto. Corta por lo sano unos planes que no por burdos y torpes dejaban de estar respaldados por los dichos y hechos del régimen. No eran imaginación las demoras abusivas del debate electoral -corno no es producto de la imaginación la ley Cantuta-, ni cesaban las declaraciones concretas de Fujimori exigiendo se cumplieran las normas electorales de la nueva Constitución, orden que fue obedecida por su hombre de las dos torres y otros de sus cecedistas hasta minutos antes del sorprendente cambiazo... Lo que ha ocurrido es una calculada variación de táctica ejecutada por sorpresa, maniobra en la que son duchos los militares, sobre todo los de inteligencia, y que ya han empleado en varios ocasiones con este régimen. ¿Cuál será la nueva táctica para llegar al objetivo estratégico: la permanencia en el poder por veinte años? Ya se irá descubriendo poco a poco.
La pureza o suciedad del proceso electoral dependerá de la calidad personal de los miembros del Jurado Nacional que sean elegidos. A ellos corresponderá observar los recursos ilegales que se empleen en el proceso y dar curso a la acusación correspondiente ante los Tribunales de Justicia. Desgraciadamente, estas nominaciones comienzan con el de la Corte Suprema, donde el gran elector de quien presidirá el Jurado Electoral será don Luis Serpa, magistrado acusado por Fujimori de haber declarado inocente a Abimael Guzmán y luego, después del autogolpe, elegido imperialmente, por tres años, presidente de la Corte Suprema. El comienzo, como se ve, tiene mal olor y es casi seguro que los múltiples actos irregulares que mancharon los últimos procesos electorales se volverán a repetir, sin que se produzcan las obligadas acusaciones del Jurado ante la Fiscalía, salvo voces aisladas de protesta, como las del doctor Chávez Molina. Por lo pronto, ya se están volviendo a repetir los atropellos a la ley electoral, tanto con el respaldo político que le ha dado al gobierno el alto mando militar, que legalmente no puede ser deliberante en asuntos civiles, como con los repartos que militares uniformados hacen de millones de almanaques a todo color -¿quién los paga?- con la efigie de Alberto Fujimori, candidato a la reelección. O ¿no es verdad, como dijo en el hemiciclo un cecedista de la mayoría, que sólo un caído del palto no se daba cuenta que la Constituyente no tenia otro objetivo que hacer posible la reelección del convocante?
Lo que Fujimori ni sus militares adictos, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones, podrán variar es el resultado del recuento de los votos, siempre y cuando este recuento se haga en mesa, sea irrevisable y asistan al acto personeros de los candidatos, a quienes se les extenderán actas firmadas por los miembros de la mesa y cuyos resultados serán inmediatamente trasmitidos por computadora del colegio electoral a los centros acopiadores de datos. A una potente candidatura, con personeros calificados en todas las mesas y computadoras en los centros de votación, no hay posibilidad de hacerle fraude con los votos. Los atropellos a la ley electoral, que abundarán esta vez, serán concentrados en la presión que la Fuerza Armada obediente al régimen, los prefectos y el propio presidente-candidato hagan sobre la población. Presión que sin embargo, en algunos casos podría resultarles contraproducente... Porque eso de recibir regalos y votar contra el regalador que nos cae antipático no es ajeno al espíritu criollo, a la picardía nacional, hija de la pobreza y el desamparo.
Todo, sin embargo, hasta lo más estrafalario, puede ocurrir en un país donde las palabras, las promesas, las mismas disposiciones tomadas pueden significar una cosa ahora y mañana otra distinta, o no valer nada. ¿Cómo entender las frases de Fujimori alegando, con su media sonrisa, que la nueva disposición electoral es garantía de transparencia? ¿Hay alguna seriedad en la declaración del ministro del Interior explicando que Fujimori visita y se saluda amablemente con los presos senderistas de Puno porque "el presidente se preocupa y vigila que se respeten los derechos humanos"? Aunque más llama la atención que a nadie haya repugnado tan cínico desparpajo. ¿Será que estamos saturados de espanto? Nada nos conmueve ni nos indigna. Hasta hay quienes toman en serio y le creen al general Nicola di Bari cuando, olvidándose de todas las mentiras que le estallaron en la cara al descubrirse los horrores de La Cantuta, alega que en el Huallaga no ha habido faItamiento a los derechos humanos. Cuando lo único serio que se puede hacer en este caso, antes de negar los hechos, es investigar imparcialmente el volumen de esos crímenes -que han sido filmados y fotografiados-, pare saber si la victoria sobre Sendero -que hasta ahora está por comprobarse- no ha sido opacada por los excesos o errores de los combatientes.
