FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Prohibido leer y comer – Revista Oiga 3/10/1994

Un amigo, favorecido por los dioses con el apetito de leer, se quejaba hace unos días de los precios en las librerías y me aconsejaba usar este título —‘Pro­hibido leer y comer’—, diciéndome que, para él, esa frase resumía la impresión que iba teniendo del país, meses después de haberse reincorporado a la pa­tria.

—Los libros están carísimos y los mer­cados también. Yo hago la plaza. No hablo de los restaurantes, porque bara­tos no son en ninguna parte.

De lo que se olvida mi viejo amigo es de las enfermedades. El siempre está sano. Y, por lo tanto, no puede añadir, a las prohibiciones halladas por él, la de enfermarse.

—Sólo falta —añadía yo— que el go­bierno escuche el reclamo editorial de ‘Expreso’ del martes 27 e imponga a la educación el 18% de IGV. Seríamos el país más feliz de la tierra. La Albania del liberalismo. Sin una sola exoneración tributaria, como quiere ‘Expreso’. ¿No sería algo maravilloso que los recibos que nos lleguen de los colegios, institutos y universidades vengan con 18% por IGV?

—No me hagas reír.

Pero así es. Así está escrito en ‘Ex­preso’ del 27: ‘No a las exoneraciones’. Y en tono fundamentalista, de Ayatolas olímpicos, insiste en su credo de que la ley (la única verdadera naturalmente) y las reglas económicas deben ser iguales para todos y “ningún sector o empresa debe gozar de exoneraciones o privile­gios de ninguna naturaleza. Los regíme­nes especiales crean distorsiones en el sistema de precios que hacen ineficien­te el mercado”...

¿Con que a subir 18% los recibos de los colegios y universidades, no es cier­to?... Y es claro que piensan así y les gustaría probar si camina el experimen­to. Porque así está escrito. Eso dice la ley, la única, la infalible... Pero ocurre que siempre pesan los intereses, en este caso los intereses políticos del gobierno de Fujimori, y ‘Expreso’ se olvida que el sector educación está exonerado. No lo nombra. Sabe que, si se tocan los reci­bos escolares y universitarios, los votos se les escaparán al señor Fujimori como hojas de otoño en vendaval.

Aunque también pueda ser que ese olvido se deba a que ‘Expreso’ haya comenzado a entender que las excep­ciones son casi consustanciales a las reglas. Sabe ‘Expreso’, por ejemplo, que las reglas del idioma son severas, pero no tanto para obligarnos a decir cabió en lugar del excepcional cupo. Y lo mismo puede y debe ocurrir con las normas del mercado. Es bueno, es salu­dable que no haya exoneraciones. Es lo sensato, es lo lógico. Y ojala no hubiera necesidad de una sola excepción. Pero la realidad nos indica que la pureza total es imposible, salvo la de los santos y santas, aunque sólo cuando ya llegaron al cielo, no mientras estuviéronles ron­dando las tentaciones terrenales.

Y que ‘Expreso’, al parecer, está ad­virtiendo que las excepciones no son el diablo con cuernos y rabo —siempre, por supuesto, que sean absolutamente razonables-; lo insinúa ese mismo edi­torial cuando, por primera vez, reconoce “que hay muchos países en los que los periódicos y revistas, por esas ra­zones, están exonerados del IGV”. No dice que todos esos países que quebran­tan la sacrosanta ley del mercado sin exoneraciones son los más civilizados, los más democráticos, los más estables, los más desarrollados del orbe. Los más institucionalizados. No revela que en esos países tampoco se paga IGV por la compra de alimentos básicos, medici­nas y libros. En esos países —que ya están desarrollados y muchos de ellos integrados por una sociedad satisfecha—se cuida la salud, la educación, la cultu­ra, las bases del desarrollo. Saben cómo fue alcanzado y por dónde puede perderse. Además, ‘Expreso’ afirma —y no es exacto— que esa exoneración existe en ‘muchos países’ sólo porque la TV no paga por la información y los comentarios que emite y porque “a los periódi­cos y revistas les es difícil (en el Perú es imposible) trasladar el IGV a los vende­dores”. No sólo por esas razones. La principal es otra y la enfocó con preci­sión el Congreso Mundial de Prensa realizado en Berlín dos años atrás: la presión tributaria aleja a los lectores de los periódicos. Es en la actualidad, sen­tenció ese Congreso, el mayor obstácu­lo para la libertad de prensa.

La prensa es libre cuando depende únicamente de sus lectores. Y con 18% de IGV eso es imposible de toda impo­sibilidad. La prueba está en ‘Expreso’ mismo. En los últimos años —como mu­chos otros medios— por su imposibili­dad matemática de asumir ese 18% de IGV, acumuló una gigantesca deuda tri­butaria, que ahora pagará con avisaje del Estado. O sea el Estado te da avisos y con esos avisos le pagas al Estado. Una solución absolutamente disparata­da, aunque también OIGA se haya visto obligada a pasar como carnero por el ‘arreglo’. Porque, ¿qué pasa si el Estado encuentra pretextos para seguir sabo­teando publicitariamente a los medios que lo critican?

La única solución justa y razonable para la prensa es la exoneración del IGV, un impuesto absurdo, que atenta directamente contra la libertad de ex­presión y que impide al periodismo re­fugiarse, cuando es perseguido por el sabotaje del Estado o de los poderosos, en el favor del público, el único sobera­no en una democracia.

Pero no sólo es aberrante el IGV en el caso de la prensa. Quién sabe más lo es cuando se trata de medicinas, de libros y de alimentos básicos. Y, por supuesto, de educación. Por fortuna todavía exonerada del 18% del IGV.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Cuatro sucesos desiguales – Revista Oiga 26/09/1994

Semana de hechos significativos ha sido ésta. Por un lado, Javier Pérez de Cuéllar aceptó el reto de ser candidato a la presidencia, a pesar de conocer - las circunstancias en las que tendrá que competir – “No cuento con el apoyo de fuerzas económicas y menos aún con los variados recursos del poder”- pero también a sabiendas, por experien­cias locales y extranjeras, de que el dinero y el poder no compran conciencias. Se trata de un hecho histórico que se alza contra la vieja práctica política de la reelec­ción, que tan malos resultados dio siempre en el Perú y en América Latina. Aquí, en estas latitudes, la reelección transformó en dioses, impajaritablemente, a los autócra­tas. De este tema, del lanzamiento de la candidatura de Pérez de Cuéllar y del men­saje memorable y preciso pronunciado el jueves pasado por el ex Secretario General de la ONU, se ocupa la revista en las páginas que siguen.

Otro hecho destacable, en cierta for­ma vinculado al anterior, se produjo en la selva: el jefe de Estado, ingeniero Fuji­mori, se subió a un helicóptero de la organización norteamericana antinarcóti­cos, y dio orden de que arrancara. La orden no se cumplió de inmediato y el jefe de Estado montó en cólera, se bajó del aparato y los pilotos -miembros de la po­licía peruana- han sido traídos a Lima, quedando los aparatos inmovilizados. Un nuevo incidente que coloca las relaciones peruano-norteamericanas en un punto de tensión mayor que el producido en época de Velasco con la expropiación de la IPC.

No es del caso, naturalmente, diluci­dar quién tuvo la razón en este incidente. Muchos sucesos del pasado y, ahora, la falta de sensibilidad política exhibida por Estados Unidos en su prepotente inter­vención en Haití, haciendo de policía internacional y poniendo en ridículo a la OEA, nada abonan en favor del coloso imperial. Sin embargo, vale el hecho para un análisis interno de los límites que debieran respetar los jefes de Estado y que en América Latina no respetan, por lo que la reelección en estas naciones se transforma en un trampolín a la perpetuidad monárquica.
Los bienes del Estado, en todo país bien constituido, institucionalizado, no son propiedad de los mandatarios ni pue­de dárseles el uso que a éstos les venga en gana. Como ocurrió, por ejemplo, con un barco de guerra movilizado para custodiar un paseo marino de los hijos del jefe de Estado, ingeniero Fujimori. Y si los mandatarios no deben darles a los bienes de la nación uso diferente al que la ley establece, mucho menos deberían echar mano a la propiedad particular o a la de otros estados, que dan apoyos con fines específicos. Racionalmente no es lógico desviar el empleo de un helicópte­ro, destinado a combatir el narcotráfico, a visitas de saludo y reparto de almana­ques... Pero no sigamos con el tema, porque tan cómico es ver a EE.UU. em­pantanado en Haití, cual elefante deses­perado por aplastar un mosquito, como contemplar a nuestro folclórico jefe de Estado, cubierto de ponchos y chullos, afanado en repartir regalos para com­prar su reelección. Arbitrar entre dos extravagancias es perderse en el vacío.

Las otras dos noticias de la semana son diametralmente opuestas entre ellas. Una es de celebración, de fiesta, de orgu­llo nacional. La otra es una tragedia ho­rrenda, es la dolorosa realidad peruana que nos explota en la cara.

¡Cómo no va a ser hecho jubiloso para todos que el banco Wiese haya logrado presencia, con la bandera del Perú al lado, en la Bolsa de Nueva York! Pero si es motivo de alegría el triunfo internacio­nal de un banco que surgió de la imagina­ción y capacidad empresarial de don Augusto Wiese y la tesonera dirección técnica de don Rafael de Orbegozo, es ocasión para derramar lágrimas de rabia al enterarnos, por un diplomático extranjero, transido de dolor, que ha muer­to de tuberculosis -¡de TBC al borde del siglo XXI!- un joven genio peruano, alumno de una importante universidad.

Los señores de Expreso pueden estar satisfechos. El Joven Wilfredo Ruiz ha muerto tuberculoso porque en el Perú se está cumpliendo con rigidez militar su consejo de que no haya excepción algu­na en materia tributaria, por lo que las medicinas para la TBC pagan 18% de IGV, haciéndolas inalcanzables para los pobres como Wilfredo Ruiz, un mucha­cho de pueblo con una inteligencia superdotada, que había quebrado todas las tablas de medición en los exámenes de ingreso a las universidades. Tampoco se libran del 18% de IGV, para satisfacción de Expreso; la leche, los huevos, el pan, que pudieron salvar de la muerte a Wil­fredo Ruiz. Pero al pobre de Wilfredo Ruiz sólo le sobraba inteligencia pura, no terna la viveza, la cintura intelectual, la picardía comercial’ de los hombres de Expreso. Wilfredo Ruiz no habría podi­do convencer a los militares, como lo ha hecho Expreso, para que ellos, los mili­tares, le proporcionen el dinero para pagar sus impuestos. Y no es que yo esté alucinado. No. Lo que cuento está comprobado en las propias páginas de Ex­preso. El Ejército, que nada tiene que divulgar, no sólo publica constantemen­te avisos en el diario de Orejuelas. Tam­bién da cabida a suplementos -a todo color- colocando al general Nicola di Bari en olor de santidad y mezclando a los dos más connotados miembros del Jurado Nacional de Elecciones con los jefes militares “que controlarán el proce­so electoral”, frase textual pronunciada por el ministro de Defensa en el CCD. Se trata de los doctores Nugent y Muñoz, justo los dos integrantes de ese jurado con historial nada santo, ligado a los ‘controladores’ del proceso. El suplemen­to del que hablo es de anteayer, sábado veinticuatro. ¿Cuánto pagó Nicola di Bari por él? No con su plata, por supuesto, ni con la de Fujimori, sino con el dinero que el pueblo le entrega al Estado cada vez que compra (con 18% de IGV) una medicina, un pan, un huevo, un vaso de leche, todas esas pequeñas cosas que hubieran servido para que Wilfredo Ruiz no muera y su cerebro privilegiado no se extinguiera an­tes de haber dado frutos a la patria.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – Dos delitos en un solo acto – Revista Oiga 12/09/1994

Howard Rodríguez, comandante de la región norte y brazo derecho del general Nicola di Bari, jefe del Ejército y del Comando Conjunto, al ser sorprendido por un fotógrafo de La República en fla­grante delito -repartiendo almanaques de propaganda a un líder político-, re­accionó con grosería, halagos y chanta­jes, violentamente, hasta lograr lo que quería: censurar al periódico. El rollo fotográfico, con las pruebas del delito, fue destruido por los soldados que acompañaban al general. El atentado contra la libertad de prensa no ha podi­do, pues, ser más transparente; y no puede haber mayor evidencia de la pre­sión que se está ejerciendo, desde aho­ra, sobre el electorado, con miras a las elecciones del año entrante. Presión que la ley electoral y el código penal peruanos condenan con varios años de cárcel.

Sin embargo, aparte de unas líneas informativas y uno que otro editorial de repulsa en la prensa diaria, nada más se ha hecho para que el periodismo peruano haga sentir su voz de protesta por este atentado, que no es contra La República, sino contra toda la prensa. Mientras que a las televisoras, salvo alguna excepción, el hecho les mereció unos pocos minutos de desganada in­formación, incluida una media lectura de los comunicados de protesta de las asociaciones gremiales nacionales y extranjeras.

Se trata de un hecho gravísimo, por partida doble. Pero, como si nada hu­biera pasado, “el mundo sigue andan­do”, plácidamente, en el Perú.

También en estos días la fiscal Eguía no ha encontrado huella de delito en las denuncias de la señora Susana Higuchi de Fujimori. La fiscal Eguía ha ‘investigado’ y no ha visto, no ha querido ver, cómo se hicieron humo más de cuatro millones de dólares, girados por este gobierno, en el fantasmal proyecto Pachacutec. Además, ha ‘investigado’ y ha encontrado que es un angelito el ex –ministro Vittor, a pesar, de que, a contrapelo de la ley, su compañía ejecutaba Obras del Estado, ganadas a dedo; y a pesar de las pruebas contundentes, publicadas en OIGA, de los negocios montados en Chile por el señor Vittor con los prófugos del millonario soborno del BCCI, los señores Figueroa.

Todo esto ha ocurrido en la cara del país entero y aquí no ha pasado nada. Ni los fiscales supremos han abierto la boca ni la gran prensa se ha escandalizado con la conducta de la fiscal Eguía. “El mundo siguió andando...”.

En el CCD hay varias voces de protesta, pero se estrellan contra la olímpica frescura de la doctora Martha Chávez que se niega y se niega a mirar lo que hasta los ciegos ven, alegando que OIGA no le ha entregado pruebas sobre Vittor. ¡Pero si las pruebas no están en nuestro poder! Lo que tenemos en OIGA son copias, que el CCD rechazaría por ser sólo copias. Las pruebas están en los tribunales de Lima —hemos señalado en cuales— y en notarias de Santiago de Chile que también hemos precisado. En estos lugares es donde saltará la liebre de Vittor y, si lo quisiera, le será fácil a la doctora Chávez cogerle la cola con las manos. Nuestras copias, que sí hemos cotejado con los originales, son guías precisas para llegar a la liebre, pero no son las pruebas. ¿O es que los particulares, doctora Chávez, pueden sacar copias autenticadas de los expedientes judiciales? Ella sí las puede obtener, cómo Congreso Constituyente. Y también el Congreso tiene fondos para lograr las escrituras de las notarías santiaguinas autenticadas por el cónsul peruano y vueltas a autenticar por el ministerio de Relaciones Exteriores. La doctora Martha Chávez sabe muy bien que, sin esos requisitos, nuestras copias pueden ser verdaderas, idén­ticas a los originales —como lo son—, pero no tienen validez legal.

Naturalmente que las voces discordantes con la doctora Chávez en el CCD son voces perdidas en el desier­to. Porque para eso -para no ser escu­chada- es que está la oposición en ese Congreso, fruto de un acto electoral viciado por la participación activa del Ejército —igual que ahora— y del propio jefe de Estado a favor de la lista de Yoshiyama, quien así salió ‘ungido’ vice­presidente de facto. La oposición está en el hemiciclo de ese Congreso para lanzar palabras al viento y avalar al régimen. Está cumpliendo un tristísimo papel que no puede disimular, alegando que si toda la oposición hubiera interve­nido en esas elecciones hubiera sido otro el resultado. Falso. Esas eleccio­nes, propuestas por ciertos líderes opositores con irreflexiva vocación parla­mentaria y total despiste político, no podían tener otro resultado que el que tuvieron. En los momentos en que se realizaron esas elecciones, en esas cir­cunstancias, el país estaba dividido en­tre partidarios y enemigos del golpe. Y los partidarios del golpe, por diversas razones, eran muchos más. De todos modos, pues, iban a ser mayoría. Ir a esa elección fue un suicidio para la de­mocracia. El autoritarismo subsistió gra­cias al CCD.