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La República
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09 de julio de 2014
Sacando el tapón
Reconocibles pasos de los
fiscales en la lucha contra la corrupción.
Los avances que se registran en
la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se deben en buena parte a
la acción del Ministerio Público que parece haber recuperado la iniciativa en
la lucha contra el delito. En algunas semanas los fiscales han empezado a
acusar y a demandar el arraigo o la detención en los casos que dominan la
agenda anticorrupción del Estado.
Los casos taponados toman su
curso procesal. El fiscal Hamilton Castro solicitó prisión preventiva para el
presidente regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra, y su asesor, Juan Boza
Pulido, por cargos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Del mismo
modo, el fiscal supraprovincial Walter Delgado Tovar pidió al Poder Judicial la
prisión preventiva del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos
Guerrero, mientras se le investiga por delitos de asociación ilícita, cohecho y
colusión agravada. Los pedidos han sido atendidos.
Luego, el fiscal anticorrupción
Gomer Santos Gutiérrez solicitó al Poder Judicial dictar impedimento de salida
del país para el presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero,
mientras se le investiga por malversación de fondos públicos y peculado. En
Loreto, el fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota pidió al Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria de Maynas que dicte prisión preventiva contra el
presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, por el delito de colusión
agravada, y otras siete personas.
Finalmente, la fiscal Marita
Barreto Rivera, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Lavados de
Activos y Pérdida de Dominio, demandó la detención preliminar de 20 personas,
incluidos Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, por el presunto delito de
lavado de activos, con lo que se inicia la caída de ese grupo.
El retiro del tapón ha coincidido
con la finalización del periodo de José Peláez Bardales como Fiscal de la
Nación. En algunos casos, como en el del grupo Orellana, fue necesario llevar a
cabo cambios en la fiscalía para destrabar los casos y permitir que el
Ministerio Público haga su trabajo. En otros ámbitos de la alta dirección de la
fiscalía también se registran movimientos para cerrar oficinas, despedir cargos
de confianza y abrir procesos administrativos a funcionarios.
Es preciso tomar ello en cuenta
cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha empezado a recibir el
testimonio del ex Fiscal de la Nación y cuando el Congreso está cumpliendo el
mismo cometido. Ello no significa exculpar anticipadamente al actual Fiscal de
la Nación, a quien el CNM también investiga, sino poner sobre la mesa la
naturaleza de las fuerzas que durante varios años habían paralizado el vigor
investigador del Ministerio Público, atenazando con ello la capacidad punitiva
del Estado en su punto de origen.
Los cambios ocurridos y que son
visibles, a la luz de los acusados, procesados y detenidos, deben ser puestos
sobre la mesa para estimular el movimiento de reacción que se opera entre los
jueces y fiscales del país. En un contexto de excesiva provisionalidad y de
mecanismos de control que las altas instancias jurisdiccionales conservan, es
necesario reflexionar sobre estos cambios en voz alta, animar a que los pasos
dados no se detengan y a que las autoridades sepan que la vigilancia social no
ha cesado.
