EN EL PERÚ

¿Viola la libertad de expresión “El Comercio” cuando controla el 78% del mercado de diarios?

Jueves, 19 de septiembre de 2013 | 5:31 pm

Concentración de medios

Artículo de opinión de Juan Carlos Ruiz Molleda, publicado en justiciaviva.org.pe

El grupo El Comercio y Epensa (diario Correo) acaban de suscribir el “Acuerdo de Asociación”, mediante el cual, el primero compra el 54% de las acciones de Epensa. Como ElComercio ya controla el 49% del mercado de diarios, cuando se le suma el 29% de Epensa, controla ahora el 78%. El resultado, como señala Humberto Campodónico , es la concentración del mercado con posición dominante del grupo El Comercio[1].

Hay dos maneras de analizar estos hechos: desde una perspectiva política y desde una perspectiva jurídica constitucional. La primera busca preguntarse sobre la conveniencia política o no de esta medida[2]. En este artículo nos referiremos a la segunda perspectiva de análisis, la constitucionalidad de esta medida. Aquí la pregunta de fondo es si la concentración y el virtual monopolio del Comercio sobre la prensa escrita, viola la libertad de expresión y información. No se trata de una simple curiosidad. Si se logra demostrar que se viola o se amenaza derechos fundamentales estaremos ante un acto jurídico con un vicio de nulidad y de invalidez, abriendo las posibilidades de su impugnación judicial.

1.- Algunas precisiones conceptuales: Las libertades de información, expresión, opinión y difusión[3]. En principio, debemos comenzar por diferenciar la libertad de información de la libertad de expresión. En definitiva, entenderemos por libertad de información, la “capacidad de emitir y recibir las noticias veraces, completas y asequibles, en la medida en que su objeto son los hechos, los mismos que pueden ser comprobables”[4]. A su vez por libertad de expresión entenderemos la “capacidad de recibir los puntos de vista personales del emisor, que en tanto son opinables, requieren un carácter básico de congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente”[5]. En relación con el contenido del artículo 2°, inciso 4, si bien la existencia hace referencia a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, en realidad, existen solamente dos derechos fundamentales en juego: los derechos a la expresión y a la información, dado que el derecho a la opinión solo es el bien jurídico tutelado de la expresión, y el derecho a la difusión del pensamiento, un grado superlativo en que la comunicación puede llegar al público[6]. En el presente artículo nos referiremos a la libertad de expresión y por tal entenderemos las libertades comunicativas.

2.- Los particulares deben respetar la Constitución. La libertad contractual ejercida por está dos empresas, no está por encima de la Constitución y los derechos fundamentales. El artículo 1 de la Constitución es muy claro, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, no solo son fines supremos del Estado, sino de la sociedad, ámbito en el que se encuentran las empresas. En esa misma línea, el artículo 38 de la Constitución establece que solo el Estado está vinculado a la Constitución, sino los particulares entre las que se encuentran las empresas: “Todos los peruanos tienen el deber de […] respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

3.- Los derechos fundamentales y la Constitución son límites de la libertad contractual. El artículo 59 de la Constitución es claro cuando, luego de reconocer la libertad de empresa, comercio e industria, establece que estos no otorgan poderes ilimitados, sino que deben respetar otros bienes jurídicos contenidos en el ordenamiento constitucional. Como señala el TC, “La libertad de contrato constituye un derecho fundamental, sin embargo, como todo derecho tal libertad encuentra límites en otros derechos constitucionales y en principios y bienes de relevancia constitucional. Desde tal perspectiva, resulta un argumento insustentable que lo estipulado en un contrato sea absoluto, bajo la sola condición de que haya sido convenido por las partes. Por el contrario resulta imperativo que sus estipulaciones sean compatibles con el orden público, el cual, en el contexto de un Estado constitucional de derecho, tiene su contenido primario y básico en el conjunto de valores, principios y derechos constitucionales”[7]. En conclusión, las empresas privadas también están sometidas a la Constitución, y se entiende al control constitucional. Por último, todo ello es consistente con la doctrina que precisa que no hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución ni del control constitucional[8].

4.- la libertad contractual debe ser interpretada en el marco de una economía social de mercado y del Estado social de Derecho. El reconocimiento del Estado social de derecho realizado por nuestra Constitución no es irrelevante al momento de interpretar la libertad contractual y fundamentalmente la autonomía privada que la sustenta, todo lo contrario, el Estado social impone obligaciones muy concretas. El artículo 43 de la Constitución reconoce que la República del Perú es social. Se trata de una concreción del principio de Estado social y democrático de derecho, establecido en el artículo 43º de la Constitución[9]. A su vez, el artículo 58 de la misma Constitución, precisa que la “iniciativa privada es libre” y que se “ejerce en una economía social de mercado”. Como señala el TC, “en el contexto de un Estado Social de Derecho, que supera las clásicas restricciones del Estado liberal abstencionista, la necesidad de garantizar los objetivos de promoción del bienestar general contenidos en los textos constitucionales en forma de derechos sociales, requiere también la garantía de operativización de estas nuevas cláusulas constitucionales»[10]. Ello exige, en primer lugar, «la emisión de las normas necesarias que fijen el marco jurídico a partir del cual se diseñará la infraestructura institucional y material capaz de satisfacer estos derechos»[11].

Debe partirse de la premisa que, “el rol de la autonomía de la voluntad no puede traducirse en una supremacía absoluta de los derechos subjetivos contractuales, pues ello importaría lo mismo que admitir la inexistencia de límites impuestos a la libertad contractual, lo que implica una concepción antisocial. Equivaldría a enfrentar la voluntad individual con el ordenamiento legal. Los derechos subjetivos contractuales deben ser concebidos y protegidos como instrumentos útiles al servicio del desarrollo social, pero en un plano de efectiva convivencia, y en el marco de la justicia contractual, preservando por sobre todo principio dogmático la relación de equivalencia”[12].

De igual manera, el ejercicio de la libertad contractual tampoco puede ser realizado de espaldas al conjunto de disposiciones constitucionales que regulan los elementos del modelo económico adoptado por el constituyente. Ellas también brindan un marco de interpretación que no solo vincula sino que orienta la interpretación del contenido de la libertad contractual. Lo importante de esto es que la actividad económica no es un espacio ajeno e impermeable al ordenamiento constitucional, sino antes bien, está “constituido” por este. En efecto, se suele apelar al libre juego de la oferta y de la demanda como marco dentro del cual se desarrolla la relación contractual entre los diferentes agentes económicos. Sin embargo, en muchos sectores, se entiende equívocamente que ella obedecería a reglas económicas ajenas y exentas a los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución Política. Como señala Peter Haberle “El mercado, en el Estado Constitucional, es –como toda vida social- estructurado, funcionalizado y disciplinado normativamente, y, esto es constituido […] El Estado Constitucional coloca al mercado a su servicio, como un sustrato material irrenunciable de sus fines ideales, orientados a favor de la dignidad del hombre y de la democracia…[El mercado] no está dado a priori “naturalmente” pero, por el contrario, ha sido constituido; no es alguna cosa autónoma y separada […] es un ámbito social en el cual se concreta el ejercicio de diversos derechos fundamentales mediante el aporte de muchos”[13].

En efecto, “el mercado está estrechamente conectado a las cuestiones fundamentales de la convivencia social..., y está subordinado al postulado de la justicia y del bien común, así como a otros sectores propios de una democracia pluralista”[14]. En tal sentido, no debe perderse de perspectiva que “el mercado no es la medida de cada cosa y no puede ciertamente convertirse en el principal metro de valoración del hombre. No es posible regular y valorar toda la convivencia humana desde el punto de vista del mercado. En el Estado constitucional, se requiere recordar constantemente la naturaleza instrumental del mercado que emerge de los textos constitucionales”[15]. En definitiva, “en el marco de un Estado constitucional y democrático de Derecho y de un modelo de economía de mercado, la economía no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio de la persona humana y de su dignidad”[16].

El artículo 58 de la Constitución, es claro en reconocer que el modelo económico peruano, se identifica con el de una economía social de mercado; “de lo que se deriva que si bien la iniciativa privada es libre, ella no puede ser ejercida en contraposición con el interés general y social. Por este motivo, en el marco del modelo económico que la Constitución consagra, será necesario integrar la lógica del mercado –de la competitividad y de los intereses individuales- con la satisfacción del interés general y social”[17]. El mercado “no puede resolver, por sí solo, ciertos problemas que aquejan a la sociedad producto de la economía, como son los conflictos sociales que surgen ante la ausencia de mecanismos que permitan una eficiente distribución y redistribución de la riqueza”[18]. Cuando se diviniza al mercado y la libre competencia, como criterios racionalizadores de la vida productiva lo que intencionalmente se olvida, es que el mercado no funcionó sin los correctivos y los apoyos del Estado[19].

En tal sentido, el rol del Estado en la economía se orienta a la protección y el desarrollo no solo de los derechos fundamentales sino económicos, con lo cual quedan proscritas las prácticas económicas abusivas en las que pueden incurrir los agentes del mercado. Al mismo tiempo, es importante atender el interés general a fin que el orden económico no se desarrolle al margen de las necesidades de quienes se encuentran en una situación de desventaja económica, en base al principio de solidaridad que se colige del modelo de economía social de mercado[20]. Todo este desarrollo debe ser tenido en cuenta al momento de evaluarse los contenidos del contrato entre el Grupo el Comercio y Epensa, las mismas que deben estar orientadas finalmente a un interés público, el cual se sustenta en los derechos fundamentales en general.

5.- La importancia para la democracia de las libertades comunicativas en un Estado Constitucional. Como dice Francisco Durand en la entrevista que le hace en el programa el Arriero[21], no es lo mismo tener un monopolio de fábrica de galletas que un monopolio de la presa escrita. La relación entre libertades comunicativas[22] y democracia es muy estrecha. La libertad de expresión y de información, son condiciones y requisitos materiales para el adecuado ejercicio del derecho a la participación, que es uno de los derechos más importantes por su conexión con el principio de soberanía del pueblo y de legitimidad democrática. Esto significa que si los ciudadanos no acceden a la información y a todas las opiniones, difícilmente podrán formarse una opinión y un juicio para participar en la cosa pública. Vemos pues como la libertad d expresión y de información tiene relación directa con el derecho a la participación que sostiene la democracia. En consecuencia, limitar y restringir la libertad de expresión y de información, como consecuencia de los procesos de concentración y de formación de monopolios de los medios de comunicación, afecta y pone en peligro no solo las libertades comunicativas sino el propio sistema democrático. Esta conexión entre libertades comunicativas y democracia, ha sido reconocida por diversos tribunales cuya jurisprudencia nos vincula.

Como señala el TC las libertades comunicativas “se encuentran estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que, mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad democrática, pues se permite la formación libre y racional de la opinión pública”. Desde esa perspectiva, ambas libertades "tienen el carácter de derechos constitutivos por antonomasia para la democracia. Constituyen el fundamento jurídico de un proceso abierto de formación de la opinión y de la voluntad políticas, que hace posible la participación de todos y que es imprescindible para la referencia de la democracia a la libertad"[23].

Al igual que el TC, la Corte IDH también considera a la libertad de expresión un elemento de la sociedad democrática, en tanto esta posibilita la formación de la opinión pública. Según ella, “la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”[24].  La conclusión es evidente, si se afecta las libertades comunicativas se está restringiendo no solo el derecho a la participación sino la propia esencia de la democracia.

6. La pregunta de fondo: ¿Los monopolios de los medios de comunicación atentan contra la libertad de expresión? La respuesta la brinda en principio la propia Corte IDH cuando hace ya varios años precisó que “la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”[25]. 

En esa misma línea se ha expresado la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[26]. Según ella, “Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación atentan contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, por cuanto impiden la diversidad y pluralidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Tanto la CIDH como la Corte Interamericana han sostenido la importancia de la intervención estatal para garantizar competencia y promover pluralismo y diversidad. Entre las medidas efectivas que los Estados deben adoptar se encuentran las leyes antimonopólicas que limiten la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión”[27]. (subrayado nuestro)

Añade la Relatora que  “Es claro que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación conduce a la uniformidad de contenidos que éstos producen o difunden. Por ello, hace ya más de veinte años, la Corte Interamericana señaló que se encuentra prohibida la existencia de todo monopolio en la propiedad o la administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar. También reconoció que los Estados deben intervenir activamente para evitar la concentración de propiedad en el sector de los medios de comunicación. El máximo tribunal de justicia de la región sostuvo que, “en los términos amplios de la Convención [Americana], la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica ’medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones‘”[28]. (subrayado nuestro). Ante esta realidad, el Estado no puede cruzarse brazos “[e]n reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes antimonopólicas”[29].

Pero no solo se afecta las libertades comunicativas, se amenaza el derecho a la participación, el principio de tolerancia, el principio de pluralismo, las normas que proscriben los monopolios de todo tipo en perjuicio de los consumidores, e incluso por el derecho a la igualdad y no discriminación, pues en los hechos se podría discriminar a aquellos que no comparten la línea política e ideológica del diario que controla y monopoliza los medios de comunicación, en este caso el Comercio.

7.- El Comercio incurre en abuso del derecho. Si bien el grupo El Comercio y Epensa tienen derecho a celebrar contratos comerciales, dicha pretensión no tiene cobertura en la libertad contractual recogido en el artículo 2.14 de la Constitución, cuando esta pretende afectar derechos constitucionales de tanta importancia como los derechos a la libertad de expresión y de información. Estaríamos en aquellos casos ante un supuesto de abuso del derecho, que no pueden ser avaladas por el ordenamiento jurídico. Como señala el TC, “La proscripción genérica, que tiene como punto de partida la figura del abuso del derecho, es categórica desde el análisis constitucional: la Constitución no ampara el abuso del derecho”[30], afirmación que se encuentra en el párrafo final del artículo 103 de la Constitución. La figura del abuso del derecho tiene la propiedad de lograr combatir el formalismo que sirve de cubierta para transgredir el orden jurídico constitucional. En el abuso del derecho se presenta un conflicto entre, por un lado, las reglas que confieren atributos al titular de un derecho subjetivo, y por otro, los principios que sirven de razones últimas para su ejercicio[31]. En este caso, tenemos aparentemente el ejercicio legítimo del derecho a la libertad contractual y a la autonomía privada. En estos casos, “no basta que una conducta sea compatible con una regla de derecho, sino que se exige que dicha conducta no contravenga un principio. Resaltando la preeminencia de los principios, la Constitución niega validez a todo acto contrario a su contenido principista, pese a que encuentre sustento prima facie en una regla”[32].

8. El estado debe asumir su posición de garante de derechos fundamentales. De conformidad con los artículos 1 y 44 de la Constitución Política, la razón de ser del Estado es la protección de los derechos fundamentales de las personas. El fin supremo no es el Estado sino dignidad humana de la persona. En efecto, el fundamento normativo de este deber de protección especial se halla constitucionalizado siendo su cobertura normativa los artículos 1 y 44 de la Constitución. El primero señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; y, el artículo 44 de la Norma Suprema, según el cual “Son deberes primordiales del Estado: [...] garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” [subrayado agregado].

En palabras del TC, existe un “deber especial de protección de los derechos fundamentales”[33]. Como dice este, no se trata de una “cuestión teorética derivada de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado […] constitucionalmente se sustenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales”[34]. La constitucionalización del "deber especial de protección" “comporta una exigencia sobre todos los órganos del Estado de seguir un comportamiento dirigido a proteger, por diversas vías, los derechos fundamentales, ya sea cuando estos hayan sido puestos en peligro por actos de particulares, o bien cuando su lesión se derive de otros Estados. Se trata de una función que cabe exigir que asuma el Estado, a través de sus órganos, cuando los derechos y libertades fundamentales pudieran resultar lesionados en aquellas zonas del ordenamiento en los que las relaciones jurídicas se entablan entre sujetos que tradicionalmente no son los destinatarios normales de esos derechos fundamentales”[35]. 

Dos ideas son claves, la primera es que la razón de ser del Estado es proteger los derechos, y la segunda, es que estos deben ser protegidos especialmente. Como señala el TC “el Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría decirse, incluso, que se trata de su finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los derechos fundamentales. El Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales, un “deber especial de protección””[36]. El fundamento jurídico de este “deber especial de protección” no es nada menos que “dimensión objetiva” de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva, esto es, no valen sólo como derechos subjetivos, sino también una dimensión objetiva, puesto que los derechos fundamentales constituyen el “orden material de valores” en los cuales se sustenta todo el ordenamiento constitucional[37].

Finalmente, los derechos fundamentales como orden material de valores, implica dos cosas, en primer lugar, “que en el ordenamiento constitucional peruano todas las leyes, reglamentos y sus actos de aplicación, deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales (STC 2409-2002-AA/TC). En ese sentido, los derechos constitucionales, en cuanto valores materiales del ordenamiento, tienen una pretensión de validez, de modo que tienen la propiedad de “irradiarse” y expandirse por todo el ordenamiento jurídico”[38]. En segundo lugar, “si los derechos fundamentales cumplen una función de legitimación jurídica de todo el ordenamiento constitucional, y, al mismo tiempo, tienen una pretensión de validez, entonces tienen también la propiedad de exigir del Estado [y de sus órganos] un deber especial de protección para con ellos. Y es que si sobre los derechos constitucionales, en su dimensión objetiva, sólo se proclamara un efecto de irradiación por el ordenamiento jurídico, pero no se obligara a los órganos estatales a protegerlos de las asechanzas de terceros, entonces su condición de valores materiales del ordenamiento quedaría desprovista de significado”[39].

9.- Conclusión. Si partimos de la premisa que los derechos fundamentales constituyen límites materiales y condiciones de validez del ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la autonomía privada[40], podemos concluir que el contrato de compra de Epensa por el Grupo El Comercio, tiene un vicio de nulidad y de invalidez en la medida en que constituye una amenaza cierta e inminente de las libertades comunicativas de los peruanos. Estamos ante una clausula “manifiestamente irrazonable” por restringir derechos constitucionales, como aquí ocurre con las libertades comunicativas[41].

(Adán López Blanco del Área de Litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal apoyó en la redacción )

[1] Ver por ejemplo http://www.larepublica.pe/columnistas/cristal-de-mira/libre-opinion-y-po....

[2] Ver por ejemplo: http://www.larepublica.pe/columnistas/contracandela/y-que-hacemos-con-la....

[3] Recogemos conceptos desarrollados en nuestro artículo -    “Las libertades comunicativas según el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en: Gaceta Constitucional. Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del tribunal constitucional, Tomo 11, noviembre del año 2008, Lima, Gaceta Jurídica, págs. 17-36. Este artículo puede ser encontrado en versión electrónica en:http://jruizmolleda.blogspot.com/2013/06/las-libertades-comunicativas-se....

[4] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 2262-2004-HC, f.j. 13.

[5] Ibídem.

[6] Ibídem.

[7] STC Nº 06534-2006-AA, f.j. 6.

[8] STC 5854-2005-AA/TC, f.j. 3-; STC 02409-2002-AA/TC, f.j. 2.b; 2366-2003-AA/TC, f.j. 4 y 5.

[9] STC Nº 00020-2005-AI/TC, f.j. 99. Ver también Baldo Kresalja y César Ochoa, Derecho Constitucional Económico, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2009, pág. 286.

[10] STC Nº 05427-2009-PC, f.j. 15.

[11] Ibídem.

[12] Rubén S. Stiglitz, Autonomía de la voluntad, en Enciclopedia de la responsabilidad civil, TI AbeledoPerrot. Buenos Aires, 1966, pág. 675, Citado por Carlos Cárdenas Quiroz, La supuesta santidad de los contratos y el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, en: Contratación contemporánea. Teoría General y Principios, Lima, Palestra Editores, 2000, pág. 270.

[13] Peter Haberle, Incursus. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: siete tesis de trabajo, en: Constitución Económica del Perú (Foro Económico Asia-Pacifico APEC), Palestra, Lima, 2008, pág. 34.  

[14] Ibídem, pág. 36.  

[15] Ibídem, pág. 44.  

[16] Ibídem, pág. 52.  

[17] Ibídem, pág. 53.  

[18] Ibídem, pág. 53.  

[19] Ibídem, pág. 54.  

[20] Ibídem, pág. 64.  

[21] Ver la excepcional entrevista Francisco Durand en el Arriero en:

http://redaccion.lamula.pe/2013/09/10/grupo-el-comercio-entre-el-declive.... 

[22] Las libertades comunicativas comprenden la libertad de expresión, que es el derecho para difundir hechos objetivos, y la libertad de opinión que es el derecho de emitir opiniones y apreciaciones subjetivas.

[23] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 0905-2001-AA/TC, f.j. 13..

[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A Nº 5, párr. 47-48. Anexo A.

[25] Opinión Consultiva ante la Corte IDH en el caso La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) OC-5/85 del 13 de Noviembre de 1985, párrafo 34. 

[26] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente. Relatoría especial para la libertad de expresión, 2010.

[27] Ibídem, párrafo 116.

[28] Ibídem, párrafo 117.

[29] Ibídem, párrafo 118.

[30] STC No 05859-2009-AA, f.j. 6.

[31] ATIENZA, Manuel y Juan RUIZ MANERO. Ilícitos atípicos. Segunda edición, Trotta, 2006, pp. 58 y sgts; 74 y sgts.

[32] Ibídem.

[33] STC Nº 0858-2003-AA/TC, “debido al influjo de diversas teorías que han servido de base

EN EL PERÚ

Henry Pease renuncia a seguir escribiendo en El Comercio en protesta por concentración de medios

Viernes, 20 de septiembre de 2013 | 5:19 pm

Siguen las voces de alerta sobre la concentración de medios en Perú.

El excongresista Henry Pease, columnista desde hace varios años del diario El Comercio, ha renunciado a seguir escribiendo en dicho medio, como muestra de su rechazo a la reciente compra de acciones del grupo Epensa, lo que ha convertido al Grupo El Comercio en el dueño de casi el 80% de la circulación de diarios a nivel nacional.

A continuación, copiamos la carta que el Dr. Pease ha colgado en su web: Blog de Henry Pease:

Señor Doctor:

Francisco Miró Quesada Rada

Director de El Comercio

Ciudad.-

Mi querido Paco:

Veo que te jubilas, derecho de todos, y a partir del 1° te reemplazará el señor Du Bois. Comencé a escribir en El Comercio por invitación de Alejandro, tu primo y antecesor, seguí en tu tiempo pero no quise aceptar remuneración, cuando me la ofreciste.  Ha sido un gusto enorme decir lo que pienso, sin ninguna traba, en El Comercio.

El eje que atravesaron mis artículos fue la construcción y defensa de la democracia, desde allí he criticado a los actores de hoy y he trazado caminos.  Pero encuentro ahora una discrepancia de fondo que puede constreñir la libertad de expresión y prensa.  Me refiero al tamaño del grupo El Comercio que se acerca al 78% de la prensa escrita con la compra de la mayoría de acciones de otro importante conglomerado .  No soy sino un ciudadano más, sin poder alguno para entrar a tallar en este tema, pero años de estudio y de práctica política me convencieron que ni el Estado ni los particulares debemos tener una concentración  así.  La libertad de prensa la defendí en la época de Velasco, en mis libros sobre esos dos gobiernos, y lo defiendo ahora. Como lo hice en el fujimorato y después. Por eso creo que es hora de renunciar a seguir escribiendo en El Comercio, sólo me quedarán mi blog y mis clases.

Quiero renovarles mi amistad y agradecerles por el espacio que me dieron para ejercer varios años mi libertad de expresión. Sólo te recomiendo no dejar tus actividades académicas y universitarias, por lo menos.  Soy mayor que tú y no me jubilo porque en la universidad fue siempre mi espacio natural, que combiné con la política y porque Fujimori puso un valor muy bajo a mis casi 30 años en el Seguro Social y sus antecesores se comieron vivo ese fondo. De allí sale una pensión baja que vengo engrosando tres años más en una AFP eficiente pero con una legislación que maltrató a los primeros afiliados, especialmente a los mayores.

La renuncia de Pease lo único que hace es reforzar el debate sobre el peligro de que un solo grupo económico posea la mayoría de diarios de un país, debido a que genera una competencia desigual con los demás medios y una falta de pluralidad en la información.

EN EL PERÚ

Los riesgos de la concentración en la prensa

Jueves, 19 de septiembre de 2013 | 3:11 pm

Continúa el debate sobre la concentración de medios en el Perú.

Tras la compra del 54% de acciones del Grupo Epensa, por parte del Grupo El Comercio, que ha pasado a tener casi el 80% del mercado de diarios a nivel nacional, especialistas e instituciones han lanzado un llamado de alerta ante la posibilidad de un acaparamiento que afectaría seriamente la libertad de expresión.

Pese a que hay voces que minimizan estas señales y las atribuyen a una campaña del director del Grupo La República, Gustavo Mohme Seminario , por no haber podido comprar las acciones de Epensa, la realidad internacional muestra que los temores no son infundados.

La revista Caretas, en su edición de hoy, ha hecho una recopilación de las iniciativas que existen a nivel mundial para evitar una conglomeración de medios. Así tenemos que en Francia la legislación prohíbe que un solo grupo controle más del 30% de la circulación nacional y en Italia el 20%.

En Alemania, en los casos de fusiones como Epensa y El Comercio, solo se permite una participación límite del 24.5% , mientras que en Holanda, quien tenga más del 25% del mercado de diarios, no puede tener más del 20% de un canal de televisión .

La publicación cita a la prestigiosa organización Article 19 , que basa su nombre en el artículo referente a la Libertad de expresión, de la Declaración de Derechos Humanos: “Un reducido número de propietarios puede resultar en reducido número de puntos de vista a los que se le permita expresarse”.

La principal preocupación no solo es por el manejo que se le dará a una la línea editorial sino la desventaja que tendrá la competencia al enfrentarse a una sola estructura financiera y económica , con un solo aparato de venta publicitaria que puede acaparar a los anunciantes.

Por estos factores, es necesario el debate sobre la concentración de medios que ha emprendido Mohme Seminario y otros especialistas.

EN EL PERÚ

Susana Villarán: Concentración de medios preocupa a la democracia del país

Jueves, 19 de septiembre de 2013 | 11:54 am.

Concentración de medios

Comentó que costó mucho recuperar la democracia que hoy se ve en peligro con un grupo editorial con casi el 80 % del mercado.

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán , afirmó que la concentración de medios es muy preocupante para la democracia y la gobernabilidad del país, ante el riesgo que no se tenga divergencia de opiniones y una verdadera libertad de expresión .

De esta forma, la burgomaestre se refirió a la adquisición del 54 % de acciones de Epensa por parte del Grupo El Comercio , que pasa a tener más del 77 % mercado de ventas diarios de circulación nacional.

Señaló que, aunque no le alarma que un grupo editorial con casi el 80 % del mercado maneje un cargamontón en contra de su gestión municipal, esta situación sí es un peligro en términos de democracia y gobernabilidad.

“Es un grupo editorial que claramente ha estado de manera consistente en contra de la gestión. Yo no me quejo, pero esa es la realidad. A mí no me preocupa esto en términos personales, a mí me preocupa en términos de la democracia que hemos conseguido en nuestro país y me preocupa la gobernabilidad de Lima”, indicó en Ideeleradio.

Asimismo, aseguró que la Municipalidad de Lima no tiene problemas en que órganos de control la investiguen. Comentó que no se ha encontrado algún acto de corrupción desde que asumió el cargo edil.

 “No hay una sola acción anticorrupción que haya encontrado responsabilidad en nadie nunca hasta ahora. ¿Qué es lo que caracteriza a Susana Villarán? Porque en las encuestas yo puedo ir de 22% a 30, pero en todas las encuestas sale que es honesta, tiene voluntad y autoridad para hacer reformas. La honestidad en política es escasa”, afirmó.

EN EL PERÚ

Concentración de medios puede sesgar la información

Jueves, 19 de septiembre de 2013 | 4:30 am

Riesgo. Gargurevich dijo que la información es un bien social, un bien común, que no puede estar en manos de uno solo.

Periodista Juan Gargurevich recalcó que reciente fusión entre El Comercio y Epensa podría tener una peligrosa repercusión a mediano o largo plazo.

La concentración de medios en un grupo periodístico tiene consecuencias que atañen a todos los peruanos . El periodista y educador Juan Gargurevich advirtió que la fusión del Grupo El Comercio con la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa) no es un tema únicamente de empresarios o privados sino que compete a toda la sociedad en su conjunto .

"Si se tratara de una venta de muebles o de zapatos sería netamente privado, pero resulta que la información es un bien social , un bien común, porque es relevante para la sociedad y no puede estar en manos de uno solo. Tiene que haber diversidad de opciones para que se pueda escoger lo que nos parece mejor ", remarcó.

En ese sentido, agregó que lo más saludable era que el Grupo La República comprara las acciones de Epensa pues así se hubiera alcanzado un balance en los medios escritos. En ese caso el Grupo La República hubiera alcanzado el 44.94% del mercado nacional de venta de periódicos y El Comercio hubiera mantenido un 49.30%. Sin embargo, ahora El Comercio y Epensa tienen el 77.86% del mercado y La República, solo el 16.39%. 

Gargurevich señaló que si bien la fusión mencionada no tendrá efectos inmediatos a los ojos de los ciudadanos, podría tener una peligrosa repercusión más adelante. 

"Este es el comienzo de un proceso, del que debemos estar vigilantes para que la información no tenga un solo vocero ", dijo, y añadió que es muy posible que "a partir de mañana haya solo dos o tres opciones de información".

Alertó que a largo plazo, podríamos tener una "sociedad informada a medias o de manera sesgada".

El caso será analizado en el Foro "El Derecho a la Comunicación organizado por la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre los expositores estarán, Juan Gargurevich, Zuliana Laynez, Roberto Pereyra y Alberto Adrianzén. La cita es en el Centro Empresarial Esquilache, en San Isidro, a las 6 de la tarde.

EN EL PERÚ

Foro El Derecho a la Comunicación: La libertad de expresión no solo es del medio

Viernes, 20 de septiembre de 2013 | 6:34 pm

La libertad de expresión no solo es del medio.

 “Tenemos un grupo que tiene el 80 % del mercado, ¿qué van a hacer los periodistas?”, se preguntó Zuliana Laynez, de la Asociación Nacional de Periodistas.

“La libertad de expresión no solo es del medio de comunicación sino del ciudadano”. Esta frase resume lo explicado ayer en el Foro “El Derecho a la  Comunicación” , organizado por la  Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que traía al tema la reciente fusión de los grupos periodísticos “El Comercio” y “Epensa”, que ha hecho que se ponga en discusión los límites de la libertad empresarial y cómo esta puede afectar a la libertad de expresión.

El evento, que contó con la presencia del periodista Juan Gargurevich, Zuliana Laynez (ANP), el constitucionalista Roberto Pereira, Marisol Castañeda (Calandria) y el parlamentario andino Alberto Adrianzén, se inició con varias interrogantes que llevaron a puntualizar los efectos negativos que tendría la compra de Epensa.

En su intervención, Zuliana Laynez, representante de la Asociación Nacional de Periodistas, sostuvo que lo que se quiere entender es que la pelea de dos grupos empresariales afecta al pluralismo. “Es peligroso que dos o tres medios tengan el 90 % del mercado editorial”, manifestó.

“Estas operaciones terminan afectando a las personas, a los ciudadanos”, remarcó en su intervención. Asimismo, pensó que no debería asociarse como algo malo la regulación de los medios. “Tenemos un grupo que tiene el 80 % del mercado, ¿qué van a hacer los periodistas?” , agregó.

Por su parte, el constitucionalista Roberto Pereira opinó que él no hubiera aprobado la compra del grupo Epensa.

Acotó que la norma que prohíbe la constitución de monopolio en los medios de comunicación no fue discutida al momento de su aprobación. “Se la copiaron de la Carta de 1979” , explicó.

En ese sentido, afirmó que la regulación en los medios escritos es nula. “Es más, se ha dicho que no se debería regular”.

Pereira también explicó que no hay una norma que desarrolle la prohibición de acumulación de medios de comunicación. Al mismo tiempo se preguntó: “¿Quién va a controlar las compras de medios?”.

“La operación se realizó con cierto apresuramiento (…) creo que es un error del Grupo El Comercio reunir tanta propiedad”.

Otro ángulo de esta compra la tuvo Marisol Castañeda, directora  de la Asociación de Comunicadores Sociales . Sostuvo que “no solo nos debe preocupar la acumulación de algunos medios, sino la precariedad de los otros”.

El papel de los medios de comunicación –a juicio de Castañeda- sigue siendo una tarea pendiente. “No hay determinación de comportamiento, solo ponen la agenda”.

Manifestó además que no hay nada que haga que cambie la situación de los medios. “Necesitamos política públicas de comunicación” , declaró.

“La democracia es percibida como medio que da libertad, pero no igualdad, y eso es tarea pendiente de los medio (…) La libertad de expresión no solo es del medio sino del ciudadano”.

EN EL PERÚ

ANP señala que concentración de medios es un peligro para la democracia

Sabado, 14 de septiembre de 2013 | 5:58 pm

Tras la reciente adquisición del 54% de las acciones de Epensa, por parte del Grupo El Comercio, que lo hace poseedor del 77.86% de diario nacionales, diversas han sido las reacciones en contra. A continuación el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Ante hechos que dan a entender la amenaza de una peligrosa y sutil concentración en la propiedad de los medios de comunicación y su impacto sobre la libre circulación de ideas, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), como organización representativa de los trabajadores de la prensa, hace pública su contrariedad a esta suerte de prácticas monopólicas u oligopólicas que tienen como finalidad el control del mercado editorial en el país.

Para la ANP cualquier aproximación a tal hecho constituye un emprendimiento nada recomendable contra la democracia, aún frágil en el Perú , y contra la pluralidad toda vez que afecta la expresión diversa que debe darse en la medida en que la ciudadanía pueda acceder a medios editados por emprendimientos de diferente naturaleza legal.

A juicio de nuestra organización, toda pretensión de apoderarse del mercado editorial con fines exclusivamente de lucro, resulta tan perniciosa como la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones que condicionan la expresión o la difusión de información. En el fondo significaría poner trabas para que la ciudadanía disfrute del derecho humano fundamental a la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Se estaría implantando una suerte de empresa editorial con características de autocracia donde el ciudadano sólo puede enterarse de lo que el o los poderosos le comunican.

La posición gremial tiene presente lo ocurrido en otros países sobre el particular y, por eso mismo, señala que la engañosa concentración en la gestión de los medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información, la misma que puede darse de manera sutil o bajo la figura de una gestión empresarial que evidentemente está dominada por un afán de lucro, olvidando que más allá de ello, lo trascendente para la dignidad humana es contar con información plural o diversa.

La ANP recuerda, por lo tanto, que corre peligro la democracia cuando sólo se oye la voz de los poderosos, los mismos que pugnan por controlar el derecho a la libertad de expresión, la misma que es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Tal derecho es vital en todas sus formas y manifestaciones  y condición básica para que la ciudadanía pueda formarse ideas claras sobre su presente y futuro en base a informaciones libres y plurales.  

Sobre este particular, llama la atención el silencio de los operadores de la política nacional , tanto del oficialismo como de la oposición, que sabiendo la trascendencia de la información de interés ciudadano, a la fecha no han puesto en práctica una iniciativa legislativa, basada en los valores de la democracia, destinada a promover la creación o el fortalecimiento editorial en otros lugares diferentes a la capital de la república, en donde la población requiere de mayor información plural para interpretar, con juicios propios, el conocimiento de la problemática socioeconómica nacional.

EN EL PERÚ

“El Comercio ha tomado una decisión que afecta la libertad de prensa”

Viernes, 13 de septiembre de 2013 | 7:22 am

Gustavo Mohme Seminario en entrevista en RPP. (Foto: La República)

Director de La República responde sobre la situación de la prensa local.

El presidente del directorio del Grupo La República y director de La República, Gustavo Mohme Seminario, fue entrevistado por el panel de periodistas de Ampliación de Noticias, de Radioprogramas del Perú. El tema fue la concentración de medios que se ha originado en la prensa escrita luego de la compra del Grupo Epensa por El Comercio. Mohme Seminario saludó que se haya abierto el debate sobre el tema y cuestionó que un solo grupo tenga un alto porcentaje del mercado.

– José María Salcedo: Ha habido una serie de discrepancias en esta operación de asociación o compra de Epensa. Tu diario ha dado algunos puntos muy serios, que tienen que ver con lo que han llamado esta suerte de monopolio u oligopolio no legales, pero que podrían convertirse en un problema para la prensa. ¿Cuál es tu opinión?

– No me refería exactamente con esa palabra, monopolio. Yo he dicho que hay una altísima concentración . No obstante, permíteme hacer unas aclaraciones antes de entrar al tema de fondo que creo que es el importante. Esta historia de Epensa viene de hace muchos años. Yo tengo conversaciones con Lucho Agois (presidente del Grupo Epensa) de hace varios años. El año pasado, creo que en agosto o setiembre, empezamos a tomarlas en serio y decidimos avanzar un poco en la formalización de esta tarea. ¿Qué pasaba? Ocurría que en el mercado El Comercio tenía una posición dominante, en el sentido de que con menos del 50% de las ventas, manejaba el 80% de la publicidad ; y lo que buscábamos era una alternativa sana, que pudiera generar una competencia sana.

– En esa tarea estuvimos trabajando, y tuvimos numerosas reuniones. Contratamos, por nuestra parte, a LXG Capital, que es una empresa especialista en levantar capitales , porque la señora Marcia Mindreau (ex accionista mayoritaria de Epensa) no quería seguir formando parte del proyecto. Llegamos a discutir hasta las condiciones de los contratos, la forma de pago. Fuimos tan sutiles como contemplar qué pasaba con la parte de los anticipos de los pagos que recibiría el padre.

– Todo se discutió y se fue afinando con Lucho hasta que llegó la hora de hacer la oferta. Previamente hicimos un convenio de socios, lo discutimos en dos o tres reuniones. En ese convenio se estipulaba claramente que él (Luis Agois) manejaba la presidencia del directorio de esa empresa y la línea editorial. El objetivo de esta negociación no era un copamiento editorial, sino transitar en esta etapa. Digamos de cómo, con este horizonte tan complicado para la prensa escrita, hallábamos una alternativa que dinamizara el mercado y permitiera transmitirle solvencia. Quiero que quede claro que este fue un esfuerzo convenido y que se frustra en último momento por circunstancias que todavía no las tengo tan claras.

– En segundo lugar, permítanme precisar, porque hay una gran confusión: se está tratando de trivializar en el sentido de que Mohme está molesto porque él no compró y lo hizo otro. No se trata de eso, lo que buscábamos era balancear un poco las alternativas del mercado.

– Ricardo Gómez: Pero si usted nos dice que no se buscaba cambiar la línea editorial, ¿en qué sentido balancear? ¿En el sentido comercial nada más, limitarse a la publicidad?

– Absolutamente, o sea la libertad de expresión se sustenta en la libertad de empresa y para ello debes tener una empresa sana. Una empresa que no tiene solvencia económica no es absolutamente libre. Y lo que necesitamos es un espacio para seguir expresando nuestras opiniones libremente. Jamás, en ninguna de las reuniones en todo el año que he tenido con el señor Agois, se ha discutido el aspecto editorial en el sentido de que hay una duda o preocupación; nunca se discutió eso. Siempre quedó meridianamente claro que hay una libertad.

– Ricardo Gómez: ¿Pero no es lo mismo, por qué? Permíteme explicarte. El Comercio tiene el 49% del mercado en número de ejemplares, Epensa alrededor de 28% y La República más o menos 17%. Juntos sumábamos una alternativa que representaba el 43% del mercado frente al 49% de El Comercio y un 5% o 6% de terceros. Eso representaba una dinámica más balanceada del mercado. Hoy, en cambio, con esta suerte de absorción –porque no es una fusión sino prácticamente una compra– El Comercio ha pasado a tener el 78% del mercado y el resto nos quedamos con el 17% y 22% si sumamos a los demás.

– Patricia del Río: Sigo sin entender cuál es el sentido si no va a haber un copamiento de la línea editorial. Creo que la discusión, para que no parezca de alguien que está defendiendo sus intereses y tenga sentido, además que la estemos ventilando en un espacio como este, tiene que afectar en alguna medida al lector. Y hasta el momento no veo…

– Ahí voy, primero hay un tema constitucional. El artículo 61 de la Constitución, cuando se refiere al tema de la libre competencia, dice concretamente que la prensa, la radio y la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Al configurarse esta altísima concentración se viola la Constitución. Les digo que esto no hubiera ocurrido en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil o en Chile; se da en países como Venezuela, donde los gobiernos acaparan.

– José María Salcedo: ¿Esta situación daría lugar a una acción legal?

– Nosotros estamos en plena evaluación del tema legal…

– Ricardo Gómez: ¿Por este tema de la concentración o porque de alguna manera el haber iniciado ustedes conversaciones durante algún tiempo con este grupo, podría configurar alguna afectación a esos derechos?

– Bueno, ciertamente, no hay absoluta claridad en la operación. El señor Agois menciona que él ha ejercido el derecho y dice y reitera; y cuando uno voltea encuentra sentado a El Comercio. Entonces no existe una claridad.

– Ricardo Gómez: Es una asociación que le ha permitido con El Comercio poder ejercer ese derecho a la compra...

– Ese proceso lo estamos evaluando.

– José María Salcedo: ¿Podría haber una acción legal entonces?

– No la descarto, pero es un tema que está en estudio.

– Patricia del Río: Quiero terminar con una pregunta que me vengo haciendo a lo largo de esta discusión. Me pongo en el caso de los Agois, ellos no tienen por qué evaluar a quién le conviene tener más o menos intervención en el mercado, ellos quieren asociarse con el que les va a generar como empresa mejores réditos. ¿Por qué el señor Agois tendría que considerar esa preocupación del Grupo La República por tener mayor participación en el mercado si el comprador El Comercio les ofrece mejores condiciones?

–En ese aspecto no me estoy refiriendo al señor Agois, me estoy refiriendo a El Comercio, concretamente. Entonces, permíteme desarrollar la idea. Hablaba de la libre competencia y la altísima concentración. Por ejemplo, el mercado publicitario; con ese volumen de tiraje y circulación puedes establecer barreras o subsidios cruzados para el manejo. Es evidente que esto tampoco es una buena noticia para el mercado. El señor Agois expresa que él se siente libre y eso es una buena noticia, que se siente libre en este espacio, en este service o de alguna manera cooperativa de periodistas.

– José María Salcedo: Su línea editorial (de Correo) va a ser invariable. ¿Iba a ser independiente con La República?

– Nosotros no estamos discutiendo la libertad de expresión del señor Agois, ni la del señor Mohme. Estamos discutiendo la libertad de prensa en el país y esta es una mala noticia para la prensa escrita y en general para todos los medios. Ahora, se lo voy a graficar de alguna manera. Hasta anteayer no había ninguna letra o artículo en los medios del señor Agois sobre este tema en particular. En nuestro caso estamos publicando información sobre el tema. Inclusive la entrevista al señor Agois que le hizo Radio Programas la hemos publicado en nuestra edición y está en la web de La República.pe. Tenemos un banner en el que hemos concentrado información. Lo que creemos es que la sociedad lo que reclama es un debate intenso sobre este tema.

– Ricardo Gómez: ¿El interés de La República cuando quiso adquirir Epensa era el de mantener el equilibrio en el mercado, no era un interés económico o comercial, menos editorial?

– No se trataba de un asunto económico, eso lo descarto.

– Ricardo Gómez: Entonces, si el Grupo La República hubiese estado en mejor pie, usted reconoce que hay indicadores que señalan que el Grupo El Comercio antes de la fusión tenía el 49% de nivel de lectoría del mercado y ustedes tenían poco menos del 20%. ¿Si ustedes hubieran estado en mejor pie y hubiesen tenido el 50% de lectoría habrían tenido el interés en comprar Epensa?

– No, mire, se lo voy a poner al revés: Hace ocho años, La República y El Comercio iniciamos juntos un intento para la compra de Epensa y recuerdo que El Comercio desistió de hacerlo porque, dijeron en esa oportunidad, que los colocaría en una situación de concentración de medios. En esa época El Comercio no tenía el 49% del mercado, tenía el 35% o 36% del mercado.

– Patricia del Río: Señor Mohme, a mí esta discusión me parece una discusión de privados, no logro ver la trascendencia. Logro ver el peligro y creo que la ley debe ser más específica. ¿Si el Grupo La República hubiera tenido la oportunidad que ha tenido El Comercio, de hacerse del 70% del mercado de diarios, no lo hubiera hecho?

– No, absolutamente, se lo digo enfáticamente.

– Eso es difícil de creer...

– Ok, será difícil de creer, pero no. Ahora, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Gonzalo Zegarra, está promoviendo un debate y me parece muy bien que RPP abra este debate en sus cincuenta años y en el día del cumpleaños del señor Salcedo. El tiempo demostrará si efectivamente el señor Mohme estuvo en lo correcto o no.

– Ricardo Gómez: Ahora, hay un elemento. Se ha dicho en el tema de línea editorial, que es lo más peligroso, porque algunos han dicho se vienen las elecciones regionales y luego las presidenciales y era más fácil imaginar que la línea editorial del Correo, el diario bandera en política de Epensa, no iba a variar porque no colisionaba con el Grupo El Comercio. Pero sucedía todo lo contrario con el Grupo La República, tradicionalmente enfrentados en línea nacional en cuanto a política editorial.

– Mire, nosotros somos socios de El Comercio desde hace diez años en el primer canal de televisión del país. Hemos mantenido nuestras diferencias y distancias que las hemos ventilado periodísticamente en nuestros medios, respectivamente. No obstante, el medio ha sobrevivido y ha sobrevivido fuerte y sigue ahí.

– Patricia del Río: ¿Eso afecta en algo la relación que tienen en el canal 4?

– Yo espero que no. Yo creo que aquí se ha tomado una acción precipitada, creo que los socios de El Comercio no han estado absolutamente informados de la realidad de este tema. Lamento que no se haya podido hablar antes de este asunto y creo que han tomado una decisión que afecta a la libertad de prensa, a los lectores, al país y a ellos mismos.

– José María Salcedo: Gustavo, muchas gracias.

– A ti, Chema.

EN EL PERÚ

Gustavo Mohme: El Comercio ha tomado una decisión que afecta a la prensa escrita

Jueves, 12 de septiembre de 2013 | 11:26 am

El director del diario La República expresó que esta operación requirió de un diálogo calmado (Fuente: RPP TV)

Acotó que esta concentración de medios solo se da en países donde los gobiernos acaparan la prensa. Consideró que esta operación necesitó de un extenso diálogo previo.

El director del diario La República , Gustavo Mohme Seminario , lamentó que los socios del Grupo El Comercio se hayan precipitado al adquirir las acciones de Epensa , sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que tiene sobre la prensa escrita y la sociedad civil.

Con la compra del 54 % de acciones de la casa editorial, el Grupo El Comercio pasó a tener más del 77 % del mercado de ventas de periódicos a nivel nacional, una concentración de medios que ha sido advertida por muchos como un peligro para la libertad de expresión, además de ir en contra de la Constitución Política de Perú.

Mohme Seminario expresó que esta operación requirió de un diálogo calmado , entre ambas posiciones, a fin de determinar las implicancias que tendría la transacción. En ese sentido, consideró que no existió información adecuada en el grupo que compró estas acciones.

“ Se ha tomado una decisión precipitada , siento que los socios de El Comercio no han estado absolutamente informados de la realidad del tema, lamento que no haya podido haber un diálogo sobre el tema, no se habló. Han tomado una decisión que afecta a la prensa escrita, la lectoría y a ellos mismos”, precisó en RPP.

Asimismo, sostuvo que esta es una pésima noticia no solo para la prensa escrita, sino para los medios de comunicación en general, porque afecta la actividad de la libre empresa, sustento principal de la libertad de expresión. Refirió que esto jamás ocurriría en varios países, a excepción de aquellos en donde los gobiernos quieren tener el control de los medios.

“Esta concentración no se hubiera dado en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil o Chile, se da en países como Venezuela, donde los gobiernos acaparan (los medios) ”, indicó.

Explicó que la intención del Grupo La República en la compra de esta parte de acciones era generar sinergias entre las dos casas editoriales y equilibrar el mercado de publicidad, teniendo en cuenta que El Comercio, poseía alrededor del 80 %, antes de esta operación, con tan solo el 49 % del mercado de ventas.

“No se trata que Mohme está molesto porque no compró, nosotros buscábamos balancear las alternativas del mercado . La libertad de expresión se sustenta en la libertad de prensa y en la libertad de prensa tienes que tener una empresa sana, lo que nosotros necesitábamos era un espacio para seguir expresando nuestras opiniones libremente”, apuntó.

Saludó la iniciativa de Gonzalo Zegarra Mulanovich, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) , de abrir un debate público sobre el tema y su presunta vulnerabilidad al artículo 61 de la Carta Magna.

En otro momento, refirió que en las reuniones que sostuvo con Luis Agois , por casi un año, para la adquisición de las acciones, la independencia de las líneas editoriales no estuvo en discusión, bajo un compromiso de mantener la libertad de los medios y la divergencia de opiniones.

“Jamás, en ninguna de las reuniones que tuve todo el año con el señor Agois, se ha discutido el aspecto editorial, siempre quedó claro que hay una libertad”, comentó.

Mohme Seminario no descartó iniciar acciones legales, porque Luis y Carlos Agois Banchero hicieron uso de su derecho de compra por ser socios, sin embargo, fue el Grupo El Comercio quien finalmente se hizo de estas partes.

“No hay absoluta claridad en la operación, el señor Agois dice que ha ejercido el derecho, pero cuando uno voltea lo encuentra sentado a El Comercio, ese proceso lo estamos evaluando. No descarto una acción legal”, anotó.

EN EL PERÚ

La Republica

Preocupación en Perú por el nivel de concentración de la prensa

Jueves, 12 de septiembre de 2013 | 7:55 am

Este artículo, publicado el martes último en el diario El País de España, analiza las consecuencias de la operación por la cual el Grupo El Comercio ahora controla el 78% de la prensa peruana, tras comprar el 54% de acciones del Grupo Epensa.

Jacqueline Fowks.

La adquisición del 54% del Grupo Empresa Periodística Nacional SA (Epensa) por parte del Grupo El Comercio en Perú ha generado críticas y preocupación entre analistas y líderes de opinión peruanos, debido a que ahora el 78% del mercado de diarios está concentrado en una empresa . Esto significa que existe una posición de dominio en la publicidad en prensa y posibles condicionamientos en el circuito de distribución.

Según han divulgado los dos grupos de medios, el acuerdo de asociación determina que la línea editorial de los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón –que pertenecían a Epensa– seguirá a cargo de la familia Agois Banchero . Sin embargo, El Comercio (de las familias Miró Quesada y García Miró) asumirá de forma mayoritaria el negocio en impresión , comercialización y distribución de los diarios.

Correo, del Grupo Epensa, es uno de los pocos diarios peruanos con ediciones regionales desde hace décadas . Por su parte, el Grupo El Comercio es propietario de los tabloides Trome, Peru21, Depor y Publimetro del diario económico Gestión, del periódico en formato estándar El Comercio –líder en avisos clasificados y publicidad comercial– y Canal N de noticias en televisión de cable.

La operación se conoció a finales de agosto y se supo que El Comercio pagó 17,2 millones de dólares por el paquete mayoritario de acciones de Epensa.

El 3 de septiembre, la empresa editora Grupo El Comercio comunicó al registro público del Mercado de Valores la nueva conformación del directorio de Epensa: en él se mantienen Luis y Carlos Agois Banchero y se incorporan tres miembros de la empresa compradora: José Antonio García Miró, Luis Miró Quesada Valega y César Pardo Figueroa, gerente de El Comercio.

La transacción “merece mucha preocupación. La posición de dominio de una empresa cuyos productos son la información y la opinión para el conocimiento de los hechos sobre lo que acontece en el país no es solamente una medida de a cumulación de capital, sino de poder ”, ha declarado a EL PAÍS Teresa Quiroz, profesora e investigadora de la Universidad de Lima y miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, una institución de la que forman parte la mayoría de empresas periodísticas de la capital.

“El desplazamiento del poder de las gerencias a los directorios expresa una injerencia de los intereses económicos sobre el campo de la información, con los riesgos que significa arribar a visiones monocordes que atentarían contra la necesaria diversidad en el espacio público de los medios, tan saludable para cualquier democracia. Estarán afectados tanto el público –necesitado de miradas que le permitan ejercer una ciudadanía informada– como los propios periodistas, cuyos espacios de ejercicio de opinión podrían restringirse ”, añadió la socióloga, que investiga los medios peruanos desde hace más de 20 años.

Teresa Quiroz indicó que una opinión del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi, el organismo estatal regulador) podría contribuir a “aclarar y debatir el tema públicamente, porque los riesgos sobre la libre circulación de la información y la opinión –así como incluso sobre la publicidad– pueden afectar la libre competencia”.

La oferta que el Grupo La República le había hecho anteriormente a la familia Agois para comprar el paquete de acciones fue descartada por los dueños de Epensa , aunque estos no informaron de que a la vez estaban en negociaciones con El Comercio. La República consideraba que había avanzado en las gestiones, tanto es así que consiguió un préstamo del Banco Pichincha de Ecuador para llevar a cabo la operación.

En una entrevista al diario La República, el abogado Baldo Kresalja ha indicado que la compra de acciones de Epensa acrecienta el poder del Grupo El Comercio : “No es ilícito pero puede ser una preocupación desde el punto de vista de la vida pública en el país. Lo que ha sucedido en realidad es que [el grupo] no solo tiene un gran número de periódicos, un canal de televisión importante y otro de cable, sino que ahora tiene un altísimo porcentaje de la publicidad . Y este es el elemento fundamental para la vida de los medios, por lo menos si son privados”.

También han expresado una alerta acerca de la posición de dominio del Grupo El Comercio otros personajes como el periodista de investigación Gustavo Gorriti, el analista económico Humberto Campodónico, y el ex relator para la libertad de expresión de la OEA, Santiago Cantón, entre otros.

La Constitución vigente de 1993 establece que los medios de comunicación social –y en general las empresas–, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, “ no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento ”, por parte del Estado ni de particulares. Ningún organismo estatal se ha pronunciado hasta el momento acerca de la transacción entre estos grupos de medios.

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Prensa escrita peruana: El poder de informarse se concentra

Miercoles, 11 de septiembre de 2013 | 5:25 pm

Columna: Pensando en voz alta, de Javier Protzel.

La adquisición de una mayoría de acciones de EPENSA por el Grupo El Comercio (GEO) no es una buena noticia . Cuando las instituciones del Estado están alarmantemente desacreditadas y la política en crisis, como ocurre ahora, la influencia de los medios masivos tiende a crecer, siguiendo una regla de proporción inversa. Y en este caso todos sabemos que el Grupo El Comercio controlará cerca del 80% de la facturación del total de diarios en este país. Semejante posición de dominio conculca la libertad de prensa al vulnerar un principio de pluralidad elemental para la opinión ciudadana en cualquier democracia.

La concentración de la propiedad empresarial es un proceso característico del capitalismo tardío visible a escala global, y en el caso de los medios de comunicación éste asume una forma conglomeral. Racionalizar costos mediante fusiones, eliminar  competidores para aumentar la rentabilidad, acaparar publicidad y buscar nuevos mercados son algunos de los motivos de esta tendencia de los peces grandes a devorarse a los pequeños. Empero las tendencias son muy variables. Mientras se calcula que unos siete grandes conglomerados mediáticos facturan alrededor del 60% de la facturación mundial, en América Latina, precisamente la región más desigual del mundo, encontramos la concentración más alta. Una amplia investigación del IPyS conducida por Mastrini y Becerra (2008) mostró una recurrencia continental de este fenómeno en materia de prensa, con abundancia de altas y crecientes tasas de propiedad concentrada en las cuatro empresas periodísticas de mayor facturación en cada país: 67% en el Brasil, 81% en Argentina, 92% en Chile, 60% en Bolivia. En cambio, la compra de EPENSA (que publica Correo, Ojo, Ajá, El Bocón) se añade a El Comercio, Trome, Perú 21 y Gestión permitiéndole a un solo grupo económico controlar casi el 80%  de la prensa diaria .

Esta posición dominante es insólita para cualquier observador extranjero, pues si bien en otras latitudes existe esa tendencia, hay leyes que la limitan y concepciones diferentes del trabajo periodístico. En Europa, especialmente en países escandinavos y en Holanda, han existido al contrario políticas públicas de explícito resguardo a la libertad y variedad de la información. Y en todos ellos, los sistemas de medios – si cabe la expresión – siguen contando con operadores públicos audiovisuales de peso, garantes de la diversidad de opiniones, la BBC por ejemplo. Por su lado, los Estados Unidos cuentan con estrictas leyes antimonopolio y una amplia gama de medios impresos a escala nacional según la ciudad: New York Times , Washington Post , San Francisco Chronicle , Boston Globe , etcétera, de modo que los empresarios peruanos difícilmente podrían argumentar que una regulación adecuada sería autoritaria. Es más bien lo contrario.

Esta compra de acciones, que no será la última, ocurre como corolario del crecimiento de las industrias culturales consiguiente a la expansión económica del país y se expresa en la inversión publicitaria (en 2012 superó los 650 millones de dólares frente a los 192 de 2001). Es entonces una acumulación de capital, fuera de tratarse de una de poder . Pero lo más singular es que ocurre al incrementarse la circulación nacional de diarios, la cual pasó de 2007 a 2011 de 1’200.000 ejemplares a más de dos millones. En 2012 Trome se ha ubicado entre los periódicos más leídos de América del Sur, contándose más de dos millones de lectores y medio millón de ejemplares vendidos sólo en Lima, en contraste frente a otras regiones agobiadas por la disminución de lectores. Al poner en perspectiva histórica este probable recorte de la diversidad de las orientaciones políticas en el espacio público de los medios, las comparaciones resultan inevitables. Si la incautación de los diarios en los años setenta por el gobierno militar nos sometió a la censura y al punto de vista monocorde del discurso oficialista, la compra de la prensa chicha por el régimen fujimontesinista alimentó a buena parte de la ciudadanía con calumnias y desinformación. La presente situación no llegaría a esos extremos, pero el ámbito de influencia de un solo grupo editorial será más amplio que en el pasado. De hecho, ya estábamos hace años en una situación estructuralmente oligopólica, pues aun así el Grupo La República hubiese adquirido el paquete accionario de EPENSA, ambos operadores habrían acaparado el 98% de la facturación, más que en los casos chilenos de El Mercurio y COPESA. 

Intentando teorizar, el lector no creerá a pie juntillas lo que la prensa política argumente, pero ésta sí podrá construirle la agenda de asuntos públicos privilegiando ciertos temas y minimizando u ocultando otros. Arma absoluta. Esto último es lo inquietante cara a las elecciones de 2016 y a ciertos efectos colaterales: la autocensura en algunos periodistas y la sujeción del mercado publicitario a la discrecionalidad del más poderoso, silenciando las voces discordantes.

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Epensa niega concentración de medios: El Perú es grande, hay muchos diarios regionales

Miercoles, 11 de septiembre de 2013 | 1:48 pm

Más del 77 % del mercado de diarios quedó en manos del Grupo El Comercio

Agois argumentó, sin tener en cuenta la audiencia, que no hay concentración, porque existen varios diarios locales y regionales.

El presidente del directorio de Epensa, Luis Agois , intentó negar la concentración de medios que provocó la asociación de su empresa y el Grupo El Comercio, pasando a controlar más del 77 % del mercado de ventas de periódicos de circulación nacional.

Con la compra del 54 % de las acciones de Epensa, el Grupo El Comercio pasó a tener del 49.30 % del control del mercado de diarios nacionales al 77.86 % , operación que ha sido advertida por muchos como un peligro para la libertad de expresión , la democracia y la diversidad de opiniones.

Sin embargo, Agois Banchero intentó negar esta realidad, aduciendo que solo en la capital existen 28 diarios y los de El Comercio y Epensa solo llegan a diez, es decir, menos de la mitad, sin tener en cuenta el tiraje y auditoria de cada uno de estos periódicos.

“ En Lima, hay 28 periódicos , nosotros manejamos cuatro, El Comercio maneja seis. A nivel nacional, hay cuatro periódicos más, sin dejar de contar la cantidad canales y radios. Si sumamos toda la otra auditoria y lectoría, son muchos ejemplares y mucha audiencia”, manifestó el empresario en RPP.

Según explicó, no se puede hablar de un control del mercado de la prensa escrita, porque no se están tomando en cuenta los diarios regionales y no todos los grupos se someten a auditorías de tiraje y lectoría.

“El Perú es bien grande, hay un montón de diarios regionales que tienen supremacía sobre los diarios limeños”, señaló. Al ser consultado sobre los porcentajes en audiencia, argumentó que eso ya depende del trabajo de los grupos.

En otro momento, afirmó que Epensa mantendrá su línea editorial , pese a esta asociación comercial. Además, advirtió que, si en algún momento se le pretende imponer una línea periodística , sería el primero en denunciarlo.

“ Me atengo a cualquier juicio futuro , porque sí he escuchado el argumento de que esto no se va notar de inmediato, sino más adelante. Bueno, más adelante veremos. Estoy absolutamente convencido que mi forma de pensar no va a cambiar. […] El equipo periodístico es el mismo”, apuntó.

EN EL PERÚ

La República 

“Las condiciones del mercado deben permitir el ejercicio empresarial de la actividad de la prensa”

Domingo, 08 de septiembre de 2013 | 12:00 pm

Gustavo Mohme Seminario. Director del diario La República y segundo vicepresidente en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Inés Flores

Gustavo Mohme Seminario explica las extensas conversaciones que mantuvieron los propietarios del Grupo la República y el Grupo Epensa, con miras a generar sinergias en ambos grupos editoriales. Lo cual no se concretó porque la familia Agois vendió el 54% de las acciones de Epensa al Grupo El Comercio. Mohme advierte que con esta operación la actividad de la prensa escrita se encuentra altamente concentrada y que el grupo El Comercio se coloca en una clara posición de dominio en el mercado al pasar a concentrar el 70% de la publicidad y la venta de ejemplares de la prensa escrita en el Perú, algo inédito y quizás no visto en otro país de corte democrático.

¿Nos puede explicar cómo fue el  proceso de la operación de compra del 54% de  acciones del Grupo  Epensa que inició el Grupo la República con la familia Agois y que al final se frustró?

Esto comienza un año atrás, concretamente en agosto del año pasado, mientras analizábamos dos escenarios. El primero, mundial: la crisis de los medios escritos, que tiene un horizonte no muy claro y no muy esperanzador; y por otro lado, la situación de dominio del mercado por parte del Grupo el Comercio en nuestro país.

Ya habíamos conversado en más de una ocasión con Lucho Agois sobre la necesidad de balancear el mercado y generar una competencia menos asimétrica y desde luego generar sinergias entre nuestros grupos editoriales que nos permitan surcar la crisis de los medios escritos con solvencia y dignidad .

Con esa intención me reúno con Marcia Mindreau y Lucho Agois, y comienzo un sinnúmero de reuniones donde se discute la compra de las acciones de la señora Marcia y Enrique Agois Paulsen, para tal fin nos proporcionan información financiera de la empresa y nosotros contratamos a LXG Capital, especialistas en banca de inversión que inicia la búsqueda de capitales para el proyecto y finalmente discutimos la oferta.

¿Por el 54%?

Así es.

¿A partir de ese momento el Grupo La República lanza su propuesta?

Hay algunos eventos previos. Obviamente, en determinado momento discutimos cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a operar. Si bien es cierto esto generaba una nueva empresa, con dos familias, también implicaba roles determinados. Entonces, llegamos a bosquejar un acuerdo de socios en el cual se especificaba claramente que la familia Agois mantenía la presidencia del directorio, la dirección periodística y el manejo editorial de sus diarios.

¿Cuándo se llegó a ese acuerdo?

Alrededor de junio de este año. Fueron conversaciones sobre un borrador de acuerdo de socios que revisamos en un par de ocasiones y entregamos finalmente a su abogado Enrique Ghersi para que le diera la forma legal correspondiente.

¿Esto implica que los hermanos Agois estaban al tanto de esta operación?

De todo lo que le estoy comentando.

¿Se cumplieron todas las etapas? ¿Incluso lo que indica la Ley de Sociedades cuando un accionista quiere vender sus acciones?

Sí, claro. De ahí viene el proceso: se gestiona el financiamiento, se hace la oferta concreta con los fondos disponibles en una cuenta escrow. Me reúno por última vez con ellos el día previo a la formalización para comentarle que iba a lanzar la oferta por la compra del 54% de acciones en mención, Agois quedó en llamarme al día siguiente, cosa que no hizo, y de ahí perdí contacto con él, no tuve forma de volver a comunicarme con él.

¿Eso cuándo ocurrió?

Creo que el 24  julio.

¿Cómo está su relación con Luis Agois Banchero?

No he tenido contacto con él. Desde aquella oportunidad no tuve forma de contactarlo, traté de hacerlo a través del teléfono correo y otras vías sin éxito …y a estas alturas ya no resulta necesario.

Corrieron diferentes versiones sobre el financiamiento para la propuesta económica que hizo el Grupo La República a los dueños de Epensa, incluso se ha dicho que el mismo presidente ecuatoriano Rafael Correa estaba detrás de esta compra mediante el Banco Pichincha, ¿qué responde?

Esa es una mentira interesada, lanzada intencionalmente con el ánimo de convertir este proyecto empresarial en una especie de componenda política, cuando en la práctica no era más que un intento de corregir distorsiones que nosotros consideramos existían en el mercado y que hoy día se han agravado.

¿Cuál cree que fue el interés en soltar este rumor?

Jaime de Althaus es el primero que lo desliza, habría que seguirle el hilo a partir de allí. Es una teoría ridícula y difamante que además no se sostiene en la realidad. Nosotros estamos saliendo de Ecuador porque en la nueva Constitución que impuso Correa se ha establecido que las empresas extranjeras no pueden ser propietarias de canales de televisión, y el único extranjero que tiene acciones en un canal de televisión en Ecuador (Teleamazonas) somos nosotros.

¿Se puede conocer cómo logró el Grupo La República el financiamiento para comprar el 54% de acciones de Epensa?

En esta época, buscar financiamiento en la banca para comprar un periódico no es una tarea fácil, Para eso tuvimos que comprometer casi todos nuestros activos, las acciones del canal (en América TV y canal N) y bienes inmuebles, etc. Nuestro Grupo está en plena capacidad de levantar ese dinero del sistema financiero. No necesitamos ni acostumbramos recurrir a políticos ni amigos. Y si se tratara de un proyecto que no sea un periódico sino que tuviera una viabilidad y rentabilidad más clara en el tiempo, podíamos obtener bastante más.

¿Por qué se quería comprar las acciones de Epensa?

Era el paso previo para aliarnos, fusionarnos y en consecuencia generar sinergias en materia de distribución, impresión, venta de publicidad, etc, y lograr una estabilidad de cara al futuro. Fue un proyecto que se conversó largamente.

¿Qué cree que influyó para que  los hermanos Agois prefieran asociarse con el Grupo  El Comercio y no con el Grupo La República?

Se escuchan muchas versiones pero prefiero no especular.

¿Se siente decepcionado?

Un poco, en la medida que no se logró el objetivo; pero en este sector no hay espacio para los decepcionados. Por lo pronto hay que enfrentar el hecho de que un grupo mediático concentre más del 70% de la publicidad y la venta de ejemplares de la prensa escrita en un país. Creemos que ya se ha establecido en el sector una clara posición de dominio de mercado, lo que podría devenir en una situación de abuso contraviniendo el orden constitucional…

Y si hubiese sido al revés, es decir, que el Grupo La República hubiese adquirido esas acciones, la otra parte quizás hubiera dicho lo mismo.

No era lo mismo, ambas empresas fusionadas habrían sido un buen competidor para El Comercio. Por eso bautizamos el proyecto con el nombre “Rebalanceo”. Hubiera beneficiado a la prensa, a los lectores, a los anunciadores y a la sociedad en su conjunto. Más que una compra nos referíamos a la misma como una alianza, un conglomerado de medios, plural, y que genere sinergias que le den estabilidad en el tiempo.

Como lo ha señalado usted, con esta nueva adquisición de medios, ahora el Grupo El Comercio obtiene un mayor posicionamiento empresarial en el mercado. ¿En qué medida la concentración del poder de medios puede afectar la libertad de prensa?

Eso es algo que no está claro aún, hay medios que han reaccionado en primera plana cuestionando la compra. Sus resultados no se van a ver en el corto plazo, sino en el mediano. Creo que vale la pena seguir muy de cerca este hecho. Sin duda, cuando tú manejas el 70% de la publicidad de la prensa, puedes establecerle barreras a los otros medios, condiciones a los anunciadores. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, no digo que necesariamente se hagan, pero eso deja a la competencia en una situación de permanente amenaza.

La República siempre ha tenido un comportamiento de respeto a la libertad de expresión, y con una tradición de corte popular, lo que ha sido su etiqueta en el mercado periodístico.

¿Cuál es la expectativa editorial?

Nos sentimos un medio libre  en el marco de su propio espíritu editorial. Creo que expresamos el sentir de un sector de la población y lo seguiremos respetando fielmente. Desde luego, no es solamente el tema de los ideales, es necesario y fundamental que existan condiciones para que puedas hacerlo, y por eso es importante remarcar que las condiciones de mercado deben permitir el ejercicio empresarial en este ámbito.

¿A qué condiciones se refiere?

Las que corresponden a la circulación y a la venta de publicidad, que son las que esencialmente permiten sobrevivir a los medios. Hay que analizar detenidamente en qué medida afecta la libre competencia en la prensa escrita, a los lectores, a los periodistas, a los anunciantes y en general a la sociedad en su conjunto. Ese es un debate público que recién se inicia.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

El artículo 61° de la Constitución Política de 1993 establece claramente los límites de los dominios de los medios de comunicación, estatales o privados, así como  de bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación.

A continuación transcribimos textualmente lo que señala la Carta Magna:

“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.