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Honorables Representantes:
En el año que ha transcurrido desde el 28 de julio de 1909 se han verificado trascendentales sucesos en las relaciones externas del Perú. Hemos atravesado situaciones tan difíciles como complicadas y, a pesar de ellas, han quedado a salvo y muy en alto los intereses del país, y ha mantenido éste, al mismo tiempo, el estado de paz.
El Gobierno ha seguido una política prudente y firme sin dejarse dominar por la entidad de las amenazas que lo rodeaban, y sin abandonar la serenidad de que necesita para mirar a distancia en el porvenir de la República. Debido a ella están resueltos en forma definitiva dos de nuestros problemas internacionales y está marcado el rumbo, exento de dificultades, que ha de traernos pronto la solución honrosa del tercero. Y no está seguramente lejano el día en que desaparezcan del todo, para nosotros, las disidencias nacidas de la defectuosa manera como se constituyeron las repúblicas americanas a principios del siglo anterior.
El Perú, es visible, ha ganado, considerablemente, en prestigio ante los ojos de los extraños. Ha hecho honor, con estricta fidelidad, a la firma que puso al pie de sus compromisos solemnes; ha defendido con fe inquebrantable el principio civilizador del arbitraje; ha sido conciliador cuando ha podido serlo sin desdoro; ha rechazado imposiciones y mantenido su dignidad con altura, en todas circunstancias, sin tomar en consideración para ese efecto las graves emergencias que ante él se presentaban.
Nos hemos asociado con sentimiento sinceramente amistoso a la celebración del centenario de la República Argentina. No nos ha sido posible, por razón de las circunstancias, dar a nuestra adhesión todo el realce que los grandiosos hechos conmemorados merecían; pero debemos creer que esa República hermana conoce la profunda simpatía que a ella nos une y el placer con que contemplamos su actual engrandecimiento y sus constantes progresos.
Aceptamos oportunamente la invitación para la Cuarta Conferencia Panamericana que tiene lugar en estos momentos en Buenos Aires. A ella asisten nuestros delegados con el encargo de secundar, sin omitir esfuerzo, la benéfica labor que en pro de comunes intereses vienen realizando desde años atrás tan importantes asambleas. Hacemos votos para que sus tareas de hoy sean del todo provechosas para el noble fin en que se inspiran.
Son bien conocidos por vosotros los incidentes ocurridos en nuestras relaciones con Bolivia, después de los sucesos de julio. Tuvisteis ocasión de apreciar con todo detenimiento la situación creada en aquella época, así como el alcance y la conveniencia de los protocolos firmados en La Paz el 15 y 17 de setiembre último.
En el primero de esos protocolos se dejó constancia de la conformidad de Bolivia, con relación al laudo pronunciado por S. E. el Presidente de la República Argentina; y por el segundo, con posterioridad a dicho reconocimiento y sobre la base de la línea del laudo, se convino en un canje de territorios, adquiriendo el Perú el comprendido entre los ríos Lanza y Tambopata que pertenecía a Bolivia y obteniendo este país el determinado por la línea Heath-Illampu-Yaverija que correspondía al Perú.
Sin entrar en consideraciones respecto a los hechos anteriores y posteriores a la fecha de los protocolos, hechos que podrían alegarse para hacer resaltar la conveniencia de la política seguida por el Perú, baste, para este efecto, señalar primero: que hemos fijado definitivamente una parte considerable a nuestras fronteras, acontecimiento cuya postergación, bajo un punto de vista general, ha causado al Perú males incalculables en todo orden de cosas; y, segundo: que hemos obtenido prácticamente el dominio efectivo sobre territorios de que no estábamos en posesión.
Las operaciones de la demarcación no se han iniciado aún, pero comenzarán una vez que se venza la prórroga pactada por acuerdo de los dos gobiernos, prórroga que se extiende hasta el mes de diciembre del presente año. Se han dado los pasos necesarios para contratar una comisión de oficiales ingleses que tendrá la misión de dirigir dichas operaciones.
Nuestro antiguo litigio de límites con el Brasil ha quedado definitivamente resuelto, mediante las disposiciones contenidas en el tratado de 8 de setiembre de 1909, que completan la determinación de fronteras iniciada en 1851. En el mismo tratado se han establecido principios generales sobre comercio y navegación en la cuenca del Amazonas.
A vuestra aprobación formulada en enero último, ha seguido la del Congreso del Brasil, que tuvo lugar el 28 de abril, habiéndose efectuado el canje de las ratificaciones el 2 de mayo. El Gobierno de la República vecina dictó, oportunamente, las órdenes necesarias para que los funcionarios brasileños que se encontraban en el territorio adjudicado al Perú se retiraran de él. Desde esa fecha, por lo tanto, hemos adquirido la posesión de las cuencas del Alto Yurúa y del Alto Purús, o sea la totalidad de la región que había sido entregada a la administración mixta en 1904 y además el curso alto del Envira hasta el paralelo 10°; la orilla meridional del Santa Rosa y el territorio comprendido entre la línea que bordea, desde Catay, la Hoya del Purús y la determinada por el río Chambuyacu y su meridiano.
La opinión pública ha dado su veredicto favorable a la aprobación del tratado, no sólo porque el importe una ventaja considerable sobre la situación creada por el modus vivendi de 1904, sino también, porque ha afianzado nuestra cordialidad con el Brasil. Tal hecho ha sido singularmente grato para nosotros, tanto por la simpatía que nos ha merecido siempre aquella grande y próspera República, cuanto por el concepto que abrigamos acerca de su valiosa amistad; concepto al cual se une hoy un sentimiento de sincera gratitud que acontecimientos recientes justifican plenamente.
El tribunal encargado de resolver las reclamaciones de peruanos y brasileños a que se refiere el protocolo de 1904 concluyó sus labores el 30 de junio último.
En abril del presente año se firmó en Bogotá la Convención destinada a fijar el procedimiento que conduce a poner término a las reclamaciones de peruanos y colombianos con motivo de los sucesos ocurridos en el Putumayo. El barón de Río Branco, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, ha sido designado para presidir el tribunal mixto. Nuestro objeto al convenir en las estipulaciones de ese pacto ha sido mostrar al Gobierno de Colombia que estamos animados de un sincero deseo para llegar a un avenimiento amistoso en las cuestiones pendientes entre ambos países y que nos guía un espíritu de alta equidad, el que se sobrepone a las quejas que con sobrado título podemos formular en vista de las públicas demostraciones de animosidad que se produjeron en Colombia en contra del Perú, en momento en que parecía inevitable el conflicto peruano-ecuatoriano.
No se ha limitado a esto nuestra Cancillería. Ha propuesto, en efecto, a la de Colombia la celebración de los pactos necesarios para resolver en forma honrosa y satisfactoria para las dos partes interesadas, el litigio sobre límites y las divergencias nacidas de la situación de hecho que hoy existe. Aquella Cancillería estudia actualmente la indicada propuesta.
No se ha modificado la política de Chile con relación a las provincias peruanas que indebidamente ocupa. Siguiendo el plan iniciado hace algunos años y que tuvo como principal exponente el proyecto de construir el ferrocarril a La Paz, ha perseverado en el propósito de poner en práctica todos los medios que conducen a la supresión del elemento peruano residente en el territorio de Tacna y Arica. Ha perseverado también en su acción externa con sus fines y recursos.
El Perú ha estado dispuesto a borrar definitivamente los recuerdos de la pasada contienda sin exigir otra cosa que el cumplimiento estricto del mismo pacto que tradujo el éxito de Chile. Destinada nuestra justa pretensión y desconocidos nuestros reclamos, nos hemos visto obligados a cortar nuestras relaciones diplomáticas con ese Gobierno.
Los últimos esfuerzos hechos por nuestra Cancillería antes de que se produjera esa ruptura prueban elocuentemente que no hemos omitido medio para obtener un avenimiento dentro de las estipulaciones del tratado de Ancón, cuyo cumplimiento hemos perseguido incesantemente. Gestiones serenas para conseguir la revocatoria de las medidas hostiles adoptadas en Tacna y Arica contra nuestros compatriotas, concesiones razonables en la discusión de las condiciones plebiscitarias; todo fue inútil para vencer la tenacidad de nuestros vecinos. Llegó el instante en que casi simultáneamente tuvimos conocimiento de los siguientes hechos: expulsión violenta de los sacerdotes que servían el culto católico en el territorio ocupado; acción directa o indirecta de las autoridades para privar de todo trabajo a los habitantes de nacionalidad peruana; otros hechos graves relacionados con las expectativas de un conflicto armado con el Ecuador; e insistencia, por último, para que el Perú aceptara un reglamento y que en esencia significaba el medio de asegurar a todo evento el éxito a favor de Chile.
Las circunstancias probaban, pues, que nada podía esperarse de nuevas gestiones o razonamientos, y que no podíamos ni debíamos seguir otro camino que el de retirar nuestra legación acreditada en Santiago, el que adoptamos, no obstante las complicaciones internacionales que por entonces también surgieron, o sea, la petición de Colombia en orden a la desocupación por parte nuestra de todo el territorio que pretende, y la propagada iniciada en el Ecuador tendente a presentar al Perú, en forma clara, este dilema: el arreglo directo satisfactorio para el Ecuador o la guerra.
En el país a que acabo de aludir ha ocurrido en los últimos meses algo que parecía inverosímil en el orden de las suposiciones. Manteníamos con el Ecuador relaciones absolutamente cordiales y amistosas, no se había alterado la situación existente desde que se reanudó el proceso arbitral seguido en Madrid, no se había presentado motivo alguno de queja contra el Perú, el proceso seguía su curso natural y, no obstante todo esto, se inicia repentinamente una serie de manifestaciones hostiles contra nosotros en Guayaquil, Quito y otros centros ecuatorianos. Sus hombres públicos, su prensa, sus juntas patrióticas, nos acusan de tener pretensiones exageradas, nos acusan de no cumplir nuestros compromisos, al mismo tiempo que comentan el laudo español posible, desconociendo su fuerza obligatoria, y hacen demostraciones públicas, a favor de los países que tienen con el Perú cuestiones pendientes. El Perú, entretanto, se mantiene sereno. Sin responder a ellas, pide tranquilamente a ese Gobierno que cumpla con su deber, que impida esas manifestaciones inexplicables en situación de paz y hace la reflexión de que la protesta contra el arbitraje es inadmisible aún cuando se le considere sólo bajo el punto de vista de la apreciación de la línea señalada como frontera probable, pues ésta importa un triunfo para el Ecuador, que adquiere mediante ella territorios que nunca ha poseído.
Tales reflexiones resultan ineficaces. El Gobierno ecuatoriano nada hace para detener la corriente. Lejos de eso, la sigue a su vez y nos insinúa la conveniencia de entrar en negociaciones que se apartan del compromiso vigente. Las manifestaciones hostiles contra el Perú degeneran al fin en violencias y se producen los graves sucesos del 3 de abril. La violencia encuentra al fin eco entre los nuestros, pero el Gobierno logra con gran esfuerzo contener sus efectos y exige las reparaciones indispensables en armonía con el decoro del país.
Estos son los antecedentes de la reclamación diplomática entablada por el Perú a raíz de los acontecimientos a que me he referido, la que no fue solucionada inmediatamente, porque no admitimos el criterio con que el Gobierno ecuatoriano la examinó olvidando el carácter de provocación que los censurables actos indicados tuvieron. Este carácter, así como el móvil principal que parecía determinar la actitud del Ecuador, o sea el propósito de eludir el compromiso arbitral, nos puso en el caso de prepararnos resueltamente para afrontar la eventualidad de la guerra, actitud que el país entero secundó inmediatamente con un vigor y una decisión superiores a todo encomio. Pocas semanas bastaron para modificar sustancialmente nuestra situación militar.
Fue en estas circunstancias cuando tuvo lugar la oferta de la mediación presentada por los gobiernos de la República Argentina, del Brasil y de los Estados Unidos. Este acontecimiento de importancia excepcional detuvo la posibilidad del conflicto. Ambos gobiernos la aceptaron, quedando desde entonces el incidente y las eventualidades contempladas por la oferta, sometidos a la acción de los mediadores que iniciaron y desempeñan, actualmente, su noble tarea con resolución firme e inspirados por un sentimiento de justicia que merece el más profundo respeto. Me hago en este momento intérprete de la opinión del Perú, al renovar públicamente nuestra gratitud por los levantados móviles que quieren servir. Esos móviles llevan al mantenimiento de la paz que no debe ser turbada con motivo de las expectativas de un arbitraje solemnemente pactado e importan la realización de un ideal de solidaridad por la justicia.
Nuestra confianza en los mediadores es absoluta. Aparte del fin que persiguen hay que considerar el propio prestigio de los respetables gobiernos que actúan en el asunto, el precedente que van a establecer y el conocimiento que han adquirido de la materia que se debate. Es por esto que hemos mirado con simpatía y sin sombra alguna de recelo los pasos que hasta ahora ha dado la mediación y nos hemos inclinado, con la mayor deferencia y sin hacer reservas, ante las indicaciones que se nos han hecho para el retiro de nuestras fuerzas de la frontera y para su licenciamiento hasta llegar al pie de paz. Esta última medida es prueba de la seguridad que abrigan los mediadores acerca del éxito de sus gestiones, seguridad que ningún obstáculo ha podio turbar.
Se comprende esta firmeza por la convicción que tienen los tres gobiernos de la invencible fuerza moral de que disponen al haber adoptado, como fundamento de su acción, la imparcialidad y la necesidad de fundar una tradición americana de respeto al orden, al derecho y a las consideraciones que mutuamente se deben las naciones. No es aventurado, por tanto, anticipar desde ahora que el éxito de la mediación será feliz y que el actual estado de paz en este continente tendrá efecto permanente en lo futuro, como consecuencia de haberse antepuesto la eficacia del ejemplo a las asechanzas de la fuerza.
En el protocolo propuesto en Washington el 13 del presente mes, está expuesta la marcha venidera de la mediación, en armonía con las bases e indicada la garantía necesaria para su ejecución.
En atención a los sucesos antes descritos y teniendo en cuenta el incidente que con motivo de ellos había surgido, el Gobierno de Su Majestad el Rey de España creyó conveniente suspender todo procedimiento mientras subsistiera la agitación y así lo comunicó a las partes interesadas, indicando, al mismo tiempo, que, si éstas lo creían conveniente, podían entretanto discutir directamente sobre la cuestión de límites. El Gobierno ecuatoriano pretendió interpretar esta indicación en el sentido de que el juicio arbitral no podría reanudarse sin el consentimiento expreso de ambas partes, en lo que, naturalmente, no convino el Gobierno de Su Majestad el Rey de España, por cuyo motivo expresó, con toda claridad, el derecho inherente al cargo de árbitro que se le había conferido.
La discreción y la elevación de miras del árbitro son visibles, nadie puede ponerlas en duda. Por nuestra parte, cumplimos un deber al deferir a la indicación de aplazamiento. No significa este paso la declaración de la posibilidad de arreglo directo, posibilidad que desapareció del todo después de la tentativa hecha en 1890, en cumplimiento de la cláusula 6ª del tratado de 1887. La reapertura del proceso de arbitraje se debe precisamente a esa convicción, como se debe también a ella la franca y leal respuesta que dimos al Gobierno de Washington al estudiar la proposición que, con ánimo generoso y desinteresado, nos hiciera antes de que se verificaran las manifestaciones populares ecuatorianas. Por otra parte, es útil advertir que el Ecuador, que tanto ha insistido en esta idea del arreglo directo, lo ha planteado últimamente, no como una tentativa de solución que convenía ensayar nuevamente, subsistiendo el compromiso del sometimiento al fallo arbitral, caso de no realizarse el arreglo, sino como una solución absoluta que suprime previa y definitivamente el arbitraje. Es incuestionable que la adopción de semejante plan no es admisible. Y en cuanto a la aceptación de una tentativa análoga a la de 1890, es evidente que no tiene utilidad práctica, porque la misma línea eventual que se ha combatido en el Ecuador va más allá del máximum de las concesiones posibles que podríamos hacer a ese país, con ánimo equitativo, en una discusión directa.
Hemos acreditado recientemente una legación en Venezuela y ha sido recibida en Caracas con el afecto y cortesía que era de esperarse, dada la tradicional cordialidad de nuestras relaciones con aquella República hermana.
Cumplo acto de justicia al hacer especial mención de la noble actitud de la Santa Sede, cuyo Gobierno ha mantenido con firmeza la jurisdicción eclesiástica del obispo de Arequipa sobre los territorios de Tacna y Arica, a pesar de las perseverantes gestiones hechas en contrario por Chile y del apremio que importa el desamparo en que se encuentran hoy esas poblaciones, bajo el punto de vista de las prácticas del culto.
Nos hemos esforzado por estrechar, en la medida de lo posible, los lazos que existen entre el Perú y los demás países amigos que no he mencionado. Sin más restricción que la que nos ha impuesto las circunstancias, hemos aceptado con el mayor agrado diversas invitaciones para asistir a conferencias, congresos y certámenes internacionales. Por estos medios y por todos los que estén a su alcance, continuará mi Gobierno, con empeño, la grata labor de mantener vivos y cada día más cordiales los vínculos que unen al Perú con todos los demás pueblos amigos.
GOBIERNO
Nuestros pueblos, en quienes va acentuándose un progreso educativo cada día más satisfactorio, se han distinguido por su respeto a los poderes constituidos y su obediencia a los mandatos que de ellos emanan. El Gobierno, por su parte, se ha esmerado en la estricta ejecución de las leyes, y procura armonizar sus orientaciones políticas y de administración con los dictados de la opinión pública, quedando, así, el orden social asegurado mediante el concurso de los elementos que lo sustentan y defienden. Ellos aún en los momentos de más intensa excitación, con motivo del conflicto provocado por el Ecuador, han dado inequívocas pruebas de cultura.
Las manifestaciones patrióticas con que el país respondió a los ataques a nuestra legación en Quito y a nuestro Consulado en Guayaquil, originaron pequeños desórdenes en Lima y Callao, como consecuencia de los cuales resultaron perjudicados en sus intereses algunos ciudadanos ecuatorianos y también peruanos.
Con el fin de reparar tales perjuicios, se dispuso que dos juntas, constituidas en uno y otro lugar, se encargasen de recibir las reclamaciones y valorizar los daños a fin de serles indemnizados. Dichas juntas han procedido con toda actividad y pronto darán cuenta de su cometido.
La residencia de nuestros nacionales en el Ecuador se hizo insostenible, por las hostilidades, persecuciones y ataques de todo género, que se les infería, situación a la que el Gobierno atendió, con el mayor interés, disponiendo su repatriación y otorgando pasaje y flete a todo el que lo solicitaba. Han llegado así, más de tres mil repatriados, sin contar mujeres y niños. Debo expresar, con tal motivo, nuestro reconocimiento al Gobierno americano y a su cónsul en Guayaquil por haberse encargado de nuestros intereses en aquel puerto.
Construyóse en Paita espaciosa barraca para que hiciesen en ella la cuarentena de seis días que dispone el reglamento de sanidad y debido, en gran parte, a esta medida, se ha evitado la importación de las pestes que son endémicas en Guayaquil.
Ha sido preocupación del Gobierno procurar a los repatriados trabajo en armonía con sus aptitudes y en este orden se ha hecho con solicitud y continuará haciéndose cuanto sea posible.
La necesidad de nueva ley dictada en forma que garantice la efectividad del sufragio es ya inaplazable.
En mi último mensaje expuse algunas consideraciones tendentes a demostrar la conveniencia de sustraer el proceso electoral de la influencia de los partidos políticos. Llamo, otra vez, vuestra atención hacia esas mismas consideraciones que tienen, a mi juicio, sólido fundamento a fin de que el sufragio sea verdadero exponente de la voluntad popular. Para ello es necesario, en primer término, que las juntas electorales sean tribunales de estricto derecho y que no predominen en ellas los intereses de carácter político.
No desconozco que esta hermosa idea es fruto de un gran progreso y cultura; pero debemos hacer todo esfuerzo por alcanzarlo; y dentro de este propósito debe inspirarse la reforma de la ley que os recomiendo. Se hace indispensable la ley de funcionarios políticos que reemplace a la de 1857, dictada con el criterio de una centralización que ya no existe y que correspondía a una administración incipiente. Llamada esa ley, por su naturaleza a pesar de haberse dictado en época anterior, a ser complementaria de la Constitución, como lo fue de la Carta Política de 1856, sus preceptos no armonizan en parte con leyes posteriores dadas, y esto origina frecuente desconcierto a las autoridades porque las priva de norma segura para sus procedimientos y determina esa languidez de que adolece nuestra administración local.
Si bien es cierto que el Ejecutivo presentó a la Legislatura de 1891 un proyecto a este respecto, él no llegó a sancionarse, y como en el transcurso de veinte años, ha variado mucho nuestra legislación administrativa, no satisfaría, tampoco, las exigencias de la administración actual. Con tales antecedentes se ha acordado formular nuevo proyecto que contemple el asunto bajo sus diversas fases y que os será sometido oportunamente.
Vuelvo a expresar la urgente necesidad de nueva ley de imprenta que, garantizando la libre emisión del pensamiento, reprima sus desbordes. Los gobiernos que procuran amoldar sus actos con los dictados de la opinión pública, no pueden querer, en manera alguna, que se ponga una barrera a esa fuente en que se inspiran, cuando se procede de buena fe, las verdaderas conveniencias nacionales. Lejos de eso, encuentran necesaria la oposición, saludables sus censuras, aceptables a veces hasta sus acrimonias y no ven en ella un enemigo sino al adversario que disputa en el campo ilimitado de las ideas la dirección de los negocios públicos. Pero se debe insistir y hay que demandaros pongáis término a los excesos de la prensa, a esa tendencia delictuosa que, al amparo de la más condenable impunidad, ha convertido a de ella en amenaza contra el orden social, la moral pública y aún contra la tranquilidad del hogar que no se ha visto, en determinadas ocasiones, exento de sus dicterios e impudicias.
Ley de este alcance es necesidad de interés social, salvaguarda de la honra personal, y no dudo que la dictaréis con la preferente atención que reclama.
La Policía en el Perú está distante del nivel a que debe llegar y si bien puede decirse que evoluciona, lentamente, fáltale aún mucho por adquirir. Contando como base con los estudios que el Gobierno tiene encomendados, está preparándose en el Ministerio del ramo el proyecto de reforma que abarcará la cuestión en sus variados e importantes aspectos. Precisa imprimir a nuestra Policía un carácter definido, dotándola de personal, leyes y reglamento armónicos, que satisfagan las necesidades de la época, y amoldarla, en cuanto sea posible, a las instituciones avanzadas de otros países del continente, propendiendo así al plan, que hoy existe, de crear un tipo de policía sudamericano. Es tan posible como necesario realizar este pensamiento desde que en estas nuevas nacionalidades, existe homogeneidad de intereses, de costumbres y tendencias; y desde que, uniformando y vinculando las administraciones policiales, se acrecentarán, también, el progreso y vinculaciones de los pueblos.
La reforma que prepara el Gobierno gira sobre dos puntos esenciales: la metódica y constante instrucción profesional de los ciudadanos que deben desempeñar los puestos de jefes y oficiales del ramo; y el otorgamiento de goces que conviertan a la Policía en respetable carrera pública. Poco se avanzaría dictando leyes y resoluciones supremas por atinadas que fuesen, si nada se hiciese por llevar a los empleados superiores el indispensable contingente de instrucción técnica y experimental, y si los poderes públicos no enaltecen y premian a quienes, por sus servicios y abnegados esfuerzos, tienen derecho a ulterior recompensa. Instruir y estimular he aquí, en síntesis, la reforma de que me ocupo.
La Ley de expulsión de extranjeros perniciosos pende aún de vuestra deliberación. Los deplorables atentados cometidos hace poco en Buenos Aires por obra de extranjeros criminales y la fundada presunción de que esos malos elementos, al ser expulsados de allí y de otros países de América, arriben a nuestras playas, es un motivo más que debe pesar en vuestro ánimo para expedir, a la mayor brevedad, aquella ley, hoy impostergable.
Os recomiendo, también, el proyecto que confiere al Ejecutivo la facultad de expedir las cartas de naturalización. Hace 5 años que está pendiente de vuestra aprobación, y sus fines son de trascendente importancia.
Se ha contratado con el eminente escultor español Benlliure la construcción del monumento al Generalísimo José de San Martín. Actualmente se halla en obra y será entregado a fines del año entrante, cuando podremos, mediante su erección en esta capital, cumplir la deuda de gratitud que con él tiene contraída la República.
Los ramos de Correos y Telégrafos han obtenido un mayor ingreso de Lp. 2.828.2.34, sobre un presupuesto de Lp. 109,500 calculado para 1909.
La línea telegráfica ha recibido en el año un aumento de 593 kilómetros y hoy alcanza en la República una extensión de 10,427.
Constrúyese nuevas líneas de longitud considerable y puedo afirmaros que el país contará, en breve, con la ventaja inapreciable de que todas sus provincias se comuniquen por telégrafo con esta capital.
La estadística postal ha dado el siguiente cómputo: 19.606,511 piezas giradas por estafeta y 237,000 encomiendas que han rendido, por derechos de importación, Lp. 22,586. Los giros nacionales han sido 16,995, con un valor de Lp. 137,500; y los internacionales 5,741 que han ascendido a Lp. 28,400.
Se han creado 25 servicios de posta y se han establecido 50 oficinas, de las cuales corresponden 19 a este ramo y 31 al de telégrafos.
El despacho de encomiendas con Alemania, que va incrementándose, ha determinado un acuerdo entre ambos gobiernos que permite el cambio directo de las mismas con peso mayor de 5 kilogramos.
Se ha celebrado también pactos de importancia con los Estados Unidos y el Japón para el mejoramiento del servicio de encomiendas con el primero y para el cambio de giros con el segundo.
Con los rápidos viajes de los vapores de la Compañía Peruana y el establecimiento de agencias postales a su bordo, se ha obtenido, asimismo, notable ahorro de tiempo en el servicio de correspondencia por el istmo y se procura que él sea cada día mayor.
JUSTICIA
Dentro de la órbita de sus atribuciones constitucionales, el Ejecutivo y el Poder Judicial han mantenido cordiales relaciones, procurándose la mejor elección del personal con que han sido provistas las vocalías de cortes superiores y judicaturas de primera instancia.
En la última Legislatura Ordinaria fueron sometidos a vuestra consideración los proyectos de reforma del Código de Procedimiento Civil, la ley de organización del Poder Judicial y la ley del notariado, formulado por el comité de reforma procesal a cuya competencia y celo debe el país ese importante cuerpo de leyes que renuevan nuestra legislación civil y satisfacen necesidad largo tiempo sentida. Inútil es encareceros la urgencia de darles inmediata sanción.
Pende, igualmente, ante las Honorables Cámaras el proyecto de ley relativo al establecimiento de jueces de paz rentados en las provincias de Lima y Callao, llamando a mejorar la administración de justicia de menor cuantía, cuyas deficiencias importa remediar.
Preocúpase actualmente el Gobierno con el problema de la criminalidad tan íntimamente vinculado al perfeccionamiento moral de los pueblos.
La formación de la estadística criminal, la creación de una junta consultiva en materia de prisiones que asuma el control de los establecimientos de este género y la conveniente reglamentación de los mismos permitirán el ejercicio de las acciones preventiva y represiva de la delincuencia, con la eficacia deseable.
La falta de establecimientos penales adecuados ocasiona dañosas consecuencias de honda trascendencia social.
La terminación de las 3 cárceles y su reglamentación en forma conveniente a las necesidades de la época, remediarán nuestra situación a este respecto.
Desgraciadamente el año último fue necesario rebajar en no despreciable suma la partida del Presupuesto destinada a tal objeto. A ello se debe que esas obras estén paralizadas; pero es de esperarse que el próximo ejercicio administrativo permita reanudar los trabajos con toda la actividad que es menester.
En vista de los provechosos resultados obtenidos hasta hoy por la Academia Musical y penetrado el Gobierno de sus deberes en orden a la cultura artística del país, se propone someteros un proyecto que convierta la Academia en institución nacional.
Promulgada la ley que impone al Ejecutivo la obligación de atender a la alimentación de presos, se ha reglamentado dicho servicio de manera que garantiza su eficacia y consulta la mayor economía para el fisco.
Se ha concedido el pase a las bulas que instituyen obispos de Chachapoyas, Puno, Trujillo, Cuzco y Cajamarca a los ilustrísimos señores Emilio F. Lissón, Valentín Ampuero, Carlos García Irigoyen, José Gregorio Castro y Francisco de Paula Grosso, que ya han asumido el gobierno de sus respectivas diócesis.
En virtud de la ley de reorganización del Ministerio de Justicia, la Sección de Beneficencia –comprendida antes en el de Fomento- corre hoy a cargo de aquel y funciona con la mayor regularidad, demostrando así lo conveniente de la reforma que ha permitido reducir, en casi su totalidad y sin menoscabo del buen servicio, el personal de dicha sección.
Elabórase proyecto de ley en virtud del cual se hará efectiva en el Registro de la Propiedad Inmueble la inscripción de los bienes de esta clase que poseen las beneficencias de toda la República, evitándose así pérdidas de consideración.
Centralizado en la Dirección General de Instrucción Pública, el control técnico y administrativo de la enseñanza, se ha dado un gran paso en el sentido de unificar la educación nacional, cuyos métodos, orientaciones y tendencias es preciso armonizar.
Ha llegado el momento de pensar en la reforma de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que debió realizarse en 1906 y que no se efectuó a consecuencia del cambio de régimen operado por la supresión del Consejo Superior. Con tal fin y atendida la necesidad de dar unidad y armonía a la legislación escolar, el Gobierno ha nombrado una comisión de personas de reconocida versación que prepara un proyecto de ley sobre la materia.
El Consejo Superior de Educación, que presta importantes servicios como cuerpo consultivo, ha sido modificado en la composición de su personal, dando representación en él a los distintos grados de la enseñanza, de conformidad con los fines que determinaron su creación.
Penetrado el Ejecutivo de la elevada misión de cultura que las universidades están llamadas a realizar en la vida nacional, ha continuado dispensándoles su más decidido apoyo dentro de la esfera de sus atribuciones legales.
Sin desconocer las ventajas del régimen autonómico de las universidades, que permite a estas instituciones desenvolverse en un ambiente libre de ajenas influencias, hay que convenir en que, tratándose de las universidades menores, dicho régimen resulta inadecuado. En vista de ello el Gobierno estudia la forma de encomendar a alguna de las autoridades superiores del ramo de instrucción la súper vigilancia de dichos institutos y al efecto os presentará el proyecto respectivo.
La reforma introducida en la segunda enseñanza por la ley de 1902 produjo relativa desorganización en los estudios, siendo indispensable modificarla en armonía con las condiciones peculiares a nuestro medio pedagógico.
Mientras tanto y con el fin de remediar, en lo posible, este estado de cosas, se ha procedido a hacer nueva distribución de asignaturas con programas analíticos que están dando mejor resultado que los sintéticos.
En el curso del presente año quedarán terminadas las obras que actualmente se llevan a cabo en el local del Colegio de Guadalupe. Pronto, pues, contará la capital de la República con edificio digno de figurar entre los mejores de su género.
Consecuente con el propósito de dar cada día mayor impulso a la enseñanza industrial, llamada a influir directamente en el desenvolvimiento económico del país, se han creado en el año último secciones especiales en siete planteles de segunda enseñanza.
Los presupuestos de los colegios de instrucción media que, cuando el Gobierno asumió la dirección de este ramo, sólo llegaban a la suma de Lp. 44.222.150, ascienden en el año actual a Lp. 73.679.171; lo que evidencia el incremento que va tomando este grado de la enseñanza.
Vinculado estrechamente el porvenir del país al desarrollo de la educación popular que, al difundir la cultura, eleva el nivel moral de los pueblos, despertando en ellos ideales y justas aspiraciones, es la escuela la que debe completar lenta, pero sólidamente, esa obra de regeneración nacional.
Inspirado en estas ideas, el Gobierno se preocupa en mejorar cada día más la enseñanza primaria, prestando solícito cuidado a la organización y buen funcionamiento de las escuelas fiscales, que en el presente año llegan al número de 2,159, con un total de 153,901 alumnos matriculados; cifra relativamente halagadora, si se tiene en cuenta las economías introducidas últimamente.
Desde 1905 en que el Gobierno tomó a su cargo la instrucción primaria, ha aumentado gradualmente la cifra de asistencia, avivándose el interés de todos por la escuela popular.
Tan importante reforma tuvo su origen en el sano principio de que siendo la educación función del Estado, al Gobierno corresponde el control y vigilancia en materia de instrucción.
Débese, asimismo, fomentar el interés de las localidades en orden a las escuelas y darles oportunidad de manifestarlo con la mayor amplitud y libertad posibles, sin menoscabar la acción del Gobierno ejercida por medio de agentes administrativos especiales.
El personal de inspectores de instrucción primaria ha sido reducido durante el año a las tres quintas partes de su número, sin menoscabo alguno de la organización general, ni de la marcha de la instrucción primaria en todo el país.
La Escuela Normal de Varones, en cuyo plan de estudios se han introducido importantes reformas, continúa prestando útiles servicios al país; habiendo terminado su aprendizaje, durante el año último, once normalistas que obtuvieron el respectivo diploma preceptoral.
Los maestros enviados a Estados Unidos con el objeto de perfeccionar su educación profesional, en institutos superiores de ese país, se harán en breve cargo de los puestos que el Gobierno les designe y contribuirán en ellos a difundir los métodos más avanzados de enseñanza y de organización escolar que han tenido oportunidad de conocer ampliamente.
Las escuelas normales de mujeres de Lima y Arequipa funcionan con toda regularidad; habiéndose sometido al conocimiento del Consejo Superior de Educación un proyecto de reforma del plan de estudios vigente en el primero de los institutos nombrados.
La Sección de Bienes y Rentas Escolares, que interviene en todo lo relativo a la propiedad escolar y a la exacta percepción de la renta, se ocupa, actualmente, en la formación del respectivo margesí.
Urge proceder a la organización de los títulos de los inmuebles escolares de toda la República que, en su mayor parte, carecen de ellos, así como a su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Es satisfactorio declarar que muchos pueblos han respondido al llamamiento que les hizo el Gobierno para que llevaran a cabo la construcción de casas escuelas con el trabajo gratuito de sus habitantes, demostrando así el creciente interés con que todos cooperan a la obra de la educación nacional.
GUERRA
Hemos tenido ocasión de apreciar, debidamente, los progresos militares del país. En el transcurso de un año se han movilizado dos ejércitos, operación trascendental y difícil, dados los recursos de que se disponía, lo reducido de los efectivos del pie de paz y los obstáculos naturales en la reunión de los contingentes de reserva. Pero, merced a la organización de nuestro servicio regional, a la práctica adquirida por el Estado Mayor General, a la actividad de nuestros oficiales y al concurso de las autoridades políticas, la movilización tuvo, en ambos casos, tanto en el sur de la República, primero, como en el norte, después, el éxito más brillante quedando en poco tiempo concentradas las fuerzas que el Gobierno mandó organizar.
En mayo último alistamos 23,000 hombres con sus respectivos Estados Mayores y servicios auxiliares de Sanidad e Intendencia, organizados en forma permitía desarrollar, con probabilidades de éxito, el plan de operaciones hábilmente combinado por el Estado Mayor General.
Muy halagador es para el patriotismo dejar constancia de ese hermoso resultado, obtenido por la abnegada labor de nuestra oficialidad y la entusiasta cooperación de los ciudadanos que, acudiendo, sin distinción de clases, al llamamiento de las reservas, convirtiéronse, al poco tiempo, de simples reclutas en soldados expertos para defender la honra y la integridad de la nación.
Conviene, ahora, pensar en el futuro y aprovechar las lecciones de la experiencia, subsanar las deficiencias advertidas a fin de poder dotar al país de un sistema militar en armonía con las modernas exigencias de la guerra y con las que, eventualmente, se vea obligado a afrontar en defensa de sus derechos. Con este objeto el Estado Mayor ha formulado varios proyectos que, oportunamente, serán sometidos a vuestra consideración.
Entre ellos reviste particular importancia el relativo a la formación de oficiales de reserva, llamados a proporcionar los cuadros que deben servir de base para pasar del pie de paz al de guerra y cuya conveniente preparación técnica es cada día más urgente.
No menos imperiosa es la necesidad de una ley de requisición de ganado que permita al Ejército disponer, en caso de guerra, del número de acémilas indispensable para su rápida movilización. El proyecto de ley formulado al respecto, consulta los derechos de los propietarios y las exigencias razonables de una buena organización militar.
Es, también, indispensable dar al Ejército la estructura que permita el simultáneo desdoblamiento de los efectivos al pasar del pie de paz al de guerra, sin deficiencias de personal, ni de dirección y a este efecto se impone la permanencia de los comandos de regimiento y de división con sus respectivos Estados Mayores, como único medio de que puedan actuar, en cualquier emergencia, dentro de una zona o región determinada del territorio.
Así, quedaría la militarización de cada zona encomendada a un comando regional y podrían distribuirse los efectivos de cada división entre sus principales poblaciones. De éstas se escogerían las más adecuadas por su topografía, recursos naturales y condiciones higiénicas para la construcción de cuarteles modernos, sin los cuales no es posible satisfacer las necesidades de la tropa, ni retener en ellos a su oficialidad en la forma deseable. El Gobierno presta a este punto toda la preferente atención que merece y por eso edifica, actualmente, en Carhuamayo un cuartel que servirá de modelo y que tendrá capacidad para alojar holgadamente 1,000 hombres. Sólo con esta organización regional será posible instruir a gran número de reclutas, en su propia localidad, con notable economía de gastos para el fisco y sin exponerlos a las enfermedades provenientes de la falta de alimentación.
Para llevar a la práctica esta vasta y saludable reforma, se ha proyectado la demarcación militar del territorio en cinco regiones o zonas, que corresponderán a otras tantas divisiones de las tres armas, con sus respectivos Estados Mayores y servicios auxiliares, cuyos comandantes generales tendrán el alto comando de la división y la dirección de las oficinas del servicio regional.
Así se hallarán, en caso de guerra, en aptitud de preparar la movilización de su zona y de ejercer la jurisdicción militar, hoy encomendada a los prefectos.
El Gobierno ha contratado, sin ahorro de esfuerzos, la adquisición de material de guerra de los sistemas más modernos en número que excede en mucho a lo que en ese orden se había hecho desde la guerra del Pacífico y que responde a las exigencias del momento; pero con eso no quedan satisfechas ni sus necesidades eventuales, ni lo que la defensa permanente del país exige. El país quiere vivir armado y así lo ha manifestado en forma elocuente en más de una ocasión. Se debe, pues, llevar a la realidad ese justísimo anhelo nacional que rompe con la paradoja de “Su fuerza estriba en su debilidad” y se os propondrá proyecto de ley con ese objeto.
Continúase activamente los trabajos de fortificación de la costa. En la fortificación del Callao se ha instalado ya la batería Alfonso Ugarte, cuya prueba dio excelente resultado; se ha comenzado el trabajo de la otra batería, que estará expedita a la llegada de la artillería que se construye actualmente en Europa; y pronto vendrá, también, la batería de obuses, quedando así terminada la primera parte de la fortificación de nuestro principal puerto.
El Arsenal de Guerra y la Fábrica de Cartuchos funcionan con la mayor regularidad, prestando muy importantes servicios.
La Intendencia de Guerra, como dependencia del Estado Mayor General y bajo la inmediata dirección de uno de los miembros de la misión militar francesa, atiende con éxito satisfactorio a las necesidades del Ejército. La última movilización fue motivo para justipreciar la importante función de este instituto.
La Sanidad Militar, aunque deficiente, desarrolla su misión, habiendo organizado últimamente, las ambulancias y hospitales de campaña, en cuya labor contó con el desinteresado concurso del cuerpo médico y de los estudiantes de San Fernando.
Hallándose al terminar el contrato de los actuales miembros de la misión francesa, a cuyo inteligente e infatigable esfuerzo, débase, en gran parte, la reorganización de nuestro Ejército, y atendida la imposibilidad en que se hallan de renovar sus compromisos, gestionase del Gobierno francés el envío de nuevos jefes que inspirados en la misma doctrina, vengan a continuar la labor que, tan acertadamente, desempeñan sus compatriotas.
Se ha enviado a Europa, con el objeto de perfeccionar sus estudios y prácticas profesionales, a un número de jefes y oficiales mucho mayor del señalado en años anteriores y en la actualidad se alista el personal que debe marchar con igual objeto y que es aún más numeroso. El Gobierno cree que así asegura mejor la eficiencia de los oficiales llamados a imprimir dirección, en día no lejano, en el Ejército, y tiene el convencimiento de que el gasto que ello demande será ampliamente retribuido.
La situación económica de nuestros militares no es, por cierto, halagadora. Con tal motivo os recomiendo dispensar inmediata atención al proyecto de aumento de haberes presentado por el Ejecutivo en anterior Legislatura.
La Marina de Guerra ha evidenciado también sus progresos con las recientes dificultades internacionales y justificado las esperanzas que el país cifra en ella.
Los buques, siempre listos a la hora señalada, cumplieron estrictamente las órdenes impartidas, a veces de improviso, poniendo de manifiesto la excelencia de sus condiciones y el constante y meritorio esfuerzo de jefes, oficiales y marineros por mantenerse a la altura de las circunstancias.
Convencido el Gobierno de la importancia que debe tener nuestro poder naval, os propondrá las reformas que juzga indispensable a su rápido y efectivo desarrollo. Entre ellas reclama especial interés, por su trascendencia, la organización de un Estado Mayor General que trasmita las órdenes del Ministerio, en tiempo de paz, y las del Director General de Operaciones en tiempo de guerra; que asuma la obligación de preparar los recursos marítimos en vista de una acción eventual; de organizar, metódicamente, la movilización de conscriptos; y de reglamentar la instrucción de las tripulaciones y la conservación del material.
La Intendencia de Marina es otra de las creaciones a que debemos atender. La aplicación de los servicios de este ramo en lo concerniente al material naval, de suyo complicado y diverso, y el aprovisionamiento, en todo orden, de las naves, hacen necesaria esa nueva oficina, como complemento indispensable del Estado Mayor de Marina.
La necesidad de poseer factoría propia en que se atienda a la reparación inmediata de los desperfectos inevitables en los buques y permita cuidar y reglar los torpedos en tierra, es cada día más imperiosa y su satisfacción no debe, por ningún motivo, postergarse.
La instrucción técnica del marino sólo se adquiere en los buques de guerra. Por esta razón se ha organizado una división naval que tiene por objeto no sólo el alistamiento de las fuerzas, sino también la unificación de los métodos de enseñanza. Con ella, además, se abre campo a nuestros marinos para que orienten sus trabajos e iniciativas en objetivos propios de su carrera.
Se han fijado en el reglamento orgánico de la Escuela Naval los requisitos de ingreso y adoptado el plan de enseñanza a que deben sujetarse los alumnos.
Esta reforma los obliga a consagrar al estudio de los cursos profesionales todo el tiempo que ellos demandan y que antes era insuficiente.
Los aprendices mecánicos enviados a Inglaterra hacen rápidos progresos en su instrucción, que comprueban con las notas de examen invariablemente satisfactorias en la mayoría de los casos.
La construcción de faros ha sufrido alguna interrupción con motivo de la situación internacional; pero el Gobierno, que no descuida tan importante servicio, os presentará, en breve, un proyecto de ley que señale los derechos de faro y la forma de recaudarlos.
Nuestra flotilla del Oriente ha sido encomendada a oficiales de marina e ingenieros de la escuadra; y las lanchas, convenientemente reparadas, prestan, hoy, servicios importantes en los ríos de la red amazónica.
La Compañía Peruana de Vapores significa un gran progreso para la marina mercante nacional. El tipo de sus barcos y la considerable importancia que tiene para el país, desde el doble punto de vista militar y comercial, justifican ampliamente la protección que el Estado le dispensa y que irá en aumento si las circunstancias así lo demandasen.
HACIENDA
El año de 1909 fue de dura prueba para el país. Las rentas públicas que a principios del mismo habían decrecido por efecto de la revolución del 1 de mayo de 1908, que detuvo el progreso de nuestras finanzas, hasta entonces incesante, experimentaron nuevo descenso a causa de los temores que la proximidad de otro movimiento despertaba, y que los encargados de organizarlo propagaron con la mayor actividad. Se explica así que las rentas presupuestas para 1909 hayan sufrido los siguientes quebrantos:
Durante el primer trimestre, 34 por ciento de su importe;
Durante el segundo trimestre, 25 por ciento de su importe;
Durante el tercer trimestre, 22 ½ por ciento de su importe;
Durante el cuarto trimestre, 18 ½ por ciento de su importe;
O sea un promedio general sin precedente en nuestros ingresos fiscales y que la medida del inmenso e irreparable daño que originan los trastornos políticos.
Las rentas calculadas en el Presupuesto General para 1909, ascendieron a Lp. 3.075,986.512
Pero como sólo se recaudase hasta 31 de diciembre 2.518,062.81718
Ha resultado un menor ingreso de 557,923.695
Los gastos generales presupuestos y rebajados por ley de balance, niveláronse con la suma calculada por ingresos en 3.075,986.512
Pero como se verificaron, conforme al Presupuesto, hasta el 31 de diciembre solamente por la suma de 2.730,215.706
Ha resultado un menor egreso de 345,770.806
Habiéndose abonado a cuenta de la liquidación del ejercicio de 1909, con fondos provenientes de la misma 60,000.000
Y resultando de las relaciones de créditos presentadas al Tesoro, por los diversos ministerios, que existen por pagar tan sólo 131,067.112
La liquidación queda reducida a 191,067.112
Lo que importa una economía para el fisco de 154,703.694
Y constituye, además, elocuente testimonio de que las finanzas públicas han empezado a desenvolverse en un régimen de orden y de ahorro, tan severos, que permiten satisfacer sus necesidades, aún a pesar del fuerte quebranto de más de cinco y medio millones de soles habido en los ingresos durante ese año. Dentro de este régimen nos mantendremos, con firmeza, seguros de que no podrá salir de él sino la moral administrativa, base del engrandecimiento económico de los pueblos.
El comercio exterior de la República ascendió en 1909 a Lp. 10.490,906; de las cuales 4.356,532 correspondieron a importación y 6.134,374 a exportación.
Comparando este movimiento con el del año anterior, resulta una diferencia, a favor del de 1908, que asciende, en el conjunto, a Lp. 180,431; no obstante de que las importaciones han disminuido de un año a otro en la fuerte suma de Lp. 939,093.
En ambos años la exportación ha excedido en valor a la importación, de manera que, a juzgar por este exponente de nuestra riqueza, la alarma económica producida en 1909 no tuvo más fundamento que la depresión fiscal experimentada durante el mismo, pues sólo así se explica que nuestro poder adquisitivo superase a las necesidades del consumo en la cantidad de Lp. 758,662. Como el saldo acreedor que arroja la balanza comercial significa, entre nosotros, mayor capitalización, sería, por tanto, aventurado afirmar que aún subsiste la crisis, cuando la nación se ha enriquecido en Lp. 1.777,842.
Además de la obligación que pesaba sobre el fisco por el préstamo bancario de Lp. 400,000, contratado en abril de 1909 para amortizar el déficit del ejercicio de 1908, la situación internacional de julio último puso al Gobierno en el caso de celebrar nuevo préstamo provisional de Lp. 100,000.
La conveniencia de disminuir el serio gravamen que imponían esas transacciones, la ventaja evidente de convertirlas bajo más favorables condiciones y la seguridad de que el Estanco de la Sal podría dar mayores19 rendimientos, determinaron al Ejecutivo a contratar con la Banca de París et des Pays Bas y la Societé Generale pour favoriser le developpment du commerce et de l´industrie en France un empréstito de conversión por Lp. 1.200,000 al 5 ½ por ciento de interés anual y 1 ½ por ciento de amortización, con la garantía de los productos de este ramo y con la comisión de medio por ciento; el servicio de amortización se hace a la par, por sorteos semestrales que durarán 28 años y medio y que han empezado a correr en el presente mes de julio.
Cancelados mediante este empréstito los préstamos bancarios cuyo interés anual era de 6 por ciento el uno, y el 8 por ciento, el otro, reembolsables ambos en plazos angustiosos, y pagado el saldo pendiente del empréstito, de Lp. 600,000, hecho en 1905, al 6 por ciento de interés anual, con 2 por ciento de amortización, resulta para el Tesoro considerable economía, por razón de intereses en cada una de las operaciones puntualizadas y la ventaja de dejar libre la renta de alcoholes, que está afecta a los préstamos bancarios.
El sobrante que arrojó el empréstito tuvo la inversión preceptuada en la misma ley que autorizó la operación.
Las bases principales para la administración del Estanco de la Sal, por un plazo de 4 años, comenzado en 15 de febrero último, fijan los términos en que debe efectuarse la recaudación importando ahorro apreciable respecto de los que regían antes.
Los servicios de la deuda pública están cubiertos hasta el día, circunstancia que ha contribuido, sin duda, a mantener nuestro crédito y a sostener la cotización del papel del Estado, en condiciones más favorables que las del año anterior.
El empréstito de Lp. 80,000 mandado emitir por la Ley N° 561 y el aplicable a la terminación de la obra del Colegio de Guadalupe, ha sido totalmente colocado.
Habiéndose amortizado 7,350 libras peruanas quedan en circulación bonos que representan Lp. 72,650.
La ley de consolidación de la deuda interna, sancionada en 17 de diciembre de 1898, ha tenido hasta hoy ejecución no interrumpida. En pago de los créditos a que ella se refiere se han emitido, hasta el 30 de junio, títulos de deuda que ascienden a Lp. 3.740,425; pero habiéndose amortizado Lp. 2.453,095, la circulación de este papel queda reducida a Lp. 1.287,330, cantidad que es susceptible de aumento por razón de la consolidación de créditos ya reconocidos o que lo fueren en lo sucesivo dentro de las condiciones de la ley.
También han sido servidos con regularidad los intereses trimestrales de los bonos creados por ley de 12 de junio de 1889, cuyo monto ascendente a Lp. 2.660,645 permanece inalterable.
Por falta de acuerdo legislativo no ha podido atenderse desde el año 1889 al servicio de certificados expedidos por redenciones de censos y capellanías anteriores a la ley de 17 de octubre de 1893. Aunque parte de ellos se han pagado en títulos de deuda amortizable, como lo dispone la ley de consolidación, queda vigente la porción más considerable que poseen actualmente instituciones que no tienen la libre disposición de sus bienes o particulares, los cuales, por no estar mencionados en esa ley, están privados de todo servicio y determinan una acumulación progresiva de intereses.
La conveniencia de liquidar todas estas antiguas deudas convirtiéndolas en los valores vigentes del Estado, como primer paso a la unificación de la deuda pública, da especial interés a este asunto que puede ser resuelto en forma equitativa para el acreedor, haciendo extensiva la ley de deuda interna a todos los créditos de esta procedencia.
En marzo último se promulgó la nueva ley de tarifas de aduanas, sobre la base del derecho específico. Ateniéndose al precedente establecido en todas las leyes modificatorias de la tarifa aduanera dictadas en los últimos 20 años, el Ejecutivo prescribió que la reforma entrase en vigor desde el 1 de julio actual, como efectivamente ha entrado, sin producir las perturbaciones que, a última hora, creyóse traería la limitación a sólo 3 meses del plazo señalado para que la ley fuese cumplida.
Aunque la reforma en las bases de los derechos de importación no haya obedecido a un estudio técnico del estado de nuestras industrias y negocios, la sustitución del derecho ad valorem por el específico, la más atinada clasificación de las mercaderías y la reflexiva discusión de que la nueva tarifa ha sido objeto, inducen a pensar que se ha dado un paso en el camino del mejoramiento de nuestro régimen fiscal. Con ella se asegura moderado aumento en la renta y se otorga, a la vez, al comercio la inapreciable garantía de un punto fijo de partida para el cálculo del impuesto.
Ha comenzado a experimentar su natural desenvolvimiento el Estanco del Tabaco. Sucesivamente se ha autorizado por el Gobierno, con estricta sujeción a los términos de la ley, la compra de la materia prima nacional y extranjera existente dentro del territorio, el contrato indispensable para la importación de la manufactura extranjera, los precios de venta en Lima y Callao, y la expropiación de fábricas establecidas. Todos estos procedimientos y los demás de detalle requeridos por el Estanco han sido llevados a la práctica, en virtud del contrato celebrado para establecer el nuevo régimen con la Compañía Nacional de Recaudación, quedando aún por resolver el modo como se organizará el monopolio de la venta fuera de Lima y Callao sin ocasionar en los precios alza sensible.
Mediante la sagacidad desplegada y alicientes ofrecidos a los revendedores, en forma de descuentos sobre el importe de las compras y de plazos para el pago, la transición del sistema de impuesto al de estanco se ha efectuado, no obstante su carácter radical, con sólo ligeras dificultades y una reducción pasajera, aunque sensible, en los productos. El Gobierno no omitirá esfuerzo por restablecer en breve la normalidad en el consumo del tabaco y afianzar el progresivo incremento de este ingreso.
Está funcionando con toda amplitud y regularidad el Estanco del Alcohol desnaturalizado, cuyo precio de venta se ha fijado con estricta sujeción al costo que el artículo tiene para el Estado. Este monopolio no significa ingreso para el fisco, sino garantía para la renta de alcoholes potables.
El Gobierno dedica especial atención al complejo asunto de la reproducción del guano y del regular suministro de este fertilizante a la agricultura del país, como lo comprueban diversas providencias dictadas con ese doble fin.
El mantenimiento de la división de las guaneras en dos zonas, una destinada a la importación y otra reservada para el consumo interno; su clausura durante todo el periodo de incubación de los pájaros productores del abono; la inspección y constante vigilancia de las zonas guaneras por la Compañía Administradora y por la Peruvian Corporation; cierta rotación establecida en la explotación de los depósitos; y la autorización acordada a esas instituciones para que emprendan por cuenta del Estado la caza de lobos que destruyen a las aves guaneras, disipan el temor de un rápido agotamiento del abono; pero no impiden la exportación del guano por la Peruvian Corporation, que es lo que más interesa conseguir a la agricultura nacional y lo que el Gobierno persigue y espera alcanzar sin menoscabo para los derechos de esa corporación.
Actualmente se discute el proyecto de arreglo con la Peruvian Corporation que, al realizarse, permitiría, entre otras cosas, reservar en beneficio de la agricultura nacional todo el guano existente en el litoral de la República, en cambio de una anualidad que represente para la Peruvian utilidad semejante a la que ahora deriva de la venta de guano que exporta, y que se podría obtener mediante un recargo en el precio del guano vendido a los agricultores que, siendo soportable para éstos, daría el resultado deseado. Oportunamente someteré a vuestra consideración el proyecto aludido, si llega a tomar la forma de convenio ad refedum.
FOMENTO
Apreciando el Gobierno la importancia que para el progreso nacional tienen las industrias agrícola y ganadera, no omite medio ni esfuerzo para lograr su desarrollo, dando preferente atención a los establecimientos que, por su índole, despiertan y acrecientan las energías de tan valiosas fuentes de riqueza.
La Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria ha recibido las modificaciones tendentes a ensanchar el campo de sus investigaciones y a preparar veterinarios y agrónomos versados, particularmente en los conocimientos inherentes a las modalidades impresas a esas industrias por el clima, la topografía y otras condiciones propias del país. Con tal propósito han sido creadas nuevas secciones especiales de ciencias agrícolas; se ha suprimido la preparatoria, cuyos estudios se harán en la Facultad de Ciencias Naturales; se ha agregado un año más de especial y se inaugurará una sección destinada a formar médicos veterinarios, cuya práctica ha de verificarse en clínica médico veterinaria próxima a la escuela.
El fundo de Santa Beatriz, donde se halla establecida la Granja Escuela, será provisto de parques, alamedas y caminos que, embelleciéndolo, lo harán, al mismo tiempo, más adecuado a su objeto.
Los técnicos especialistas al servicio del Estado han sido comisionados para mejorar las explotaciones agrícolas previos los estudios del caso; a investigar las causas de decadencia de la industria frutera; y a proponer medidas para la explotación racional de los bosques y su repoblación.
A fin de aprovechar las condiciones favorables del departamento de Junín para el cultivo del trigo se ha distribuido, gratuitamente, semilla seleccionada entre los agricultores, y se ha dispuesto, además, el establecimiento de una Estación Experimental para éste y otros cereales en lugar inmediato a la capital.
Ciñéndose a prácticas científicas y a las conveniencias nacionales, el Gobierno ha prohibido la importación y transporte, dentro del país, de semillas como la caña del Hawai y Australia, algodón de Piura y La Chira, que pueden constituir un peligro para los sembríos por las enfermedades parasitarias de que adolecen las plantaciones análogas de esos lugares.
Para salvar a la agricultura de la destructora plaga de langostas, se han nombrado diversas comisiones provistas de los elementos necesarios. Con igual objeto y para metodizar la destrucción, verificándola con personal del país, se ha designado a uno de nuestros ingenieros agrónomos para que adquiera sólida especialización en ese ramo en España, Argelia, Transwal y la Argentina. Se han contratado, asimismo, los servicios de un entomólogo que ha efectuado ya importantes estudios en diversas circunscripciones y que, actualmente, se halla combatiendo la plaga que amenazaba destruir las considerables plantaciones de algodón del departamento de Piura.
La decadencia de la industria enológica en los departamentos del sur, que constituía hasta época no lejana una de sus principales riquezas, demanda, además de las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora de las cepas y elaboración de vinos, la expedición de una ley que salvaguarde los intereses del industrial de buena fe y la salud de los consumidores.
Necesidad eminentemente nacional es la de implantar por los medios adecuados el cultivo del jebe, siguiendo procedimientos modernos que, en otros países, han permitido obtener apreciables rendimientos de los árboles productores de goma fina a los cuatro o cinco años de su plantación. Con tal propósito se ha comisionado a un experto en la materia que habiendo hecho estudios prácticos en el terreno durante larga residencia en el Oriente, los perfeccionará en Ceilán, a fin de introducir y divulgar entre nosotros los sistemas más avanzados de cultivo allí empleados. Así se conseguirá la repoblación de los bosques agotados, casi, por una explotación empírica y a la postre devastadora. La aplicación cada día creciente de la goma en las artes e industrias, y las apropiadas condiciones geológicas de nuestra región amazónica para el desarrollo de este valioso producto, dan particular importancia a esta fuente de riqueza, más estable y quizás más ríndete que el guano y el salitre.
El radio de acción de las estaciones agrícolas experimentales, limitado hasta ahora a los valles en que se hallan implantadas, se ensanchará pronto a todas las comarcas de la República donde se explotan los mismos cultivos, estableciéndose, además, campos de experimento dependientes de aquellas en fundos de particulares.
El Museo Tecnológico Industrial de productos nacionales, establecido en la Escuela de Agricultura, ha recibido importantes mejoras relacionadas con su buena instalación.
Aceptando las invitaciones que se le hicieron, el Gobierno nombró oportunamente representantes para el Segundo Congreso Internacional de Agronomía Colonial, el Congreso Internacional de Horticultura, el Congreso Internacional de Agronomía Tropical y la Exposición Internacional de Bruselas; designando, también, un comisionado que estudie en la Exposición Agrícola de Buenos Aires la maquinaria aplicable a las explotaciones rurales del país.
La industria pecuaria, cuyo lisonjero porvenir está vinculado a la mejora de las razas ganaderas, ha sido objeto de eficaces medidas, habiéndose establecido en la Escuela de Agricultura y Veterinaria una sección especial para elaborar sueros y vacunas, y obligado a los importadores de animales a acreditar que éstos no adolecen de enfermedad contagiosa; complementando, así, los propósitos que el Gobierno tuvo en mira al someter a vuestra deliberación el proyecto de ley de policía sanitaria animal cuyo estudio os recomiendo.
Se ha resuelto, asimismo, poner a disposición de los ganaderos, ejemplares de reproductores de razas especializadas en producción de leche, carne, mantequilla y lana, así como dirigir, por medio de especialistas, las explotaciones de esta clase.
La Escuela de Artes y Oficios, cuya provechosa influencia en bien de las clases trabajadoras y de la producción artística nacional se deja sentir, tomará notable incremento con las modificaciones que, tanto en su organización como en el plan de enseñanza, ha operado la reforma últimamente decretada. Ensanchado el local, instalados los nuevos talleres y enriquecido con el abundante y moderno material adquirido en la Societé Metalurgique de la Seine por un valor de 300,000 francos, la Escuela será un centro de enseñanza digno de la capital de la República.
Al cumplirse los contratos de colonización celebrados últimamente por el Gobierno, la región de la montaña en las zonas bañadas por los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón, Amazonas y sus afluentes, empezará a poblarse e incrementará la producción nacional en la vasta escala que permiten esperar la fertilidad de su suelo y las condiciones personales de los colonos que deben traer los empresarios.
A pesar de los recursos limitados de que dispone el Gobierno para ese objeto, se ha formalizado varios contratos, entre otros, el relativo a la formación de una compañía europea con capital efectivo de Lp. 200,000 para establecer una colonia modelo en la costa y varios núcleos coloniales, garantizándole un interés anual de 5 por ciento sobre la mitad del capital, el pago de los pasajes de los colonos y la concesión de 20 hectáreas de terrenos de montaña por cada familia que introduzca.
El rápido adelanto alcanzado por el sistema de telegrafía inalámbrica, cuyas aplicaciones nos interesan de modo particular por la conformación geográfica de nuestro territorio, la certidumbre de que es posible conseguir comunicaciones a enormes distancias y aún a través de la cordillera de los Andes, han determinado al Gobierno a adquirir modernos aparatos de la Telefunken a fin de implantar en diversos puntos del territorio estaciones de mayor poder que las existentes en el departamento de Loreto. Una de ellas se construirá cerca de Lima y permitirá la rápida y segura comunicación radiográfica de todos los ámbitos de la República.
Formada la vigente ley de terrenos de montaña con criterio más amplio y liberal que la de 1898, no han tardado en dejarse sentir sus benéficos efectos con mayor actividad en la colocación de capitales, especialmente extranjeros, para la explotación de nuestras montañas. Ha contribuido, también, a este resultado el alza firme y rápida en que se mantiene aún la cotización de las gomas en los mercados de consumo y las garantías que el Estado otorga a los adquirientes de terrenos por medio de la ley debidamente reglamentada.
El incremento de la explotación de nuestras selvas lo corrobora el hecho de que el segundo semestre del año último fueron enajenadas 340,079 hectáreas, mientras que bajo el imperio de la ley vigente se han adjudicado durante el primer semestre de este año 557,500 hectáreas.
La apertura de vías de comunicación ha sido objeto de especial interés. Se ha contratado la construcción de diversos caminos en plena montaña con una longitud de más de 350 kilómetros.
Como consecuencia del prolijo estudio sobre las condiciones que debe reunir el ferrocarril al Ucayali y con el fin de asegurar su ventajosa explotación comercial, retirándose, de acuerdo con el concesionario, las modificaciones introducidas en el primitivo contrato; debiendo llevarse a cabo la construcción de esa línea conforme al plan estipulado en un principio, salvo ligeras innovaciones que, sin perjudicar las exigencias del tráfico, ni las seguridades del Estado, afianzarán la realización de tan importante obra.
Es materialmente imposible y desde el punto de vista administrativo constituye grave error someter al Ejecutivo a reglas inflexibles y a trazos invariables, tratándose de la ejecución de obras que, por su naturaleza, hállanse sujetas a frecuentes variaciones de detalle por el estudio constante que de ellas se hace.
A salvar tal inconveniente tiende el proyecto de ley autoritativa presentado a la última Legislatura Extraordinaria, cuya aprobación os recomiendo.
De estudios ya practicados, se deduce que la línea debe partir de Gollarisquisga y terminar en Pucallpa, sobre el río Ucayali, con una extensión de 435 kilómetros; que importa Lp. 3.125,115 comprendiendo el material rodante, y que constituye una vía troncal que, uniendo la capital de la República con los ríos navegables del oriente, permitirá explotar las inagotables riquezas que esas regiones encierran.
Otra de las obras mandadas construir por la ley de ferrocarril de 1904 y de indiscutible trascendencia para el desarrollo económico de la República, es la línea que partiendo de un punto del ferrocarril de Juliaca al Cuzco termine en uno de los ríos navegables de la zona meridional de nuestro oriente. Ha sido ya contratado su estudio por la Peruvian Corporation, habiéndose obligado ésta a concluirlo en el máximo plazo de 13 meses.
Una vez conocida la practicabilidad de la obra y su costo, el Gobierno, previa autorización legislativa, tratará con dicha compañía la construcción del ferrocarril, garantizándole el 6 por ciento de capital que se invierta y abonando, además, por cada kilómetro de vía construido el valor de 200 libras en terrenos de montaña, con arreglo al artículo 3° de la ley de diciembre de 1909.
Están terminados los estudios del trazo del ferrocarril de Paita al Marañón y de ellos se deduce que la ruta más corta mide 633 kilómetros. En los cuarenta kilómetros comprendidos entre Molino y Guayabo habrá que emplear el sistema de cremallera, no ofreciendo el resto de la vía ninguna dificultad extraordinaria. El costo total de la obra, incluyendo el valor de estaciones, material rodante e imprevisto, está calculado en Lp. 3,670,500.
La situación del erario no ha permitido seguir activamente los trabajos del ferrocarril de Huancayo a Ayacucho, que sólo llega al kilómetro 26; pero aunque ello hubiera sido posible, se habría preferido descontinuar los trabajos hasta que el trazo de toda la línea se hubiera ejecutado. Actualmente se realiza esta labor preliminar indispensable y, una vez concluida, se reanudará la construcción.
Se ha recibido de constructores americanos una propuesta para la conclusión de dicha obra en corto plazo, mediante la emisión de bonos que devengarían interés de 5 por ciento al año y 1 por ciento de amortización; que el Gobierno tiene el propósito de aceptar ad referéndum si llega a ser modificada en la forma deseable; el servicio de estos bonos se haría con la partida consignada en el Presupuesto General de la República para la construcción de ferrocarriles.
Terminados los estudios del ferrocarril del Cuzco a Santa Ana, el Gobierno ha aceptado la propuesta del representante la casa Arthur Koppel de Berlín con el fin de estudiar, sobre el terreno, el trazo adoptado y la practicabilidad e importancia económica de la obra.
Igualmente ha sido aceptada otra propuesta de la misma casa Koppel para revisar los estudios del ferrocarril de Vítor a Sihuas, Majes y Camaná, a que se26 refiere la Ley N° 688. Concluido este trabajo podrá acordarse lo conveniente a su realización.
Habiendo surgido dudas respecto a la seguridad y buena ejecución de las obras del ferrocarril de Chimbote a Recuay, se ha mandado practicar minuciosa inspección técnica en dichas obras, que llegan hoy al kilómetro 105. El Gobierno estudió, además, la manera de salvar las dificultades que pudieran presentarse en lo sucesivo.
Las obras del ferrocarril de Lima a Huacho se continúan con lentitud, porque los concesionarios esperan la aprobación de las modificaciones introducidas en las cláusulas 14 y 21 del contrato sometidas a vuestra deliberación. De desear es que las sanciones cuanto antes, a fin de que la empresa pueda salvar los obstáculos que se oponen a la emisión de bonos destinada a la construcción y equipo de la línea.
Han sido entregados al tráfico público los ferrocarriles de Ilo a Moquegua y de Tumbes a Puerto Pizarro, administrados por el fisco. Ambas líneas prestan importantes servicios, esmerándose el Ejecutivo por asegurar su regular y económico funcionamiento.
Atendida la conveniencia de facilitar la comunicación entre las arterias fluviales del Oriente, se han autorizado los estudios para la construcción de una línea que una dos puntos navegables de los ríos Urubamba y Manu. Terminados dichos estudios se contratará la obra con arreglo a la ley de la materia.
Las deficiencias advertidas en la aplicación del Código de Aguas hacen sentir ya la necesidad de emprender su inmediata reforma, evitándose los conflictos que se suscitan entre los interesados en el aprovechamiento de las aguas.
Comprendiéndolo así el consejo Superior del ramo se ocupa en preparar las bases de esa reforma, a cuyo efecto ha nombrado comisiones de agricultores, en toda la República, que informarán acerca de los vacíos anotados durante la vigencia de la ley actual y sugerirán las modificaciones que convendrían introducir en ella para adaptarla mejor a las condiciones peculiares de nuestro medio agrícola.
A fin de evitar las irregularidades que se cometían en la renovación del personal de los sindicatos regionales de las comunidades de regantes, se han dictado reglas generales que precisan la manera de proceder a la rectificación de las matrículas.
Como resultado de los estudios mandados practicar por el Gobierno sobre posibilidad de aumentar el caudal del río Motupe, en el departamento de Lambayeque, con aguas provenientes de quebradas situadas al oriente de la cordillera occidental, se ha demostrado la practicabilidad de esa obra, actualmente en vía de ejecución y llamada a solucionar el problema de la irrigación de la costa, mediante la derivación de aguas de la hoya amazónica.
Se ha concluido la obra del canal de irrigación de la margen izquierda del río Piura, que aumenta en 3,000 hectáreas la zona agrícola de ese departamento. El aprovechamiento de la fuerza motriz de las aguas, tan útil al desenvolvimiento industrial del país, aumenta día a día, siendo numerosas las concesiones de ese género otorgadas en el año último. Atendidos los grandes rendimientos que las empresas concesionarias obtienen del uso de las aguas públicas, parece equitativo gravar el aprovechamiento de ellas, como sucede en la generalidad de los países, destinándose el producto de ese nuevo impuesto al estudio de las innumerables caídas naturales existentes en el territorio de la República.
El proyecto de ley respectivo, que está en preparación, será sometido oportunamente a vuestro conocimiento.
La propiedad industrial goza hoy de garantías quizá mayores que en país alguno de este continente, en orden al registro de marcas de fábrica y de comercio. Informada nuestra legislación en estrecho espíritu de lucro fiscal, que inducía al Gobierno a reconocer la propiedad exclusiva del primero que, con derecho o sin él, se presentase solicitando el registro de una marca, no era difícil consumar verdaderas irregularidades. No sucede lo mismo ahora pues esa ley ha sido reglamentada en forma que, prácticamente, es imposible registrar una marca que sea imitación o falsificación de otra nacional o extranjera.
Los beneficios que el comercio ha derivado de esta reglamentación se traducen en un aumento de marcas registradas, cuyo número en el primer semestre del año llegó a 113, cifra mayor que la obtenida en el segundo semestre de 1909.
La depresión que hace dos años viene sufriendo la industria minera por el descenso del valor de la plata y el cobre, base entre nosotros de su principal explotación, está compensada en parte por el aliciente que ofrecen los yacimientos de vanadio, carbones vanadíferos y petróleo, que parecen presentarse en gran abundancia en diversas regiones del país y que han determinado ya apreciable aumento en el rendimiento de la contribución.
Una vez puestos en activa explotación esos yacimientos, algunos de los cuales han servido para constituir sindicato con personal pudiente, recobrará la minería el importante puesto que ha ocupado en los renglones de nuestra exportación y continuará siendo una de las más saneadas fuentes de la riqueza nacional.
A fin de resguardar eficazmente la vida y derechos de los obreros en relación con el trabajo, se ha formulado un proyecto de reglamento que actualmente es objeto de estudio detenido por el Consejo Superior del ramo.
Dedicadas nuestras clases obreras al incremento de la sociabilidad, estableciendo instituciones de mutuo auxilio, procurándose todo género de adelantos, y siendo elemento sano y útil para el país, cuanto se haga en bien28 de ellas, reflejará seguramente en el progreso general de la República. Con estos antecedentes el Gobierno, que está en la obligación de propender al bienestar social y tiene particular interés por las clases trabajadoras, ha resuelto mejorar su condición, presentándose, en breve, un proyecto tendente al abaratamiento de las subsistencias, mediante el establecimiento de sociedades cooperativas y estimulando a la vez la construcción de casas baratas, cómodas e higiénicas en beneficio de ellas.
Recomiéndoos, asimismo, la pronta sanción de la ley sobre el riesgo profesional, llamada a aliviar la situación del obrero y su familia, en los casos fatales que, por desgracia, se repiten y son consecuencia de la naturaleza misma del trabajo.
La estadística de la salubridad revela progreso halagador. La peste bubónica ha decrecido notablemente. En el año último sólo han ocurrido 648 casos en toda la República, lo que significa disminución de 826 sobre la cifra del año anterior. Igual cosa ha acontecido con la viruela y el paludismo, pudiendo decirse que es hoy satisfactoria la salubridad del país.
Viva preocupación del Gobierno la adopción de medidas que tiendan a reducir la elevada proporción que en la morbosidad y mortalidad en general tiene la tuberculosis. Aunque cuando los factores que la producen son complejos, indudable es que la habitación insalubre constituye uno de ellos, debiendo, por tanto, las medidas que se adopten contra esta enfermedad tender a mejorar la condición de las habitaciones y en particular los alojamientos. Por esta razón ocúpase de preferencia, en los locales de las escuelas por ser los niños organismos fáciles de infectar y, asimismo, en la construcción de cuarteles, contribuyendo en este caso, como elemento primordial para la profilaxis tuberculosa, la instalación ya en obra del desinfectorio en el Hospital Militar.
El establecimiento en Lima de un dispensario anti-tuberculoso modelo es otra de las medidas profilácticas que se impone. El Gobierno lo llevará a la práctica, habiendo con tal fin encargado a un distinguido profesional que se encuentra en Europa, el estudio de organización de los dispensarios y de un presupuesto para el que se debe instalar en esta capital.
Otras de sus preocupaciones, al respecto, es la profilaxis de las enfermedades venéreas que constituyen verdadera plaga para la sociedad y, con tal motivo, he dispuesto la creación de dispensarios en Lima y Callao con los requisitos indispensables para combatirlas debidamente.
Las estaciones sanitarias de Paita, Callao e Ilo han continuado prestando importantes servicios en lo referente a la sanidad marítima y a la profilaxis de las enfermedades exóticas, ciñéndose en su funcionamiento a la ley que fija el presupuesto de esas oficinas.
La estación sanitaria de Paita ha recibido mejoras que la adaptan para la asistencia de enfermos de fiebre amarilla, habiéndose construido, además, una barraca para el aislamiento de las personas procedentes de Guayaquil que presenten síntomas de contaminación.
La instalación de los edificios para la estación sanitaria del Callao, en la isla de San Lorenzo, ha continuado con actividad, y se han otorgado franquicias sanitarias a las compañías inglesa y alemana a condición de instalar a bordo de sus naves aparatos de desinfección a vapor para ropas y colchones, aparatos Clayton para los departamentos de los buques y la presencia a bordo de un inspector sanitario.
Se ha expedido el reglamento de sanidad marítima a que deben sujetarse las autoridades sanitarias de los puertos y los vapores que hacen el tráfico en nuestra costa; determinándose las condiciones que deben reunir los inmigrantes que ingresen al territorio, así como las que deben observarse al establecerse en colonias.
Se deja sentir, cada vez más, la necesidad de una ley de declaración obligatoria de las enfermedades contagiosas, aislamiento y desinfección, sin la cual no es posible reglamentar los diversos servicios de sanidad terrestre.
Hallándose pendiente de vuestra consideración un proyecto de ley a este respecto, os encarezco sancionarlo a la mayor brevedad.
La demografía de Lima, apreciada por los censos de 1903 y 1908, y las series de la estadística obituaria, acusa mortalidad tan alta que, si bien la natalidad es buena, aquella supera considerablemente a ésta, siendo uno de sus principales factores la mortalidad infantil. Conocidas las causas del decrecimiento, impónese operar contra ellas empleando los medios que tocan a los poderes públicos y que pueden resumirse entre otros en protección legal a la infancia.
La dación de ley protectora, el establecimiento de consultorios para lactantes y la introducción en los colegios de niñas del estudio de la puericultura contribuirían eficazmente a este fin. El Gobierno tiene en preparación un proyecto sobre el particular y próximamente lo someterá a vuestro conocimiento.
Legisladores:
Os he dado cuenta de la marcha del Estado durante el segundo año de mi Gobierno. De ella se deduce que los grandes destinos del país se van consolidando y que su horizonte internacional tiende a despejarse. Hemos atravesado, es verdad, por excepcionales circunstancias; hemos tenido que hacer fuertes e inesperados desembolsos; pero todo se ha salvado sin nuevos compromisos del erario; sin debilitar las energías productoras del país y sin desatender los servicios públicos que han sido debidamente satisfechos. Los pueblos, a su vez, inspirados por el mismo sentimiento patriótico, acompañan con su espíritu y su acción a los poderes públicos, y ofrecen el sugestivo ejemplo de que no anhelan sino la paz, el orden y el progreso de la República.
Con este estímulo y el amparo de la Divina Providencia os reitero solemnemente con fe en los destinos de la nación, mi invariable propósito de continuar cumpliendo, con austeridad y firmeza, los deberes que impone el elevado cargo con que me han honrado los pueblos del Perú.
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