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MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
PERÚ,
DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE
1946
Señores Representantes:
Hace un año, en un día como hoy, asumí la
primera magistratura del Estado en virtud del mandato que me confirió el pueblo
en los comicios generales del 10 de junio de 1945.
De conformidad con lo prescrito en el artículo
149 de nuestra Carta Política, me corresponde dar cuenta de las labores del
Gobierno durante el primer año de su ejercicio constitucional.
El mensaje que, a tal efecto, presento a la
consideración del Congreso, constituye un documento minucioso y extenso. La
naturaleza de esta sesión inaugural de la Legislatura Ordinaria de 1946, no
permitiría absorber la atención de las Cámaras con la lectura exhaustiva de ese
mensaje. He de limitarme, por eso, en un discurso resumen, a exponer las líneas
generales de la política gubernativa; a tocar, en breve síntesis, algunos de
los principales asuntos que ha encarado la administración; y a formular mis
propias reflexiones sobre los problemas que considero vitales para la marcha
del país.
RELACIONES ENTRE LOS PODERES
El Ejecutivo ha inspirado sus relaciones con
los Poderes Legislativo y Judicial en un criterio de respetuosa convivencia y
de patriótica colaboración, dentro del concepto de elevada autonomía coordinada
por un fin común que consagra al respecto la Carta fundamental.
En lo que específicamente se refiere a sus
relaciones oficiales con el Parlamento, mi Gobierno no ha hecho política
parlamentaria en el sentido que entre nosotros ha sido tradicional, de buscar
el apoyo de uno o varios sectores o de influir más o menos marcadamente en la
orientación de las decisiones camerales. Dos
causas bien conocidas han determinado esa actitud. En primer lugar,
desde mi época de candidato enuncié la necesidad de reconocer al Legislativo toda
la prestancia de su fuero, eliminando intromisiones gubernamentales que
pudieran menoscabar la augusta independencia de criterio de los Legisladores o
presentar al Parlamento como un simple reflejo de la voluntad unipersonal del
Presidente. En segundo lugar, las circunstancias en que advine al poder
eliminaban por sí solas la posibilidad de erigirme en inspirador de un núcleo
parcial de Representantes; pues que
habiendo emanado mi elección del voto de ciudadanos pertenecientes a variados
sectores populares y habiendo yo preconizado un Gobierno de armonía y cohesión
nacionales, con un sentido de elevación
política que rebasa los conceptos de partido y de predominio personal, estaba
en el deber de rendir idéntica consideración y tratamiento a todos los elementos
parlamentarios, a título de personeros nacionales y de respetarlos en principio
y sin distingo como potenciales colaboradores de los limpios fines del régimen
que instauré.
Bajo este concepto, soy un hombre sin partido,
cuya única fuerza estriba en su fidelidad al programa trazado, fuerza que, en
mi concepto, representa en el campo de las influencias parlamentarias mucho más
que la jefatura mental y preestablecida de un grupo de adherentes.
Pero, al mismo tiempo, me doy exacta cuenta de
que el Presidente de la República es, por razón de su cargo, el director de la
política nacional, considerada la frase en su amplio y noble sentido de
orientación de la marcha del país hacia sus esenciales destinos. Y desde este
punto de vista, la labor presidencial requiere coordinación y entendimiento con el Poder Legislativo, sea
para imprimir el sello de la ley a sus
iniciativas, sea para suministrar el aporte de sus datos técnicos o de su
propio criterio en la elaboración de los proyectos surgidos dentro de las
Cámaras. Considerado este aspecto de la vinculación entre los dos poderes,
admito y estoy decidido a fomentar un constante contacto con la Representación
parlamentaria, sea para promover, en gestión llena de dignidad, la acogida de los proyectos del Gobierno, sea
para expresar, con honesta libertad democrática, mi discrepancia con aquellos
otros surgidos de las Cámaras mismas que ofrezcan algún reparo constitucional o
realista, y procurar que mis observaciones, recogidas por quienes se sientan
afines a mi pensamiento, sean materia de debate. La forma de convivencia que
esta política establezca no sólo es ajustada a las directivas de la
organización republicana, sino que hará honor al proceder de ambos altos
organismos; pues ha de surgir entonces la solidaridad del Gobierno con tal o
cual sector legislativo de la
coincidencia doctrinal de los criterios y del puro propósito común de bien
nacional antes que de pactos previos de incondicional colaboración. Pienso que
es harto más sólida la posición de un Gobierno que funda sus demandas en la
pureza de su línea y en los resortes del buen criterio y de la recta
conciencia, que en la armazón artificiosa del compromiso político.
Así la libertad de acción de ambos poderes
tiene legítimo resguardo; y así se
garantiza enteramente, al margen de todo
interés subalterno, el control y el acierto de la obra que el pueblo ha
confiado a sus dirigentes.
Las oficinas del Gobierno han atendido
esmeradamente los variados pedidos de informe que, por acuerdo de las Cámaras o
a solicitud individual de los señores Representantes, les fueron trasmitidos.
Como Presidente de un régimen llegado al poder
bajo la divisa de la unidad nacional,
los diversos sectores parlamentarios han merecido por igual mi deferente
disposición de ayuda en las gestiones que sus miembros tuvieron a bien someter
a mi despacho, para satisfacer necesidades administrativas de sus respectivas
circunscripciones. He procurado siempre
tomar en cuenta, como valiosos elementos de juicio, las sugestiones de ellos
recibidas; y espero haber contado con su comprensión de espíritu en aquellos casos en que razones
me privaron de deferir a sus deseos.
La experiencia recogida durante el último año,
de intensa y pocas veces superada actividad parlamentaria, me ha dado la
convicción de la necesidad de un efectivo concierto entre los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, para
perfeccionar la coordinación de sus labores. Estoy seguro de que en este orden
la Legislatura que hoy se inicie puede
lograr proficuas realizaciones. Por ejemplo, el envío al Gobierno de una copia de los proyectos de ley
que se presenten en las Cámaras, apenas ingresados a la Mesa, permitiría al
Ministerio respectivo exponer con la debida oportunidad sus puntos de vista sobre ellos, en los casos
importantes en que tuviere alguna sugestión que formular. La discusión de los
proyectos que versan sobre materias técnicas vinculadas con la administración
del Estado, es susceptible de
facilitarse y contar con un caudal más completo de datos ilustrativos mediante
el trámite de petición de informe al Ejecutivo por las respectivas Comisiones
Parlamentarias.
Por último, la remisión al Ejecutivo de las
versiones taquigráficas oficiales de las sesiones constituiría un medio útil de
captar el desarrollo de los debates y el curso de los proyectos en fuentes más
completas y auténticas que los simples extractos periodísticos. Tales formas de
colaboración podrían garantizar el estudio exhaustivo de los asuntos y el
acierto de las leyes, que ambos poderes persiguen con explicable empeño.
Está pendiente de la resolución del Congreso
la atingencia que formulé en abril último sobre la subsistencia del veto
presidencial. Expuse ya en ese entonces las razones de principios y de derecho
positivo que, a mi juicio, respaldan el mantenimiento de esa prerrogativa.
Quiero sólo reiterar en esta oportunidad que el móvil de ese planteamiento,
ajeno a toda mira de política actual, ha sido únicamente cautelar, sin mengua
alguna de la autonomía parlamentaria, lo que, a lo largo de nuestra vida
constitucional, fue siempre un fuero del Ejecutivo, dirigido a lograr un mejor
examen de las leyes. En lo que a mí respecta, soy apenas un hombre que pasa por
la Presidencia como fugaz elemento de un proceso histórico. Pero no desearía
que más tarde pesara sobre mí, en el juicio de la opinión ciudadana o en el
ánimo de mis sucesores, el cargo de
haber omitido la promoción de un debate definitorio sobre punto de tan permanente trascendencia.
De acuerdo con
la facultad que les confiere el artículo 119 de la Constitución del
Estado, las Cámaras han nombrado en los primeros meses de este régimen diversas
Comisiones de investigación encargadas de examinar el funcionamiento y manejo
de varios organismos de la administración pública o conexa con ella, para
establecer sus responsabilidades. El Poder Ejecutivo ha prestado a esas
Comisiones el concurso de su información y elementos documentales. Hay todavía
algunos casos en que se hallan pendientes de expedición los dictámenes
respectivos, y tengo conocimiento de que es propósito de las Cámaras expedirlos
a corto plazo. Coincido por entero en la conveniencia de esa pronta expedición
ya que precisa conciliar los altos fines de moralidad en que se inspira el
nombramiento de esta clase de Comisiones, con la necesidad sustancial de
normalizar el funcionamiento de los organismos investigados y de evitar el
latente estado de inquietud que mantiene en el personal que se siente libre de
sospecha, la falta de definición de los cargos que puedan resultar del proceso
indagatorio.
LA LÍNEA
DEMOCRÁTICA DEL GOBIERNO
Al asumir la primera magistratura, anuncié al
país mi propósito de promover el restablecimiento del régimen democrático que
la Carta Política señala como uno de los elementos constitutivos de la
República; democracia en el auténtico sentido del vocablo: respeto de la
persona humana; libertad dentro del orden; honesta facultad de crítica;
deferente acogida al derecho de petición regularmente ejercitado; igualdad de oportunidades; sanción de las
transgresiones bajo la pauta de la ley.
En el ejercicio del Gobierno, me he esforzado
por cumplir esa anunciada directiva. El primer acto del Ejecutivo fue la
promulgación de la ley de amnistía, que reintegró a la vida civil a numerosos
ciudadanos. Los exilados políticos han regresado al país. Se ha suspendido la
censura de prensa y de telégrafos. La libertad de imprenta consagrada por la
Constitución ha sido reconocida en ley reciente. Es libre la emisión de
noticias al exterior. Funciona ampliamente el derecho de asociación. En la
provisión de cargos públicos se procura tomar en cuenta los factores de
capacidad, moralidad y méritos adquiridos, sin otra clase de distingos. Y,
abolidas las leyes de excepción, se remite al fuero común la sanción de los
actos delictuosos.
Creo no exagerar en la afirmación de que pocas veces en el Perú se ha observado
una actitud de mayor respeto a las
garantías individuales y sociales por parte de las autoridades.
Toca a los ciudadanos contribuir con su conducta al mantenimiento de este régimen
de libertades, ajustándose a normas de mesura cívica. Dentro de tales normas,
el poder compulsivo de la autoridad no tiene por qué hacerse sentir: ella
ejercita apenas una misión de ponderada vigilancia. Pero la libertad no es
desorden, ni pasión obcecada, ni abuso irresponsable, ni actitud intolerante.
En este sentido, cábeme de nuevo formular al país una fervorosa exhortación a
la comprensión y a la calma. Que las
actividades políticas se desenvuelvan dentro de un clima de respeto
mutuo. Que la prensa se inspire en dictados de veracidad y nobleza, con
fidedignos elementos de juicio y sin hiriente agresividad. Que el derecho
individual o colectivo se reclame con sujeción a la ley y al margen de toda
imposición. Y, que el sentido de
responsabilidad subordine siempre el interés
personal o de grupo al supremo interés del país.
De no contar con este aporte de buena voluntad de la ciudadanía, el
cumplimiento del deber marca a la autoridad una función activa cuya energía se
legitima por el imperativo de sostener la vida regular de la nación.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 10316 y en el decreto de
convocatoria de 26 de diciembre de 1945, se realizaron el 30 de junio último
las elecciones complementarias para cubrir las vacantes de 4 senadores y 15 diputados.
Por órgano del Ministerio de Gobierno se dictó el decreto supremo de 17 de junio,
estableciendo el control de los mencionados comicios por las Fuerzas Armadas
con el fin de dar garantías a los electores en el acto del sufragio y a los
diversos organismos electorales en el
ejercicio de sus respectivas funciones.
Oportunamente el señor ministro del ramo
dirigió circulares a las autoridades políticas dándoles indicaciones precisas
sobre la conducta que debían observar durante el proceso electoral, e
instruyéndolas con claridad acerca del propósito del Ejecutivo, basado en su
orientación legal y democrática, de auspiciar comicios absolutamente
imparciales y libres. El Gobierno ha cumplido, así, con austeridad, la parte
que le incumbía en el acto electoral.
Producido el sufragio, han sido llevadas al
Jurado Nacional de Elecciones varias demandas de nulidad. Es menester que la
nación aguarde con serenidad y respeto el veredicto de los jueces y que se
evite toda actitud que pudiera perturbar la libertad de sus decisiones.
LA LABOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El primer año de un nuevo régimen político es
por lo general de inventario y
planeamiento. Hay que empaparse del estado de la administración que se recibe y
examinar las directivas en que ésta se ha inspirado para ratificarlas y
reformarlas. Por otra parte, hay que preparar el plan de ejecución del programa
económico, financiero y administrativo que trae el nuevo Gobierno.
Estas labores requieren meses de estudio,
durante los cuales la acción de la administración no se hace mayormente visible
al exterior. En el caso de mi Gobierno, han concurrido, además, otros factores
adversos que postergaron lamentablemente la iniciación organizada de las tareas administrativas. En el ramo de
Obras Públicas eran muy escasos los fondos disponibles durante el segundo
semestre del año pasado para atender ese servicio. La revisión del proyecto de
Presupuesto para 1946 tomó todo el último cuatrimestre del año anterior, y su
discusión en las Cámaras exigió la prórroga del doceavo de enero y febrero
últimos. Fue, pues, sólo a partir de marzo que la nación dispuso de una ley
presupuestal, cuya impresión, distribución en fascículos a los diversos
ministerios y ulterior versión a los presupuestos administrativos parciales de
cada ramo demandó entre uno y dos meses más. Reinaba, entretanto, una situación
de incertidumbre presupuestal que sólo permitió muy contadas realizaciones.
Puede decirse que sólo a partir de mayo logró ser normalizada la marcha
financiera de la nación e iniciados con regularidad los trabajos y servicios
públicos de acuerdo con la nueva pauta legal.
Otro factor de distinto orden ha actuado
también en este proceso. El año que ha vencido ha sido un año político, como
consecuencia del profundo cambio introducido en nuestras instituciones por el
advenimiento del nuevo régimen. La intensa labor parlamentaria se ha reflejado
en el Ejecutivo bajo la forma de un extraordinario recargo de trabajo en la
emisión de informes, suministro de datos y constante atención de los ministros
a la expedición de las nuevas leyes. Las actividades de partido han demando la
constante vigilancia del Poder Público, en
resguardo del orden. A esto se
agrega la multiplicación de conflictos sociales, que han mantenido en
permanente estado de alerta y de trabajo agobiador a ciertos funcionarios de la
administración.
Pese a tales circunstancias, la labor de la
administración pública ha sido intensa e incesante. No es aventurado afirmar
que rara vez se ha trabajado en las oficinas del Estado con mayor ahínco y
constancia que en el año transcurrido incluso en horas extraordinarias. Los
detalles que contiene este mensaje en referencia a cada ministerio son una
prueba de esta afirmación. Es temprano aún para enjuiciar la tarea desenvuelta
y para apreciar sus resultados; tanto más cuanto que el Ejecutivo ha preferido
trabajar en silencio, rehuyendo la estridencia de una propaganda demagógica. Lo
que me cabe asegurar es que en esa tarea han puesto los miembros del Gobierno y
el personal de funcionarios y empleados públicos el máximum de dedicación y su más acendrado interés por el
servicio del país.
Comprendo, sin embargo, que éste tiene derecho
a esperar en lo sucesivo una labor más organizada y más tangible u objetiva.
Ello no depende únicamente del Gobierno, requiere también la colaboración de
los demás organismos del Estado, de las fuerzas políticas, de los sectores del
trabajo y de la ciudadanía en general. La experiencia del año transcurrido me
mueve a formular votos porque la acción oficial se canalice en objetivos
limitados y concretos; porque las actividades sociales entren en un cauce de serena normalidad; y porque,
morigerados los factores de disidencia e inquietud, se concentre nuestro pueblo
en una unánime y patriótica voluntad de
trabajo constructivo y de esfuerzo creador.
EL PROBLEMA ECONÓMICO Y HACENDARIO
Vivimos la postguerra. El mundo arrostra en
este momento, sin distinción de países, un problema de inflación. Ese problema repercute en el Perú con caracteres
peculiares y graves. Nuestra economía es incipiente y feudal y nuestras
finanzas flojas. Ricos en materias primas, nos falta industria de
transformación para utilizarlas por nosotros mismos y habremos de someterlas al
mercado internacional bajo obligadas limitaciones de demanda y de precio.
Derívase de aquí la escasez de manufactura
propia y el forzado recurso de la importación foránea, con la tiranía del costo
y de los fletes y el consiguiente drenaje de divisas. La exigüidad de nuestros
capitales y la escasez de brazos obstaculizan el avance en gran escala de la industria extractiva, fuente generosa
de producción. Como consecuencia, dependemos del extranjero para el
abastecimiento de algunas de nuestras necesidades vitales en el orden de los
alimentos. Esta deficiencia reduce
nuestras posibilidades inmediatas de inmigración. La carestía de la vida
origina legítimas demandas de aumento de salarios y sueldos que, a su vez se
traducen en elevación de los precios y en nuevas cargas al erario. El
natural progreso del país exige, a su
vez, la creación de nuevos servicios públicos cuyo sostenimiento representa al
Estado una creciente alza de egresos, en progresión mucho más rápida que la de
los ingresos fiscales, relativamente estacionarios por el lento incremento de
los medios de producción que son la base del tributo. El Presupuesto, así,
pierde equilibrio y el fantasma de la inflación se hace presente.
Es indudable que el primer recurso para
atenuar los peligros de este proceso consiste en adoptar sin dilaciones un
severo régimen de economía, que se traduzca, en la vida de la comunidad, en un
parcial sacrificio de las aspiraciones salariales y una mayor sobriedad de los
consumos y, en la hacienda fiscal, en una prudente reducción de los gastos
públicos. A este respecto creo que en los planes de reorganización de los ministerios,
es menester dar a éstos una estructura menos rumbosa y más parca en
especializaciones de departamentos y secciones que la que ahora existe; que la
proliferación de los empleos públicos no se ha detenido aún todo lo posible en
el Presupuesto vigente; y que es preferible contar con un menor número de
funcionarios competentes y bien rentados, eliminando muchos de los de reciente
creación, que multiplicar los puestos de
mala renta y de dudosa eficacia. Pienso, asimismo, que el pliego de egresos es
susceptible de recortes en varios ramos, suprimiendo servicios no estrictamente
indispensables, limitando las autorizaciones
de viajes al extranjero, cortando la concesión de nuevas pensiones de
gracia, que inflan alarmantemente las listas pasivas e introduciendo otro
género de economías. He recomendado a
los señores miembros del gabinete ministerial que traten de inspirarse en estas
normas al preparar el proyecto del próximo Presupuesto. Pero es cierto también
que, desde el punto de vista hacendario, no podemos cegarnos ante ciertas
evidencias que la realidad nos impone. La tributación no puede ir más allá de
las posibilidades razonables del contribuyente; y el Estado no puede ignorar
respecto de sus servidores el fenómeno general del alza de los costos y la
equidad de una mejora siquiera parcial
en la tasa de los emolumentos; ni puede desatender servicios indispensables que
se rozan con la vida o el trabajo de los asociados. De otro lado, el curso
arrollador del progreso del país trae también consigo nuevos y crecidos
desembolsos al erario, en progresión mucho más grande que la de los ingresos
del respectivo ejercicio. Las economías presupuestales son pues, sólo un
remedio parcial de la crisis; un paliativo incapaz de resolver integralmente el
problema del déficit.
LA PRODUCCIÓN EN GRANDE: SUS REQUISITOS
De ahí mi convicción profunda de que solo un empuje vigoroso de la producción
nacional nos traerá la solución que el país
todo reclama. La producción en grande acarrea mayor riqueza privada y pública, mayores medios de
pago, mayor capacidad tributaria y, por lo mismo, más altos rendimientos
fiscales capaces de cubrir, acaso con holgura, las nuevas exigencias del
Presupuesto. Pero esa producción supone también atracción del capital
extranjero, garantías para los inversionistas, acertada elección de las
inversiones, voluntad de trabajo, tranquilidad social y un plan concreto de
obras reproductivas en cuya rápida realización
concentren a la vez el Estado y los particulares el máximo de sus
energías.
El capital extranjero solo puede venir al país
en una de dos formas: o como empréstito o como inversión privada. Son evidentes
las ventajas de esta última sobre aquél, por más que hoy los empréstitos de
Gobierno a Gobierno, dentro del sistema cooperativo interamericano, ofrezcan
garantías de seriedad y equidad que antes no siempre ofrecían en las
contrataciones de bolsa. Pero el inversionista extranjero piensa dos veces
antes de llevar su dinero a un país extraño. El capital posee una extraordinaria sensibilidad y su
retracción o largueza depende de los más sutiles factores. Un país es atractivo
para el capital extranjero cuando sus leyes le
prestan garantías sólidas, no sólo de presente, sino a largo plazo;
cuando el Estado respeta sus contratos con los particulares; cuando su moneda
es saneada; cuando hay en ese país posibilidades de inversión reproductiva que
ofrezcan perspectivas de utilidades; cuando una fracción prudencial de esas
utilidades es legalmente susceptible de llevarse al país de origen; cuando el régimen de la propiedad es respetado; cuando
la situación social y política ofrece condiciones de estabilidad y orden que
inspiren confianza a quienes realizan la introducción de capitales; y cuando
esta firmeza del orden social, así como una previsible ausencia de innovaciones
excesivas en el orden tributario, permiten a las empresas calcular sus costos
de salarios e impuestos con relativa seguridad dentro de un lapso prudencial,
para apreciar las perspectivas de beneficio. Estas no son, por cierto, apreciaciones
doctrinarias o de principio que yo recoja como inmutables o permanentes; son
apenas comprobaciones de nuestra realidad económica actual, a las cuales
debemos, por lo mismo, someternos de
momento, si queremos lograr el objetivo arriba preconizado de impulsar nuestra
producción.
Por más que la ideología económico-social de
mucha gente no esté de acuerdo con esa realidad y anhele en ella radicales
innovaciones, el hecho es que en América y en el Perú vivimos aún la era del
capitalismo y tenemos que amoldar a sus dictados nuestros empeños de progreso,
sin perjuicio de moderar con franco sentido humano y moderno lo que haya de exagerado en sus pretensiones
de frío egoísmo individual.
Pocos países se dan más atrayentes que el Perú
como campo posible de grandes y fructuosas inversiones. Poseemos magníficos
proyectos de irrigación. Las industrias agrícola, ganadera y minera tienen
enorme porvenir.
El petróleo se encuentra en varias zonas del subsuelo. Las posibilidades de
nuestra selva son ilimitadas. En los ríos que bajan de nuestras cumbres
discurre un formidable potencial de energía hidroeléctrica que debidamente
utilizado puede determinar la completa industrialización del país, incluyendo
la industria pesada. Nuestro obrero es inteligente y hábil. No son, pues,
condiciones naturales las que nos faltan para que el gran capital venga a
radicarse en el Perú, lo que necesitamos es asegurarles esas otras condiciones
de orden legal y social a que antes me
he referido. Pero asegurárselas de inmediato, porque mañana puede ser tarde.
Hoy el momento es propicio, porque en grandes países la plétora de circulante originada por la guerra impele al
capitalista a llevar su dinero al exterior. Este fenómeno tiene su
correspondiente en los países urgidos de capitales: se va estableciendo entre
ellos algo así como una competencia de facilidades y garantías para atraer las
inversiones. El éxito será de los más diligentes y a nosotros nos interesa
contarnos entre esos últimos.
Examinando el campo de las perspectivas
inmediatas para incrementar nuestra producción, mi Gobierno ha considerado en
primer término la riqueza petrolera.
Viejo en el mundo, el problema del petróleo se
actualiza hoy con aspectos inesperados. La terminación de la guerra hará
readquirir su importancia en el comercio internacional a los yacimientos de
otros continentes y antes que la corriente de las exploraciones se desplace
hacia ajenos países, nos incumbe la responsabilidad de promover una más amplia
e intensa exploración del nuestro. En la lucha de mercados próxima a producirse
por acción de la competencia, llevarán la peor parte los países cuya industria
petrolera sea débil y anémica; y estamos, por consiguiente, en la obligación de
vigorizar y extender las actividades petroleras
nacionales. El descubrimiento de nuevos carburantes naturales y
sintéticos constituye una amenaza para el petróleo y dista mucho de garantizar
la permanencia a largo plazo de la comerciabilidad de ese producto;
razonamiento éste que nos mueve a compulsar las lamentables y aún catastróficas
consecuencias que acarrearía el ver en un momento dado esterilizada y pérdida
la riqueza portentosa que en este orden nos brindó la naturaleza y que apuntala
buena parte de nuestro Presupuesto.
Las labores de exploración y explotación del
petróleo son de las más costosas y requieren capitales que resultan poco menos que astronómicos para la capacidad
financiera de los capitalistas peruanos. Por último, es conocido el hecho de
que el control del petróleo mundial está en manos de unas pocas y poderosísimas
organizaciones que poseen experiencia de
años en la técnica de la industria, que imponen universalmente sus precios y
que están en capacidad de hacer el dumping a las pequeñas empresas locales de
los países productores. Todas estas consideraciones movieron al Ejecutivo, a
poco de iniciado este Gobierno, a revisar resueltamente el régimen de reservas
del Estado establecidas desde años atrás en el país con laudable propósito
nacionalista; y después de maduro estudio se adoptó la resolución, no de abolir
de un plumazo las reservas, sino de
permitir que éstas fueran levantadas parcialmente, por zonas limitadas,
en cada caso en que empresarios solventes solicitaran concesiones; todo ello
sin perjuicio de estudiar la reforma de
la vigente ley de petróleo.
Fue así como tuvo origen el contrato
ad-referendum suscrito por el Gobierno con la International Petroleum Company
sobre la zona petrolera del desierto de Sechura y sometido al Congreso para su estudio y aprobación. Los encontrados
pareceres que ha suscitado en la opinión pública la formulación de ese
contrato, lejos de lastimar la susceptibilidad del Gobierno, merecen su más
decidido beneplácito; pues le han dado
la oportunidad de llevar al debate público una negociación que nació
limpia y que se inspira sólo en un propósito de provecho nacional. En ese
debate podrán ser contemplados los motivos en que se han fundado el Gobierno
para ajustar las bases pactadas, así como también las sugerencias que los
contradictores han emitido y emiten para modificarlas o sustituirlas; y
tras la necesaria compulsa de unos y
otros elementos podrá el Poder Legislativo,
como árbitro supremo, pronunciar su decisión.
Por lo que a mí respecta, creo que el contrato
contempla debidamente el interés del Estado. En el fondo y aunque no sea explícitamente, éste se
constituye en asociado de la empresa para la percepción de los rendimientos de
la explotación proyectada. Las condiciones establecidas son en mucho superiores
a las que exige a los concesionarios la ley vigente. La concesión abarca
únicamente el subsuelo, quedando expedito el derecho del Estado para utilizar,
directamente o por medio de
particulares, los terrenos superficiales.
Fenecido el periodo de exploración, la
concesión se reduce para los fines de la explotación a sólo un 30% del área
otorgada; revirtiéndose al Estado el 70% restante, con el derecho de parte de este último de hacerse
dueño de todos los estudios técnicos que realice la empresa sobre ese 70% a fin de que el
Gobierno pueda aprovechar para sí esos estudios u otorgar, con mejor
conocimiento de causa, futuras concesiones. No hay concesión a perpetuidad,
sino a plazo indefinido; pues según el concepto técnico actual los yacimientos
son riqueza extinguible cuya duración, dentro de un régimen de explotación
científica y normal, no va más allá de cierto número de años, 10, 20 ó 30,
según el volumen y presión de la napa. La regalía se cobra no sólo sobre el
carburante líquido, sino también sobre los gases utilizados, que hasta hoy no
eran tomados en cuenta. Finalmente, el contrato no se ha suscrito a firme: si
logra la aprobación del Congreso, se
abrirá sobre las bases mismas que él contiene un periodo de licitación
dentro del cual otras empresas podrán mejorar la oferta de la International
Petroleum Company y esta entidad quedaría desplazada automáticamente si se
produce otra oferta más ventajosa.
La elaboración del contrato ha sido minuciosa
y su debate intenso entre las partes, con un constante cambio de propuesta y contrapropuestas que aleja toda
presunción de parcialidad benevolente y revela el empeño de los negociadores de
llegar a un equitativo equilibrio de intereses y perspectivas.
Tengo, pues, la impresión, algo más, la convicción moral de que en este
asunto ha primado un criterio de buena fe y honestidad que, aun suponiendo que
el contrato adolezca de defectos, pone a cubierto de sospecha la corrección del
Gobierno.
En lo que toca a proyectos de irrigación, el
Ministerio de Fomento tiene ya terminados o por terminar los estudios
correspondientes a varias zonas de la costa y la sierra, como las de Piura,
Jaén, Olmos, Ica, Majes, Ocoña y Tacna, que permiten encarar a breve plazo la
iniciación de cualquiera de esas obras, por cuya financiación están interesados
diversos capitales. Son señaladamente promisorias las irrigaciones de media
altura, propicias al cultivo del trigo.
Merece especialísima atención la idea, por
algunos enunciada, de extender el riego a las áreas aledañas y de campiñas ya
actualmente cultivadas y próximas a centros poblados, antes de emprender
irrigaciones nuevas de zonas eriazas.
Lo que importa en este asunto es adoptar una
resolución rápida y circunscribir la elección, entre los numerosos proyectos
existentes, a sólo dos o tres de ellos, para enfocar concretamente y de inmediato
su ejecución.
La obra de la Corporación del Santa, múltiple
en sus aspectos, pero ya perfectamente perfilada y organizada, debe merecer la
atención preferente y el decidido apoyo financiero del Estado, a fin de
comenzar a percibir los beneficios industriales que ella habrá de reportar.
En suma, estoy convencido de que acaso el
exceso de imaginación y el exagerado aunque plausible afán de abrir muchos caminos simultáneos al
propósito de incrementar nuestra producción, ha sido la rémora principal con
que hemos tropezado para hacer realidad ese propósito. Con un criterio más
práctico y más a tono con nuestras posibilidades, debemos reducir prudentemente
el ámbito ambicioso de nuestros
proyectos y, antes que entretenernos estérilmente en discutir durante años su planificación
perfecta e integral, decidirnos a escoger unos pocos, aquellos cuya utilidad
está descontada, y ejecutarlos sin
demora a fin de dar una inyección de vida a nuestra débil economía.
Evitaremos también de este modo la dispersión de los fondos fiscales en muchas
obras de pequeña importancia, para concretarlos en la financiación de una o
pocas empresas de gran envergadura.
LOS VALORES ESPIRITUALES
Los valores materiales son, sin duda,
importantes; pero no son los únicos. Siempre he tenido fe profunda en la
eficacia de los valores espirituales como elemento determinante de la
felicidad de un pueblo. De ahí que me
haya esforzado por fomentar y enaltecer esos valores en alocuciones públicas y
en actos administrativos.
Pienso que yerran quienes afirman que en el
mundo de hoy el sentido materialista de la vida impone como únicos resortes de la acción humana el
interés, el éxito o la fuerza; y que ha pasado la hora de la moral, del honor y
del derecho. Precisamente la última guerra, donde han entrado en pugna la
concepción cristiana y la totalitaria, no significó otra cosa que la reacción
del hombre libre contra la amenaza anti-espiritualista del criterio imperial. Y
el movimiento de solidaridad y de cooperación mutua de que es gallardo promotor
este continente nuestro, halla su fundamento y su prestigio en los valores
netamente morales de la afinidad de espíritu y el sentimiento de fraternidad.
En los pueblos, como en los individuos, los
rasgos de la personalidad se perfilan en función de sus excelencias anímicas.
La valía de un pueblo se cotiza por sus virtudes permanentes y por la conducta
de sus hombres antes que por el peso de su poderío o por su influencia
internacional. Fueron Atenas, la sabia; y Esparta, la indomable, gloriosas en su pequeñez; y una Polonia
infortunada suscita más admiraciones por su fervor de independencia que altas
potencias imperiales. Allí donde un ideal o el sello de una convicción ha
presidido la trayectoria de un país, su figura parece ennoblecida y el consenso
invariable del mundo le otorga su respeto.
Rica es la gama de valores espirituales que
puede ostentar una nación.
Heredados los unos, a título de dones, del
misterio de la naturaleza o de ancestrales influencias, y adquiridos los otros,
como virtudes, a fuerza de un proceso de depuración de la voluntad, constituyen
todos el acervo precioso del alma colectiva y determinan en cada pueblo la
orientación de su destino histórico. La bondad, el honor, la rectitud, la
inteligencia y el carácter se dirían valores fundamentales: de cada uno de
ellos se derivan cualidades excelsas.
La bondad, que es afable disposición hacia los
demás, busca expresión en el altruismo, en la delicadeza, en la piedad, en la
ternura, en el pacifismo. El honor, que no es otra cosa que el respeto de sí
mismo, se exterioriza en celo por la reputación y en cuidado de la conducta. La
rectitud, alta postura moral de ponderación sin egoísmo, hace de la lealtad un
culto, de la justicia un lema y una noble profesión del cumplimiento del deber.
La inteligencia es lucidez o análisis; creación o dialéctica; fría aptitud técnica o emotiva disposición
artística. El carácter, flor de voluntad
lograda a base de educación, se exhibe multiforme en sus manifestaciones; en
los trances supremos de la vida llámase valor o entereza; a lo largo de un
proceso de sucesivas dificultades superadas, se titula perseverancia; frente a
la encrucijada, el dilema o la duda, se
denomina determinación; ante el asedio de las insinuaciones se transforma en
firmeza; bajo el peso de la calumnia o del insulto se traduce en serenidad.
Fuerza inconmensurable, tesoro inmenso es el
que tienen los pueblos en estos grandes valores; pero su posesión y su defensa
están en manos de cada uno de sus ciudadanos. Son éstos, en rigor, sus individuales
depositarios; a ellos les toca cultivarlos y preservarlos; y de la personalidad
que así se forje cada uno resultará, amplificada, la personalidad de la nación, su prestigio o
su demérito. De ahí la enorme responsabilidad de los hombres en la suerte de su
comunidad; y de ahí el interés con que yo enuncio, en esta ocasión solemne, la
necesidad de un llamado a los peruanos para que guarden celosamente el caudal
de sus valores espirituales. Que sean respetuosos del pensamiento ajeno, leal
en sus luchas, honrado en sus procedimientos, veraz en la afirmación y sincero
en la actitud. Que se adelanten al conflicto que les plantea el nuevo espíritu
social, uniendo en armoniosa ensambladura los dos grandes intereses del capital
y del trabajo, bajo la inspiración de un hondo sentido cristiano. Que adquieran
la conciencia de que depende de su esfuerzo la suerte de la producción y, en
consecuencia, tiemplen como acero los resortes de su voluntad de trabajo. Que forjen su carácter a base de una
disciplina interna y libre, nacida del
concepto del deber y no de la presión ajena. Que en cada individuo haya
un hombre en la plena extensión del
vocablo, vale decir, un amplio espíritu extraño a todo sectarismo y un corazón sin odios propicio a todas las
generosidades.
Señores Representantes:
Bajo el auspicio tutelar de la patria e
inspirados en altos propósitos iniciáis hoy las labores de esta
Legislatura. Hago votos porque el
acierto acompañe vuestras decisiones y porque la obra que os toca realizar merezca
bien del país.
