FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - UN PACTO TÁCITO, DOÑA SUSANA Y DOS CHISTES

Francisco Igartua

Tema crucial del día son las elecciones del año entrante, cuyo proceso, en el orden práctico, ya está iniciado, aun cuando los candidatos todavía no se decidan a subir al cuadrilátero de la competencia oficial. Candidato es el presidente en ejercicio -amparado en una Constitución dada por un Congreso producto del golpe militar de abril del noventa y dos-; candidato también es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien tácticamente vienen midiendo a un adversario sumamente poderoso, Alberto Fujimori, por estar éste encaramado en el gobierno y tener a su mano recursos del Estado que usa y usará con abierto descaro en su provecho; y es candidato Ricardo Belmont.

Este es el panorama electoral: Y el electorado sabe que se trata de una pugna entre el gobierno autoritario del señor Fujimori y la oposición a él. Lo demás es hojarasca, vientos de polvo, paracas, que confunden la visión. A un lado están los que creen en la bondad y eficacia del gobierno, precisamente porque –según ellos- es autoritario y eso es lo que necesita el país. En el otro están los que, sin negar los logros del régimen, consideran que ese autoritarismo se ha excedido y nos hallamos en una dictadura disimulada, en un régimen extralegal, sin garantías jurídicas, tremendamente centralista y dominada por un ejecutivo unipersonal y una cúpula militar con el control policiaco sobre una ciudadanía huérfana de apoyos institucionales.

El gobierno sabe que para ganar le basta administrar electoralmente los programas de ayuda social, un apoyo especifico y sostenido de sus brigadas militares de confianza, y procurar que haya confusión y dispersión en las filas de los opositores al régimen, ya que evidentemente no son fuerzas homogéneas. Otra de sus preocupaciones es cuidar que no se le destapen los guardados de corrupción que ha venido escondiendo.

Para la oposición, si hay sensatez y visión política entre sus diversos integrantes, la estrategia para el triunfo también es muy simple. Parte por mantener vigente el pacto tácito que llevó al NO a la victoria en el Referéndum -el resultado oficial fue distorsionado por las ánforas que, en remotos pueblos, el Ejército acomodó con 200 votos por el SI en padrones de 200 electores, todos vivos, sanitos y coleando-, un pacto que nadie negoció, que no tuvo tomas ni dacas, que nadie siguiera conversó. Un pacto que nació de la necesidad de decir NO a la arbitrariedad y al continuismo presidencial. Mantener vigente ese pacto implícito, tácito, sobreentendido, será señal de victoria. Mientras que destruirlo o jugar a otras opciones que significarán lo mismo, su destrucción, será contrariar la voluntad de una mayoría que ve con recelo la reelección presidencial y tiene conciencia cultural del desastre que significó en nuestra historia el continuismo de Leguía y de otros. El de los militares del 68 para no ir más lejos.

Además de mantener en pie ese pacto popular contra la reelección, o sea contra el continuismo de la autocracia y el tutelaje militar, la oposición debe ser clara en que no se harán cambios en la línea de la modernidad de nuestra economía ni que se cejará en la lucha contra la subversión terrorista, peligro que no ha desaparecido y que, cambiando por otras las liquidadas banderas marxistas, podría volver a constituirse en un grave estorbo al desarrollo económico. De allí la importancia que la realidad peruana exige darle a los programas de asistencia y, sobre todo, de desarrollo social, como lo ha planteado con precisa visión de las urgencias peruanas el doctor Javier Pérez de Cuéllar.

La fórmula de la victoria es simple:

Basta con dividir las tareas; que unos se dediquen a las listas parlamentarias y otros a la fórmula presidencial. Suicida será entremezclar estos dos esfuerzos.

Pero, siendo central el tema de las elecciones, el patético drama de una mujer desamparada, sola, acorralada por los enormes poderes del Estado y por la prepotente impiedad de su esposo, me obligan a poner unas líneas de ayuda espiritual y de consuelo a ella, a Susana Higuchi de Fujimori, quien, para algunos, se excedió, y para otros no, en su propósito de representar a la mujer como algo más que un adorno en la casa o en la posición política en que las circunstancias la han puesto. Circunstancia que no se la dio el señor Fujimori, como él ha dicho con impertinente arrogancia, sino los votantes, que no eran fujimoristas -él salió segundo en la primera vuelta- sino apristas e izquierdistas.

Pero no logrará Fujimori taparle la boca a su mujer movilizando tropa armada, cortándose los teléfonos, soldándole las puertas, confinándola día y noche en su despacho, alentando a sus hijos a censurar a su madre. Los hechos hablan por ella: Miente el barbita de las dos torres cuando dice que el CCD no hizo otra cosa que aprobar el proyecto -que no era proyecto sino borrador- del Jurado Nacional de Elecciones. Miente porque a ese proyecto o borrador el CCD de Fujimori le añadió dos líneas, las dos líneas destinadas a que la señora Higuchi de Fujimori no pueda ser elegida ni siquiera parlamentaria; un derecho que tienen todos los peruanos, desde el presidente de la República hasta el último pinche del de las dos torres. Hablan por ella las picaronadas del ex ministro Víttor -todas ellas comprobadas- y los terrenos del Proyecto Pachacútec, donde este gobierno -este gobierno no el anterior- hundió cerca de cinco millones de dólares, 'de los que hasta ahora nadie ha dado cuenta y que el fiscal ad hoc no ha querido investigar para no dejar de ser ad hoc. Y eso es corrupción aquí y en el Japón. Aunque el doctor De la Puente, a pesar de haber sido Ministro de Vivienda en la época, no se haya enterado de ello, como no se enteró que era un abuso sin nombre despedir a un centenar de diplomáticos, por inútiles y maricones según dijo Fujimori. Hablan por ella todas las personas, que no son pocas, que tienen los teléfonos controlados o reciben amenazas, algunas tan graves como las hechas a la familia del general Robles, para que éste no vuelva a hablar del crimen de Barrios Altos -también mencionado por la señora Susana-, y las advertencias al Canal 11, de que le harían estallar en la puerta un coche bomba. Todos estos son hechos, reales como rocas, aunque casi todo el mundo los calle. Hablan también por la señora Susana todas las personas que aprueban -como las ha aprobado ella- las obras realizadas por este régimen, que no son pocas, pero que se quedan mudas de espanto al escuchar al esposo denigrar feamente, en público, por televisión, a la esposa refugiada en un rosario. Injuriar a una mujer empleando la cadena nacional de televisión, abusando de su cargo de presidente, no es un gesto varonil. Así no se educa a los hijos y sí se perturba la moral del pueblo.

Y para concluir dos líneas para otros dos temas: el ministro Camet, con su cara de palo, ha probado ser un excelente político. Sobre todo porque habla poco y es concreto en los temas que conoce. Por eso me extrañó que tocara en días pasados el problema de los periódicos. Probó que no tiene la menor idea de lo que es libertad de prensa. Para su conocimiento le diré que el viejo PRI, en México, usaba el papel para censurar a los periódicos y que el gobierno al que él sirve, el de Fujimori y la cúpula militar, usa el chantaje de la publicidad, para amedrentar o arruinar a la prensa que no se le doblega. Lo que Camet dijo sobre la distribución de avisos fue una mentira que se la contaron y él repitió tan mal que pareció un chiste alemán... Y en cuanto a la declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de que la mentira en el proceso electoral será condenada con un año de cárcel, me hizo recordar los chistes de las películas antiguas. ¿No sabe el señor Nugent que su Jurado no es Tribunal? Si lo fuera ya estaría hace tiempo en la cárcel Fujimori, Nicola de Bari y varias docenas de ministros y autoridades que abiertamente intervinieron en los últimos procesos electorales -CCD y Referéndum-, a pesar de las prohibiciones expresas consignadas, bajo pena de prisión, en la Ley Electoral de entonces y en el Código Penal vigente. ¿Ingenuo o chistoso el señor Nugent?.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - EL CAPRICHO Y LA PREPOTENCIA NO SON BUENOS GOBERNANTES

Francisco Igartua

Los problemas fronterizos no deben ser politizados. Lo ha dicho con claridad el doctor Javier Pérez de Cuéllar, que de diplomacia algo sabe, y lo mismo ha dado a entender el mandatario Alberto Fujimori. Los dos han hablado racionalmente y ojalá así se tocaran todos los temas de interés nacional: con tino, con buen juicio y sin buscar ventajas personales.

Pero el que no se politice el tema no quiere decir que la prensa de opinión, como es OIGA, se calle y no haga el análisis de lo ocurrido. El público debe estar bien informado sobre nuestra política de fronteras para entender por qué las relaciones exteriores de un país no deben politizarse, no deben ser usadas en beneficio de ningún gobierno en particular -menos en beneficio personal de nadie- y deben ser concretadas con conocimiento de la ciudadanía y con el mayor consenso nacional posible.

Hagamos un poco de historia. Cuando el señor Alberto Fujimori, presidente constitucional en esos momentos, anunció su disposición a solucionar los diferendos con Ecuador, Chile, entredichos subsistentes por negarse estas dos naciones a cumplir tratados aprobados a plenitud por las partes, uno en Río en 1942 y el otro en Lima en 1929.

Fue una obligación aplaudir esa iniciativa e incorporarla a la lista de los aciertos de su régimen. Al contrario mereció ser rechiflado cuando; por capricho, dejó largo tiempo sin embajador a nuestra representación en Brasil. Esa frontera es demasiado importante para que ese país fuera desairado, a causa del disgusto que tuvo Fujimori porque el Congreso baloteó el nombramiento de un amigo suyo, ministro de Alan García, para la embajada en Brasilia. La importancia del asunto era obvia: tanto por la línea fronteriza misma, que es enorme, como por la condición de país garante del Tratado de Río que tiene Brasil.

Resolver las tensiones con Quito y' Santiago era un objetivo casi tan importante como enfrentar con decisión lo que era el problema número uno del país -el terrorismo- y la reincorpora­ción del Perú al mundo financiero internacional. Pero si al decidir esta orientación a nuestra política exterior, que es tarea presidencial, estuvo en lo justo, cometió gravísimo error cuando, con arrogancia y autosuficiencia, puso de lado a los expertos de Torre Tagle y pretendió él, personalmente, realizar las tratativas, con ánimo de lograr en exclusiva la cosecha de los triunfos, que le parecieron tener al alcance de la mano. Viajó tres veces a Ecuador, cayó en el tremendo yerro de aplaudir y abrazar al presidente Durán Ballén que acababa de hablar de diferendo territorial con el Perú. Y peor aún, en un paseo pesquero, se puso a revisar mapas, trazando cambios fronterizos, con su colega ecuatoriano. Toda una serie de idas y venidas en el aire y en falso, que no han servido para nada. Durán BaIlén no ha visitado el Perú y se crearon desmesuradas esperanzas en Quito, con lo que las diferencias con Ecuador se han agravado en lugar de haberse resuelto. Todo por querer el señor Fujimori reemplazar, él solo, a todo el servicio diplomático peruano, que algo conoce del oficio. Quiso dar lecciones de diplomacia a los diplomáticos y salió trasquilado, como está a la vista.

Todo esto lo debe saber la ciudadanía para poder juzgar cuando se ponga a debate nacional -no político- este tema. Le servirá para formarse una opinión ilustrada de los hechos.

Y en cuanto al problema creado por la resistencia chilena a cumplir el Tratado de 1929, hay que decir que ocurrió lo mismo. Unas negociaciones que venían desarrollándose profesionalmente, dirigidas por la Cancillería, desde el gobierno anterior, Fujimori las quiso continuar a su estilo, asumiendo él el comando de la operación. De nuevo puso de lado a Torre Tagle y con un embajador obsecuente y un abogado muy distinguido del foro limeño, especialista en cuestiones tributarias y dilettante en derecho internacional -ignorante, además, de los detalles del conflicto-, quiso resolver el diferendo en secreto, sin informar nada a nadie, ni siquiera a la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Prepotentemente, sin debate nacional alguno, creyendo que era fácil rematar el trabajo adelantado por el canciller Allan Wagner, Fujimori hizo concluir las negociaciones y con gran pompa, en uno de los salones más cargados de arañas de cristal de Palacio, con su presencia; para darle mayor seriedad y solemnidad al acto, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y el Perú firmaron las Convenciones de Lima. Para Fujimori se había resuelto el viejo problema de Tacna y Arica y él se coronaba de gloria.

Pero ocurrió que los entendidos en materia de Tratados, los historiadores, los periódicos, las damas de Tacna... encontraron que el Tratado de 1929 había sido saltado a la garrocha por las Convenciones. Estas protestas llegaron al Congreso y ahí se congeló la victoria de Fujimori.

En esos momentos, el Congreso -o sea el propio Fujimori- debió retornar los documentos a Palacio para, por intermedio de Torre Tagle, reiniciar las negociaciones con la Cancillería chilena. Era lo correcto, lo profesional, frente a la mayoritaria oposición ciudadana a las Convenciones. Pero Fujimori insistió en dejar los documentos en el Congreso con ánimo no de convencer al país de las bondades del arreglo sino de esperar el momento oportuno para que su Congreso lo aprobara prepotentemente, entre gallos y medianoche, e imponer al país hechos consumados.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA DIVINIZACIÓN DE LOS RIÑONES

Francisco Igartua

Hace pocos días, en un salón de Lima, escuchaba esta reflexión sobre el Perú actual, dicha en sorna con ánimo de restarle importancia: "Los blancos prefieren a un chino de presidente antes que a un cholo y los cholos lo mismo, antes que a un blanco prefieren a un chino". Añadía: "Y no está mal, porque este país necesita que lo disciplinen, que lo organicen, después ya se verá...". Lo que la bella dama decía, creyéndose Colón, es algo que ya había observado, al nacimiento de los estados americanos, un acucioso francés, Alexis de Tocqueville. Los países de la América española, para Tocqueville, no tenían respeto a la ley ni había sobriedad en sus costumbres, por lo que, disponiendo de las mismas condiciones de prosperidad, no lograrían ser naciones estables, democracias desarrolladas, como lo sería Estados Unidos de América.

Por un lado, voluntarismo, arbitrariedad, prepotencia... y después ya se verá. Un después que nunca ha llegado ni llegará. Porque de la dictadura -que ha sido el sistema más o menos continuado de gobierno en América Latina­ es imposible que surja un orden legal, un estado de derecho, base de todo desarrollo. Para llegar a él se requiere educación democrática, aprendizaje y paciencia, constituirse en pueblo, lograr -en nuestro caso- que los dos Perús, esas "dos razas que esbozan la vuelta al pasado por caminos opuestos, señalando así su inmenso distanciamiento socio-psicológico" -que decía More-, entiendan que los unos no son tan blancos ni los otros tan indios, que "ambos a dos -según sabio decir de un negro viejo- son cholitos, peruanos. Será ese encuentro que avizoró el colónído "Acaso algún día se encuentren -ambas razas- en un punto y ese punto sea el porvenir". La construcción de una nación no es asunto de chinitos ni entorchados con riñones bien puestos.

En el otro lado, al norte, los caudillos de su independencia no se dedicaron a reemplazar en el poder a los virreyes, sino a establecer un orden legal acorde con la realidad que nacía del nuevo estado de cosas. Orden legal con igualdad de mando sobre gobernantes y gobernados. A lo que se añadió educación y costumbres de respeto a la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Así nace la democracia norteamericana y por eso su fortaleza. Cuando la estupidez humana crea en esa nación la segregación de la raza negra, el conflicto no se soluciona subvirtiendo el orden público, proclamando otra constitución, sino incorporando a los negros al orden establecido, extendiendo el estado de derecho a todos los ciudadanos. La ley reina sobre las diferencias internas de esa democracia y es del respeto a la ley que surge su tremendo desarrollo económico, como lo previó con precisión Tocqueville en la tercera década del siglo XIX.

En nuestros lares, exceptuados Chile y Costa Rica, el irrespeto a la leyes lo más frecuente. Cada 'revolución', cada 'Patria nueva', cada 'Nuevo Perú', dicta sus propias leyes que, además, son incumplidas cada vez que el mandón de turno -vestido de frac, de poncho o con charreteras- considere que le han quedado cortas o no le son convenientes. Aquí no manda la ley sino los riñones de quien esté sentado en Palacio. Y así no se hace patria. Así se convierte más en chacra este 'territorio de desconcertadas gentes'.

Desgraciadamente, la historia nada nos enseña. Mejor dicho, me corrijo, nada aprendemos de las enseñanzas de la historia y cuando alguien la recuerda para rechazar, por ejemplo, la violación constitucional del 92, el denunciante resulta condenado por la 'ley' de los golpistas.

La semana pasada, en una reunión pública con los delegados provinciales del Movimiento 13 de Noviembre, organizada para exigir la libertad del general Salinas Sedó y los militares constitucionalistas presos en el Real Felipe, el general Pastor Vives; al agradecer el trabajo de los comités del Movimiento recordó cómo, al producirse el golpe militar del 5 de abril del 92, le vino a la mente un discurso del general Hoyos Rubio, comandante general del Ejército cuando él -Pastor Vives- era flamante coronel. Recordó la invocación del general Hoyos Rubio, que había sido uno de los conspiradores en el golpe de Velasco, haciéndoles reflexionar a los oficiales para que nunca más se dejaran ilusionar con las salvaciones a la patria. De esos pronunciamientos -decía Hoyos- la patria no se salva y sí queda vulnerada la unidad de los militares.

De allí comenzó, explicó Pastor Vives, nuestra inquietud para que el país volviera al orden constitucional, para que no siguiera el Ejército contribuyendo al desorden de la República y debilitándose como institución...

Esa enseñanza dictada por el general Hoyos Rubio, nacida de una trágica experiencia para el país, vivida muy directamente por él, algún efecto tuvo. Lo comprobé en los labios del general Pastor y lo estoy observando en la entereza moral del general Salinas, encarcelado en el Real Felipe con ocho de los suyos. Sin embargo, pareciera que, por algún malvado designio del destino, estuviéramos condenados a nunca aprender las lecciones de la historia y que la saña se agregue al castigo injusto dado a los que osan escuchar sus mandatos.

Mucho se me queda en el tintero sobre el destino fatal del Perú. No por obra del destino, en verdad, sino de nuestro ancestral desapego a la ley, a nuestro desconocimiento de lo que es el orden y, sobre todo, a la divinización de los riñones. De los riñones de los que están arriba y no de los que se alzan con valor moral contra la subversión del orden legal y moral cometida por los gobernantes. Por algo somos el pueblo más maleducado del mundo. El mal ejemplo viene de arriba.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - TRES DECLARACIONES

Francisco Igartua

Tres declaraciones cruciales se han producido la semana que pasó. Por un lado, el doctor Javier Pérez de Cuellar describió magistralmente los lineamientos generales de su candidatura que, para desesperación de sus enemigos y conveniencia de su estrategia electoral, todavía no la oficializa. Por su parte, el ingeniero Alberto Fujimori, que nunca ha tenido ideas propias, aunque sí habilidad para cabalgar en las de otros, ha cometido la torpeza increíble de hacer suya la tesis china de que los derechos humanos son peculiares de cada país y que el sentido de la democracia también lo define cada gobierno, siendo gesto imperialista la intervención de otros estados en estas decisiones que son soberanas de cada nación. Y, por último, el premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se dirigió al jefe de Estado del Perú pidiéndole la libertad del general Jaime Salinas Sedó y de los otros oficiales que lo acompañan en la prisión del Real Felipe. (Declaración que publicamos más adelante).

El embajador Pérez de Cuéllar, en una corta y precisa entrevista concedida al decano de la prensa nacional, adelantó que, de serlo, será candidato independiente, pero respetuoso de los partidos políticos, que son consustanciales al sistema democrático. Además no se enfrentará a las instituciones nacionales sino las fortalecerá y buscará su saneamiento; no concentrará el poder en Lima y dará fuerza y autonomía a las regiones y municipios... También anunció que no variará la dirección general de la política económica -puntualizándola como 'tendencia universal' del día-, pero que lo hará con preocupación social, tendiendo a la creación de puestos de trabajo. Y no se dedicará a la confrontación de unos peruanos contra otros, sino a lograr consenso en torno a los puntos coincidentes de interés nacional. Fueron sus declaraciones a El Comercio, según autorizada opinión de un antiguo experto en la problemática del país, "una pieza política maestra" a la que nada le sobraba ni le faltaba.

Mas tarde, por tanto, respondió a las impertinencias del señor Fujimori sobre su larga residencia en el extranjero, puntualizando que él hace cuarenta años está al servicio del Perú y no acepta lecciones de quien sólo hace cuatro años y medio se está interiorizando en los problemas nacionales. En términos enérgicos y precisos, aunque nada destemplados -en contraposición a la característica de Fujimori-, le hizo recordar el embajador Pérez de Cuéllar que el servicio diplomático obliga a sus integrantes a estar permanentemente al tanto de la realidad global del país y severamente le recordó, sin decirlo, que todos los regímenes peruanos, incluido el de Fujimori, acudieron en distintas oportunidades a su despacho de Secretario General de las Naciones Unidas a exponerle el cuadro preciso y general de la situación peruana para pedir su intervención en ayuda del Perú. Lo que siempre hizo y en el caso preciso de Fujimori, hasta nombrando a una de sus asistentes para que coordinara la asistencia social al programa económico de emergencia. Asistencia que no sólo fue desoída sino ninguneada hasta el extremo de que, discretamente, en silencio, tuvo que desaparecer la enviada de la ONU. No es, pues, que Pérez de Cuéllar desconozca la realidad nacional sino que el punto de discusión ha quedado volteado: es tan grande el envanecimiento del señor Fujimori que, ya en aquella lejana visita, su soberbia no le permitió advertir que el Secretario General de las Naciones Unidas le tendía la mano en el punto débil, en el forado bajo la línea de flotación, que tenia el programa económico que le exigía al Perú el Fondo Monetario Internacional, institución técnica que, por lo general, desconoce las particularidades de cada realidad nacional, Fujimori no cree en los peruanos. Cree en él mismo, en sus propias matemáticas, en los organismos internacionales que le recomienda Japón y, ahora, en la 'democracia' china y en la calidad tecnológica de las computadoras y tractores chinos -pagados por los peruanos- que ha ido regando por todo el territorio nacional y que día a día se van acumulando en los depósitos de trastos viejos e inútiles, sea por falta de repuestos, sea por obsoletos o, principalmente, por deficiente construcción.

Nadie entiende cuáles han sido los ob­jetivos perseguidos por el señor Fujimori para suscribir entusiasta, en Beijing, con el problema norcoreano en la frontera, la­particularlsima tesis de que el sistema de­mocrático y el modo de aplicadón de los derechos humanos se lo fabrica cada na­ción a su manera; y que, por lo tanto, la soberanía de cada país no permite la injerencia extraña en estos asuntos.

Con esta tesis desenvainada como espada samurái se presentó Fujimori en Cartagena (Colombia) y arremetió en defensa de la libertad de Haití y Cuba para decidir sus destinos como les venia en gana. Tesis exacta en teoría académica, si se reduce al enunciado, pero sujeta a una larga jurisprudencia internacional y que, en boca de Fujimori, estaba impregnada de la teoría maoísta escuchada y asumida en Beijing, donde la democracia no es derecho de los individuos sino de las masas en abstracto y donde la soberanía está al servicio de la política y los intereses de la cúpula gobernante, y no de la nación.

Tan alucinante y anticuada fue la intervención del jefe de Estado peruano que ni siquiera se la agradeció Fidel Castro.

¿A qué se debe esta torpeza? Se supone que no va dirigida a declararle la guerra a Estados Unidos. Tampoco pareciera que tuviera la limitadísima mira de ganarse los votos de la casi desaparecida izquierda peruana. ¿A qué, entonces?.

No falta quienes hallen esta insólita explicación a tanta torpeza: Lo que busca Fujimori, dicen estos observadores, es poner el parche antes que salga el chupo. Es declararse democracia al estilo oriental, anticipándose a una posible postergación de elecciones y a un cierre de fronteras -como los chinos y norcoreanos- para que no haya olfateo internacional a las tropelías de la 'democracia dirigida' diseñada por los militares que lo llevaron al poder y lo sostienen en él.

¿Fujimori necesitará ayuda siquiátrica?

Es lo que nos preguntamos los occidentales, los que creemos en la democracia como estilo de vida que garantiza el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos, a discrepar y a respetar la critica de los demás, a aceptar las decisiones de las mayorías pero pudiendo creer que la razón la tienen las minorías; los que creemos en la sana convivencia y en la honesta discrepancia de los seres humanos; los que estimamos que el Perú, con sus enormes problemas de identidad, no ha salido todavía de la órbita occidental. ¡Y ojalá no salga!.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - CUATRO SUCESOS DESIGUALES

Francisco Igartua

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer las circunstancias en las que tendrá que competir -"No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder"­, pero también a sabiendas, por experiencias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelección, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, a los autócratas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del mensaje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta forma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fujimori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóticos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la policía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, dilucidar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente intervención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.

Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni puede dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos debería echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicóptero, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almanaques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE. UU., empantanado en Haití, cual elefante desesperado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para comprar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgullo nacional. La otra es una tragedia horrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacional de un banco que surgió de la imaginación y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enteramos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muerto de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción alguna en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un muchacho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso, la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a WiIfredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no tenía la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podido convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los militares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Expreso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemente avisos en el diario de Orejuelas. También da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicolás di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares "que controlarán el proceso electoral", frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los 'controladores' del proceso. El suplemento del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera antes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - HACER DEMAGOGIA CON LA PLATA DEL PUEBLO NO ES GOBERNAR

Francisco Igartua

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el voto se emite apretando un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley presentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperanzas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate incoherente.

En uno de sus dispositivos, por ejemplo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funcionario puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre ha inspirado la legislación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una presión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resultados. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcionario, cuyo poder llega a todos los rincones del país, pueda participar en elecciones desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cualquier funcionario, también debiera alejarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano disparate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bastaría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio -en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori-, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones sigue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reelecciones, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fondos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral presentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próximos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus cargos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatura, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial -todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una burla cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para imprimir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones -todo a cuenta del Estado-, así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de elevado criterio, profesionales de nota, gentes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candidato a la reelección las violará cuantas veces le dé la gana y se mofará de ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico? ... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el proceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impunemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anda diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apretando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demagogia. Está bien, muy bien, que se inauguren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luz y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su despacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya buena enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el ISC al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer giras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colocarse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repartiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer demagogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campaña electoral.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - LA CERVEZA Y LOS PERIODISTAS

Francisco Igartua

Solicitando le prestemos atención -al final de la nota destaca la frase ritual "con el ruego de su publicación"-, la Compañía de Cerveza Cristal nos ha hecho llegar una larga exposición en la que 'explica la caída del consumo de cerveza (8.5%) por el auge que ha tomado la venta de ron importado (133%) y de otros alcoholes rectificados nacionales y extranjeros. Y le asiste a la Cristal toda la razón en sus argumentos para protestar, pues este desequilibrio se presenta, sin duda alguna, por el trato discriminatorio que, en cuestión de impuestos, sufre la cerveza en relación a bebidas de alto grado alcohólico. Pero hay algo más que sólo está insinuado en la comunicación de los fabricantes cerveceros. También esa baja se debe a la pauperización del pueblo, que no puede pagar la parte del impuesto que se le asigna (18% de IGV y 30% de ISC) por la compra de cerveza, su bebida preferida. En tales condiciones opta por olvidar sus penas emborrachándose con licores de alto grado alcohólico, más dañino para la salud que la cerveza, pero más baratos y más contundentes para borrar del cerebro malos recuerdos y tensiones. De allí también el auge del juego y de las drogas.

Frente a esta realidad, las campañas y los discursos de respaldo a la lucha contra el narcotráfico para evitar el daño a la salud de nuestra población suena a inútil y hueco compromiso, a desvergonzada hipocresía. ¡Cómo si el alcohol no causara tanto destrozo como los estupefacientes.

Con esta nota de Cristal vemos que nuestros grandes hombres de empresa comienzan a ver que en economía las situaciones no son tan simples ni se resuelven con pura matemática. Es cierto -en este punto no hay duda alguna- que las normas tributarias, para ser eficaces, deben ser generales e iguales para todos; pero sin dejar de reconocer que son insoslayables las excepciones y respetables las particularidades que, como en la gramática, confirman la regla. Tal es el caso de la cerveza, que es discriminada y cargada con mayor castigo tributario que rones y alcoholes rectificados, mucho más dañinos para la salud popular y juvenil que la cerveza, cuando la realidad sanitaria y moral obliga que las cosas sean al revés.

También estos grandes empresarios habrán advertido que el pueblo, y no las elites, es el que cubre la mayor parte del presupuesto de la República. Por ejemplo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el renglón cerveza -que es todavía la bebida de las masas- llega a sumas mil veces superiores a los magros ingresos que el whisky le produce al fisco. ¿Y qué deI IGV -impuesto a la venta- a los fideos, a la leche, a los huevos, al aceite? ¿Alguien ha hecho el cálculo de la sideral diferencia del pago hecho por los pobres al fisco con el mísero aporte que hacen las elites? ¿Come más fideos un rico que un desocupado? ¿Toma más leche? Y tómese en cuenta que en el Perú algo más de 20 millones de personas son medianamente pobres, pobres, paupérrimos y miserables. Estos son lo que, sin saberlo, cubren la mayor parte del presupuesto nacional cada vez que toman un té, un café, un pan o una cerveza.

Pero volvamos al tema inicial: ¿Por qué, si hay discriminación tributaria en contra de la cerveza, que es una bebida de moderado grado alcohólico, no se invierten los términos y la discriminación se vuelve contra los alcoholes fuertes, que son dañinos a la salud y, en el caso de algunos de ellos, consumidos sólo por adultos de la clase alta? Esto lo aconsejaría una economía con sentido humano, solidaria con los más necesitados y preocupada por la salud moral y física de la población. Una economía que no tendría que avergonzarse de la hipocresía que se esconde en muchos discursos antinarcóticos.

Para evitar las consabidas trampas basta que la diferencia sea entre licores y cervezas, señalando que éstas, cuando lleguen al grado 'de ponemos 'osos', pasen al renglón de licores.

Esperemos que ahora los grandes empresarios -como son los de la cerveza-, tan distantes de los problemas de los demás, comprendan ahora la necesidad de las excepciones tributarias; de la igualdad en situaciones semejantes -Dionisio Romero ha pedido, con razón, igual trato para la banca nacional y la extranjera-, y del sentido humano que la economía no debiera despreciar.

Pongámonos de acuerdo en que el impuesto general a las ventas -el que cancela cada ciudadano al hacer una compra- es técnicamente el más eficiente y que éste debe ser universal. También admitamos -porque técnicamente es lo correcto- que la tasa del 18%, es demasiado alta y debería reducirse al 10 o 12%. Así habría menos evasión y se ampliaría la base tributaria. Hace muchísimos años, antes de la era cristiana, un sabio emperador chino descubrió y estableció como norma que los impuestos en conjunto jamás deberían pasar del 15%, porque, de lo contrario, sería una permanente tentación a ser evadidos.

Pero vayamos a lo nuestro, a lo que nos atañe a los periodistas: ¿por qué no debe haber excepciones o, mejor dicho, por qué debe haber una sola?

Sería verdaderamente criminal, una estulticia, que a los recibos de los estudiantes se les añadiera 18% de IGV. ¡Cómo si el déficit mayor de este país no fuera la falta de educación' Está, pues, muy bien que se exceptúe del IGV a la educación, como se ha hecho. Lo que no debe ocurrir es que el negocio de la educación -se hacen negocios con ella y muy grandes- no pague impuesto a la renta. Y tampoco está bien que, en igualdad de trato, no se exonere del IGV a la venta de periódicos y revistas, que son el medio más eficaz de educación cívica y de ilustración que tienen los ciudadanos y es, hoy día, condición indispensable para que se pueda hablar de libertad de prensa en un país. Que haya publicaciones pornográficas y de escalofriante frivolidad, es algo lamentable, como son lamentables algunas frivolísimas escuelas privadas, pero no le quitemos la vida a un ser humano por los muchos o pocos forúnculos que lo afeen. Por lo demás, no es ésta una excepción especialísima. En todos los países del mundo civilizado, en unos más que en otros, la venta de libros y periódicos goza de regímenes de excepción o preferencia. También en todos los países desarrollados, con un mínimo de conciencia sobre las necesidades vitales de su población, están liberados o muy aligerados del IGV o IVA los alimentos básicos y las medicinas Gobierno que no entienda esta situación -más en los países subdesarrollados, en los lugares donde, como aquí, los salarios son de hambre-, es gobierno sin sensibilidad humana, sin mirada al futuro, sin sentido de patria. ¿Qué se podrá hacer mañana con un pueblo ignorante, incivil, tuberculoso?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - VITTOR, SUSANA Y LIBERTAD DE PRENSA

Francisco Igartua

Para muchos debiera esta revista estar alegre por la caída del ministro de la Presidencia, el ingeniero Vittor.

-Ustedes -nos dicen- son los que lo han tumbado. Sin embargo, no es verdad que OIGA se regocije con lo ocurrido. El que el señor Fujimori se desprenda de un ministro comprobadamente pícaro y encubridor de pícaros, no significa que haya desaparecido la inmoralidad en el régimen o que ésta haya amenguado. Vittor ha renunciado después de que Fujimori avaló públicamente su conducta de encubridor de los beneficiarios de los sobornos del BCCI (denuncia comprobada) y después de que quedara en evidencia que era uno de los tantos allegados al régimen que se aprovechan deshonestamente de las obras gubernamentales. Avalar a pícaros y más tarde aceptarles sus renuncias ("agradeciéndoles los servicios prestados a la Nación") no es moralizar, es amparar la corrupción y desmoralizar a los peruanos. ¿Se puede hablar de moralización cuando los picaronazos renunciantes no sólo nunca recibieron un castigo sino que fueron premiados con embajadas y buenos negocios? Menos aún vale la pregunta mientras se mantenga en los altos mandos del gobierno a los encubridores de Zanatti -pícaro mayor que los esposos Figueroa- y mientras los enormes gastos del gobierno -financiados con los impuestos que pagan los pobres al comer un pan o leer un periódico- sigan sin otra fiscalización que la frase cachacienta de Fujimori: "Ahora no hay comisiones". Vittor, nada menos que ministro de la Presidencia ¿no recibía comisiones? ¿No han recibido comisiones los ministros que permitieron que Zanatti vendiera Faucett, se llevara los aviones de Aeronaves y se deshiciera de sus negocios ganaderos? ¿Quién le paga su campaña reeleccionista al señor Fujimori? ¿No hay malversación en la impresión de fotos a todo color del mandatario y en otros regalos personales?

No, no estamos contentos en OIGA con la caída del ministro Vittor -su renuncia con "gracias a los servicios prestados" no es satisfactoria muestra de voluntad moralizadora- y, por otro lado, nos apenan las desavenencias familiares en Palacio. Sabemos de las terribles tensiones sufridas por la señora Higuchi cuando fue secuestrada en el Pentagonito, por aquello de los 'trapos sucios', y nos desconciertan sus apariciones públicas al lado del esposo tanto como su escapada de Palacio. Se trata de hechos contradictorios que pueden ser máscara de insospechadas conductas sobre las que no es aconsejable especular. Nuestra sensibilidad occidental peruana podría perderse en los meandros orientales de la relación Fujimori Higuchi. Sin embargo, no es posible negar que mucho más nos apena la esposa maltratada que el consorte autoritario y prepotente.

Y como también está en el tapete el tema de la presión económica del gobierno sobre los medios de expresión, repetiré lo que escribí y publiqué -por si las moscas el 28 de marzo del 94-, al inicio de estas 'secretas negociaciones'. Posición que OIGA sigue manteniendo a pie firme; entendiendo publicidad por divulgación de asuntos de interés nacional no propaganda política:

Para que no se me escape la lengua, para no caer en desatinos y exabruptos por mi torpeza para hablar, voy leer estas notas, escritas a vuela lápiz en estos momentos:

"Por lo que parece -aparte de una anterior a la que asistió nuestra gerente ha habido reuniones previas en otros lugares que no es éste, para llegar a acuerdos que no conozco, porque a esas reuniones OIGA no fue invitada”.

"Me veo obligado, por lo tanto, a señalar, en primer lugar, que el impuesto del IGV es injusto, antitécnico, absurdo. Ya esto lo habrán planteado todos mis colegas”.

"Si el Estado quiere contribuir a la enseñanza popular -se habla de que editemos libros escolares-, si desea formar ciudadanos con educación cívica, lo primero que debe hacer es propiciar y no entorpecer con impuestos la difusión de la lectura, de los periódicos, que son los libros elementales de la actualidad y más en países embrionarias como el nuestro”.

"Por algo la Unión Mundial de la Prensa ha declarado en setiembre, en Berlín, que el actual mayor acoso contra la libertad de expresión son los impuestos que elevan el precio de los perió­dicos a niveles que los aleja del público".

"El tema no es, pues, local. Es más amplio. Sin embargo, en Alemania el IGV o IVA para la prensa es 6%, en España 3%, algo parecido ocurre en Italia... Mientras que en Francia, Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos el IGV no sólo no existe sino que los periódicos tienen subvención estatal”.

"Ningún país en el mundo carga con 18%a la venta de periódicos y revistas; o sea, a la difusión de la lectura. (Un reciente intento de hacerlo en Bulgaria ha concluido con el rechazo en pleno de la prensa búlgara). Por el mismo tema hay protestas en Chile democrático. A pesar de que los periódicos en Chile, como en la generalidad de los países europeos y en los de América del Norte, están libres -repito- están libres de Impuestos de aduana, que aquí son altos y en un momento fueron mayores sólo para las revistas. Chile -hay que recordarlo- es productor de papel periódico. En el Perú el papel nacional es de caña. Un asesino de las rotativas”.

"El 18% de IGV a la prensa es una carga más que injusta, es discriminato­ria si nos comparamos con la Educa­ción, que está liberada -y con razón­ de este y otros impuestos. También es criminal el IGV a las medicinas, a los alimentos básicos y a los libros”.

''Al estar aquí presente quiero, sin quejarme de nada ni de nadie, puntualizar que la situación de OIGA, al tener una deuda bastante más pequeña que la de otros, ya que sus atrasos en los pagos son mucho menores, no le permite asociarse al entusiasmo por imprimir separatas y menos libros que -lo digo de paso- serán distribuidos como donación personal por el candidato del gobierno. OIGA está limitada a pagar su deuda -deuda injusta y absurda, repito- por medio de avisaje que, por lo que parece, es una de las opciones que se habrían acordado en reuniones a las que no he sido invitado”.

"Y, algo más: Esa deuda debe ser cancelada a la firma del contrato publicitario, porque, de no ser así, las multas y las moras podrían aplastarnos como bola de nieve... la bola de nieve o, mejor dicho, en peruano, el huaico de piedras y barro que es el IGV contra la libertad de prensa".

Más que acertado es el comentario del presidente Belaunde, publicado en Caretas. Es la radiografía de la libertad de prensa en el Perú de hoy. Dice Belaunde:

"Las antiguas dictaduras clausuraban los periódicos, Fujimori los compra".

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - DOS MAFIAS CONTROLAN EL PERU

Francisco Igartua

Hace unos días dije en un programa del Canal 11 que el Perú se hallaba en manos de dos mafias, una japonesa y otra militar. Lo que espantó a algunos de mis amigos. Uno de ellos me comentó luego:

-Creí que no ibas a llegar a tu casa. Lo que, sin duda, es algo exagerado.

No hemos llegado a los extremos gansteriles de los años treinta. Pero sí es cierto que el país está gobernado por estas dos mafias. Sobre la militar poco o nada podría añadir a las muchas crónicas publicadas en esta y otras revistas sobre los actos de gobierno, con paseo de tanques por las calles, tomadas por la cúpula militar, y sobran los detalles difundidos sobre el asesinato de los estudiantes y el profesor de La Cantuta. También se conocen aunque más soterradamente, la matanza de Barrios Altos y la desaparición de universitarios en Huancayo; así como los altaneros pronunciamientos políticos del alto mando militar en diversas circunstancias. Tampoco son desconocidos los controles sobre las comunicaciones y más de una vez -no todas- los medios de difusión han dado cuenta de diversas 'visitas' -unas veces uniformadas y otras sin dejar rastro- en las que, por ninguna justificación policial o por la falta de indicios de robo, no pueden dejar de ser gestos clarísimos de amedrentamiento político, sólo achacables al Servicio de Inteligencia Militar.

Todo esto es verdad y está al margen de los aciertos del régimen en el campo económico; aunque aciertos no tan sobredimensionados como los quieren ver muchos peruanos y no pocos burócratas internacionales, que se niegan a advertir que, junto a las correcciones inevitables en el campo macroeconómico, se han agigantado los problemas de la deuda externa, igual que el cuadro de extrema pobreza, los índices de desnutrición y la geografía de las enfermedades críticas. También el aterrante poder de la mafia militar es una realidad que convive con los éxitos del gobierno en la lucha antisubversiva, éxitos que no son ajenos a la liquidación del marxismo como base ideológica del terrorismo y a la caída del Muro de Berlín, con su consecuente corte de apoyo logístico, moral y económico a las subversiones de signo comunista. A lo que es necesario añadir: en los indudables logros antiterroristas de los últimos años -como la captura de Guzmán, por ejemplo- en nada influyó el autogolpe militar del señor Fujimori. El operativo Guzmán lo tenía montado la Dincote -e iba por muy buen camino­ desde mucho antes que se produjera la quiebra del orden constitucional. Esto es historia y no historieta electoral.

Pero en esta oportunidad me toca hablar de la otra mafia que controla al gobierno peruano, de la mafia japonesa, mafia que preside el señor Alberto Fujimori Fujimori.

No hay en esta referencia ningún prejuicio racial. Primero porque, por la información que poseo, la mayoría de japoneses e hijos de japoneses que residen en el Perú no forman una comunidad de mafiosos. Y, segundo, porque mal puede caer en este tipo de xenofobia quien, como yo, igual que ellos, recién estoy echando mis propias raíces en estas tierras.

Y esto de la mafia japonesa tampoco es un cuento, es historia; que ahora acrecienta su verosimilitud, cuando el problema de la corrupción estalla en la cara al propio Fujimori y ya no puede ir dando la callada por respuesta, poniendo cara de palo o abrazando, dándoles credencial de buena conducta, a pícaros comprobados como Raúl Vittor Alfaro, ministro en un reducto del primer mandatario donde, por denuncia que OIGA publica en esta edición, se hace el montaje del modus operandi de la mafia para extorsionar a los desesperados del Perú... y quién sabe a otros ciudadanos no tan desesperados. El hombre de Palacio en estos operativos es el viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda, quien, por lo que se aprecia en los documentos que aparecen más adelante en esta edición, actúa con control remoto sobre otras dependencias estatales.

Aunque es mejor que vayamos al comienzo de la historia, para tener una visión más precisa de los hechos y, a la vez, para que el relato de lo ocurrido sirva para poner algo de luz en el enfrentamiento de la señora Susana Higuchi con el poder de los Fujimori.

Cuando se produjo la denuncia de la señora Higuchi contra sus concuñados por el mal uso que, según ella, se estaba dando a las donaciones japonesas, recibí la visita desesperada de un amigo y de una asistenta de la primera dama. Me venían a pedir protección para la señora Susana.

Yo creí que estaba soñando o que me estaban tomando el pelo. ¿Cómo podría yo, revista de oposición, perseguido económicamente por el régimen, proteger a nadie, si no lo podía hacer conmigo mismo?

-Lo que queremos es que se sepa lo que ha ocurrido y sabemos que usted es capaz de hacerlo. La señora Susana ha sido secuestrada.

-¿Qué?

-Sí. Creemos que está en el Pentagonito.

-Bueno, cuenten conmigo. Aunque, desgraciadamente, la revista está ya impresa. Será para la próxima semana. Estemos en contacto.

Al día siguiente, el amigo de la familia Higuchi llegó a las oficinas de OIGA é invitó a almorzar a su casa a nuestra gerente general, Carolina Arias. Ella aceptó y fue, además, en representación mía.

En el almuerzo se presentó la familia Higuchi, totalmente abatida y apesadumbrada, aunque mostrando un gran fervor religioso y mucho coraje frente a cualquier desastre que les pudiera ocurrir.

-Ustedes -dijo uno de ellos- no tienen idea de lo que son capaces los Fujimori y tememos por lo que le pueda ocurrir a nuestra hermana. A nosotros nos pueden quitar todo, no importa. Basta que nos queden las manos para volver a comenzar a trabajar. Confiamos en Dios. Pero nos preocupa Susana.

Carolina Arias volvió a dar seguridades de que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance...

Sin embargo, al día siguiente, por medio de una llamada telefónica, pidieron que no dijéramos una palabra sobre el tema.

OIGA cumplió con lo que se le pedía y meses después apareció como una sombra la señora Susana Higuchi. Y así siguió por mucho tiempo.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL - ZONA DE PENURIAS

Francisco Igartua

En 1973, la UNESCO al señalar los rangos defini­torios de los países mar­cadamente subdesarrolla­dos, acuñó el término «zona de penuria» para referirse a las repúblicas como el Perú cuya pobla­ción crece pero su producción de libros disminuye notablemente. De entonces a la fecha han transcurrido 22 años. El Perú pasó por una dictadura militar, dos gobiernos demo­cráticos y un régimen cívico militar, sin embargo el drama de libro y las publicaciones no sólo persisten sino que se ha agudizado radicalmente.

Situación sumamente crítica que, mediante impuestos ciegos y abusivos, amenaza con destruir la industria edito­rial y a todas las instituciones dedicadas a divulgar cultura y cimentar las bases de la nacionalidad de un país que desde su gestación pugna por encontrar su destino como nación.

Un tema medular que OIGA, a lo largo de toda su existencia, ha deman­dado atención y medidas correctivas convencida de su trascendencia. Pero es asunto ignorado por gobiernos de toda laya que, en esta hora de dura prueba, vuelven a tocar cuando se habla de «revolución educativa», pero, paradójica­mente, se olvida que ésta se forja y cimienta en las aulas, en las carpetas y los escritorios de los estudiantes y maestros donde el libro es un extraño.

Y es que los gravámenes han vuelto prohibitivo al libro, al igual que han limitado su producción en el Perú los impuestos al papel, a la tinta y a todos los insumos de la industria editorial. Contradictoria política cuando en América y el mundo entero hay un florecimiento de las publicaciones gra­cias a las leyes de protección y fomen­to.

Los impuestos ahogan todo esfuer­zo editorial. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde la indus­tria del ramo trabaja exonerada de impuestos, en el Perú el papel que se importa está gravado con un arancel del 15%, al que hay que sumar pagos por concepto de supervisión (1%), se­guro (3%) y el 18% por IGV ¡37 por ciento!. En el caso de las revistas y periódicos a esos pagos hay que añadirle el cobro del IGV por concepto de venta, impuesto que es imposible trasladar a los canillitas.

Pero si esta realidad descrita expli­ca, en gran parte, el porqué languidece la producción de libros y desaparecen publicaciones, también sirve para ilus­trar lo que sucede con el libro que se importa o exporta y recibe el mismo trato que un saco de papas. De esa manera, un libro que en España cuesta 10 dólares en el Perú vale 16. Y es que en la Madre Patria el libro si es conside­rado artículo de primera necesidad.

A propósito, en 1993, cuando el go­bierno español incrementó la tasa del I.V.A. (equivalente a nuestro IGV) del 12% al 15, a los libros se les redujo la tasa del 6% al 3%. Y ojo que ahí no paga ningún otro tipo de arancel. En Chile, donde también se paga un I.V.A. del 18%, todo lo recaudado por ese concepto tiene un fin cultural: adquirir libros para mantener actualiza­das las bibliotecas públicas del país.

Pero el caso más ilustrativo de lo beneficioso que son para un país las medidas de fomento de la industria editorial lo da Colombia. Ahí se dio una ley promotora que, en 20 años, ha convertido esa actividad en el ter­cer rubro de exportación de ese país, hoy en franca competencia por el pri­mer lugar del mercado sudamericano con México.

Los extraordinarios beneficios, que en diciembre de 1993, mediante la Ley N° 98 se han prorrogado hasta el año 2013, exoneran de tasas arance­larias y de todo tributo a la industria editorial, liberan la compra de rotati­vas, maquinarias e insumos, crea fuen­tes de financiamiento y otorga al rubro categoría de actividad industrial beneficiándola con créditos directos y mecanismos de redescuento. Además dis­pone la realización de ferias, señala, por ley, la compra de libros para todas las bibliotecas públicas del país y crea tarifas postales preferenciales.

Una realidad, con acordes de músi­ca celestial, que, a pesar de su cerca­nía, está muy distante de lo que ha pasado y pasa en el Perú donde la producción de libros sigue postrada, ha quebrado más del 50% de las libre­rías limeñas en los últimos 15 años y, donde por los aranceles, las inspeccio­nes y el IGV, el libro importado ha desaparecido.

Hoy, en el Perú de 1995, los libros de ciencias, de ingeniería, las obras con los últimos avances en todos los campos del saber humano se han esfu­mado de las escasas librerías existen­tes, con el grave perjuicio para nues­tros estudiantes y profesionales que de esa manera han quedado desactuali­zados en un mundo donde el conoci­miento es clave para poder competir.

Y también, como signo de los tiem­pos contradictorios que padece el país, la piratería editorial ha adquiri­do carta de ciudadanía cuando en realidades tan distantes y disímiles como Estados Unidos y la China co­munista, que apuesta a la moderni­dad, se vela por los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Francisco Igartua opina: LOS SOVIETS, SRA. MACHER, NO SON UN PARTIDO POLITICO - Diario Expreso 14/06/2003

“Con estupor he visto y leído, en la prensa y la TV de estos días, a respetables voceros de la sociedad civil (Tapia, Macher, De Althaus, Gorriti) dando cátedra de sabiduría política. Lo han hecho, sin embargo, con tan vanidosos aires de perdonavidas que han acrecentado el disparate de calificar a Sendero Luminoso de partido político. Frente a tan grande tontería no puedo dejar de aprovechar la ocasión para reírme un poco a costillas de estos defensores de la ideología como partido político. Reírme, porque enojarse sería un desperdicio de energías. ¿De dónde acá una ideología es partido político?.. Otra cosa es que con base en ideologías se formen partidos políticos, entidades que sólo pueden ser hijas de la democracia. Los partidos políticos que niegan la posible existencia de competidores de su ideología (los partidos únicos, dueños de la verdad) no son partidos políticos. Son una partida, banda, asociación de facinerosos, porque su aspiración es liquidar a la democracia y establecer el totalitarismo. No son, repito, partidos políticos. Y las bandas criminales como Sendero o el MRTA lo son menos aun, porque se inician como delincuentes, en contraposición a la confrontación de ideologías que sólo en democracia puede darse. Al parecer, el origen marxista de algunos de los citados les hace creer que, como existen partidos comunistas a los cuales admiraron, el comunismo es partido político. No, señores Tapia y Macher. Cuando el comunismo, el fascismo y el nazismo llegan al poder y entronizan su camuflada ideología de partido único, dejan la apariencia de partidos políticos y se transforman en bandas criminales del aparato del Estado. El Soviet y el Reich son la negación de la democracia, que es, repito, confrontación de posiciones ideológicas, no producción de cadáveres. Ni Sendero ni el MRTA han pasado siquiera por la etapa del camuflaje. El concepto de partido político, cuyo germen está en el diálogo griego, nace con la Revolución Francesa en cuanto ésta deja de ser barullo y guillotina. Y un partido político está organizado cuando sus afiliados tienen un pensamiento igual frente a los problemas del Estado, más que cuando los aglutina una ideología. Puede haber, por ejemplo, católicos en partidos políticos contrapuestos. Los partidos políticos son hijos legítimos de la democracia, de la confrontación de pareceres o, para decirlo con palabras de Federico More, `fundado en la coexistencia amistosa de todas las clases sociales; en la libre convivencia y en la honesta discrepancia'. No tienen pues cabida en ella (en la democracia) los grupos, bandas o facciones que se proponen establecer una dictadura de pensamiento único. Darles categoría de partidos políticos a Sendero Luminoso o a los tupamaros es una aberración; es comparar, poner al mismo nivel, la barbarie nazi o soviética con el libre juego de las ideas e intereses en los que se funda la democracia. Bien ha dicho, por lo tanto, el presidente Paniagua cuando afirma que `Sendero no fue, no es ni podrá ser un partido político porque, para serlo, hay que ser una organización que compita en democracia'. Añadiendo que `democracia no es una lucha entre bandas criminales que pretenden imponer por la fuerza sus puntos de vista'" (Expreso, 14/6/2003).

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL – “Honradez, tecnología e irresponsabilidad” - Revista Oiga 10/10/94

Francisco Igartua

Buena parte del territorio nacional volvió a quedar sin luz, sin fuerza eléctrica, por culpa de la insania terrorista, que ha querido conmemorar algún macabro acontecimiento el jueves pasado. Pero la voladura de unas cuantas torres, el más fácil de los actos de sabotaje, no logra paralizar gran parte del país más de unas horas. Y ya van algo así como dos días de apagón. No es, pues, sólo la mano del terror la que ha producido un suceso que ha vuelto a irritar el ánimo ciudadano. A la desesperada acción de Sendero se ha unido esta vez la ineptitud, la ineficacia real, la tecnología chicha de un régimen que viene engañando al país durante un largo tiempo, pero que ya no puede seguir ocultando su verdadera fisonomía; habilidad para adaptarse criollamente a la corriente de moda, incapacidad para resolver problemas por cuenta propia y muy baja moral. Mediocridad en toda la línea.

El desafío terrorista no debe alarmar al país. No diré que son manotazos de ahogado para no repetir la torpe monserga oficialista, pero la verdad es que el mismo día que cayó el Muro de Berlín, se desplomó la Unión Soviética y se esfumó como voluta de humo el marxismo, el Partido Comunista de Abimael Guzmán, llamado Sendero Luminoso, dejó de ser el peligro terrible que, con el tiempo, pudo haber sido. El marxismo era la cantera de los cuadros de Abimael. La posterior captura de éste significó el entierro de la secta. Lo que queda de ella son restos de la organización, son núcleos desorientados de gente imposibilitada de escapar de la locura en la que está sumergida, porque se ha habituado al modo de vida clandestino que viene llevando. Hoy por hoy no son ningún peligro, aunque más de un susto puedan seguir dándonos. El riesgo está en el futuro. Si se diera el caso, por ejemplo, de que remozadas ideas revolucionarias, inspiradas en nuevas ansiedades de las masas, lograran audiencia, reactivaran a esos rezagos de Sendero y captaran adeptos sensibilizados por la miseria popular que no disminuye sino que va creciendo. Pero eso será mañana, no es hoy.

Hoy, el problema del país es el mismo que cualquier agudo observador pudo entrever desde los primeros días del régimen de Fujimori. El pacto del Ejército con el presidente constitucional y más tarde, gracias al golpe del 5 de abril del 92, con el líder del gobierno de la 'Reconstrucción Nacional, no es otra cosa que una alianza entre la incapacidad y el desatino de los militares y la mediocridad, sin tecnología alguna, de Fujimori y sus partidarios. La única habilidad de los socios ha sido entregarse sin condiciones al Fondo Monetario y al Banco Mundial, dejando el manejo de la economía en manos de la derecha. Fujimori se encarga del papel de demagogo y las Fuerzas Armadas se dedican a poner orden al antiguo estilo, con ciertas innovaciones neonazis, como los operativos sicosociales y las tenebrosas vigilancias del SIN.

Los frutos de esta corte de lisiados mentales se están poniendo a la vista, aunque algunos la disculpen comparándola con el desastre apocalíptico de Alan García y merezca los elogios del FMI y del Banco Mundial, felices porque el Perú está pagando sus deudas, incluidas la estafa del Mantaro y Pachitea. Está a la vista el pleito de callejón de Susana y Alberto, con acusaciones que no son moco de pavo; cualquiera puede visitar las carreteras que se desmoronan solas del constructor, ministro y funcionario Vittor, socio de los que se alzaron con las coimas del BCCl; son visibles los contratos que ejecuta como negocio el Ejército, con maquinaria del Estado, en detrimento de los medianos constructores, no de los ricos, pues éstos comen en la misma mesa de Fujimori; y apenas se ocultan las constantes compras y ventas otorgadas a dedo, previa eliminación del sistema de Iicitaciones, gracias a 'emergencias' sacadas de la manga.

Una de estas 'emergencias' es la que permitió, contrariando advertencias de técnicos especializados en cuestiones eléctricas, que los sabios Hokama y Yoshiyama, previa consulta con el matemático agrario Fujimori, resolvieran, porque les vino en gana -sin comisiones naturalmente-, la compra de las turbinas de la Central Térmica de Ventanilla, que es la que ha colapsado con año y medio de uso' y es el motivo central del apagón que hoy sufre gran parte del país. Y si a esto se une el inadecuado mantenimiento de la Central del Mantaro, como puntualiza el modesto técnico nacional, el experimentado ingeniero eléctrico don Augusto Martinelli Tizón, no se aleja de la verdad quien anuncie que nos hallamos ante una catástrofe monumental. (Ver artículo del ingeniero eléctrico Martinelli Tizón páginas más adelante).

Mientras tanto, pontifican sobre todo lo humano y lo divino, decretando 'emergencias' a troche y moche, el ingeniero Yoshiyama -que recién ha obtenido el título en una oscura universidad limeña y cuya mayor hazaña ha sido el desastroso proyecto papelero del velascato-, el ingeniero Hokama -de difusa especialidad- y el matemático agrario Alberto Fujimori, asesorado por su hermano. Santiago Fujimori, abogado especializado en Relaciones Públicas de la embajada de Japón.

Este es el Perú de la Moralización, la Tecnología y el Trabajo sobre el que impera, como un shogun dueño de vidas y haciendas, el señor Alberto Fujimori, dispensador, al estilo medieval, de obsequios y castigos. Con una particularidad: una cierta sonrisa cachacienta de medio lado, que delata su calidad chicha, si lo comparamos con don Augusto B. Leguía, una de las mayores calamidades de la reciente historia nacional.

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL – "Alguien que no caiga prisionero de los militares" – Revista Oiga, 31/10/94

Francisco Igartua

Por razones de principio y aunque disguste a muchos o pocos –lo mismo da– me veo obligado a iniciar esta nota puntualizando que en las próximas elecciones hay un candidato que no sólo juega con ventaja sino que está descalificado éticamente a competir por 'haber ejercido el poder amparado en un golpe militar, violador de la ley y de la democracia. Me refiero naturalmente a Alberto Fujimori Fujimori. Sin embargo, no puedo negar que tanto a nivel nacional como internacional este problema principista ha sido puesto de lado, dando legitimidad a la bárbara costumbre de aceptar como válidos los hechos consumados o sea la razón de la fuerza, la ley de la espada. Y si ésta es la realidad, a pesar de que la repulse moralmente, no me cabe otro camino que aceptar sus términos para comentar los alcances de la competencia electoral ya iniciada con el lanzamiento de 15 candidatos a la Presidencia de la República.

Se trata de una avalancha masiva por asumir la responsabilidad de señalarle rumbo a la nación, rumbo de largo plazo con estabilidad institucional y de resolver la crisis política generada por la decisión de eliminar el Senado de la República y establecer la reelección presidencial. Porque ésta es la meditación central a la que nos convoca la próxima elección, meditación gravísima a la que no colabora el excesivo número de postulantes. Lo que el país requiere es lo que desde hace muchos años viene reclamando el Perú como nación: ser un proyecto de largo plazo, basado en la estabilidad de las instituciones, bajo el imperio de la juridicidad, de la ley -igual para gobernantes y gobernados-, dentro de las normas del sistema democrático. Y contra este esquema es que atenta la reelección presidencial en el Perú, que es el país sobre el que están centradas nuestras reflexiones. Nadie discurre la necesidad de planes y proyectos con perspectivas de quince, veinte o más años. Por ejemplo, la política petrolera o energética -al margen de que se privaticen o no las compañías- debe planificarse para cincuenta años o más, y ésta es tarea del Estado. Lo mismo debe ocurrir con nuestra política exterior. y para no menos de veinte años debe estar prevista la política nacional sobre la pesca, la minería, la tributación, la banca, etc. Pero a este proyecto de largo plazo no le da estabilidad el que sea un secreto militar. Tampoco se lo da un hombre por providencial que éste sea. Esa estabilidad, como lo han declarado los empresarios japoneses que visitan el Perú, sólo lo logra un sistema institucional firme, independiente, bien fiscalizado por un Parlamento en regla, con dos Cámaras, una de ellas política, que represente a las provincias, y otra reflexiva, que represente a la Nación. Contra este proyecto de largo plazo atenta la reelección presidencial, propiciadora de autoritarismos y despotismo s que erosionan a las instituciones y centralizan el poder, anulando la fiscalización democrática y la descentralización administrativa. Esta es la realidad peruana y latinoamericana. Es el ejemplo de Leguía Es caer en el peor caudillismo, en el continuismo. el mayor de los males de estas repúblicas que hasta ahora no entienden que la fuerza de las naciones reside en la educación, en el respeto a la ley y en la alternancia en el poder. Una alternancia, eso sí, fecunda; que la indeseable continuidad de la persona oponga la continuidad de proyectos que hagan el Perú posible que quería Basadre Porque esta patria, con todos sus problemas, dolores y vergüenzas a cuestas, está ya fundada y no necesita nuevas Patrias Nuevas que la sigan agobiando.

Cerrarle el paso a, la reelección es, pues, la principal tarea de quienes quieran que este país continúe los pasos acertados del régimen del señor Fujimori -todos exclusivamente económicos, porque sus realizaciones materiales todavía están en evaluación y algunas podrían resultar grandes escándalos-; sin que se excluya la necesidad de dar les mayor vitalidad a esos aciertos o hacerles las correcciones que las circunstancias podrían estar aconsejando. La reelección sería agravar el abuso del autoritarismo y perennizar a la cúpula castrense, con todos los riesgos que para la estabilidad social significa la permanencia de esta democracia vigilada que rige en el país desde abril del noventa y dos.

Se trata de una elección compleja, que requiere del candidato que se oponga a la reelección autoridad suficiente, suficiente representatividad y peso específico para no permitir que esa cúpula militar enquistada en el poder -y que es poder ella misma- se atreva a emplear el fraude para imponer la reelección y perpetuarse.

Esta vez el Perú no puede volver a darse el lujo de lanzarse al vacío, como ocurrió con Fujimori, obligándolo a ponerse bajo la custodia del Ejército para no perderse en la nebulosa, de lo que ha resultado, por azar, un gobierno con algunos puntos positivos, pero con la violación de la Constitución y la democracia como consecuencia del pacto Fujimori fuerza Armada. Punto que a muchos no les alarma, porque creen, equivocadamente, que el golpe militar ayudó a la solución del desastre económico que nos dejó Alan García. Cuando, en verdad, fue un tremendo obstáculo para la reincorporación del Perú en el mundo financiero internacional.

Votar hoy día significa meditar, reflexionar -sin restarle méritos a nadie-, en la seriedad de las propuestas, en la solvencia personal del candidato, en los recursos de apoyo que pueda lograr del exterior, en su trayectoria de servicio al país, en su desinterés personal, en el valor real del postulante y en su capacidad para concertar a los peruanos y hacer realidad ese diálogo todavía no iniciado del Ande -columna vertebral de esta nación-con la costa y la selva. Es hora de meditar y reflexionar, de escoger al mejor, al que más méritos haya hecho, al que mayor valor exhiba, al que más nos pueda integrar y enseñar, al más solvente de los candidatos. No es hora de jugar a la ruleta por corazonada o de apostar a ganador, al que ya está en el poder, porque será transformarlo de autócrata en déspota y perpetuar una cúpula militar que más temprano que tarde será, como siempre, factor de disolución, de caos, de catástrofe.

Basta repasar nuestra historia, no la del extremo oriente ni la de los pueblos de Europa sino la nuestra y recordar los trágicos episodios en los que culminó la reelección y endiosamiento de Leguía. Es hora de optar por la seriedad, por los valores comprobados, por la prudencia, por la capacidad para unir y, sobre todo, para cerrarle el paso a la reelección y al continuismo. Será necesario escoger a alguien que asegure, por la fuerza propia de su prestigio internacional, de que no caerá, como Fujimori, en prisionero de los militares. Tarea difícil, que requiere autoridad, energía y sapiencia. La elección presidencial no es una tómbola, es algo verdaderamente serio. Por desgracia, cada vez más en manos de los tomboleros que controlan la televisión. Toca a la capacidad de reflexión y a la lucidez de los electores no dejarse envolver por los cantos de las sirenas que casi pierden a Ulises.

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P. S.

Pero de qué seriedad se pueda estar hablando cuando el presidente de la Sociedad de Industrias, la autoridad máxima de los pudientes del país, y primer vicepresidente en la fórmula de Fujimori pronuncia esta frase de antología y que el sábado se publica sin horrorizar a nadie:

"Estuve de acuerdo con el autogolpe del 5 de abril de 1992, pero no apoyaría un nuevo autogolpe". ¿Es cándido el señor Márquez o se hace?... Por lo pronto, en un canal de TV, la señora Martha Chávez, lideresa del fujimorismo, acaba de puntualizar que, si las circunstancias lo exigen, habrá otro golpe... Ya que si bueno ha sido uno ¿por qué no dos?

FRANCISCO IGARTUA - EDITORIAL – “La decencia de un político tradicional” – Revista Oiga 7/11/94

Francisco Igartua

Tenía el ánimo listo para volver a tocar el tema electoral. Puntualizar que, esta vez, el fraude no va a significar una pillería que quedará impune y apenas servirá para distraer un tiempo las conversaciones de los peruanos. Esta vez el fraude –que sí se está tejiendo desde hace meses– significará que no habrá elecciones. Que el país quedará en el limbo.

También pensaba extenderme en la necesidad de que, desde ahora, comience la vigilancia internacional del proceso; asi como en la obligación de no escoger un candidato como en juego de tómbola. Todas las elecciones son serias, pero hay momentos y circunstancias que las hacen más importantes, que les dan mayor responsabilidad. En este caso, se trata de evitar la reelección, no por el continuismo en sí, sino porque este sistema, aquí en el Perú y en toda América Latina, ha sido nefasto. Ha transformado el autoritarismo en tiranía y ha abierto las puertas a la corrupción desenfrenada. Esa es nuestra historia, es la cámara del tiempo en la que debemos vernos. Pero más todavía, las circunstancias del momento no pueden desligarse de la estructura del actual régimen: un gobierno de apariencia civil que se sustenta en la fuerza partidaria del Ejército, o sea un partido con metralletas, tanques y cañones. Para enfrentarse al candidato del Ejército y de la extrema derecha, que eso es el señor Fujimori, además de político listo y con significativa obra hecha, no puede escogerse un boxeador de peso pluma o mediano. Se requiere de un peso pesado, con experiencia, con apoyo en su fuerza propia y la que le da su fama y relaciones internacionales. El emplazamiento al Jurado Nacional de Elecciones y al jefe del Comando Conjunto Militar -puede el doctor Muñoz Arce suavizar el término como quiera- no es el' emplazamiento de un candidato cualquiera, sino de un candidato que fue, en dos períodos, Secretario General de las Naciones Unidas. Es el emplazamiento de alguien a quien hacerle fraude significará el que no haya elecciones...

Y cuando pensaba continuar con este importantísimo tema, me alcanzó las siguientes páginas Jesús Reyes. Tratan de algo vital, aún más serio que las elecciones mismas y que cada vez se toma menos en cuenta en un país donde la mentira y el engaño a nadie alarman y hasta son calificados de virtudes políticas. Se trata de la moral pública. De la decencia de las personas. De un homenaje a un peruano que hizo patria -por desgracia inútilmente si miramos alrededor- siendo un hombre decente. Habla la nota de José María de la Jara y Ureta, vinculado a estas páginas y a mis actividades periodísticas desde hace más de cuarenta años.

F.Igartua
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Hijo, nieto, descendiente de hombres públicos que en su oportunidad sirvieron a la nación, podría decirse que José María de la Jara y Ureta era un político tradicional. Perseguido, encarcelado y deportado por la dictadura militar, al retornar la democracia fue llamado por el primer ministro Manuel Ulloa Elías para integrar el primer gabinete ministerial del segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde.

A José María de la Jara se le puso en el puesto más difícil del nuevo gobierno: el de ministro del Interior, cargo que por primera vez era desempeñado por un civil, en momentos en que hacía su aparición Sendero Luminoso, en medio de una grave conmoción social generada por el fracaso de los militares en el ejercicio del poder.

Al jurar el cargo, De la Jara prometió que renunciaría en el momento en que en el Perú las fuerzas del orden cometieran excesos y derramaran sangre de peruanos. EI12 de octubre de 1981', se produjo una manifestación en el Cusco, en protesta por el alza de pasajes; la policía detuvo al estudiante Marco Antonio Ayerbe Flores (19) Y lo torturó hasta provocarle la muerte. De la Jara exigió una severa investigación y, como consecuencia de ella, le entregó la banda ministerial al presidente Belaunde y se fue a su casa.

El gesto de José María de la Jara causó asombro en algunos sectores, consternación entre sus partidarios y admiración en sus adversarios políticos. Un hombre de izquierda, el historiador Pablo Macera, dijo: "El señor De la Jara ha introducido en el ministerio del Interior un factor muy difícil de ver actuando en la política de cualquier país -no sólo en la política peruana-, que es la decencia personal. Nosotros podemos diferir del ministro del Interior, pero tenemos que agradecerle que de algún modo uno pueda decir que en un puesto habitualmente tan desagradable y coercitivo haya un hombre decente, que cuando salga de allí podré decir que continúa siendo un hombre decente".

Es oportuno recordar el gesto que tuvo este político tradicional en momentos como el que vivimos en que los pícaros que han asaltado el poder ejercen la política con patente de 'independientes' y, sin ruborizarse, se esconden bajo su concha para no asumir lo que en todas partes del mundo se conoce como 'responsabilidad política'.

El ministro Vittor fue obligado a renunciar por la presión de la prensa independiente que detectó sus relaciones comerciales con los beneficiarios del soborno del BCCI y puso al desnudo los negociados de su empresa constructora con el gobierno; pero hay otros como el ministro Camet descubierto favoreciendo las empresas de sus hijos; o como el ministro Hokama involucrado en el negociado de las turbinas de Ventanilla; o el ministro Briones responsable de la fuga de Carlos Manrique, que Se resisten a renunciar a sus cargos "porque tienen la confianza del presidente".

¡Qué buena excusa para esconder su falta de decencia política!

J.Reyes