FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¡Fuji, Fuji, qué grande sos! – Revista Oiga 1/08/1994

Hace muchos años, en Buenos Aires, vi a Perón agitar unos billetes de dólar ante una inmensa multitud, mientras pre­guntaba: -¿Han visto ustedes alguna vez un dólar?

Y la masa rugiente respondía:

-¡No! ¡No!

-¿Qué nos importa, pues, a los argen­tinos el valor del dólar?

Comentó triunfante Perón mientras arrojaba los billetes a la plaza, como si fueran papeles de basura, y ésta rugía:

- ¡Perón, Perón, que grande sos!

Fue ese un simple acto de demagogia de un caudillo ante una multitud encandilada e ignorante. Fue un gesto para lograr el aplauso fácil, para domar como mago la voluntad del público, para jugar con las masas y hacerse coronar como caudillo, como César.

Naturalmente que el espectáculo de ese día en Buenos Aires me hizo recordar a Mussolini y a las ululantes huestes fascis­tas bajo los balcones del Palacio de Venecia en Roma. Vi a un dictador en acción, haciendo teatro en la plaza pública sobre un tema sumamente delicado como era en aquel entonces la devaluación del peso argentino frente al dólar.

Pero Perón ni otros caudillos se hubie­ran atrevido a ofrecer ese mismo espectáculo ante una asamblea cerrada, ante un Parlamento -Mussolini y Hitler no lo te­nían porque consideraban a los parlamen­tos reliquias inútiles del pasado- o frente a un congreso partidario. Les hubiera pare­cido excesivo trasladar la demagogia de la plaza a una sala, donde alguien podría replicar con la razón o una minoría califi­cada retirarse ofendida por el insulto que semejante gesto significaba a la inteligen­cia y a la dignidad de los presentes.

Aquí en Lima, el señor Fujimori se ha dado el gusto de ejecutar en el Congreso de la República ese acto de prestidigita­ción con los billetes. Es claro que lo ha hecho ante un Parlamento motejado con razón de Constituyente y Democrático, porque no ha constituido otra cosa que la reelección presidencial y de democrático sólo es un remedo.

Fujimori lo que ha hecho el 28 de julio es usar el Congreso como plaza pública para ensayarse como caudillo, haciendo que los cecedistas le sirvieran de multitud. Ha colocado al CCD en el nivel que le fijó al convocarlo. De escupidera presiden­cial. Y con el barato gesto de arrojar papeles al aire en pleno hemiciclo parlamenta­rio, en una ceremonia solemne que es simbólica de nuestra nación como Perú y como República, volvió Fujimori a insistir indirectamente en una tesis varias veces repetida y hace poco expresada verbal­mente en el banquete ofrecido por él al presidente boliviano, Sánchez de Lozada: que nuestro porvenir debemos construirlo borrando las etapas posteriores a nuestro pasado precolombino, borrando a Grau y Cáceres, a San Martín y Bolívar junto con los virreyes; porque la tarea de futuro es renovar el Tahuantinsuyo. O sea borrar el Perú... ¡Bueno, al insinuar todos estos disparates -que se parecen a lo del ‘pasado’ vergonzante del Apra, es de pensar que no sabía lo que estaba diciendo en ese banquete, o que su complejo contra el Perú es de siquiatría!

Tirar billetes por los suelos es gesto demagógico para multitudes. No corres­ponde a- un acto cívico solemne y serio. Además sólo en parte es verdad que hoy valgan más los soles que los intis. Y me explico: es cierto que se está controlando la inflación, pero ni ésta está todavía bajo pleno control, ni es suficiente la baja de la inflación para vivir mejor. Hace algunos años Bolivia la llevó a cero y no cambiaron mucho las penurias bolivianas. Del mismo modo, los bajos salarios y la desocupación galopante hacen del Perú actual una aproximación al infierno y no al paraíso que pintó Fujimori lanzando billetes por los aires en el Congreso.
Según explica en esta edición el econo­mista Pennano y lo hacen otros en diver­sas ocasiones, no es tan maravillosa la política económica fujimorista, limitada a seguir al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario. Por lo tanto, si la com­paramos con las políticas de Chile, Argen­tina y México, se comprueba que hemos negociado pésimo nuestra deuda externa y arruinado nuestras exportaciones no tra­dicionales. Y si se ha recuperado la mine­ría, en gran parte gracias al éxito de la lucha antisubversiva -ayudada poderosa­mente por la caída del Muro de Berlín y su consecuente desaparición del marxismo en las universidades-, en el agro se ha pasado de la miseria a la inanición, por falta de apoyo crediticio. Y lo mismo se puede decir si colocamos a un lado la construcción de colegios y al otro la desmoralización y la hambruna del profesora­do.

En cuanto a las privatizaciones, la asombrosa compra de los teléfonos y Entel ha ocultado diversos errores en otras ventas de activos de la Nación -que eso son las privatizaciones- y sirve de cortina de humo a lo que se piensa hacer con Petroperú. Al parecer, si se hace lo que se sospecha, ocurriría algo que podría llegar a ser catastrófico conforme vaya pasando el tiempo.

Tenemos a un jefe de Estado en frenética campaña electoral, construyendo obras que se vean y repartiendo regalos a troche y moche, mientras el despacho presidencial está vacío, sin orientar las soluciones a los problemas nacionales -agro, exportaciones, descentralismo- y sin señalar rumbo en política exterior o distraídamente alentando a Cuba, Haití y Corea del Norte. El gobierno sigue andan­do por inercia, de acuerdo al empujón que recibió del Fondo Monetario y al paso que marca el bombo del Ejército.

De descentralismo y regionalización; aquí no hay nada. Aquí hay puro centralis­mo, concentrado en Fujimori y el Ejército. Tampoco hay institucionalidad alguna. Las únicas instituciones son Fujimori y el Ejér­cito. Y la fiscalización la ordena y manda Fujimori, sin meterse, claro está, con el Ejército. El en persona, sólo él, es la moralización, abrazado a las pillerías del ministro Vittor, a las obras sin licitación, a las facilidades dadas a Zanatti -para que se lleve los aviones de Aeronaves, venda Faucett y sus ganaderías-; abrazado a los militares comprometidos en el narcotráfi­co y a los asesinos de La Cantuta, ascendi­dos a expreso e insistente pedido suyo.

Es claro que hay saldos positivos -¡cómo no lo va a haber después del desas­tre aprista!- y él se encargó de mag­nificarlos y los cecedistas de exaltarlos con sus aplausos. Pero el saldo negativo es horrendo. A la gente no se le convence, se la somete; como se va a someter a los diplomáticos que serán readmitidos en estos días, después de haber sido cesados por abuso y capricho de Palacio. Igual que en otras épocas, como en otras Patrias Nuevas, se construye sin fiscalización, sin planificación, humillando, desmoralizan­do a los peruanos. Formando no ciudadanos sino gente servil y acomodaticia.

Y esto se hace sin grandeza, sin brillo, sin elocuencia, aunque fueren de oropel. Con grotescas imitaciones, como el repar­to al aire de billetes; con mediocridad chicha; con caudillismo bajopontino.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar – Revista Oiga 18/07/1994

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el votó .se emite apretando .un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley pre­sentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperan­zas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate inco­herente.

En uno de sus dispositivos, por ejem­plo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funciona­rio puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre-ha inspirado la legis­lación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una pre­sión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resulta­dos. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcio­nario, cuyo poder llega a todos los rinco­nes del país, pueda participar en eleccio­nes desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cual­quier funcionario, también debiera ale­jarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano dis­parate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bas­taría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio —en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori—, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones si­gue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reeleccio­nes, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fon­dos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral pre­sentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próxi­mos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus car­gos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatu­ra, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial —todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen—que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una bur­la cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para impri­mir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones —todo a cuenta del Estado—; así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de ele­vado criterio, profesionales de nota, gen­tes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candida­to a la reelección las violará cuantas ve­ces le dé la gana y se mofará de “ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico?... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el pro­ceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impu­nemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anta diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país Inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apre­tando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demago­gia. Está bien, muy bien, que se inaugu­ren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luí y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su des­pacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya bue­na enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el 18% al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer gi­ras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colo­carse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repar­tiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer dema­gogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campa­ña electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La corrupción se tapa con silencio – Revista Oiga 13/06/1994

Como en otras oportuni­dades, que me temo no será la última, en las se­manas pasadas hubo pre­sión para que OIGA ca­llara su campaña contra el ‘picaronazo’ Vittor. Era una presión múltiple e in tensa. Al final, se limitaba a esta frase: Sigues haciendo oposición, pero en este asunto te callas. Ni siquiera te recti­ficas. Sólo te callas. ¿Qué te cuesta?

Y no cuento más porque no viene al caso. Lo cierto es que, de nuevo, había­mos tocado el talón de Aquiles del régi­men: su falta de honestidad. Un punto en el que se sabe débil y se desespera por ocultarlo. Porque en este gobierno hay deshonestidad no solamente en las fal­sas promesas e imputaciones calumnio­sas del jefe de Estado o en los despilfa­rros de sus paseos familiares -en alguna oportunidad se movilizó hasta en barco de guerra para placer de Kenyi y sus amigos-; hay deshonestidad en las obras sin licitación y sin control, concedidas a dedo; hay deshonestidad en el manejo secreto de las donaciones y es deshonesto que el jefe de Estado se pasee por el país obsequiando esas donaciones como si fuera sacadas de su bolsillo. Se habla mucho de trasparencia, pero todo se hace por sorpresa y entre bambalinas, a escondidas. Es tan ‘honesto’ el régimen que la encargada de vigilar las aduanas del país, la señora Higaona, no dice una palabra cuando su hija es descubierta dando exámenes de ingreso a la univer­sidad por medio de otra muchacha pare­cida a ella, a quien se supone se le habría sobornado ¿con las propinas de la niña Higaona? ¿Y es honesto que el jefe de Estado se haya hecho presente en la graduación de su hijo, como piloto de aviación, a sabiendas de que era un acto irregular porque el hijo había sido des­aprobado en seis cursos en el colegio, Io que hacía inválido su diploma de piloto?... La honestidad no es cuestión de montos sino de conducta. Y, si de mon­tos se habla, montones son los millones que los ‘picaronazos’ del régimen han hecho humo, como Fumanchú, sin que les ocurra nada, a pesar de las denuncia: concretas de OIGA. Al contrario, se les ha premiado con embajadas u otras ca­nonjías. ¿Y qué de las decisiones millo­narias que se toman en Palacio y de los miles de millones que pasan por él sin que nadie los controle ni vigile, porque el ‘trasparente’ ordenador de estas transacciones es alguien que no figura en plani­lla conocida ni tiene cargo ni obligacio­nes públicas? Es simplemente Santiago, el hermano. El James Bond del régimen.

Pero el caso Vittor, que es el motivo de estas líneas, ha adquirido otras connotaciones. No por el pobre señor Vittor que, como ya dije semanas atrás, poco cuenta personalmente en este asunto -es apenas otra pieza en el engranaje de la corrupción del régimen-, sino por la complicada acogida que la denuncia de OIGA ha tenido en los medios de comu­nicación. Una denuncia que tuve que hacer pública en conferencia de prensa, como resguardo por las presiones diversas que estaba recibiendo. El respaldo de las radioemisoras fue completa, salvo excepciones muy significativas. La difu­sión radial debe haber cubierto el territo­rio nacional. Pero lo que al gobierno le preocupa es la televisión. Y aquí quedó en evidencia que la declaración de Chapultepec es, para Fujimori, papel para envolver bacalao malogrado. Asis­tieron a la conferencia de prensa de OIGA Canal 11 y Canal 9, este último con un equipo completo, decidido segu­ramente por los mandos periodísticos de la empresa, de acuerdo a la resonancia noticiosa del tema. Además de cubrir la conferencia, el Canal 9 filmó una entre­vista conmigo.

Esto fue al mediodía.

En la tarde, el Canal 4 se interesó por entrevistarme, porque se iba a presentar Vittor en el canal y quería que hubiera imparcialidad. La cita fue a las cinco. A las cinco y media no hubo nada. Se aplazó la entrevista para ‘el día siguien­te’.

Esa noche el Canal 11 dio cuenta del hecho en cuatro o cinco minutos, excelentemente bien editados. Fue un mode­lo de profesionalismo ese resumen. En el 9 no apareció una sola imagen ni se leyó una línea. La conferencia no había exis­tido. El silencio fue total en todos los demás canales. Ni el ministro Vittor ni nadie abrieron la boca. Se había impues­to la política de dar la callada por respuesta. Afirmándose el gobierno en su creencia de que lo que no se habla no existe. Así se borran, con el silencio, las pruebas de corrupción de este régimen. Pero esa política no fue decisión de los mandos periodísticos de esas empresas sino imposición, con chantaje sobre sus otros negocios, del gobierno a los propietarios de los canales, gente fenicia que no tiene idea de las obligaciones culturales y sociales de un medio de pren­sa y que desconoce en absoluto lo que es el periodismo. Los canales, para ellos, son medios de presión para favorecer sus negocios más rentables y tener po­der.

Esto lo podrán negar en cuarenta to­nos y formas, utilizando a sus mejores escribientes, pero las cosas son así, como están arriba escritas. Esa es la verdad. Y en este punto sí no me equivoco porque tengo en la mano la prueba del delito. Porque eso, un delito contra la libertad de prensa, es lo ocurrido…

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De gansadas y basuras – Revista Oiga 9/05/1994

Semana cargada de cu­riosas novedades y ne­gros nubarrones ha sido la que acaba de pasar. Por un lado, el Congreso da muestras -aunque equí­vocas- de sentirse anima­do a sintonizar con las ideas del buen orden democrático y plantea la 'bajada al llano' del presidente que postule a la reelección y habla de distrito electoral múltiple; mientras que por otros lados se acrecienta gratuitamente la tirantez en las relaciones con Estados Unidos y se Intensifica la división interna en las Fuer­zas Armadas.

Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es co­pia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Ma­nuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrin­cante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apo­dado Democrático nos ofrece un candi­dato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Eleccio­nes al más puro estilo Odría no se pue­den dar. También en esa época se argu­mentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta cate­goría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la Repúbli­ca. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa cons­tante exigencia en las legislaciones elec­torales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los fun­cionarios públicos a renunciar a sus car­gos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que parti­cipen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tra­diciones, sus legislaciones no conside­ren la renuncia presidencial -porque se­ría una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los je­fes de gobierno.

La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelec­ción no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosin­crasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en Méxi­co, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a dis­posiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben has­ta hoy su reelección.

En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincia­lismo, en la chatura aldeana, en los plei­tos de comadres. Dividir los 120 asien­tos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegi­da en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y represen­tativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputa­dos, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parla­mento en una olla de grillos comarcanos.

Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión públi­ca. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las rela­ciones peruano-norteamericanas, con­cretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimo­ri. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.

Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori fren­te a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin me­dir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.

Pero donde Fujimori y su guardia pre­toriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revis­tas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen pública­mente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.

Grave injusticia se ha cometido con­tra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusa­do. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuani­midad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es do­blegar moralmente, con la cárcel, al ge­neral Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cie­lo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – En el reino de la amoralidad – Oiga 2/05/1994

Hace, años ya, cuando se hacía visible que el manda­tario de entonces no sólo era un joven irresponsa­ble, de verbo florido, sino también un desaprensivo acumulador de residencias y otros bienes, OIGA logró demostrar que eran ciertas esas alarmantes aprecia­ciones. Los documentos cantaban la ver­dad: las minuciosas y públicas cuentas del mandatario no cuadraban. Había quedado fuera de su exhaustiva contabi­lidad, por lo menos, una residencia en la playa. En resguardo de la moral pública, cumpliendo lo que creía era su deber y no en gesto de animadversión política, igual que lo había hecho en mil otras oportunidades en el curso de su larga historia, OIGA alzó la voz y persistió en su denun­cia. Ya no había argumentos ni cifras para responder. Ya no hubo cartas alti­sonantes del mandatario, leídas en el Senado, contra el que estas líneas, escri­be. Esa vez, como otras veces en otros tiempos y, sobre todo, en los actuales, se dio con éxito la callada por respuesta. Y peor aún: nadie acompañó a OIGA en la denuncia. En ese entonces Alan García estaba en el apogeo del poder y dispen­saba sus favores a lo doce apóstoles, los mismos que luego lo satanizaron -cuan­do les tocó el bolsillo- y que hoy han vuelto a la mesa de los repartos, teniendo a Fujimori de redentor de sus tribulacio­nes. Nadie se quiso alzar contra el poder. Los apóstoles por satisfechos y sus ami­gos por comodones. Esa loca democra­cia le estaba haciendo daño a la demo­cracia y al país, pero les iba bien con ella y ellos, según se dice sin que protesten, “no son políticos sino negociantes". Otros -muchísimos- callaron por temor. El poder era Alan. Nos quedamos solos. Y la callada por respuesta resultó triun­fante.

Valgan estos recuerdos no como can­sado repaso del pasado sino como advertencia de que OIGA está acostumbrada a quedarse sola y no le importa que ahora le vuelva a ocurrir lo mismo en el caso Vittor. También sirva el recuerdo como referencia a la preocupación constante de OIGA por ser fiel a una conducta principista, no de circunstancias. No es, pues, ánimo político contra el régimen del señor Fujimori, desenfreno ciego y gratuito contra el ‘enemigo’, lo que nos lleva en estos días a señalar la incapaci­dad del señor Raúl Vittor para ser minis­tro. Es preocupación moral lo que nos alienta a actuar como actuamos, es in­quietud porque el país mejore, en sus relaciones humanas, en el respeto a los derechos del vecino, en la adecuación de las conductas cívicas a normas superiores a los apetitos personales. Y es cierto lo que dice el ministro Vittor: que nadie se ocuparía de él ni de sus fechorías santiaguinas si no fuera porque hoy es ministro de Estado. Es cierto, las acusaciones que se le hacen son políticas: ¡Qué tal descubrimiento señor Vittor! Claro que nos ocupamos de él no porque sea el constructor Vittor sino el ministro Vittor y más todavía por ser ministro de la Presidencia, por ser el agente promotor de la candidatura a la presidencia del actual jefe de Estado, Alberto Fujimori. Sí, es verdad lo que dice. Si no fuera político, de Vittor nadie se ocuparía, a nadie le importaría sus negocios y encubrimientos, fuera del grupo de sus ami­gos y, sobre todo, de sus damnificados, porque también hay damnificados en esta historia santiaguina. (Ver nota).

Cuando se mete uno a político, señor Vittor, se pone uno en candelero para, desde esa situación expectante, ser ejemplo de discreción, cordura, efectividad, o ser piedra de escándalo. El político actúa para la colectividad, señor Vittor, y es juzgado por ella, por el público, no por su círculo amical. Ese es el riesgo de meterse a político señor Vittor. No es tarea fácil y, menos, cuando se es piedra de escándalo y eso, piedra de escándalo, es el actual ministro de la Presidencia, gracias a su escandalosa relación con un prófugo de la justicia y a las acusaciones judiciales que se le hacen en Santiago de Chile. Para sortear los escollos que estas situaciones presentan se requiere el respaldo de los tanques militares -el señor Fujimori, el de las construcciones con evasión de impuestos, le puede explicar a Vittor cómo se hace para lograrlo- o vivir en un país como el Perú de hoy, donde las nociones de la moral han desaparecido, donde la ética ha entrado en desuso, donde saciar apetitos personales es la meta de las minorías dirigentes y dónde los egoísmos, las ruindades útiles, el afán de lucro vuelan como buitres satisfechos sobre famélicas multitudes. Vittor, el de la doble t, está salvado. Lo ha salvado hallarse en el reino de la amoralidad.

Y en este punto es imposible pasar por alto recientes declaraciones del decano del Colegio de Abogados sobre la reelección de los miembros del CCD. Chocan con tal violencia en cualquier sensibilidad con un mínimo de sentido moral, que callar sería un crimen de en­cubrimiento. Y no callaremos; agregan­do, eso sí, nuestra sospecha de que la versión periodística ha podido suprimir matices que en algo podrían haber mori­gerado el desagradable impacto de esas declaraciones.

No somos abogados y no es en el terreno estrictamente legal que plantea­remos nuestro horrorizado rechazo a la tesis de que “no hay prohibición alguna para que los congresistas (del CCD) sean reelegidos”. ¿Cómo que no hay prohibi­ción alguna? ¿Es justo, puede ser válido ante la justicia, ante la verdad, ante el orden moral, que quienes se presentaron a una elección con el compromiso a firme, escrito y solemne de que no inten­tarían ser reelectos, redacten una Cons­titución que deje sin esclarecer el punto y después se consideren con derecho a la reelección? Sin entrar en consideracio­nes en torno a los alcances legales de las obligaciones contraídas entre electores y elegidos -sobre lo que los juristas mucho podrían decir- ¿es posible que puedan ser olímpicamente saltados a la garrocha por los abogados los mandatos de la moral, del compromiso ético admitido no sólo en conciencia -que ya es bastan­te- sino cumplido de acuerdo a normas publicadas, conocidas por los votantes y tomadas como obligatorias por los candidatos? ¿Qué cosa es la ley, entonces? ¿Qué cosa es la justicia?

Sólo en un país sin moral, en el reino de la amoralidad, puede darse lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo en el Perú.