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DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA
FRANCISCO IGARTUA CON DORIS GIBSON, PIEZA CLAVE EN LA FUNDACION DE OIGA, EN 1950 CONFUNDARIAN CARETAS.

«También la providencia fue bondadosa conmigo, al haberme permitido -poniendo a parte estos años que acabo de relatar- escribir siempre en periódicos de mi propiedad, sin atadura alguna, tomando los riesgos y las decisiones dictadas por mi conciencia en el tono en que se me iba la pluma, no siempre dentro de la mesura que tanto gusta a la gente limeña. Fundé Caretas y Oiga, aunque ésta tuvo un primer nacimiento en noviembre de 1948, ocasión en la que también conté con la ayuda decisiva de Doris Gibson, mi socia, mi colaboradora, mi compañera, mi sostén en Caretas, que apareció el año 50. Pero éste es asunto que he tocado ampliamente en un ensayo sobre la prensa revisteril que publiqué años atrás y que, quién sabe, reaparezca en esta edición con algunas enmiendas y añadiduras». FRANCISCO IGARTUA - «ANDANZAS DE UN PERIODISTA MÁS DE 50 AÑOS DE LUCHA EN EL PERÚ - OIGA 9 DE NOVIEMBRE DE 1992»

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«Cierra Oiga para no prostituir sus banderas, o sea sus ideales que fueron y son de los peruanos amantes de las libertades cívicas, de la democracia y de la tolerancia, aunque seamos intolerantes contra la corrupción, con el juego sucio de los gobernantes y de sus autoridades. El pecado de la revista, su pecado mayor, fue quien sabe ser intransigente con su verdad» FRANCISCO IGARTUA – «ADIÓS CON LA SATISFACCIÓN DE NO HABER CLAUDICADO», EDITORIAL «ADIÓS AMIGOS Y ENEMIGOS», OIGA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995

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LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU

LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

«Siendo la paz el más difícil y, a la vez, el supremo anhelo de los pueblos, las delegaciones presentes en este Segundo Congreso de las Colectividades Vascas, con la serena perspectiva que da la distancia, respaldan a la sociedad vasca, al Gobierno de Euskadi y a las demás instituciones vascas en su empeño por llevar adelante el proceso de paz ya iniciado y en el que todos estamos comprometidos.» FRANCISCO IGARTUA - TEXTO SOMETIDO A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA Y QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD - VITORIA-GASTEIZ, 27 DE OCTUBRE DE 1999.

«Muchos más ejemplos del particularismo vasco, de la identidad euskaldun, se pueden extraer de la lectura de estos ajados documentos americanos, pero el espacio, tirano del periodismo, me obliga a concluir y lo hago con un reclamo cara al futuro. Identidad significa afirmación de lo propio y no agresión a la otredad, afirmación actualizada-repito actualizada- de tradiciones que enriquecen la salud de los pueblos y naciones y las pluralidades del ser humano. No se hace patria odiando a los otros, cerrándonos, sino integrando al sentir, a la vivencia de la comunidad euskaldun, la pluralidad del ser vasco. Por ejemplo, asumiendo como propio -porque lo es- el pensamiento de las grandes personalidades vascas, incluido el de los que han sido reacios al Bizcaitarrismo como es el caso de Unamuno, Baroja, Maeztu, figuras universales y profundamente vascas, tanto que don Miguel se preciaba de serlo afirmando «y yo lo soy puro, por los dieciséis costados». Lo decía con el mismo espíritu con el que los vascos en 1612, comenzaban a reunirse en Euskaletxeak aquí en América» - FRANCISCO IGARTUA - AMERICA Y LAS EUSKALETXEAK - EUSKONEWS & MEDIA 72.ZBK 24-31 DE MARZO 2000

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viernes, 11 de julio de 2014

EN EL MUNDO


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo


Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo

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Rajoy y Mas se niegan a tomar
la iniciativa para abrir un dialogo

Tanto el presidente del Gobierno como el de la Generalitat dicen
estar dispuesatos a hablar pero exigen que el otro de el primer paso 

lunes, 7 de julio de 2014

EN EL MUNDO

La República 
El cierre de hoy
Otra víctima del acoso a la prensa en Ecuador

Luego de 32 años ha dejado de circular la versión impresa del prestigioso diario Hoy, de Quito. Así, las prácticas violatorias de la libertad de expresión del gobierno de Rafael Correa cobran su segunda gran víctima; antes lograron que en un juicio cargado de irregularidades la justicia condenara a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a tres directivos y un ex editor del diario El Universo, a quienes demandó por injuria y a los que luego perdonó en un acto supuestamente magnánimo.

En su editorial impreso de despedida, el diario que ha pasado a circular exclusivamente en formato digital acusa su cierre a la gradual pérdida de las libertades, la limitación de las garantías constitucionales, la autocensura que impone la Ley de Comunicación y los ataques reiterados directos e indirectos a la prensa que no controla el gobierno. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha deplorado este nuevo resultado del autoritarismo del gobierno ecuatoriano vinculándolo directamente al continuo deterioro de la libertad de prensa.

La situación de la libertad de expresión en Ecuador es delicada. La Ley de Comunicaciones vigente desde el año pasado establece un Consejo de Regulación y Control de la Comunicación e Información (Cordicom), de control de contenidos y con potestad para sancionar con multas. Un artículo de dicha ley obliga a los medios a informar de los hechos “de interés público” y dispone que la omisión deliberada de estas noticias constituye censura previa. Amparada en esta disposición, por señalar un ejemplo, la Superintendencia de Comunicación de Ecuador (Supercom), otra institución creada por esta ley, llamó para el 23 de junio pasado a una audiencia a los representantes de los diarios El Comercio, Hoy, El Universo y La Hora, luego de que el presidente Correa se quejara públicamente de que estos medios no difundieran con un mayor despliegue su visita a Chile.

El diario Hoy ha sido objeto de otras acciones de acoso directo. El año pasado, desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, se desplegó una campaña de desprestigio contra el diario y sus periodistas luego de que Hoy titulara con palabras textuales de Correa su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. También ha sido y sigue siendo objeto de normas y prácticas que limitan la inversión nacional en medios de comunicación, de boicot publicitario, de cancelación de contratos de impresión –especialmente los de textos escolares– y de otras trabas para financiar sus operaciones.

El acoso a la libertad de prensa en Ecuador está lejos de amainar. Recientemente, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación propuso debatir la reforma de la Constitución con el fin de establecer que la información es un servicio público y no un derecho, constitucionalizando así el artículo 5 de la Ley de Comunicación. De inmediato, la bancada oficialista en el Congreso, Alianza País, incluyó esta pretensión en un paquete de 17 reformas constitucionales que el legislativo dominado por los partidarios de Correa se apresta a sancionar.

Las prácticas de las antiguas dictaduras que cierran medios por decreto y colocan tanquetas en las puertas de los diarios y localizan oficiales censores en sus redacciones han cedido el paso a formas igualmente escandalosas de represión de la palabra y la voz independientes, de la mano de normas de aparente legalidad, pero cuyo propósito es el mismo: ahogar la libertad.



EN EL MUNDO

JNE ESPERA RECIBIR HOY, ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIONES
MAS DE 100 MIL
CANDIDATURAS PARA
ELECCIÓN DE OCTUBRE 

domingo, 6 de julio de 2014

EN EL MUNDO

La República 
El caso Bustíos 26 años después
Nuevos procesados y vieja impunidad

En el contexto de las acusaciones contra el ministro del  Interior, Daniel Urresti, en relación con el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, en 1988, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha revelado que uno de los sentenciados, Víctor Fernando La Vera Hernández, ha sido liberado y estaba a punto de ser contratado por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Anoche, fue excluido de este proceso. Otro de los sentenciados, Amador Vidal Sanbento, también se encuentra libre. Ambos han cumplido apenas un tercio de las penas a las que fueron condenados.

En el caso vuelve a asomar la impunidad. El asesinato de Bustíos fue un alevoso acto de venganza contra un periodista por el “delito” de fotografiar a un oficial del Ejército acusado de la desaparición de 60 personas, a la postre uno de sus asesinos. En la clásica espiral de la violencia, es el caso de un periodista que documenta su trabajo y que  paga con su vida el hallazgo de la información.

El caso Bustíos ha demostrado varias regularidades de nuestro sistema que juzga los delitos de lesa humanidad, entre ellas la lenta judicialización de los hechos por las maniobras dilatorias de las instituciones que deben aportar información oficial sobre personas, órdenes, hechos, reportes e indagaciones propias. En este caso, el que se haya condenado a algunos de los culpables 20 años después de los hechos no abona en favor de estos ni garantiza su inocencia. Al contrario, deja patente la voluntad de impunidad alimentada desde el mismo Estado.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), primero, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otros organismos nacionales e internacionales, denunciaron más de una vez demoras procesales y omisión de los compromisos con los deudos de Hugo Bustíos, de modo que solo desde el año 2009 se empezó a llevar a cabo la actividad probatoria. En ese sentido, los hechos son antiguos pero la impunidad ha sido permanente, de modo que tiene sentido que los hallazgos e imputaciones sean relativamente nuevos.

Esta lógica debe ser aplicada al procesamiento desde el año pasado del hoy ministro del Interior. Su vinculación al caso es antigua, por los hechos descritos, aunque la acusación sea relativamente reciente. En este entendido, lo que corresponde es el sometimiento de los investigados a los órganos de justicia como efectivamente el general (r) Daniel Urresti lo hizo en su momento.

Su condición de ministro de Estado es un problema para el juzgamiento cabal de su responsabilidad. Como todo ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y mal se haría en condenarlo sin un proceso justo y debido. En la misma medida, es un error político con probables secuelas jurisdiccionales absolverlo de antemano, subestimando y sustituyendo el rol de los jueces. En ese sentido, sería más conveniente que ejerza su derecho de defensa sin estar premunido del poder que ahora ejerce.
Es preciso exigir desde la prensa, una vez más como en los últimos 26 años, que en este caso no exista impunidad, que se castigue a los responsables de este asesinato, que los condenados cumplan sus condenas sin violar las normas de ejecución penal y que tengan el derecho a la reinserción a la sociedad, aunque eso no signifique franquearles el retorno al sistema de seguridad democrática del país al que afectaron.



viernes, 4 de julio de 2014

EN EL MUNDO

LA REPÚBLICA 
Un primer acto
Los candidatos y el tránsito

Con el auspicio de la Asociación Civil Transparencia y de Cruzada Vial, 10 de los 12 candidatos a la alcaldía de Lima suscribieron un acuerdo multipartidario por un mejor tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial. Entre las medidas más importantes que se comprometen a ejecutar o impulsar se encuentran la creación de una autoridad autónoma de tránsito, el cambio de las normas para fomentar la movilidad sostenible y la promoción del respeto por el peatón y un mejor uso del transporte público.
Los 10 compromisos suscritos serán incluidos por cada grupo político en los planes de gobierno que serán entregados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el 7 de julio. De ese modo, la ciudad estaría logrando que antes de la elección de sus autoridades municipales se alcance un alto grado de consenso de las políticas referidas al transporte público y tránsito.
Apreciado el acuerdo firmado se advierte que lejos de procurar compromisos generales de poco valor, procura una toma de posición en temas específicos sobre los cuales se ha debatido. De estos compromisos quizás sea el más importante el de ejecutar “una política de gestión integral de la ciudad con una visión común, en donde la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Transporte Urbano así como todas las Unidades Orgánicas pertinentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima trabajen de manera coordinada para diseñar una ciudad más amigable para sus ciudadanos”. En este compromiso se puede apreciar una visión de las relaciones entre el tránsito y la ciudad misma desde una perspectiva sostenible, de recuperación de los espacios públicos al servicio de todos, superando el sesgo tradicional que divorcia las pistas de las aceras y los vehículos de las personas.
Es también destacable que los candidatos hayan asumido el compromiso de promover la creación de una autoridad autónoma que lidere la gestión del tránsito, una propuesta que solo hace algunos meses era discutida por quienes defendían la autonomía de un fuero que para este caso aparece incompleto, para una ciudad que convive con una provincia constitucional, no tiene el manejo de la policía y que no asume todas las competencias reguladoras del tránsito como, por ejemplo, la entrega de las licencias de conducir. Al contrario, una autoridad de tránsito evitará los sesgos distritalistas y tendrá más posibilidades de planeamiento, regulación y sanción.
El norte asumido por los firmantes de este acuerdo permitirá la continuidad de las reformas en el transporte que se ejecuta en la actual gestión metropolitana. Es sintomático que el documento no haya sido suscrito por el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, propulsor de la revocatoria de marzo del año pasado, una iniciativa bien recibida y apoyada por los transportistas que se oponen a las medidas reordenadoras del tránsito.
Este acuerdo que reviste un sentido homogeneizador de los planes para la ciudad debería ser seguido de otros que la ciudad demanda y que forma parte de los desafíos de una ciudad de crecimiento desordenado que se acerca a los 10 millones de habitantes, entre ellos el tratamiento de la contaminación ambiental, la recuperación del Río Rímac, el tratamiento de los residuos sólidos, la ocupación del territorio, la destugurización, la defensa de las áreas verdes, la participación ciudadana en la seguridad, entre otros.


EN EL MUNDO

ANTE EL CASO DEL CRIMEN DEL PERIODISTA HUGO BUSTIOS
EL ALEGATO DEL
MINISTRO URRESTI

MESA REDONDA EN
 LA REPÚBLICA
LEY UNIVERSITARIA
EN DEBATE
CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
EL TEMA DE MAYOR CONTROVERSIA

jueves, 3 de julio de 2014

EN EL MUNDO

La República 
Sí se puede

El Estado responde al delito con voluntad política y acción conjunta

La jueza penal nacional Mercedes Caballero ha ordenado a pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos la detención preliminar de Rodolfo Orellana Rengifo y de 22 de sus principales colaboradores, entre ellos el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca, para ser investigados por delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Este grupo era señalado hasta ayer como la organización delictiva más grande del país, acusado por la fiscalía de dedicarse al blanqueo de capitales procedente del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares, del tráfico ilícito de drogas y de minerales.

La orden de detención fue ejecutada como una operación conjunta cuya efectividad ya se apreció con ocasión de la captura de la mafia que operaba en el gobierno regional de Áncash. Dicha operación expresa un grado de coordinación que con voluntad política alcanzaron para este caso procuradores, jueces, policías, fiscales y ejecutivos de otros ámbitos que concurren a la lucha contra el delito, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de instituciones privadas obligadas a reportar transacciones dolosas y sospechosas.

Aunque tarde, este es un botón de muestra del “Sí se puede” peruano frente al delito, una síntesis del ejercicio completo de las competencias y capacidades procesales, coercitivas y punitivas del Estado puestas en movimiento, y dormidas y fragmentadas por varios años en miles de casos.

Al saludar este paso debe recordarse que el clan Orellana no irrumpió hace meses ni de la noche a la mañana; los datos que disponen las autoridades dan cuenta de que sus actividades se iniciaron por lo menos hace una década y se intensificaron al ritmo de la indiferencia de los gobiernos y la corrupción de la policía, las administraciones judiciales y el Ministerio Público, y al paso del tejido de una vasta red que penetró otras organizaciones como las notarías, centros de arbitraje y los registros públicos, entre otros.

En el balance le cabe un mérito de ineludible reconocimiento a un sector del Estado que ha demostrado ser resistente a la corrupción y que debe ser potenciado y protegido, es decir, el sistema de procuradores, acosado por campañas difamatorias. Igual reconocimiento merecen las víctimas de este clan que, a pesar de su desventaja frente al poder del clan organizado y con la justicia de espaldas, no desmayaron; y los escasos hombres públicos, como el congresista Víctor Andrés García, que sin tener una necesaria razón material en litigio se enfrentaron a esta organización con los costos que ello les significó.

Debe ser relevado asimismo el papel desempeñado por la prensa, especialmente los más de 20 periodistas enjuiciados por Rodolfo Orellana en el momento de su mayor poder –entre ellos dos de esta casa editora, Augusto Álvarez Rodrich y César Romero, y nuestro colaborador Ricardo Uceda– por haberse atrevido a revelar sus actividades y darles voz a sus víctimas, y la resistencia de organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro Líber de la Pontificia Universidad Católica, que dirige Julio Arbizu.


Una golondrina no hace el verano pero no deja de tener un trino auspicioso, sobre todo si invita a no cejar en la permanente búsqueda de la justicia y la sanción del crimen.