FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - TRES DECLARACIONES

Francisco Igartua

Tres declaraciones cruciales se han producido la semana que pasó. Por un lado, el doctor Javier Pérez de Cuellar describió magistralmente los lineamientos generales de su candidatura que, para desesperación de sus enemigos y conveniencia de su estrategia electoral, todavía no la oficializa. Por su parte, el ingeniero Alberto Fujimori, que nunca ha tenido ideas propias, aunque sí habilidad para cabalgar en las de otros, ha cometido la torpeza increíble de hacer suya la tesis china de que los derechos humanos son peculiares de cada país y que el sentido de la democracia también lo define cada gobierno, siendo gesto imperialista la intervención de otros estados en estas decisiones que son soberanas de cada nación. Y, por último, el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se dirigió al jefe de Estado del Perú pidiéndole la libertad del general Jaime Salinas Sedó y de los otros oficiales que lo acompañan en la prisión del Real Felipe. (Declaración que publicamos más adelante).

El embajador Pérez de Cuéllar, en una corta y precisa entrevista concedida al decano de la prensa nacional, adelantó que, de serlo, será candidato independiente, pero respetuoso de los partidos políticos, que son consustanciales al sistema democrático. Además no se enfrentará a las instituciones nacionales sino las fortalecerá y buscará su saneamiento; no concentrará el poder en Lima y dará fuerza y autonomía a las regiones y municipios... También anunció que no variará la dirección general de la política económica -puntualizándola como 'tendencia universal' del día-, pero que lo hará con preocupación social, tendiendo a la creación de puestos de trabajo. Y no se dedicará a la confrontación de unos peruanos contra otros, sino a lograr consenso en torno a los puntos coincidentes de interés nacional. Fueron sus declaraciones a El Comercio, según autorizada opinión de un antiguo experto en la problemática del país, "una pieza política maestra" a la que nada le sobraba ni le faltaba.

Mas tarde, por tanto, respondió a las impertinencias del señor Fujimori sobre su larga residencia en el extranjero, puntualizando que él hace cuarenta años está al servicio del Perú y no acepta lecciones de quien sólo hace cuatro años y medio se está interiorizando en los problemas nacionales. En términos enérgicos y precisos, aunque nada destemplados -en contraposición a la característica de Fujimori-, le hizo recordar el embajador Pérez de Cuéllar que el servicio diplomático obliga a sus integrantes a estar permanentemente al tanto de la realidad global del país y severamente le recordó, sin decirlo, que todos los regímenes peruanos, incluido el de Fujimori, acudieron en distintas oportunidades a su despacho de Secretario General de las Naciones Unidas a exponerle el cuadro preciso y general de la situación peruana para pedir su intervención en ayuda del Perú. Lo que siempre hizo y en el caso preciso de Fujimori, hasta nombrando a una de sus asistentes para que coordinara la asistencia social al programa económico de emergencia. Asistencia que no sólo fue desoída sino ninguneada hasta el extremo de que, discretamente, en silencio, tuvo que desaparecer la enviada de la ONU. No es, pues, que Pérez de Cuéllar desconozca la realidad nacional sino que el punto de discusión ha quedado volteado: es tan grande el envanecimiento del señor Fujimori que, ya en aquella lejana visita, su soberbia no le permitió advertir que el Secretario General de las Naciones Unidas le tendía la mano en el punto débil, en el forado bajo la línea de flotación, que tenia el programa económico que le exigía al Perú el Fondo Monetario Internacional, institución técnica que, por lo general, desconoce las particularidades de cada realidad nacional, Fujimori no cree en los peruanos. Cree en él mismo, en sus propias matemáticas, en los organismos internacionales que le recomienda Japón y, ahora, en la 'democracia' china y en la calidad tecnológica de las computadoras y tractores chinos -pagados por los peruanos- que ha ido regando por todo el territorio nacional y que día a día se van acumulando en los depósitos de trastos viejos e inútiles, sea por falta de repuestos, sea por obsoletos o, principalmente, por deficiente construcción.

Nadie entiende cuáles han sido los ob­jetivos perseguidos por el señor Fujimori para suscribir entusiasta, en Beijing, con el problema norcoreano en la frontera, la­particularlsima tesis de que el sistema de­mocrático y el modo de aplicadón de los derechos humanos se lo fabrica cada na­ción a su manera; y que, por lo tanto, la soberanía de cada país no permite la injerencia extraña en estos asuntos.

Con esta tesis desenvainada como espada samurái se presentó Fujimori en Cartagena (Colombia) y arremetió en defensa de la libertad de Haití y Cuba para decidir sus destinos como les venia en gana. Tesis exacta en teoría académica, si se reduce al enunciado, pero sujeta a una larga jurisprudencia internacional y que, en boca de Fujimori, estaba impregnada de la teoría maoísta escuchada y asumida en Beijing, donde la democracia no es derecho de los individuos sino de las masas en abstracto y donde la soberanía está al servicio de la política y los intereses de la cúpula gobernante, y no de la nación.

Tan alucinante y anticuada fue la intervención del jefe de Estado peruano que ni siquiera se la agradeció Fidel Castro.

¿A qué se debe esta torpeza? Se supone que no va dirigida a declararle la guerra a Estados Unidos. Tampoco pareciera que tuviera la limitadísima mira de ganarse los votos de la casi desaparecida izquierda peruana. ¿A qué, entonces?.

No falta quienes hallen esta insólita explicación a tanta torpeza: Lo que busca Fujimori, dicen estos observadores, es poner el parche antes que salga el chupo. Es declararse democracia al estilo oriental, anticipándose a una posible postergación de elecciones y a un cierre de fronteras -como los chinos y norcoreanos- para que no haya olfateo internacional a las tropelías de la 'democracia dirigida' diseñada por los militares que lo llevaron al poder y lo sostienen en él.

¿Fujimori necesitará ayuda siquiátrica?

Es lo que nos preguntamos los occidentales, los que creemos en la democracia como estilo de vida que garantiza el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos, a discrepar y a respetar la critica de los demás, a aceptar las decisiones de las mayorías pero pudiendo creer que la razón la tienen las minorías; los que creemos en la sana convivencia y en la honesta discrepancia de los seres humanos; los que estimamos que el Perú, con sus enormes problemas de identidad, no ha salido todavía de la órbita occidental. ¡Y ojalá no salga!.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUATRO SUCESOS DESIGUALES

Francisco Igartua

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer las circunstancias en las que tendrá que competir -"No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder"­, pero también a sabiendas, por experiencias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelección, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, a los autócratas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del mensaje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta forma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fujimori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóticos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la policía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, dilucidar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente intervención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.

Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni puede dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos debería echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicóptero, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almanaques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE. UU., empantanado en Haití, cual elefante desesperado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para comprar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgullo nacional. La otra es una tragedia horrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacional de un banco que surgió de la imaginación y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enteramos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muerto de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción alguna en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un muchacho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso, la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a WiIfredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no tenía la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podido convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los militares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Expreso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemente avisos en el diario de Orejuelas. También da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicolás di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares "que controlarán el proceso electoral", frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los 'controladores' del proceso. El suplemento del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera antes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - HACER DEMAGOGIA CON LA PLATA DEL PUEBLO NO ES GOBERNAR

Francisco Igartua

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el voto se emite apretando un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley presentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperanzas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate incoherente.

En uno de sus dispositivos, por ejemplo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funcionario puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre ha inspirado la legislación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una presión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resultados. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcionario, cuyo poder llega a todos los rincones del país, pueda participar en elecciones desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cualquier funcionario, también debiera alejarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano disparate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bastaría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio -en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori-, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones sigue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reelecciones, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fondos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral presentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próximos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus cargos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatura, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial -todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una burla cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para imprimir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones -todo a cuenta del Estado-, así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de elevado criterio, profesionales de nota, gentes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candidato a la reelección las violará cuantas veces le dé la gana y se mofará de ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico? ... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el proceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impunemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anda diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apretando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demagogia. Está bien, muy bien, que se inauguren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luz y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su despacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya buena enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el ISC al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer giras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colocarse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repartiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer demagogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campaña electoral.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA CERVEZA Y LOS PERIODISTAS

Francisco Igartua

Solicitando le prestemos atención -al final de la nota destaca la frase ritual "con el ruego de su publicación"-, la Compañía de Cerveza Cristal nos ha hecho llegar una larga exposición en la que 'explica la caída del consumo de cerveza (8.5%) por el auge que ha tomado la venta de ron importado (133%) y de otros alcoholes rectificados nacionales y extranjeros. Y le asiste a la Cristal toda la razón en sus argumentos para protestar, pues este desequilibrio se presenta, sin duda alguna, por el trato discriminatorio que, en cuestión de impuestos, sufre la cerveza en relación a bebidas de alto grado alcohólico. Pero hay algo más que sólo está insinuado en la comunicación de los fabricantes cerveceros. También esa baja se debe a la pauperización del pueblo, que no puede pagar la parte del impuesto que se le asigna (18% de IGV y 30% de ISC) por la compra de cerveza, su bebida preferida. En tales condiciones opta por olvidar sus penas emborrachándose con licores de alto grado alcohólico, más dañino para la salud que la cerveza, pero más baratos y más contundentes para borrar del cerebro malos recuerdos y tensiones. De allí también el auge del juego y de las drogas.

Frente a esta realidad, las campañas y los discursos de respaldo a la lucha contra el narcotráfico para evitar el daño a la salud de nuestra población suena a inútil y hueco compromiso, a desvergonzada hipocresía. ¡Cómo si el alcohol no causara tanto destrozo como los estupefacientes.

Con esta nota de Cristal vemos que nuestros grandes hombres de empresa comienzan a ver que en economía las situaciones no son tan simples ni se resuelven con pura matemática. Es cierto -en este punto no hay duda alguna- que las normas tributarias, para ser eficaces, deben ser generales e iguales para todos; pero sin dejar de reconocer que son insoslayables las excepciones y respetables las particularidades que, como en la gramática, confirman la regla. Tal es el caso de la cerveza, que es discriminada y cargada con mayor castigo tributario que rones y alcoholes rectificados, mucho más dañinos para la salud popular y juvenil que la cerveza, cuando la realidad sanitaria y moral obliga que las cosas sean al revés.

También estos grandes empresarios habrán advertido que el pueblo, y no las elites, es el que cubre la mayor parte del presupuesto de la República. Por ejemplo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el renglón cerveza -que es todavía la bebida de las masas- llega a sumas mil veces superiores a los magros ingresos que el whisky le produce al fisco. ¿Y qué deI IGV -impuesto a la venta- a los fideos, a la leche, a los huevos, al aceite? ¿Alguien ha hecho el cálculo de la sideral diferencia del pago hecho por los pobres al fisco con el mísero aporte que hacen las elites? ¿Come más fideos un rico que un desocupado? ¿Toma más leche? Y tómese en cuenta que en el Perú algo más de 20 millones de personas son medianamente pobres, pobres, paupérrimos y miserables. Estos son lo que, sin saberlo, cubren la mayor parte del presupuesto nacional cada vez que toman un té, un café, un pan o una cerveza.

Pero volvamos al tema inicial: ¿Por qué, si hay discriminación tributaria en contra de la cerveza, que es una bebida de moderado grado alcohólico, no se invierten los términos y la discriminación se vuelve contra los alcoholes fuertes, que son dañinos a la salud y, en el caso de algunos de ellos, consumidos sólo por adultos de la clase alta? Esto lo aconsejaría una economía con sentido humano, solidaria con los más necesitados y preocupada por la salud moral y física de la población. Una economía que no tendría que avergonzarse de la hipocresía que se esconde en muchos discursos antinarcóticos.

Para evitar las consabidas trampas basta que la diferencia sea entre licores y cervezas, señalando que éstas, cuando lleguen al grado 'de ponemos 'osos', pasen al renglón de licores.

Esperemos que ahora los grandes empresarios -como son los de la cerveza-, tan distantes de los problemas de los demás, comprendan ahora la necesidad de las excepciones tributarias; de la igualdad en situaciones semejantes -Dionisio Romero ha pedido, con razón, igual trato para la banca nacional y la extranjera-, y del sentido humano que la economía no debiera despreciar.

Pongámonos de acuerdo en que el impuesto general a las ventas -el que cancela cada ciudadano al hacer una compra- es técnicamente el más eficiente y que éste debe ser universal. También admitamos -porque técnicamente es lo correcto- que la tasa del 18%, es demasiado alta y debería reducirse al 10 o 12%. Así habría menos evasión y se ampliaría la base tributaria. Hace muchísimos años, antes de la era cristiana, un sabio emperador chino descubrió y estableció como norma que los impuestos en conjunto jamás deberían pasar del 15%, porque, de lo contrario, sería una permanente tentación a ser evadidos.

Pero vayamos a lo nuestro, a lo que nos atañe a los periodistas: ¿por qué no debe haber excepciones o, mejor dicho, por qué debe haber una sola?

Sería verdaderamente criminal, una estulticia, que a los recibos de los estudiantes se les añadiera 18% de IGV. ¡Cómo si el déficit mayor de este país no fuera la falta de educación' Está, pues, muy bien que se exceptúe del IGV a la educación, como se ha hecho. Lo que no debe ocurrir es que el negocio de la educación -se hacen negocios con ella y muy grandes- no pague impuesto a la renta. Y tampoco está bien que, en igualdad de trato, no se exonere del IGV a la venta de periódicos y revistas, que son el medio más eficaz de educación cívica y de ilustración que tienen los ciudadanos y es, hoy día, condición indispensable para que se pueda hablar de libertad de prensa en un país. Que haya publicaciones pornográficas y de escalofriante frivolidad, es algo lamentable, como son lamentables algunas frivolísimas escuelas privadas, pero no le quitemos la vida a un ser humano por los muchos o pocos forúnculos que lo afeen. Por lo demás, no es ésta una excepción especialísima. En todos los países del mundo civilizado, en unos más que en otros, la venta de libros y periódicos goza de regímenes de excepción o preferencia. También en todos los países desarrollados, con un mínimo de conciencia sobre las necesidades vitales de su población, están liberados o muy aligerados del IGV o IVA los alimentos básicos y las medicinas Gobierno que no entienda esta situación -más en los países subdesarrollados, en los lugares donde, como aquí, los salarios son de hambre-, es gobierno sin sensibilidad humana, sin mirada al futuro, sin sentido de patria. ¿Qué se podrá hacer mañana con un pueblo ignorante, incivil, tuberculoso?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - VITTOR, SUSANA Y LIBERTAD DE PRENSA

Francisco Igartua

Para muchos debiera esta revista estar alegre por la caída del ministro de la Presidencia, el ingeniero Vittor.

-Ustedes -nos dicen- son los que lo han tumbado. Sin embargo, no es verdad que OIGA se regocije con lo ocurrido. El que el señor Fujimori se desprenda de un ministro comprobadamente pícaro y encubridor de pícaros, no significa que haya desaparecido la inmoralidad en el régimen o que ésta haya amenguado. Vittor ha renunciado después de que Fujimori avaló públicamente su conducta de encubridor de los beneficiarios de los sobornos del BCCI (denuncia comprobada) y después de que quedara en evidencia que era uno de los tantos allegados al régimen que se aprovechan deshonestamente de las obras gubernamentales. Avalar a pícaros y más tarde aceptarles sus renuncias ("agradeciéndoles los servicios prestados a la Nación") no es moralizar, es amparar la corrupción y desmoralizar a los peruanos. ¿Se puede hablar de moralización cuando los picaronazos renunciantes no sólo nunca recibieron un castigo sino que fueron premiados con embajadas y buenos negocios? Menos aún vale la pregunta mientras se mantenga en los altos mandos del gobierno a los encubridores de Zanatti -pícaro mayor que los esposos Figueroa- y mientras los enormes gastos del gobierno -financiados con los impuestos que pagan los pobres al comer un pan o leer un periódico- sigan sin otra fiscalización que la frase cachacienta de Fujimori: "Ahora no hay comisiones". Vittor, nada menos que ministro de la Presidencia ¿no recibía comisiones? ¿No han recibido comisiones los ministros que permitieron que Zanatti vendiera Faucett, se llevara los aviones de Aeronaves y se deshiciera de sus negocios ganaderos? ¿Quién le paga su campaña reeleccionista al señor Fujimori? ¿No hay malversación en la impresión de fotos a todo color del mandatario y en otros regalos personales?

No, no estamos contentos en OIGA con la caída del ministro Vittor -su renuncia con "gracias a los servicios prestados" no es satisfactoria muestra de voluntad moralizadora- y, por otro lado, nos apenan las desavenencias familiares en Palacio. Sabemos de las terribles tensiones sufridas por la señora Higuchi cuando fue secuestrada en el Pentagonito, por aquello de los 'trapos sucios', y nos desconciertan sus apariciones públicas al lado del esposo tanto como su escapada de Palacio. Se trata de hechos contradictorios que pueden ser máscara de insospechadas conductas sobre las que no es aconsejable especular. Nuestra sensibilidad occidental peruana podría perderse en los meandros orientales de la relación Fujimori Higuchi. Sin embargo, no es posible negar que mucho más nos apena la esposa maltratada que el consorte autoritario y prepotente.

Y como también está en el tapete el tema de la presión económica del gobierno sobre los medios de expresión, repetiré lo que escribí y publiqué -por si las moscas el 28 de marzo del 94-, al inicio de estas 'secretas negociaciones'. Posición que OIGA sigue manteniendo a pie firme; entendiendo publicidad por divulgación de asuntos de interés nacional no propaganda política:

Para que no se me escape la lengua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para hablar, voy leer estas notas, escritas a vuela lápiz en estos momentos:

"Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra gerente ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para llegar a acuerdos que no conozco, porque a esas reuniones OIGA no fue invitada”.

"Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el impuesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas”.

"Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívica, lo primero que debe hacer es propiciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los periódicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países embrionarias como el nuestro”.

"Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado en setiembre, en Berlín, que el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos que elevan el precio de los perió­dicos a niveles que los aleja del público".

"El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los periódicos tienen subvención estatal”.

"Ningún país en el mundo carga con 18%a la venta de periódicos y revistas; o sea, a la difusión de la lectura. (Un reciente intento de hacerlo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búlgara). Por el mismo tema hay protestas en Chile democrático. A pesar de que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de Impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotativas”.

"El 18% de IGV a la prensa es una carga más que injusta, es discriminato­ria si nos comparamos con la Educa­ción, que está liberada -y con razón­ de este y otros impuestos. También es criminal el IGV a las medicinas, a los alimentos básicos y a los libros”.

''Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntualizar que la situación de OIGA, al tener una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son mucho menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candidato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y absurda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invitado”.

"Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato publicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastarnos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa".

Más que acertado es el comentario del presidente Belaunde, publicado en Caretas. Es la radiografía de la libertad de prensa en el Perú de hoy. Dice Belaunde:

"Las antiguas dictaduras clausuraban los periódicos, Fujimori los compra".