Pedro Gerardo Beltrán Espantoso, Cañete, Perú, 17 de febrero de 1897 - † Nueva York, 16 de febrero de 1979 - In memoriam

¡Que la historia no se vuelva a repetir...!

Francisco Igartua - Hay una perversa línea divisoria entre militares y civiles – Canta Claro 9/11/2002

En estos días electorales vemos, entre sonrientes y asombrados, a un candidato (Castañeda) asegurando que él no hace ni hará guerra sucia, creyendo que nosotros (no sé si la multitud) nos chupamos el dedo y no hemos reparado que él, Barba y Rey son la misma candidatura, mientras su oponente (Andrade) cae en la trampa de la agresión por interpósitas personas. Por lo tanto, con la vaga esperanza de que el debate de mañana sea una seria confrontación de ideas y no una riña con barras en mitad de la calle, prefiero (dejando la solemne primera persona del plural) no tocar el tema electoral y dedicar estas líneas a hacer memoria de lo que ocurrió en esta desdichada nación hace diez años. En abril del 92 un grupo de militares dio un golpe de estado para atornillar en la presidencia a Fujimori y, en noviembre, otros militares salieron en defensa de la Constitución haciendo uso del derecho de insurgencia, que en este caso era mandato constitucional, ya que los insurgentes sabían lo que le esperaba a la República con el plan de 20 a 30 años que se habían trazado los golpistas.

Comportamientos que daban vergüenza

En abril de ese año las protestas ciudadanas y las de la prensa (salvo excepciones) fueron minúsculas y muchas sólo para salvar la cara. En noviembre el comportamiento de periódicos y ciudadanos fue vergonzoso. A quienes se habían sublevado, arriesgando la vida, en defensa del orden constitucional y democrático, se les tildó de ambiciosos, alteradores del orden y golpistas. En este pobre país donde nunca se ha entendido que el orden público no es sometimiento de gobernados a mandatarios sino convenio de relación entre ciudadanos y gobernantes, un pacto social que, si se cumple, nos haría nación civilizada; en este territorio de desconcertadas gentes (como decían con razón nuestros mayores), donde hasta ahora no se entiende que rebeliones militares como aquella del 13 de noviembre del 92 son voces de alerta para que comprendamos que, el orden constitucional e institucional es respeto a la ley establecida y no a la ley que los golpistas imponen con el señuelo de "poner orden", el falso orden en el que se ha mecido desde siempre nuestra República.

Obligaciones incumplidas

La traición y la deserción (que son una constante en la historia peruana) hicieron fracasar el 92 aque¬lla noble rebelión de militares con sensibilidad democrática. Un gesto que, sin embargo, no fue del todo inútil, pues sirvió para desnudar el temple del cabecilla golpista. Fujimori, igual que años después, corrió a refugiarse en la embajada del Japón; y, luego de fracasada la rebelión, impuso el orden de siempre. Inventó un magnicidio, fraguó documentos y llevó a los oficiales constitucionalistas (ante el silencio mayoritario de la prensa y la ciudadanía) a una pantomima de juicio militar, no sin antes haberlos vejado encerrándolos en el penal Castro Castro, luego aislándolos en un viejo cuartel con ventanas tapiadas y, por último, confinándolos durante 31 meses en el Real Felipe.

Amnistiados el 16 de junio de 1995, salieron en libertad, pero sus derechos son conculcados hasta hoy, como si el viejo "orden" no perdiera imperio. De nada ha servido la Ley 27436 del 15 de marzo de 2001, pues los líderes insurrectos no son repuestos y se les niega el ascenso, la recuperación de sus tiempos de servicio y otros merecimientos que, sin solicitud de por medio, se les debería reconocer.

He querido recordar el acto de rebeldía del 13 de noviembre de 1992 para que sirva de ejemplo a los militares jóvenes y a la civilidad toda, hoy lista para hacer uso de las urnas en libertad, aunque, en el caso de las elecciones regionales, sin normas ni concierto establecidos.

Es extraño que el Congreso no pueda reivindicar plenamente a los rebeldes del 92, a pesar de que esa negativa pueda llevar a muchos peruanos de mente despejada a sospechar que nuestros políticos, con la ceguera de siempre, hayan trazado una línea divisoria entre civiles y militares, como si todos los militares hubieran sido cómplices de Fujimori, Montesinos y Hermoza. A sabiendas de que son más los civiles (entre ellos Fujimori y Montesinos) los que salieron beneficiados de la dictadura legalizada por la OEA ese mismo año de 1992. Es extraño que el Congreso no les haya otorgado un reconocimiento mínimo a quienes expusieron su vida (el general Salinas fue perseguido a balazos) para reabrir el Parlamento clausurado por Fujimori y entregar el mando al legítimo presidente (San Román). Y también es extraño que el actual presidente constitucional, doctor Toledo, no ordene reconocer de una vez por todos los méritos de quienes cumplieron el mandato constitucional de insurgencia contra el golpismo.

¡Que la historia no se pueda a repeteri...!

Francisco Igartua – Ugaz es el que debe ser investigado – Canta Claro 10/02/200

Si algo de la semana pasada ha llamado la atención en este país, “donde hasta los microbios se acojudan”, ha sido la desproporcionada y beligerante reacción del gobierno y la magistratura contra el fallo del Tribunal Constitucional, que no absolvió a nadie sino que ordenó abrir la puerta de la cárcel para que siga curso normal el juicio contra Bedoya de Vivanco.

El hasta hace pocos días procurador de la República, o sea abogado del Estado, sin decir agua va, con argumentos impertinentes, inició el pasado martes la gran confusión que se ha creado tras la polvareda desatada por la radio, la televisión y los periódicos en la mente de los peruanos. José Ugaz, el implacable procurador, avaló con su crítica lo que las "noticias" periodísticas habían sembrado con grandes y sonoros titulares (que es lo que las masas leen y oyen) dando a entender que el Tribunal Constitucional había declarado inocente a Bedoya de Vivanco, Y semejante (pero falso) comentario dejó estupefacta a la mayoría ciudadana. ¿Cómo podía ser inocente alguien a quien todos habían visto recibir dinero para hacer un sucio trabajo político en contra de los opositores a Fujimori? El escándalo, naturalmente, ha sido mayúsculo ya que las aclaraciones aparecieron en las letras pequeñas que pocos leen (como tampoco muchos leerán estas líneas) y porque no es de extrañar que nuestra sociedad, ayer aduladora de Fujimori, hoy trate de lavarse las manos vituperando todo lo que huela a su ex - ídolo.

Hasta ahora no se disipa el desmoralizante impacto de la "noticia" difundida por los medios de comunicación y resaltada por la severa declaración del exprocurador Ugaz contra el Tribunal Constitucional, posición seguida luego por el pintoresco congresista Estrada, por el apocalíptico ministro de Justicia y por otros paladines de la peliculina; alimentada a la vez por el propio Bedoya de Vivanco, quien ha dejado entrever, con desvergüenza, que no descarta reasumir la alcaldía de Miraflores.

No, el procesado Bedoya no puede reasumir ni asumir ningún cargo porque el fallo del Tribunal es clarísimo. No lo declara inocente de nada, porque al Tribunal no le compete administrar justicia. Lo que dispone es que el acusado sea excarcelado por tener el derecho constitucional a debido proceso. Situación que no se daba, pues el juez y el fiscal (no el Tribunal) dicen, en el cuadernillo que consta en autos, que no está acreditado el delito de peculado. Además, y sobre todo, porque las cárceles están hechas para castigar a los condenados luego de ser sentenciados y para retener a los acusados con antecedentes penales, a los mafiosos y a los que no den garantía de no fugar. Condiciones que no atañen al procesado Bedoya ni a otros. Es vergüenza nacional que en el Perú abunden casos de encarcelados durante ocho y más años a los que los jueces terminan condenándolos a dos o tres, sin que los agraviados tengan posibilidad alguna de ser indemnizados.

Como representativo mayor de esa justicia implacable, inquisitorial, aparece el exprocurador Ugaz. Pero su actitud bien pudiera ser pista falsa para encubrir sospechas que no ha logrado borrar. Sobre todo la sospecha de que ha sido encubridor de Fujimori, el hombre que lo nombró procurador.

Al despedirse de la procuraduría José Ugaz declaró que sólo le faltó capturar a Fujimori. Pero más bien debió decir que le faltó la principal de sus tareas: señalar a Fujimori por violación de los derechos humanos, único recurso para poderlo extraditar o llevarlo ante un tribunal internacional.

¿Por qué no lo hizo?

No fue por falta de pruebas. Ugaz conoce perfectamente los tres documentos (dos memoranda y un oficio) que a mediados de 1991, antes de que el general Hermoza asumiera el mando de la Fuerza Armada, dirigió Alberto Fujimori al Comando Militar, pidiendo primero y luego ordenando sean considerados para el ascenso todos los miembros del grupo Colina y sus jefes. Esto ocurría luego de las matanzas de estudiantes en la Universidad de Huancayo y en otros centros educativos. Tres documentos que son indicios clarísimos de la complicidad de Alberto Fujimori con el grupo Colina. Pero aquí no queda la cosa. Esos documentos dieron origen a una Hoja de Análisis del Ejército, también conocida por Ugaz, en la que se esclarece la razón del pedido presidencial: "por los trabajos especiales de inteligencia realizados en las universidades del país". De haber convocado a un militar cualquiera habría sabido Ugaz qué significa en el lenguaje castrense "trabajos especiales".

¿Por qué Ugaz no acusó a Fujimori por el delito de lesa humanidad, por lo medular del proceso contra el fujimontesinismo?. Sin ello, todo lo demás son fuegos artificiales. Fuegos artificiales que van creciendo en espectacularidad mientras se reducen las acusaciones de fondo.