Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

La constitución de Fujimori debe ir a la basura

Ha decidido el Congreso por abrumadora mayoría declarar válida la constitución (así, con minúscula) que Alberto Kenya Fujimori se fabricó amparado en el golpe militar que, un año antes, había violado la Constitución vigente, continuadora legítima del orden jurídico nacional. Y a mí y a muchos que no somos apristas, esta decisión nos apena, nos avergüenza, porque si bien es cierto que la Constitución del 79 está equivocada en muchos capítulos y resulta en conjunto obsoleta, es la Constitución que Alberto Kenya Fujimori ultrajó sacando la tropa a la calle para asaltar con tanques y metralletas a sus instituciones y a los medios de comunicación que se sospechaba iban a alzar voces de protesta por el legicidio cometido (voces que en mayoría se pasaron de excesivamente tímidas). Captura infame del poder, que fue origen e inspiración de la constitución que el usurpador se dio para ser reelegido y gobernar arbitrariamente.

Estos son los hechos, desnudos de retórica y de cálculos de conveniencia coyuntural. Y me avergüenzo de que no hayan sido valorados por un Congreso que, aunque bastante despistado, tiene la misma legitimidad del Parlamento que el fujimorato disolvió alevosamente. Nuestro pueblo merece lecciones de respeto a los principios y no muestras de vulgar apego a lo práctico, a lo inmediatista. Debemos educarlo y no desorientarlo perdonando uno de los mayores delitos del régimen pasado, mientras se condena al pobre Chumpitaz.

Se trata de una decisión sólo posible en un país como el nuestro, en el que cambiar de Constitución es casi un deportivo cambio de camisa y donde todo es negociable, hasta el mandato explícito de una Constitución que no fue derogada sino violada, de una ley de leyes que en las naciones que se respetan es inamovible, salvo con enmiendas que se produzcan de acuerdo a normas establecidas.

Sin poner de lado los pasos prácticos que será necesario dar para que no colapse el orden legal, enseñémosle al pueblo que es bueno ser leal a los principios

Si se quiere tocar educativamente el tema (que es lo que se debe hacer), no hay duda, no puede haber una pizca de duda sobre la validez, hasta hoy, de la Constitución violada, la que expresamente señala como delito grave esa violación, tan grave que hace obligatoria la insurrección contra los usurpadores de la legalidad. Que fue lo que hicieron en noviembre de ese año el general Jaime Salinas Sedó y los suyos. Un bello gesto en defensa del orden constitucional que muy pocos ciudadanos supieron valorar y menos entender como el cumplimiento de la rebeldía ordenada por la ley. Más bien la frivolidad limeña se ensañó con el rebelde y lo tachó de ambicioso, sin advertir que Fujimori, al que aplaudían, sería el déspota mayor y más ambicioso de nuestra historia.

Alegar que la constitución de 1993, producto del golpe militar que violentó el legítimo orden constitucional, no debe ser arrojada al tacho de basura sino servir de base para una nueva que le borronee su ilegalidad y su autoritarismo, es una aberración que indigna desde el punto de vista moral o que hace reír cuando recordamos la discusión sobre si de ese documento quitaban o no quitaban el nombre de Kenya (segundo bautismal de Fujimori).

Lo que aquí escribo es, naturalmente, un alegato principista que ningún demócrata pondrá en entredicho, salvo aquellos que durante el fujimorato participaron en la constituyente dizque para evitar que los golpistas hicieran de las suyas, hecho que no evitaron, pues la llamada constitución del 93 fue la vestimenta precisa para que Fujimori fungiera de demócrata, cumpliera su pro-pósito de reelegirse y diera cariz constitucional a sus autocráticas disposiciones gubernamentales. También muestran disconformidad con la posición principista los parlamentarios que integraron los Congresos siguientes con la excusa de que lo hicieron sólo para que la oposición tuviera voz e impedir que el fujimorato se extralimitara. Objetivo que, por supuesto, no se logró, ya que la "oposición" se dedicó a gritonear contra el régimen sin dejar de pasar por la tesorería de la dictadura, a sabiendas de que sus gritos y teatrales exhibiciones en la TV no hacían otra cosa que avalar al régimen cubriendo el papel cómplice de "oposición democrática". El fujimorato hizo lo que le dio la gana todos esos años, y si al final cayó no fue por la acción histriónica de la oposición en el Congreso. Cayó porque sus errores e inmoralidades socavaron sus cimientos y porque, puesta en evidencia su corrupción, el pueblo salió a la calle.

No tienen, pues, esos congresistas autoridad moral para negarle legitimidad y vigencia a la Constitución, buena o mala, con la que los peruanos quisieron en 1979 darle continuidad a su ordenamiento legal.

Otra cosa es que, por razones prácticas de orden jurídico, sea necesario no echar de inmediato a la basura el estatuto de Fujimori. Pero desde ya el país debe saber cuál será el destino de esa antidemocrática norma. Mientras tanto, rápidamente, deben hacerse las modificaciones a la legítima Constitución para desbrozarla de disposiciones obsoletas (sobre todo en lo económico e institucional) y para que queden incorporadas a ella las variaciones que el correr de los años han hecho necesarias.

Una huelga inteligente de los parlamentarios opositores habría liquidado antes al fujimorato.

Dejar que siga rigiendo sin fecha fija la constitución fujimorista, por muchos cambios que se le introduzcan, es maleducar al pueblo, es enseñarle que la ley puede ser transgredida y cambiada por otra hecha a medida del capricho del que "manda". ¿Cómo hacer que el pueblo entienda que no debe pasarse la luz roja del tránsito si en lo alto ve que al reflector que prohíbe transgredir la Constitución se lo bajaron de un balazo y no pasó nada?

Ha llegado la hora de que los políticos se pongan a nivel del pueblo y se preocupen por educarlo en el respeto a la ley.

Fuente.

FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
Diario CORREO, 16 de diciembre 2001

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

De concertación, fanatismo y beaterías

Tema del día es la concertación a largo plazo confirmada por el gobierno, los partidos y una autonominada "Sociedad Civil". Algo que suena muy bonito pero que, hasta ahora, no es otra cosa que farragosa enumeración de buenas intenciones para un mañana distante, o sea algo vaporoso como el éter, que pronto se desvanece y olvida. ¿Alguien, por ejemplo, recuerda en qué consistía la gobernabilidad de Mohme... Estoy seguro que ni siquiera sus firmantes, que son prácticamente los mismos que incuban la concertación.

Y el Perú, hoy, no está para concertaciones a futuro, aun cuando sea loable toda buena intención. Lo que el Perú requiere ahora mismo (y puede que sea demasiado tarde) es un acuerdo concreto de gobernabilidad. No de buenos deseos sino de entendimientos políticos para que las decisiones gubernamentales de gran interés nacional tengan el respaldo de un importante sector de la oposición. Por lo pronto, es alucinante que el gran desconcentrador, mi buen amigo Fernando Olivera, sea ministro de Justicia y no embajador en un país elegido por él. Con lo que no estoy insinuando que el gobierno deba romper su pacto de cogobiemo con el FIM, ya que por sus votos éste le es indispensable a Toledo para actuar con mayor independencia. Pacto que, sin embargo, no es bastante. Ahí está de ejemplo su incapacidad para desmontar el enormísimo disparate de la regionalización sin regiones, sin ley meditada y sin ningún horizonte económico realista. Para ello hubiérase requerido el apoyo de un acuerdo de gobernabilidad con un partido orgánico que no aspire a participar con cargos en el gobierno, como el APRA. Algo imposible, pues Alan García tendría que haberse convertido en un San Francisco de Asís para partir el pan con Olivera, quien no se cansa de agredir e insultar al líder aprista, con ánimo de cumplir la hazaña de encarcelar a un político votado por casi la mitad del electorado. Una auténtica ch-fiadora que puede ser aplaudida por muchos, pero que ha logrado impedir esa posible concertación del día, bastante más necesaria que los planes a veinte años plazo, o sea para cuando la anarquía en la que acabará la regionalización y algunos otros deslices, no por menores menos graves, haya desarticulado al Perú.

El Mercado, fanatismo de la modernidad

Pero no sólo la regionalización amenaza con hacer ingobernable el país, también contribuye a ello el fanatismo (bloqueador de cualquier diálogo). Ese fanatismo que siglos atrás, con las Cruzadas, regó de sangre la tierra del Santo Sepulcro. El mismo que, desde hace años, con la estrella de David de Verdad única, viene sembrando la muerte y el odio irracional en los seculares habitantes de Palestina.

Este afán por hacer hegemónica la verdad propia, proclamándola única, es el origen de todos los dogmatismos que en el mundo han sido. Y el fanatismo hoy en boga es el del Mercado y sus reglas (las "únicas verdaderas"). Un fanatismo no sangriento, pero al que no le importa que su práctica produzca millonarias muertes (¡de hambre!). Lo que no quiere decir que yo ignore que la ley de la oferta y la demanda (el Mercado) es una realidad insoslayable que obliga a una cierta conducta económica, como severo orden fiscal y aliento decidido a la inversión privada. Sin embargo, en lo que no creo tanto es en el mercado abierto y hace unos días el responsable del milagro económico español, el liberalísimo señor Solchaga, aceptaba que el mercado abierto se comporta muchas veces como embudo: siempre ancho el de los pobres y discriminatorio el de los ricos. Calificó Solchaga de indignantes a las barreras aduaneras europeas para los productos agrícolas, que es lo que mejor pueden exportar los pobres para mitigar su miseria. Pero advirtió que era un problema insoluble de momento porque Europa (igual que EEUU) no iba a desamparar a sus campesinos, incapaces de competir, añadiendo que lo único que podíamos hacer es presionar a los organismos encargados de ordenar la economía mundial, entre otros el FMI (el mismo al que le parecía "música celestial" la obediencia de Fujimori a sus órdenes). Admitió que no tenemos otro medio para defendernos. Lo que es cierto. La globalización es una realidad firme como roca frente a la cual no nos queda más remedio que rendirnos, pensando eso si en que no seria extraño volver a escuchar en un incierto futuro el grito de "¡pobres del mundo uníos!" con el que concluyó ese inhundible "Titanic" que fue la revolución industrial del siglo XIX.

Los beatos, enemigos de la lectura

Además, como en todo dogmatismo, no falta la beatería en el del Mercado, la exageración de los devotos, que en el Perú acaba de manifestarse con el lamentable rechazo a la propuesta de exonerar del IGV a los libros. Los beatos liberales han alzado el grito reclamando no otorgar ese beneficio a la lectura con el dogmático alegato de que no debe haber una sola exoneración de impuestos. Pero, esos mismos beatos callan cuando las exoneraciones alcanzan a los intereses bancarios, a las actividades bursátiles, a las aefepés.... "porque éstas alientan a la inversión privada", o sea la "modernidad" volviendo al viejo culto del Becerro de Oro.

Y valga añadir dos líneas para recordar que en todos los países civilizados de Europa y América, las tres únicas excepciones en cuestiones tributarias son la salud, la cultura y la alimentación básica. En otros términos, las medicinas, los libros y periódicos (que son cultura cívica) y el pan, los huevos, el tomate, la cebolla... Tres excepciones que no comprenden los beatos del Becerro aquel, porque la beatería los ha deshumanizado.

Fuente:
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario CORREO, 15 de junio 2002

Canta clara

por FRANCISCO IGARTUA

Pronto seremos una democracia irreconocible

Mañana, millones de peruanos estarán votando convocados para dos elecciones que son totalmente distintas. Una es vecinal, terreno que el electorado conoce y no se pierde en él. Y la otra es nebulosa, aire, vuelo a lo desconocido, al mundo de la regionalización, a algo que, para muchos, será un Perú dividido en pedacitos.

Hay, en cuanto a las elecciones municipales, una excepción: la de Lima, jamás tan politizada como la de mañana. El alcalde y candidato Andrade, confiado en su buena gestión, no percibió que la bajuna campaña iniciada contra él sorpresivamente por los parlamentarios Rey y Barba (voceros de Unidad Nacional), era una advertencia de que la contienda electoral limeña se saldría por completo del ámbito vecinal. Mucho menos logró captar, porque sólo ahora es fácil descubrirlo, el juego político de esos dos aventureros del acomodo. No advirtió que jugaban (y juegan) a colocarse en el bando más seguro, antes del rompimiento del PPC con Unidad Nacional, movimiento del que será cabecilla Castañeda, quien ya gustó de la aspiración presidencial (con él, gane o pierda el 2006, Rey y Barba tienen asegurados sus puesto en el Congreso). Esta realidad es la que recién hace unos días descubrió Andrade y es la que lo obligó a cambiar su campaña. ¿Lo hizo a tiempo? Mañana lo sabremos.

Regionalización: no es cuestión de ley

En cuanto a la regionalización no es este un asunto de buena o mala ley. Regionalizar no es descuartizar un territorio, que es lo que resultará de las elecciones de mañana. Regionalizar, en el caso peruano, es agrupar zonas que puedan tener viabilidad económica, para servir a la necesaria descentralización del país. Todo lo demás es cuento. No hay un solo departamento peruano que pueda llamarse región y eso de las futuras macrorregiones se volatizará apenas se instalen los gobiernos departamentales.

Lo que nos espera, muy pronto, con esta descabellada regionalización, es una catástrofe muy bien explicada en este diario por Kuczynski. Un dramático desembalse de furias sociales que ojalá no nos lleven al caos económico.

Lo que ocurra, pues, no será culpa de la ley, que puede ser corregida o remendada de aquí a fin del año, sino del disparatado planteamiento raigal. Se alega, por ejemplo, que la ley margina a "la sociedad civil", pero hay razones en este tema que obligan a deslindar posturas y a saber qué es eso de la "sociedad civil". Sin duda una entidad en la que no pueden faltar los trabajadores organizados, el empresariado, representantes de los gremios profesionales y de las universidades (si existe alguna en la región)... pero no juntas directivas escogidas a dedo. Porque si no hay un reglamento preciso ¿quién decide si una liga gay o la cofradía del Señor de los Milagros esté representada en esa "sociedad"? ¿Acaso la cofradía no está bastante más compenetrada con el pueblo que el Foro Ecológico, CAE y tantas otras entidades que, aunque muy respetables, sólo tienen apoyo cupular? ¿No sería la resurrección, aunque son signo distinto, de las "fuerzas vivas" de antaño?

Bastaría, pues, un buen reglamento para acercar posiciones sobre lo que se entendería por "sociedad civil". Y lo mismo puede decirse sobre otras observaciones a tan peregrina ley de regionalización.

El deber de los medios

Pero si hay un tema de la semana, especialmente urticante para mí, es el comportamiento de la prensa en estas elecciones. Comportamiento que llega al ápi­ce en el caso del embeleco de debate a campo abier­to entre los candidatos a la alcaldía de Lima. En este caso, y también en otros, los medios tenían la obligación de opinar contra tan disparatadísimo enfrentamien­to. Y no lo hicieron. Más bien se dedicaron a azuzar a los contendores al estilo de los empresarios del box.

Los debates en los años griegos eran en el ágo­ra. Pero hoy, con la moderna tecnología, resulta far­sa lo que ocurrió en Manchay. Una necedad que pu­do resultar calamitosa y que obligó a la movilización de mil policías; porque las plazas, sea la San Martín o la de Comas, no son espacio para debates cuan­do la radio y la televisión llegan a todos los hogares (desde las humildes chozas a los palacios principes­cos) sin otra discriminación que el tamaño de panta­lla o trasmisor.

Frente a tan grande despropósito la prensa estaba obligada a opinar, a orientar al público (que ese es su deber) y no limitarse a informar, refugiándose en la llamada objetividad; aunque basta repasar las informaciones electorales de la semana para comprobar que ésta es otro cuento. Tenían los medios que opinar en primera página (en el caso de los periódicos), no en escondidas columnas editoriales. A este paso, en el Perú van a darse debates políticos en los estadios, con barras bravas incluidas. Así llegaremos a sublimar la democracia hasta un punto que la hará irreconocible.

Fuentes:
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario CORREO, 6 de Noviembre de 2002

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

La realidad no es

lo que aparenta ser

Lejos de aclarar el panorama político nacional, la presentación del gabinete Ferrero ante el Parlamento ha oscurecido aún más nuestra ya oscura vida política. La masiva abstención que impidió el voto de censura (aparte de tres votos de los propios interpelados) fue un gesto de respeto a la persona del doctor Carlos Ferrero, de fecunda actuación conciliadora mientras fue presidente del Congreso. No de esperanza en el equipo ministerial, de notoria baja calidad en su conjunto. Situación que ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que el premier Ferrero resulte siendo otro fusible de Palacio. Al parecer, Toledo estaría deseoso de ser licenciado, pues no hay otra explicación a tanta torpeza para ir rebajando el nivel de sus colaboradores. En otras palabras, el Congreso se ha hecho eco del clamor ciudadano para que personalidades del nivel de Beatriz Merino y Carlos Ferrero tengan mayor participación en la selección de sus equipos ministeriales. Si esto no ocurre, la suerte del premier Ferrero está echada. Seguirá el camino de Beatriz Merino. ¿Y a dónde irá a parar nuestra inestable República?...

El tema no es, pues, lo que dijo o calló en su exposición el flamante Premier. Lo que importa es desentrañar el significado de las movidas políticas que se han producido en torno al nuevo gabinete. La más notoria, sin duda, han sido los primeros pasos del embajador del Perú en España, señor Fernando Olivera, para romper la alianza del FIM con el gobierno. Sus exigencias públicas para que el gobierno atienda una larga listó de reclamos (los mismos que la oposición ha venido haciendo desde el inicio del régimen de PP-FIM) no significa otra cosa que el propósito del señor Olivera de pasar a ser un nuevo y flamígero adversario del gobierno toledano, con la mirada puesta en las elecciones del 2006, en las que el líder fimista sueña llegar a la segunda vuelta como el abanderado del antiaprismo.

Ya la vaca del Estado ha sido bastante ordeñada desde la embajada en España y desde su cuota de ministros. Ahora le toca ir montando la candidatura presidencial de Olivera, opositora a Toledo, con reclamos radicales que recién descubre y que hasta ahora ha venido callando, a pesar de estar viviendo (provechosamente) en las entrañas del régimen al que comienza a criticar con acidez. A pesar de tan claras evidencias de que Olivera prepara un próximo alejamiento del régimen, el presidente Toledo insiste en que su alianza con el FIM está "más fuerte que nunca" y lo mismo declara, aunque con menor énfasis, su socio, el embajador en España con presencia constante en Lima. Hipocresías de la política que a nadie engallan y que abren tremenda interrogante sobre cómo será el próximo escenario político peruano. ¿Será una nueva correlación de fuerzas que el premier Ferrero está esperando para tomar decisiones propias de concertación nacional?... Pronto se sabrá, pues la situación actual es tan crítica que no puede durar mucho.

Y un añadido final. Nada tiene de democrático el comentario que algunos políticos hacen contra los parlamentarios fujimoristas, por el "delito" de votar a favor del gobierno. Esa actitud intolerante, fascistoide, solo logrará que crezca cada vez más la votación a favor del viejo régimen. Esos parlamentarios tienen mandato popular, por lo general mayor que el de quienes pretenden excluirlos.

Fuente:

FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario EXPRESO, 17/01/2004

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

Excesivos excesos de la CVR

Al momento en que se va desvaneciendo dramáticamente la gobernabilidad en el país y asoma de nuevo el rostro mefítico del terrorismo, la Comisión de la Verdad ha llegado al extremo de viajar, ¡en busca de "apoyo político"!, a los EE.UU. Y, a la vez, sigue dando muestras de no tener una visión serena de la tarea que le fue encomendada. Con hipocresía fraudiana quiere explicar su infeliz declaración de que Sendero y el MRTA son partidos políticos, alegando ahora que su intención es "reincorporar" esas bandas polpotianas al sistema democrático. Apunta así a borrar la publicidad que les dio a estos criminales, presentándolos en la Tv como chicos arrepentidos de un camino equivocado.

No, señores comisionados, no. Esas bandas asesinas no son partidos políticos y peor aun sería ¡reincorporarlos a la democracia! ¿Para qué? ¿Para, una vez libres, reincorporarse –aquí sí cabe el término reincorporación –a la lucha armada que ya está de retorno, con no pocos senderistas liberados entre sus filas?

Y, ¿qué "apoyo político" pueden estar buscando los comisionados en los EE. UU.? El único respaldo político que necesitan, y que ya tienen en exceso, es el que les da la prensa, la sociedad y el gobierno peruano. Sin embargo, descaradamente se proponen hacer lobby en Washington para presionar al Estado que los nombró y les cubre todos sus gastos –incluido este paseo– para que sus recomendaciones sean atendidas como un mandato. Dicen, también, que buscan financiar las reparaciones civiles a favor de las víctimas del horror desatado por Sendero, pero ojalá que no sólo sea financiación, porque al Estado peruano se le hace abrumador el pago de las indemnizaciones millonarias (a escala yanqui), que en estos casos impone la Corte Interamericana, de la que, curiosamente, se excluyen los EE.UU.

Todo esto no significa que olvidemos el espanto de lo ocurrido y no reflexionemos sobre cómo evitar que sectas sanguinarias como Sendero vuelvan a sembrar, en el Perú, el delirio de la violencia y las fuerzas del orden no vuelvan a cometer los crímenes que cometieron. Pero debe haber racionalidad en el análisis, y precisión y verdad a la hora de señalar responsabilidades. No es justo que se sindique de asesinos a quienes mataron en medio del accionar militar (que siempre será brutal), contra alzados en armas que cometían todo tipo de horrendas salvajadas contra indefensos campesinos y contra casi inermes policías. En una guerra, el movimiento de unas ramas hace que el soldado dispare al busto, pudiendo haberlas movido un conejo o un niño. Así es, y así será siempre la brutalidad de la guerra. Pero, otra cosa imperdonable y para no ser olvidada jamás, son las masacres en frío cometidas por algunos militares desquiciados. Ahí sí el olvido es un delito, igual al olvido del porqué y cómo se produjo tamaño desvarío de muerte.

Lo que falta en la Comisión de la Verdad es equilibrio y eso no podrá alcanzarlo con integrantes que, más que imparciales en la contienda, fueron amigos cercanos de la prensa que, sibilinamente, apoyó a Sendero.

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FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario EXPRESO 21/06/2003

Canta claro

por FRANCISCO IGARTUA

Arica: La del perro del hortelano

Tocar el tema político nacional se ha hecho algo así como dar vueltas en redondo sobre un solo eje, sobre una misma pesadilla: los desatinos gubernamentales con sus telenovelas de fondo. Es el caso del desacertado nombramiento del señor Ramírez Canchari como ministro de Trabajo. No por la gestión que va a cumplir (que podría desmentir las predicciones), sino porque él solo nombramiento tiene que haber desanimado a inversores y empresarios, quienes son los generadores de trabajo. En política los gestos dicen mucho. Y este dice lo contrario de lo que se quiso decir. Se trata de tan extremo masoquismo que parece deseo de suicidio.

No vale, pues, la pena de seguir tocando el tema. Pasemos más bien a los diálogos y entrevistas sobre la salida al mar, reclamada por Bolivia, asunto que ha animado nuestras últimas noches de televisión, revelando hechos que yo desconocía. Sé ahora, por boca de un diplomático peruano de nombradía, que el tratado de 1929 fue negociado directamente por el presidente Leguía, a espaldas de Torre Tagle. Lo que explica la evidente carga política de los complementos al tratado, complementos que en nada cambian la línea de frontera señalada en el documento (Arica pasó a plena soberanía chilena), pero sí añadían florentinismos limeños (no florentinos) para dar la falsa sensación de que el Perú no había abdicado soberanía total de esos territorios. Leguía, como político, quería salvar la cara y enredó las cosas, poniendo en aprietos no a Chile, sino a cualquier interés de terceros en la zona (Bolivia). Una posición de perro del hortelano que no come ni deja comer y que en nada ha beneficiado al Perú.

Quién sabe la intervención más interesante, no solo por lo que dijo, sino por lo que dejó entrever, fue la de Rodríguez Elizondo, periodista chileno que pasó años en el Perú y dejó amigos que mucho lo recuerdan. En palabras gratas a los oídos peruanos puntualizando la situación en concordancia con las recientes declaraciones del presidente Lagos, o sea, explicó que Chile tiene posiciones de Estado que no varían de un gobierno a otro y cuyo norte fue trazado por Diego Portales en el siglo XIX. También, sin querer queriendo, recordó que la salida al mar para Bolivia ya había sido concertada y aprobada en 1975 con el "abrazo de Charaña" entre los presidentes Banzer y Pinochet. No dijo más, porque ya estaba todo dicho: Chile no es responsable de que ese entredicho todavía no haya sido resuelto. Tampoco Bolivia, que había aprobado el acuerdo. No necesitaba decir que el Perú fue el responsable.

Frente a esta posición, que refleja una política nacional coherente, estable y firme, los declarantes peruanos jugaban con las palabras y se refugiaban en razones sentimentales derivadas de la derrota de 1879... Con semejante criterio, la Comunidad Europea (donde abundan las derrotas) no se habría formado, sería un nonato, capricho de algunos ilusos intelectuales y no la formidable potencia que es ahora.

La lección es clara. El Perú necesita un derrotero nacional y defender sus intereses. Por lo pronto, no debe entrometerse con propuestas extravagantes en el dife­rendo bolivianochileno y sí defender, en el momento oportuno; sus límites marinos, donde están en juego millones de dólares.

Aquí acaban estas atropelladas líneas, porque el espacio es tirano en este oficio.

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FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA

Diario EXPRESO, 10 de enero de 2004

¡Que la historia no se vuelva a repetir...!

Francisco Igartua - Hay una perversa línea divisoria entre militares y civiles – Canta Claro 9/11/2002

En estos días electorales vemos, entre sonrientes y asombrados, a un candidato (Castañeda) asegurando que él no hace ni hará guerra sucia, creyendo que nosotros (no sé si la multitud) nos chupamos el dedo y no hemos reparado que él, Barba y Rey son la misma candidatura, mientras su oponente (Andrade) cae en la trampa de la agresión por interpósitas personas. Por lo tanto, con la vaga esperanza de que el debate de mañana sea una seria confrontación de ideas y no una riña con barras en mitad de la calle, prefiero (dejando la solemne primera persona del plural) no tocar el tema electoral y dedicar estas líneas a hacer memoria de lo que ocurrió en esta desdichada nación hace diez años. En abril del 92 un grupo de militares dio un golpe de estado para atornillar en la presidencia a Fujimori y, en noviembre, otros militares salieron en defensa de la Constitución haciendo uso del derecho de insurgencia, que en este caso era mandato constitucional, ya que los insurgentes sabían lo que le esperaba a la República con el plan de 20 a 30 años que se habían trazado los golpistas.

Comportamientos que daban vergüenza

En abril de ese año las protestas ciudadanas y las de la prensa (salvo excepciones) fueron minúsculas y muchas sólo para salvar la cara. En noviembre el comportamiento de periódicos y ciudadanos fue vergonzoso. A quienes se habían sublevado, arriesgando la vida, en defensa del orden constitucional y democrático, se les tildó de ambiciosos, alteradores del orden y golpistas. En este pobre país donde nunca se ha entendido que el orden público no es sometimiento de gobernados a mandatarios sino convenio de relación entre ciudadanos y gobernantes, un pacto social que, si se cumple, nos haría nación civilizada; en este territorio de desconcertadas gentes (como decían con razón nuestros mayores), donde hasta ahora no se entiende que rebeliones militares como aquella del 13 de noviembre del 92 son voces de alerta para que comprendamos que, el orden constitucional e institucional es respeto a la ley establecida y no a la ley que los golpistas imponen con el señuelo de "poner orden", el falso orden en el que se ha mecido desde siempre nuestra República.

Obligaciones incumplidas

La traición y la deserción (que son una constante en la historia peruana) hicieron fracasar el 92 aque¬lla noble rebelión de militares con sensibilidad democrática. Un gesto que, sin embargo, no fue del todo inútil, pues sirvió para desnudar el temple del cabecilla golpista. Fujimori, igual que años después, corrió a refugiarse en la embajada del Japón; y, luego de fracasada la rebelión, impuso el orden de siempre. Inventó un magnicidio, fraguó documentos y llevó a los oficiales constitucionalistas (ante el silencio mayoritario de la prensa y la ciudadanía) a una pantomima de juicio militar, no sin antes haberlos vejado encerrándolos en el penal Castro Castro, luego aislándolos en un viejo cuartel con ventanas tapiadas y, por último, confinándolos durante 31 meses en el Real Felipe.

Amnistiados el 16 de junio de 1995, salieron en libertad, pero sus derechos son conculcados hasta hoy, como si el viejo "orden" no perdiera imperio. De nada ha servido la Ley 27436 del 15 de marzo de 2001, pues los líderes insurrectos no son repuestos y se les niega el ascenso, la recuperación de sus tiempos de servicio y otros merecimientos que, sin solicitud de por medio, se les debería reconocer.

He querido recordar el acto de rebeldía del 13 de noviembre de 1992 para que sirva de ejemplo a los militares jóvenes y a la civilidad toda, hoy lista para hacer uso de las urnas en libertad, aunque, en el caso de las elecciones regionales, sin normas ni concierto establecidos.

Es extraño que el Congreso no pueda reivindicar plenamente a los rebeldes del 92, a pesar de que esa negativa pueda llevar a muchos peruanos de mente despejada a sospechar que nuestros políticos, con la ceguera de siempre, hayan trazado una línea divisoria entre civiles y militares, como si todos los militares hubieran sido cómplices de Fujimori, Montesinos y Hermoza. A sabiendas de que son más los civiles (entre ellos Fujimori y Montesinos) los que salieron beneficiados de la dictadura legalizada por la OEA ese mismo año de 1992. Es extraño que el Congreso no les haya otorgado un reconocimiento mínimo a quienes expusieron su vida (el general Salinas fue perseguido a balazos) para reabrir el Parlamento clausurado por Fujimori y entregar el mando al legítimo presidente (San Román). Y también es extraño que el actual presidente constitucional, doctor Toledo, no ordene reconocer de una vez por todos los méritos de quienes cumplieron el mandato constitucional de insurgencia contra el golpismo.

¡Que la historia no se pueda a repeteri...!

Francisco Igartua – Ugaz es el que debe ser investigado – Canta Claro 10/02/200

Si algo de la semana pasada ha llamado la atención en este país, “donde hasta los microbios se acojudan”, ha sido la desproporcionada y beligerante reacción del gobierno y la magistratura contra el fallo del Tribunal Constitucional, que no absolvió a nadie sino que ordenó abrir la puerta de la cárcel para que siga curso normal el juicio contra Bedoya de Vivanco.

El hasta hace pocos días procurador de la República, o sea abogado del Estado, sin decir agua va, con argumentos impertinentes, inició el pasado martes la gran confusión que se ha creado tras la polvareda desatada por la radio, la televisión y los periódicos en la mente de los peruanos. José Ugaz, el implacable procurador, avaló con su crítica lo que las "noticias" periodísticas habían sembrado con grandes y sonoros titulares (que es lo que las masas leen y oyen) dando a entender que el Tribunal Constitucional había declarado inocente a Bedoya de Vivanco, Y semejante (pero falso) comentario dejó estupefacta a la mayoría ciudadana. ¿Cómo podía ser inocente alguien a quien todos habían visto recibir dinero para hacer un sucio trabajo político en contra de los opositores a Fujimori? El escándalo, naturalmente, ha sido mayúsculo ya que las aclaraciones aparecieron en las letras pequeñas que pocos leen (como tampoco muchos leerán estas líneas) y porque no es de extrañar que nuestra sociedad, ayer aduladora de Fujimori, hoy trate de lavarse las manos vituperando todo lo que huela a su ex - ídolo.

Hasta ahora no se disipa el desmoralizante impacto de la "noticia" difundida por los medios de comunicación y resaltada por la severa declaración del exprocurador Ugaz contra el Tribunal Constitucional, posición seguida luego por el pintoresco congresista Estrada, por el apocalíptico ministro de Justicia y por otros paladines de la peliculina; alimentada a la vez por el propio Bedoya de Vivanco, quien ha dejado entrever, con desvergüenza, que no descarta reasumir la alcaldía de Miraflores.

No, el procesado Bedoya no puede reasumir ni asumir ningún cargo porque el fallo del Tribunal es clarísimo. No lo declara inocente de nada, porque al Tribunal no le compete administrar justicia. Lo que dispone es que el acusado sea excarcelado por tener el derecho constitucional a debido proceso. Situación que no se daba, pues el juez y el fiscal (no el Tribunal) dicen, en el cuadernillo que consta en autos, que no está acreditado el delito de peculado. Además, y sobre todo, porque las cárceles están hechas para castigar a los condenados luego de ser sentenciados y para retener a los acusados con antecedentes penales, a los mafiosos y a los que no den garantía de no fugar. Condiciones que no atañen al procesado Bedoya ni a otros. Es vergüenza nacional que en el Perú abunden casos de encarcelados durante ocho y más años a los que los jueces terminan condenándolos a dos o tres, sin que los agraviados tengan posibilidad alguna de ser indemnizados.

Como representativo mayor de esa justicia implacable, inquisitorial, aparece el exprocurador Ugaz. Pero su actitud bien pudiera ser pista falsa para encubrir sospechas que no ha logrado borrar. Sobre todo la sospecha de que ha sido encubridor de Fujimori, el hombre que lo nombró procurador.

Al despedirse de la procuraduría José Ugaz declaró que sólo le faltó capturar a Fujimori. Pero más bien debió decir que le faltó la principal de sus tareas: señalar a Fujimori por violación de los derechos humanos, único recurso para poderlo extraditar o llevarlo ante un tribunal internacional.

¿Por qué no lo hizo?

No fue por falta de pruebas. Ugaz conoce perfectamente los tres documentos (dos memoranda y un oficio) que a mediados de 1991, antes de que el general Hermoza asumiera el mando de la Fuerza Armada, dirigió Alberto Fujimori al Comando Militar, pidiendo primero y luego ordenando sean considerados para el ascenso todos los miembros del grupo Colina y sus jefes. Esto ocurría luego de las matanzas de estudiantes en la Universidad de Huancayo y en otros centros educativos. Tres documentos que son indicios clarísimos de la complicidad de Alberto Fujimori con el grupo Colina. Pero aquí no queda la cosa. Esos documentos dieron origen a una Hoja de Análisis del Ejército, también conocida por Ugaz, en la que se esclarece la razón del pedido presidencial: "por los trabajos especiales de inteligencia realizados en las universidades del país". De haber convocado a un militar cualquiera habría sabido Ugaz qué significa en el lenguaje castrense "trabajos especiales".

¿Por qué Ugaz no acusó a Fujimori por el delito de lesa humanidad, por lo medular del proceso contra el fujimontesinismo?. Sin ello, todo lo demás son fuegos artificiales. Fuegos artificiales que van creciendo en espectacularidad mientras se reducen las acusaciones de fondo.

¡Que la historia no se vuelva a repetir…!

Francisco Igartua – Otra vez en peligro la libertad de prensa - Canta Claro 25/11/2001

Van estas líneas en primera persona del singular, no sólo porque el tema obliga a dar la cara, sino porque soy yo el afectado en parte de esta historia, que comenzará precisamente con el relato de mi presencia, el domingo pasado, en la pantalla de Canal N, dependencia de El Comercio.

Me vi ese domingo en la televisión con la ingenua complacencia de todo ser humano puesto en vitrina, pero pronto me di cuenta de que, como un párvulo, había caído en una emboscada. Y mi indignación fue mucho mayor a la que presentí el día de la grabación, pues entonces no supuse que a las sesgadas preguntas de la encuesta que hacía el programa Barra de mujeres se añadiría, como cortina constante, la imagen más impactante de la entrega millonaria de dólares que Montesinos le hizo al principal accionista de Canal 5: el hecho más bochornoso de la compraventa de conciencias que se produjo en el régimen pasado.

En la Barra de mujeres de ese domingo hacía yo el papel de un furioso defensor de la libertad de prensa que, como idiota, no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado para darle apariencia de imparcialidad e in-dependencia a un programa que tenía como único objetivo que el público se pronunciase a favor de quitarles la licencia a dos o tres canales de señal abierta y que el resultado se aproximara al ciento por ciento de los votos; cosa que, lógicamente, gracias al vladivideo se alcanzó a plenitud. El 94% de los televidentes estuvo de acuerdo, sin entender el trasfondo de la encuesta, en que las licencias de radio y televisión pueden ser dadas o quitadas a discrecionalidad por el gobierno de turno o por una junta de notables. O sea que, con el pretexto del necesario castigo a los rufianes vladivisionados, se abrían las puertas para inmediatos y futuros atropellos de la libertad de prensa y expresión.

De haber visto y escuchado aquel viernes todo lo que se vio el domingo pasado en la pantalla de Canal N, ese programa no habría salido como salió y no habría hecho yo el papel de avalador de la patraña montada, con el propósito de engañar al público, por esas tres damas vinculadas al ala izquierda de la Universidad Católica.

El señalamiento del ala no tiene intención de descalificar ni calificar a nadie, lo hago simplemente para situar la posición política de esa "Barra", que bien podría llamarse "brava" por los medios usados para llevar agua a su molino ideológico, curiosamente del mismo signo que otras campañas iniciadas hace poco con idéntica puntería: la de hacer prevalecer puntos de vista partidarios, de reglamentar a los medios de comunicación y censurarlos. Campañas, por otro lado, vistas con complacencia por intereses comerciales con ansias locas de alcanzar poder político. ¡Algo absolutamente paradojal, pero empedrada de curiosas paradojas está la política!

El castigo que corresponde a los rufianes vladivisionados es asunto de la justicia, no del gobierno ni de juntas de notables.

Se trata de campañas que, sutilmente y desde variadas posiciones, se han montado hace un tiempo para establecer una suerte de vigilancia sobre la televisión y la radio, que podría afectar también al periodismo tradicional, al de la prensa escrita. Supuesto que no es sospecha mía sino que se desprende de un aviso publicado por "Veeduría Ciudadana", en el que se justifica esta inquisitorial tesis: la censura es legal "por el carácter de interés público que la Constitución le da a la actividad de los medios de comunicación, especialmente a la radio y la televisión". Se deja así en claro, con el "especialmente", que los periódicos y revistas no quedan excluidos de ser vigilados 'por una veeduría "constitucional" que podría ser estatal o compuesta por notables elegidos dentro de las organizaciones de la sociedad civil, casi todas ellas de signo próximo al de las damas de la Barra de mujeres. Hay en todas estas "veedurías" machacona insistencia en remarcar, algo que es cierto, pero no para llegar a algún tipo de censura: que los medios de expresión son de "interés o servicio social y público". Por ello es que la Constitución precisa que la libertad de prensa es irrestricta.

Se ha dicho una y mil veces que la libertad de expresión establecida, igual que la democracia, es un sistema lleno de defectos y deficiencias, pero que, aun así, es el mejor de todos los experimentados por el hombre en el curso de los siglos. Y esa libertad, para no ser desvirtuada, no puede tener más límite que el de los códigos comunes y el del honor de quienes ejercen el oficio de periodistas. Todo otro límite la ahoga, la transforma en boletín oficial, en negación de sí misma. Se dirá que esta definición peca de gaseosa y burguesa y pueda que así sea, pero centenarias experiencias prueban que todos los intentos por modernizarla han terminado devolviéndonos a la Inquisición, con apenas unos cambios de color. Unas veces el terminal es negro y otras rojo, sin que nunca deje de ser repelente para quienes amamos esa libertad simple, llana e imperfecta que nos garantiza la democracia.

Inquisición es lo que hoy se reclama en nombre de la modernidad, en un Perú que vive bajo el impacto de los rufianescos tratos vistos en los vladivideos y al que es fácil convencerlo de que no se vulnera la libertad dejando el castigo por estos hechos a la discrecionalidad del gobierno o a la de una junta de notables que se instalaría para cuidar la salud moral de los peruanos. Una tesis sin memoria, desconocedora de una verdad capital en política: ningún gobierno –ninguno- dejará de caer en la tentación de controlar a la prensa.

¿Quién o quiénes deben reglamentar y decidir cuáles son los “valores auténticos” o las “obligadas versiones plurales”, reclamadas por diversas “veedurías ciudadanas”?

El castigo que les corresponde a los rufianes vladivisionados -todos ellos empresarios metidos a periodistas- es asunto de la justicia, que está obligada a embargarles sus acciones y, cuando se cumplan los plazos legales, a ponerlas en venta de acuerdo a los códigos vigentes. Lo que es inaceptable, por contrario a la libertad de prensa y expresión, es sentar el precedente de que un gobierno pueda dar o quitar licencias de acuerdo a las circunstancias o entregar la salud moral a cualquier junta u organismo supervisor "del correcto desempeño de los medios de comunicación", como a la letra dice otra de esas asociación afines a la Barra de mujeres.

(Son estas líneas una ampliación a la cuartilla que, como carta aclaratoria, le envié a El Comercio y que éste no publicó).