FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar – Revista Oiga 18/07/1994

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el votó .se emite apretando .un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley pre­sentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperan­zas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate inco­herente.

En uno de sus dispositivos, por ejem­plo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funciona­rio puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre-ha inspirado la legis­lación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una pre­sión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resulta­dos. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcio­nario, cuyo poder llega a todos los rinco­nes del país, pueda participar en eleccio­nes desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cual­quier funcionario, también debiera ale­jarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano dis­parate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bas­taría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio —en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori—, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones si­gue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reeleccio­nes, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fon­dos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral pre­sentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próxi­mos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus car­gos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatu­ra, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial —todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen—que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una bur­la cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para impri­mir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones —todo a cuenta del Estado—; así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de ele­vado criterio, profesionales de nota, gen­tes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candida­to a la reelección las violará cuantas ve­ces le dé la gana y se mofará de “ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico?... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el pro­ceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impu­nemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anta diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país Inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apre­tando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demago­gia. Está bien, muy bien, que se inaugu­ren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luí y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su des­pacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya bue­na enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el 18% al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer gi­ras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colo­carse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repar­tiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer dema­gogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campa­ña electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La corrupción se tapa con silencio – Revista Oiga 13/06/1994

Como en otras oportuni­dades, que me temo no será la última, en las se­manas pasadas hubo pre­sión para que OIGA ca­llara su campaña contra el ‘picaronazo’ Vittor. Era una presión múltiple e in tensa. Al final, se limitaba a esta frase: Sigues haciendo oposición, pero en este asunto te callas. Ni siquiera te recti­ficas. Sólo te callas. ¿Qué te cuesta?

Y no cuento más porque no viene al caso. Lo cierto es que, de nuevo, había­mos tocado el talón de Aquiles del régi­men: su falta de honestidad. Un punto en el que se sabe débil y se desespera por ocultarlo. Porque en este gobierno hay deshonestidad no solamente en las fal­sas promesas e imputaciones calumnio­sas del jefe de Estado o en los despilfa­rros de sus paseos familiares -en alguna oportunidad se movilizó hasta en barco de guerra para placer de Kenyi y sus amigos-; hay deshonestidad en las obras sin licitación y sin control, concedidas a dedo; hay deshonestidad en el manejo secreto de las donaciones y es deshonesto que el jefe de Estado se pasee por el país obsequiando esas donaciones como si fuera sacadas de su bolsillo. Se habla mucho de trasparencia, pero todo se hace por sorpresa y entre bambalinas, a escondidas. Es tan ‘honesto’ el régimen que la encargada de vigilar las aduanas del país, la señora Higaona, no dice una palabra cuando su hija es descubierta dando exámenes de ingreso a la univer­sidad por medio de otra muchacha pare­cida a ella, a quien se supone se le habría sobornado ¿con las propinas de la niña Higaona? ¿Y es honesto que el jefe de Estado se haya hecho presente en la graduación de su hijo, como piloto de aviación, a sabiendas de que era un acto irregular porque el hijo había sido des­aprobado en seis cursos en el colegio, Io que hacía inválido su diploma de piloto?... La honestidad no es cuestión de montos sino de conducta. Y, si de mon­tos se habla, montones son los millones que los ‘picaronazos’ del régimen han hecho humo, como Fumanchú, sin que les ocurra nada, a pesar de las denuncia: concretas de OIGA. Al contrario, se les ha premiado con embajadas u otras ca­nonjías. ¿Y qué de las decisiones millo­narias que se toman en Palacio y de los miles de millones que pasan por él sin que nadie los controle ni vigile, porque el ‘trasparente’ ordenador de estas transacciones es alguien que no figura en plani­lla conocida ni tiene cargo ni obligacio­nes públicas? Es simplemente Santiago, el hermano. El James Bond del régimen.

Pero el caso Vittor, que es el motivo de estas líneas, ha adquirido otras connotaciones. No por el pobre señor Vittor que, como ya dije semanas atrás, poco cuenta personalmente en este asunto -es apenas otra pieza en el engranaje de la corrupción del régimen-, sino por la complicada acogida que la denuncia de OIGA ha tenido en los medios de comu­nicación. Una denuncia que tuve que hacer pública en conferencia de prensa, como resguardo por las presiones diversas que estaba recibiendo. El respaldo de las radioemisoras fue completa, salvo excepciones muy significativas. La difu­sión radial debe haber cubierto el territo­rio nacional. Pero lo que al gobierno le preocupa es la televisión. Y aquí quedó en evidencia que la declaración de Chapultepec es, para Fujimori, papel para envolver bacalao malogrado. Asis­tieron a la conferencia de prensa de OIGA Canal 11 y Canal 9, este último con un equipo completo, decidido segu­ramente por los mandos periodísticos de la empresa, de acuerdo a la resonancia noticiosa del tema. Además de cubrir la conferencia, el Canal 9 filmó una entre­vista conmigo.

Esto fue al mediodía.

En la tarde, el Canal 4 se interesó por entrevistarme, porque se iba a presentar Vittor en el canal y quería que hubiera imparcialidad. La cita fue a las cinco. A las cinco y media no hubo nada. Se aplazó la entrevista para ‘el día siguien­te’.

Esa noche el Canal 11 dio cuenta del hecho en cuatro o cinco minutos, excelentemente bien editados. Fue un mode­lo de profesionalismo ese resumen. En el 9 no apareció una sola imagen ni se leyó una línea. La conferencia no había exis­tido. El silencio fue total en todos los demás canales. Ni el ministro Vittor ni nadie abrieron la boca. Se había impues­to la política de dar la callada por respuesta. Afirmándose el gobierno en su creencia de que lo que no se habla no existe. Así se borran, con el silencio, las pruebas de corrupción de este régimen. Pero esa política no fue decisión de los mandos periodísticos de esas empresas sino imposición, con chantaje sobre sus otros negocios, del gobierno a los propietarios de los canales, gente fenicia que no tiene idea de las obligaciones culturales y sociales de un medio de pren­sa y que desconoce en absoluto lo que es el periodismo. Los canales, para ellos, son medios de presión para favorecer sus negocios más rentables y tener po­der.

Esto lo podrán negar en cuarenta to­nos y formas, utilizando a sus mejores escribientes, pero las cosas son así, como están arriba escritas. Esa es la verdad. Y en este punto sí no me equivoco porque tengo en la mano la prueba del delito. Porque eso, un delito contra la libertad de prensa, es lo ocurrido…

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - De gansadas y basuras – Revista Oiga 9/05/1994

Semana cargada de cu­riosas novedades y ne­gros nubarrones ha sido la que acaba de pasar. Por un lado, el Congreso da muestras -aunque equí­vocas- de sentirse anima­do a sintonizar con las ideas del buen orden democrático y plantea la 'bajada al llano' del presidente que postule a la reelección y habla de distrito electoral múltiple; mientras que por otros lados se acrecienta gratuitamente la tirantez en las relaciones con Estados Unidos y se Intensifica la división interna en las Fuer­zas Armadas.

Curiosa novedad la que nos ofrece el CCD con la renuncia presidencial seis meses antes de la reelección. Primero, porque de novedoso nada tiene. Es co­pia vulgar de la ‘bajada al llano’ de Ma­nuel Apolinario Odría, el dictador que se presentó a la contienda electoral del 50 con su compadre Zenón Noriega en Palacio y su opositor, Ernesto Montagne, en la cárcel. Naturalmente que peleando solo, teniendo a su sombra por contrin­cante, el triunfo de Odría fue abrumador. En esta oportunidad, el Congreso apo­dado Democrático nos ofrece un candi­dato presidencial -Alberto Fujimori- con una renuncia de seis meses al cargo, pero con Santiago Fujimori y las hermanitas Fujimori en Palacio y Nicola di Bari Hermoza, el socio mayor de la empresa gubernamental Fujimori Fujimori S.A., en la Comandancia mejor armada y al mando del Comando Conjunto. Eleccio­nes al más puro estilo Odría no se pue­den dar. También en esa época se argu­mentó que era injusto pedirle la renuncia a funcionarios de segunda y quinta cate­goría que quisieran postular y no hacer lo mismo con el presidente de la Repúbli­ca. Una grotesca falacia usada, igual ayer que hoy, para disimular u ocultar la verdadera razón del porqué de esa cons­tante exigencia en las legislaciones elec­torales de toda América Latina, salvo raras excepciones, obligando a los fun­cionarios públicos a renunciar a sus car­gos antes de postular a una elección: los legisladores siempre han entendido que en estos lares no es posible haya imparcialidad en una elección en la que parti­cipen los que son gobierno. Y mucho menos si el postulante es presidente de la República. De allí que, en consecuencia con la realidad sociológica de estos estados, con sus usos, costumbres y tra­diciones, sus legislaciones no conside­ren la renuncia presidencial -porque se­ría una mascarada- sino que prohíban terminantemente la reelección de los je­fes de gobierno.

La prohibición, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, para que los presidentes postulen a la reelec­ción no es un capricho legislativo. Es resultado del estudio de nuestras idiosin­crasias y de nuestros pasados históricos, demasiados cargados de aterradores ejemplos reeleccionistas: Díaz, en Méxi­co, Gómez en Venezuela, Leguía en el Perú, Perón en Argentina... Todos ellos reelegidos de acuerdo a las normas dictadas por ellos mismos desde el poder. Igual que Fujimori, elegido de acuerdo a dis­posiciones constitucionales -que él juró respetar- que prohibían y prohíben has­ta hoy su reelección.

En cuanto al distrito electoral múltiple es otra gansada del CCD. Asamblea única de 120 curules de origen comarcano es hundir al Parlamento en el provincia­lismo, en la chatura aldeana, en los plei­tos de comadres. Dividir los 120 asien­tos en nacionales y distritales sería otro disparate, pues la diferencia de origen de los congresistas, dentro de una misma asamblea, crearía una irritante división y pugnas colegiales, que distraerían los debates. Con su novísima apertura, el CCD vuelve a recordarnos que no hay mejor Parlamento que el bicameral. Con una Cámara reflexiva -el Senado- elegi­da en distrito electoral único, nacional, con postulantes ya maduros y represen­tativos de los hombres que han llegado a tener resonancia en todo el territorio nacional. Y una Cámara baja, de diputa­dos, representativa de las regiones y las provincias, con elementos más jóvenes, más vigorosos, más comprometidos con la voluntad popular y los intereses provincianos. Eso es Parlamento y no la Asamblea unicameral de distrito único -como la diseñada en la Constitución del CCD-, que significa el control de las elecciones desde Lima, desde las cúpulas partidarias. Mientras que la de distrito electoral múltiple seria lo que hemos dicho más arriba: transformar el Parla­mento en una olla de grillos comarcanos.

Pero otros han sido los hechos que han puesto en tensión a la opinión públi­ca. El menos, sonado, pero no por soterrado de poca intensidad, ha sido la cada vez más tensa fricción en las rela­ciones peruano-norteamericanas, con­cretada en las agresivas reacciones del ministro de Justicia y en las suspicacias norteamericanas -al parecer basadas en pruebas documentales- sobre lo que está ocurriendo en el Huallaga, zona donde más que reales operativos militares se estaría desarrollando una gran maniobra sicológica para aparentar una 'victoria' que levante la figura electoral de Fujimo­ri. Es claro que la maniobra es real, con tiros y con rockets, con tropa invadiendo la zona, lo que habría causado no pocos crímenes horrendos, de los que no faltan testimonios muy verosímiles, recogidos por periodistas, cecedistas y por alguien que no puede ser tildado de extremista ni de enemigo del régimen, como Francisco Diez Canseco Távara, presidente de la Comisión de Paz.

Pareciera que al ver desvanecerse el proyecto reeleccionista de Fujimori fren­te a la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar, el gobierno pierde los papeles y se desborda desesperadamente, sin me­dir las graves consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.

Pero donde Fujimori y su guardia pre­toriana se han dejado arrastrar por el odio y la sinrazón es en el juicio que le abrieron a los generales en retiro que, con frecuencia, opinan en diarios, revis­tas, radios y televisoras. Son todos ellos oficiales brillantes, con juicios claros y de interés, que por eso son solicitados por la prensa para que se expresen pública­mente. Todos han sido condenados por opinar, por hacer uso de un derecho consagrado por la Constitución en favor de todos los ciudadanos. Y ellos lo son. Aunque no ciudadanos del común, sino de la elite pensante del país.

Grave injusticia se ha cometido con­tra los generales Cisneros, Pastor Vives, Jarama y Parra. Pero contra el general Salinas Sedó se está llegando al delirio de la sevicia. A él se piensa condenarlo a cuatro años por hacer uso de su libertad de expresión y en un expediente de la Caja Militar, en la que aparecía como testigo, se le ha transformado en acusa­do. Contra viento y marea, contra los más elementales dictados de la ecuani­midad política se le quiere mantener encarcelado al general que tuvo el gesto altivo de cumplir el mandato constitucional de sublevarse ante la violación militar de la Carta Magna. Al verse obligados, por la presión internacional, a ponerlo en libertad por el delito de obedecer a la Constitución, Fujimori y su guardia pretoriana, los golpistas del 5 de abril del 92, han decidido endilgarle otros juicios y otros castigos. Lo que quieren es do­blegar moralmente, con la cárcel, al ge­neral Jaime Salinas Sedó. Lo que no saben los pretorianos de Fujimori es que los hombres de a verdad mueren de pie, con la frente alta, mirando al cie­lo, no a la basura. Aunque ¿por qué decir que Salinas Sedó no obtendrá justicia y pronto?