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La República 

El caso Bustíos 26 años después

Nuevos procesados y vieja impunidad

En el contexto de las acusaciones contra el ministro del  Interior, Daniel Urresti, en relación con el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, en 1988, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha revelado que uno de los sentenciados, Víctor Fernando La Vera Hernández, ha sido liberado y estaba a punto de ser contratado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Anoche, fue excluido de este proceso. Otro de los sentenciados, Amador Vidal Sanbento, también se encuentra libre. Ambos han cumplido apenas un tercio de las penas a las que fueron condenados.

En el caso vuelve a asomar la impunidad. El asesinato de Bustíos fue un alevoso acto de venganza contra un periodista por el “delito” de fotografiar a un oficial del Ejército acusado de la desaparición de 60 personas, a la postre uno de sus asesinos. En la clásica espiral de la violencia, es el caso de un periodista que documenta su trabajo y que  paga con su vida el hallazgo de la información.

El caso Bustíos ha demostrado varias regularidades de nuestro sistema que juzga los delitos de lesa humanidad, entre ellas la lenta judicialización de los hechos por las maniobras dilatorias de las instituciones que deben aportar información oficial sobre personas, órdenes, hechos, reportes e indagaciones propias. En este caso, el que se haya condenado a algunos de los culpables 20 años después de los hechos no abona en favor de estos ni garantiza su inocencia. Al contrario, deja patente la voluntad de impunidad alimentada desde el mismo Estado.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), primero, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otros organismos nacionales e internacionales, denunciaron más de una vez demoras procesales y omisión de los compromisos con los deudos de Hugo Bustíos, de modo que solo desde el año 2009 se empezó a llevar a cabo la actividad probatoria. En ese sentido, los hechos son antiguos pero la impunidad ha sido permanente, de modo que tiene sentido que los hallazgos e imputaciones sean relativamente nuevos.

Esta lógica debe ser aplicada al procesamiento desde el año pasado del hoy ministro del Interior. Su vinculación al caso es antigua, por los hechos descritos, aunque la acusación sea relativamente reciente. En este entendido, lo que corresponde es el sometimiento de los investigados a los órganos de justicia como efectivamente el general (r) Daniel Urresti lo hizo en su momento.

Su condición de ministro de Estado es un problema para el juzgamiento cabal de su responsabilidad. Como todo ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y mal se haría en condenarlo sin un proceso justo y debido. En la misma medida, es un error político con probables secuelas jurisdiccionales absolverlo de antemano, subestimando y sustituyendo el rol de los jueces. En ese sentido, sería más conveniente que ejerza su derecho de defensa sin estar premunido del poder que ahora ejerce.

Es preciso exigir desde la prensa, una vez más como en los últimos 26 años, que en este caso no exista impunidad, que se castigue a los responsables de este asesinato, que los condenados cumplan sus condenas sin violar las normas de ejecución penal y que tengan el derecho a la reinserción a la sociedad, aunque eso no signifique franquearles el retorno al sistema de seguridad democrática del país al que afectaron.

EN EL MUNDO

LA REPÚBLICA 

Un primer acto

Los candidatos y el tránsito

Con el auspicio de la Asociación Civil Transparencia y de Cruzada Vial, 10 de los 12 candidatos a la alcaldía de Lima suscribieron un acuerdo multipartidario por un mejor tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial. Entre las medidas más importantes que se comprometen a ejecutar o impulsar se encuentran la creación de una autoridad autónoma de tránsito, el cambio de las normas para fomentar la movilidad sostenible y la promoción del respeto por el peatón y un mejor uso del transporte público.

Los 10 compromisos suscritos serán incluidos por cada grupo político en los planes de gobierno que serán entregados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el 7 de julio. De ese modo, la ciudad estaría logrando que antes de la elección de sus autoridades municipales se alcance un alto grado de consenso de las políticas referidas al transporte público y tránsito.

Apreciado el acuerdo firmado se advierte que lejos de procurar compromisos generales de poco valor, procura una toma de posición en temas específicos sobre los cuales se ha debatido. De estos compromisos quizás sea el más importante el de ejecutar “una política de gestión integral de la ciudad con una visión común, en donde la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Transporte Urbano así como todas las Unidades Orgánicas pertinentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima trabajen de manera coordinada para diseñar una ciudad más amigable para sus ciudadanos”. En este compromiso se puede apreciar una visión de las relaciones entre el tránsito y la ciudad misma desde una perspectiva sostenible, de recuperación de los espacios públicos al servicio de todos, superando el sesgo tradicional que divorcia las pistas de las aceras y los vehículos de las personas.

Es también destacable que los candidatos hayan asumido el compromiso de promover la creación de una autoridad autónoma que lidere la gestión del tránsito, una propuesta que solo hace algunos meses era discutida por quienes defendían la autonomía de un fuero que para este caso aparece incompleto, para una ciudad que convive con una provincia constitucional, no tiene el manejo de la policía y que no asume todas las competencias reguladoras del tránsito como, por ejemplo, la entrega de las licencias de conducir. Al contrario, una autoridad de tránsito evitará los sesgos distritalistas y tendrá más posibilidades de planeamiento, regulación y sanción.

El norte asumido por los firmantes de este acuerdo permitirá la continuidad de las reformas en el transporte que se ejecuta en la actual gestión metropolitana. Es sintomático que el documento no haya sido suscrito por el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, propulsor de la revocatoria de marzo del año pasado, una iniciativa bien recibida y apoyada por los transportistas que se oponen a las medidas reordenadoras del tránsito.

Este acuerdo que reviste un sentido homogeneizador de los planes para la ciudad debería ser seguido de otros que la ciudad demanda y que forma parte de los desafíos de una ciudad de crecimiento desordenado que se acerca a los 10 millones de habitantes, entre ellos el tratamiento de la contaminación ambiental, la recuperación del Río Rímac, el tratamiento de los residuos sólidos, la ocupación del territorio, la destugurización, la defensa de las áreas verdes, la participación ciudadana en la seguridad, entre otros.