FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¡Fuji, Fuji, qué grande sos! – Revista Oiga 1/08/1994

Hace muchos años, en Buenos Aires, vi a Perón agitar unos billetes de dólar ante una inmensa multitud, mientras pre­guntaba: -¿Han visto ustedes alguna vez un dólar?

Y la masa rugiente respondía:

-¡No! ¡No!

-¿Qué nos importa, pues, a los argen­tinos el valor del dólar?

Comentó triunfante Perón mientras arrojaba los billetes a la plaza, como si fueran papeles de basura, y ésta rugía:

- ¡Perón, Perón, que grande sos!

Fue ese un simple acto de demagogia de un caudillo ante una multitud encandilada e ignorante. Fue un gesto para lograr el aplauso fácil, para domar como mago la voluntad del público, para jugar con las masas y hacerse coronar como caudillo, como César.

Naturalmente que el espectáculo de ese día en Buenos Aires me hizo recordar a Mussolini y a las ululantes huestes fascis­tas bajo los balcones del Palacio de Venecia en Roma. Vi a un dictador en acción, haciendo teatro en la plaza pública sobre un tema sumamente delicado como era en aquel entonces la devaluación del peso argentino frente al dólar.

Pero Perón ni otros caudillos se hubie­ran atrevido a ofrecer ese mismo espectáculo ante una asamblea cerrada, ante un Parlamento -Mussolini y Hitler no lo te­nían porque consideraban a los parlamen­tos reliquias inútiles del pasado- o frente a un congreso partidario. Les hubiera pare­cido excesivo trasladar la demagogia de la plaza a una sala, donde alguien podría replicar con la razón o una minoría califi­cada retirarse ofendida por el insulto que semejante gesto significaba a la inteligen­cia y a la dignidad de los presentes.

Aquí en Lima, el señor Fujimori se ha dado el gusto de ejecutar en el Congreso de la República ese acto de prestidigita­ción con los billetes. Es claro que lo ha hecho ante un Parlamento motejado con razón de Constituyente y Democrático, porque no ha constituido otra cosa que la reelección presidencial y de democrático sólo es un remedo.

Fujimori lo que ha hecho el 28 de julio es usar el Congreso como plaza pública para ensayarse como caudillo, haciendo que los cecedistas le sirvieran de multitud. Ha colocado al CCD en el nivel que le fijó al convocarlo. De escupidera presiden­cial. Y con el barato gesto de arrojar papeles al aire en pleno hemiciclo parlamenta­rio, en una ceremonia solemne que es simbólica de nuestra nación como Perú y como República, volvió Fujimori a insistir indirectamente en una tesis varias veces repetida y hace poco expresada verbal­mente en el banquete ofrecido por él al presidente boliviano, Sánchez de Lozada: que nuestro porvenir debemos construirlo borrando las etapas posteriores a nuestro pasado precolombino, borrando a Grau y Cáceres, a San Martín y Bolívar junto con los virreyes; porque la tarea de futuro es renovar el Tahuantinsuyo. O sea borrar el Perú... ¡Bueno, al insinuar todos estos disparates -que se parecen a lo del ‘pasado’ vergonzante del Apra, es de pensar que no sabía lo que estaba diciendo en ese banquete, o que su complejo contra el Perú es de siquiatría!

Tirar billetes por los suelos es gesto demagógico para multitudes. No corres­ponde a- un acto cívico solemne y serio. Además sólo en parte es verdad que hoy valgan más los soles que los intis. Y me explico: es cierto que se está controlando la inflación, pero ni ésta está todavía bajo pleno control, ni es suficiente la baja de la inflación para vivir mejor. Hace algunos años Bolivia la llevó a cero y no cambiaron mucho las penurias bolivianas. Del mismo modo, los bajos salarios y la desocupación galopante hacen del Perú actual una aproximación al infierno y no al paraíso que pintó Fujimori lanzando billetes por los aires en el Congreso.
Según explica en esta edición el econo­mista Pennano y lo hacen otros en diver­sas ocasiones, no es tan maravillosa la política económica fujimorista, limitada a seguir al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario. Por lo tanto, si la com­paramos con las políticas de Chile, Argen­tina y México, se comprueba que hemos negociado pésimo nuestra deuda externa y arruinado nuestras exportaciones no tra­dicionales. Y si se ha recuperado la mine­ría, en gran parte gracias al éxito de la lucha antisubversiva -ayudada poderosa­mente por la caída del Muro de Berlín y su consecuente desaparición del marxismo en las universidades-, en el agro se ha pasado de la miseria a la inanición, por falta de apoyo crediticio. Y lo mismo se puede decir si colocamos a un lado la construcción de colegios y al otro la desmoralización y la hambruna del profesora­do.

En cuanto a las privatizaciones, la asombrosa compra de los teléfonos y Entel ha ocultado diversos errores en otras ventas de activos de la Nación -que eso son las privatizaciones- y sirve de cortina de humo a lo que se piensa hacer con Petroperú. Al parecer, si se hace lo que se sospecha, ocurriría algo que podría llegar a ser catastrófico conforme vaya pasando el tiempo.

Tenemos a un jefe de Estado en frenética campaña electoral, construyendo obras que se vean y repartiendo regalos a troche y moche, mientras el despacho presidencial está vacío, sin orientar las soluciones a los problemas nacionales -agro, exportaciones, descentralismo- y sin señalar rumbo en política exterior o distraídamente alentando a Cuba, Haití y Corea del Norte. El gobierno sigue andan­do por inercia, de acuerdo al empujón que recibió del Fondo Monetario y al paso que marca el bombo del Ejército.

De descentralismo y regionalización; aquí no hay nada. Aquí hay puro centralis­mo, concentrado en Fujimori y el Ejército. Tampoco hay institucionalidad alguna. Las únicas instituciones son Fujimori y el Ejér­cito. Y la fiscalización la ordena y manda Fujimori, sin meterse, claro está, con el Ejército. El en persona, sólo él, es la moralización, abrazado a las pillerías del ministro Vittor, a las obras sin licitación, a las facilidades dadas a Zanatti -para que se lleve los aviones de Aeronaves, venda Faucett y sus ganaderías-; abrazado a los militares comprometidos en el narcotráfi­co y a los asesinos de La Cantuta, ascendi­dos a expreso e insistente pedido suyo.

Es claro que hay saldos positivos -¡cómo no lo va a haber después del desas­tre aprista!- y él se encargó de mag­nificarlos y los cecedistas de exaltarlos con sus aplausos. Pero el saldo negativo es horrendo. A la gente no se le convence, se la somete; como se va a someter a los diplomáticos que serán readmitidos en estos días, después de haber sido cesados por abuso y capricho de Palacio. Igual que en otras épocas, como en otras Patrias Nuevas, se construye sin fiscalización, sin planificación, humillando, desmoralizan­do a los peruanos. Formando no ciudadanos sino gente servil y acomodaticia.

Y esto se hace sin grandeza, sin brillo, sin elocuencia, aunque fueren de oropel. Con grotescas imitaciones, como el repar­to al aire de billetes; con mediocridad chicha; con caudillismo bajopontino.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL - Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar – Revista Oiga 18/07/1994

Garantía fundamental de una elección democrática es que el voto sea secreto, universal e irrevisable el escrutinio en las mesas de sufragio, sujetas a su vez a la vigilancia y fiscalización de los personeros de los candidatos. Este es un principio electoral básico, como lo ha señalado el doctor Juan Chávez Molina, que abarca a toda la geografía del mundo democrático, aun en los países más desarrollados, donde el votó .se emite apretando .un botón de computadora. Repito, sin voto secreto, universal y escrutinio irrevisable en mesa no hay elecciones ni democracia.

Felizmente, en el proyecto de ley pre­sentado por el nuevo Jurado Electoral, Jurado bien visto por la ciudadanía por la calidad de sus integrantes, el principio arriba expuesto ha sido observado con pulcritud. Hay, pues, fundadas esperan­zas de que, en lo esencial, la verdad del voto sea respetada.

Sin embargo, el proyecto continúa manteniendo disposiciones que hacen del proceso electoral un disparate inco­herente.

En uno de sus dispositivos, por ejem­plo, se señala que el jefe de Foncodes tiene que renunciar a su puesto con seis meses de anticipación a los comicios, dada la gran influencia que este funciona­rio puede tener sobre los electores. Y sin duda es una medida sana, de acuerdo al criterio que siempre-ha inspirado la legis­lación electoral en América Latina: la autoridad que candidatee, por el simple hecho de tener mando, ejerce una pre­sión indeseable sobre el electorado y podría ser distorsionadora de los resulta­dos. Esa es la naturaleza de las cosas en nuestras tierras y es lo que corresponde precisar cuando se legisla de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestro modo de vivir y de ser. De estas poderosas razones es que se desprende la norma, todavía generalizada en América Latina, de la no reelección presidencial; pues si se juzga prudente separar de sus puestos a los funcionarios del Estado, por la influencia que pudiesen ejercer sobre sus electores, ¿cómo permitir que el supremo funcio­nario, cuyo poder llega a todos los rinco­nes del país, pueda participar en eleccio­nes desde la presidencia? Y que no se hable de que el presidente, como cual­quier funcionario, también debiera ale­jarse por seis meses de su despacho. Semejante pedido es otro soberano dis­parate, ya que un presidente en campaña no pierde un milímetro de poder, le bas­taría una llamada telefónica a sus lugartenientes en Palacio —en el caso actual a su hermano, Santiago Fujimori—, para que el gobierno actúe como él lo desee. Un presidente de vacaciones si­gue siendo presidente y la añagaza de la renuncia sería una grosera tomadura de pelo, como la bajada al llano del general Odría en el año 50.

No hay, pues, coherencia alguna entre la reelección presidencial y la renuncia de los funcionarios. Son dos concepciones diametralmente opuestas que no pueden coexistir racionalmente en una misma legislación. Habiendo reelección presidencial no tiene sentido la renuncia de funcionarios inferiores a la suprema magistratura. Y otras, por lo tanto, deben ser las normas que, en las reeleccio­nes, velen para que no haya abuso de autoridad o indebido empleo de los fon­dos públicos.

Pero el proyecto de ley electoral pre­sentado al CCD llega al colmo de la mascarada cuando mantiene a la Fuerza Armada como garante del proceso y sigue aceptando que sean dirimentes las actas de escrutinio entregadas a la cúpula castrense que, desde el golpe militar del 92, cogobierna con Fujimori y es autora de un plan de gobierno para los próxi­mos veinte años. Objetivamente, se trata de una farsa. También lo es cuando, sin explicación alguna, el proyecto conserva la serie de disposiciones que, junto con el articulado del Código Penal, prohíben a las autoridades aprovecharse de sus car­gos para usar fondos del Estado en favor de sus amigos o para ejercer presión en favor o en contra de cualquier candidatu­ra, así como la participación de policías y militares uniformados en los actos de campaña proselitista.

Son tan irreales estas disposiciones en una reelección presidencial —todas ellas abiertamente incumplidas en todos los procesos electorales de este régimen—que mueven a que nos carcajeemos de la ley propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No vemos desde ahora cómo ayudan a Fujimori los policías de su escolta y sus edecanes uniformados en el reparto de almanaques con la figura a todo color del señor presidente aspirante a candidato? ¿No son acaso estos repartos puro proselitismo electoral y una bur­la cruel a la legislación vigente? Porque grandes deben ser los gastos para impri­mir los retratos de Fujimori y mayores los de estas movilizaciones —todo a cuenta del Estado—; así como gigantesco es el pitorreo en la ley.

¿Por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, personas de ele­vado criterio, profesionales de nota, gen­tes de bien y conocedores de nuestro medio, han insistido en no borrar de la ley disposiciones que saben ellos muy bien que no se cumplirán, que el candida­to a la reelección las violará cuantas ve­ces le dé la gana y se mofará de “ellas, a sabiendas de que el Jurado no actuará contra el Poder Ejecutivo que él representa? ¿O será que, por primera vez, el Jurado hará que se imponga la ley, el orden jurídico?... Pero no sólo hay duda de que esto ocurra sino que se puede apostar con toda seguridad de que las mismas violaciones cometidas en el pro­ceso del CCD y en el plebiscito sobre la Constitución, las volverá a repetir impu­nemente, y esta vez agravadas, el señor Fujimori.

Por lo pronto anta diciendo que él no hace demagogia, que él está gobernando para el pueblo y por eso, personalmente, gira y gira por todo el país Inaugurando colegios, abriendo caños de agua, apre­tando botones de luz. No señor Fujimori, perdone que se lo diga, girar y girar por el país abandonando el despacho presidencial no es gobernar. Eso es hacer proselitismo electoral, es hacer demago­gia. Está bien, muy bien, que se inaugu­ren muchos colegios, que se amplíen las carreteras, que haya más luí y agua en los pueblos... Pero para esas inauguraciones se bastan los ministros, sus señoras, los alcaldes y prefectos. El presidente debe gobernar, o sea meditar en su des­pacho, junto con sus asesores, en cómo hacer para que en los colegios haya bue­na enseñanza; en cómo lograr para que el pago de todas las obras y regalos que se hacen en el país no salga del bolsillo de los pobres, que son los que sostienen el presupuesto con el 18% al consumo y otros impuestos indirectos; en cómo evitar que las provincias abandonen el agro y se lancen a congestionar las ciudades, porque allí el señor Fujimori regala terrenos, luz, agua y desagüe. Hacer gi­ras por los pueblos jóvenes y abandonar Palacio no es gobernar, señor Fujimori, eso es hacer demagogia. Gobernar es estar estudiando la realidad nacional y sus problemas exteriores, para no salir al extranjero y cometer la torpeza de colo­carse al lado de Haití y Cuba y suscribir en China una declaración que favorece a Corea del Norte.

Andar de gira todo el tiempo, repar­tiendo regalos sin planificación alguna, es maleducar al pueblo, es hacer dema­gogia, es hacer campaña electoral con los fondos públicos, que son fondos que se cubren con el impuesto que paga el pueblo al comerse un pan, al comprar una medicina o un libro, al hacer un viaje. El presupuesto en el Perú lo cubren los pobres, no los ricos. Basta comparar los ingresos por el impuesto a la renta con los producidos por el IGV, la gasolina y otros. Hacer demagogia con la plata del pueblo no es gobernar, es hacer campa­ña electoral.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La corrupción se tapa con silencio – Revista Oiga 13/06/1994

Como en otras oportuni­dades, que me temo no será la última, en las se­manas pasadas hubo pre­sión para que OIGA ca­llara su campaña contra el ‘picaronazo’ Vittor. Era una presión múltiple e in tensa. Al final, se limitaba a esta frase: Sigues haciendo oposición, pero en este asunto te callas. Ni siquiera te recti­ficas. Sólo te callas. ¿Qué te cuesta?

Y no cuento más porque no viene al caso. Lo cierto es que, de nuevo, había­mos tocado el talón de Aquiles del régi­men: su falta de honestidad. Un punto en el que se sabe débil y se desespera por ocultarlo. Porque en este gobierno hay deshonestidad no solamente en las fal­sas promesas e imputaciones calumnio­sas del jefe de Estado o en los despilfa­rros de sus paseos familiares -en alguna oportunidad se movilizó hasta en barco de guerra para placer de Kenyi y sus amigos-; hay deshonestidad en las obras sin licitación y sin control, concedidas a dedo; hay deshonestidad en el manejo secreto de las donaciones y es deshonesto que el jefe de Estado se pasee por el país obsequiando esas donaciones como si fuera sacadas de su bolsillo. Se habla mucho de trasparencia, pero todo se hace por sorpresa y entre bambalinas, a escondidas. Es tan ‘honesto’ el régimen que la encargada de vigilar las aduanas del país, la señora Higaona, no dice una palabra cuando su hija es descubierta dando exámenes de ingreso a la univer­sidad por medio de otra muchacha pare­cida a ella, a quien se supone se le habría sobornado ¿con las propinas de la niña Higaona? ¿Y es honesto que el jefe de Estado se haya hecho presente en la graduación de su hijo, como piloto de aviación, a sabiendas de que era un acto irregular porque el hijo había sido des­aprobado en seis cursos en el colegio, Io que hacía inválido su diploma de piloto?... La honestidad no es cuestión de montos sino de conducta. Y, si de mon­tos se habla, montones son los millones que los ‘picaronazos’ del régimen han hecho humo, como Fumanchú, sin que les ocurra nada, a pesar de las denuncia: concretas de OIGA. Al contrario, se les ha premiado con embajadas u otras ca­nonjías. ¿Y qué de las decisiones millo­narias que se toman en Palacio y de los miles de millones que pasan por él sin que nadie los controle ni vigile, porque el ‘trasparente’ ordenador de estas transacciones es alguien que no figura en plani­lla conocida ni tiene cargo ni obligacio­nes públicas? Es simplemente Santiago, el hermano. El James Bond del régimen.

Pero el caso Vittor, que es el motivo de estas líneas, ha adquirido otras connotaciones. No por el pobre señor Vittor que, como ya dije semanas atrás, poco cuenta personalmente en este asunto -es apenas otra pieza en el engranaje de la corrupción del régimen-, sino por la complicada acogida que la denuncia de OIGA ha tenido en los medios de comu­nicación. Una denuncia que tuve que hacer pública en conferencia de prensa, como resguardo por las presiones diversas que estaba recibiendo. El respaldo de las radioemisoras fue completa, salvo excepciones muy significativas. La difu­sión radial debe haber cubierto el territo­rio nacional. Pero lo que al gobierno le preocupa es la televisión. Y aquí quedó en evidencia que la declaración de Chapultepec es, para Fujimori, papel para envolver bacalao malogrado. Asis­tieron a la conferencia de prensa de OIGA Canal 11 y Canal 9, este último con un equipo completo, decidido segu­ramente por los mandos periodísticos de la empresa, de acuerdo a la resonancia noticiosa del tema. Además de cubrir la conferencia, el Canal 9 filmó una entre­vista conmigo.

Esto fue al mediodía.

En la tarde, el Canal 4 se interesó por entrevistarme, porque se iba a presentar Vittor en el canal y quería que hubiera imparcialidad. La cita fue a las cinco. A las cinco y media no hubo nada. Se aplazó la entrevista para ‘el día siguien­te’.

Esa noche el Canal 11 dio cuenta del hecho en cuatro o cinco minutos, excelentemente bien editados. Fue un mode­lo de profesionalismo ese resumen. En el 9 no apareció una sola imagen ni se leyó una línea. La conferencia no había exis­tido. El silencio fue total en todos los demás canales. Ni el ministro Vittor ni nadie abrieron la boca. Se había impues­to la política de dar la callada por respuesta. Afirmándose el gobierno en su creencia de que lo que no se habla no existe. Así se borran, con el silencio, las pruebas de corrupción de este régimen. Pero esa política no fue decisión de los mandos periodísticos de esas empresas sino imposición, con chantaje sobre sus otros negocios, del gobierno a los propietarios de los canales, gente fenicia que no tiene idea de las obligaciones culturales y sociales de un medio de pren­sa y que desconoce en absoluto lo que es el periodismo. Los canales, para ellos, son medios de presión para favorecer sus negocios más rentables y tener po­der.

Esto lo podrán negar en cuarenta to­nos y formas, utilizando a sus mejores escribientes, pero las cosas son así, como están arriba escritas. Esa es la verdad. Y en este punto sí no me equivoco porque tengo en la mano la prueba del delito. Porque eso, un delito contra la libertad de prensa, es lo ocurrido…