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DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA

DORIS GIBSON PARRA Y FRANCISCO IGARTUA ROVIRA
FRANCISCO IGARTUA CON DORIS GIBSON, PIEZA CLAVE EN LA FUNDACION DE OIGA, EN 1950 CONFUNDARIAN CARETAS.

«También la providencia fue bondadosa conmigo, al haberme permitido -poniendo a parte estos años que acabo de relatar- escribir siempre en periódicos de mi propiedad, sin atadura alguna, tomando los riesgos y las decisiones dictadas por mi conciencia en el tono en que se me iba la pluma, no siempre dentro de la mesura que tanto gusta a la gente limeña. Fundé Caretas y Oiga, aunque ésta tuvo un primer nacimiento en noviembre de 1948, ocasión en la que también conté con la ayuda decisiva de Doris Gibson, mi socia, mi colaboradora, mi compañera, mi sostén en Caretas, que apareció el año 50. Pero éste es asunto que he tocado ampliamente en un ensayo sobre la prensa revisteril que publiqué años atrás y que, quién sabe, reaparezca en esta edición con algunas enmiendas y añadiduras». FRANCISCO IGARTUA - «ANDANZAS DE UN PERIODISTA MÁS DE 50 AÑOS DE LUCHA EN EL PERÚ - OIGA 9 DE NOVIEMBRE DE 1992»

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«Cierra Oiga para no prostituir sus banderas, o sea sus ideales que fueron y son de los peruanos amantes de las libertades cívicas, de la democracia y de la tolerancia, aunque seamos intolerantes contra la corrupción, con el juego sucio de los gobernantes y de sus autoridades. El pecado de la revista, su pecado mayor, fue quien sabe ser intransigente con su verdad» FRANCISCO IGARTUA – «ADIÓS CON LA SATISFACCIÓN DE NO HABER CLAUDICADO», EDITORIAL «ADIÓS AMIGOS Y ENEMIGOS», OIGA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995

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LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU

LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU

LIMAKO ARANTZAZU EUZKO ETXEA - CENTRO VASCO PERU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

«Siendo la paz el más difícil y, a la vez, el supremo anhelo de los pueblos, las delegaciones presentes en este Segundo Congreso de las Colectividades Vascas, con la serena perspectiva que da la distancia, respaldan a la sociedad vasca, al Gobierno de Euskadi y a las demás instituciones vascas en su empeño por llevar adelante el proceso de paz ya iniciado y en el que todos estamos comprometidos.» FRANCISCO IGARTUA - TEXTO SOMETIDO A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA Y QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD - VITORIA-GASTEIZ, 27 DE OCTUBRE DE 1999.

«Muchos más ejemplos del particularismo vasco, de la identidad euskaldun, se pueden extraer de la lectura de estos ajados documentos americanos, pero el espacio, tirano del periodismo, me obliga a concluir y lo hago con un reclamo cara al futuro. Identidad significa afirmación de lo propio y no agresión a la otredad, afirmación actualizada-repito actualizada- de tradiciones que enriquecen la salud de los pueblos y naciones y las pluralidades del ser humano. No se hace patria odiando a los otros, cerrándonos, sino integrando al sentir, a la vivencia de la comunidad euskaldun, la pluralidad del ser vasco. Por ejemplo, asumiendo como propio -porque lo es- el pensamiento de las grandes personalidades vascas, incluido el de los que han sido reacios al Bizcaitarrismo como es el caso de Unamuno, Baroja, Maeztu, figuras universales y profundamente vascas, tanto que don Miguel se preciaba de serlo afirmando «y yo lo soy puro, por los dieciséis costados». Lo decía con el mismo espíritu con el que los vascos en 1612, comenzaban a reunirse en Euskaletxeak aquí en América» - FRANCISCO IGARTUA - AMERICA Y LAS EUSKALETXEAK - EUSKONEWS & MEDIA 72.ZBK 24-31 DE MARZO 2000

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domingo, 28 de octubre de 2012

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE ARANTZAZU DE LIMA 1612.2012


MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,
DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1946

Señores Representantes:
Hace un año, en un día como hoy, asumí la primera magistratura del Estado en virtud del mandato que me confirió el pueblo en los comicios generales del 10 de junio de 1945.
De conformidad con lo prescrito en el artículo 149 de nuestra Carta Política, me corresponde dar cuenta de las labores del Gobierno durante el primer año de su ejercicio constitucional.
El mensaje que, a tal efecto, presento a la consideración del Congreso, constituye un documento minucioso y extenso. La naturaleza de esta sesión inaugural de la Legislatura Ordinaria de 1946, no permitiría absorber la atención de las Cámaras con la lectura exhaustiva de ese mensaje. He de limitarme, por eso, en un discurso resumen, a exponer las líneas generales de la política gubernativa; a tocar, en breve síntesis, algunos de los principales asuntos que ha encarado la administración; y a formular mis propias reflexiones sobre los problemas que considero vitales para la marcha del país.

RELACIONES ENTRE LOS PODERES
El Ejecutivo ha inspirado sus relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial en un criterio de respetuosa convivencia y de patriótica colaboración, dentro del concepto de elevada autonomía coordinada por un fin común que consagra al respecto la Carta fundamental.
En lo que específicamente se refiere a sus relaciones oficiales con el Parlamento, mi Gobierno no ha hecho política parlamentaria en el sentido que entre nosotros ha sido tradicional, de buscar el apoyo de uno o varios sectores o de influir más o menos marcadamente en la orientación de las decisiones camerales. Dos  causas bien conocidas han determinado esa actitud. En primer lugar, desde mi época de candidato enuncié la necesidad de reconocer al Legislativo toda la prestancia de su fuero, eliminando intromisiones gubernamentales que pudieran menoscabar la augusta independencia de criterio de los Legisladores o presentar al Parlamento como un simple reflejo de la voluntad unipersonal del Presidente. En segundo lugar, las circunstancias en que advine al poder eliminaban por sí solas la posibilidad de erigirme en inspirador de un núcleo parcial  de Representantes; pues que habiendo emanado mi elección del voto de ciudadanos pertenecientes a variados sectores populares y habiendo yo preconizado un Gobierno de armonía y cohesión nacionales, con un sentido  de elevación política que rebasa los conceptos de partido y de predominio personal, estaba en el deber de rendir idéntica consideración y tratamiento a todos los elementos parlamentarios, a título de personeros nacionales y de respetarlos en principio y sin distingo como potenciales colaboradores de los limpios fines del régimen que instauré.
Bajo este concepto, soy un hombre sin partido, cuya única fuerza estriba en su fidelidad al programa trazado, fuerza que, en mi concepto, representa en el campo de las influencias parlamentarias mucho más que la jefatura mental y preestablecida de un grupo de adherentes.
Pero, al mismo tiempo, me doy exacta cuenta de que el Presidente de la República es, por razón de su cargo, el director de la política nacional, considerada la frase en su amplio y noble sentido de orientación de la marcha del país hacia sus esenciales destinos. Y desde este punto de vista, la labor presidencial requiere coordinación y  entendimiento con el Poder Legislativo, sea para imprimir el sello  de la ley a sus iniciativas, sea para suministrar el aporte de sus datos técnicos o de su propio criterio en la elaboración de los proyectos surgidos dentro de las Cámaras. Considerado este aspecto de la vinculación entre los dos poderes, admito y estoy decidido a fomentar un constante contacto con la Representación parlamentaria, sea para promover, en gestión llena de dignidad,  la acogida de los proyectos del Gobierno, sea para expresar, con honesta libertad democrática, mi discrepancia con aquellos otros surgidos de las Cámaras mismas que ofrezcan algún reparo constitucional o realista, y procurar que mis observaciones, recogidas por quienes se sientan afines a mi pensamiento, sean materia de debate. La forma de convivencia que esta política establezca no sólo es ajustada a las directivas de la organización republicana, sino que hará honor al proceder de ambos altos organismos; pues ha de surgir entonces la solidaridad del Gobierno con tal o cual sector legislativo de  la coincidencia doctrinal de los criterios y del puro propósito común de bien nacional antes que de pactos previos de incondicional colaboración. Pienso que es harto más sólida la posición de un Gobierno que funda sus demandas en la pureza de su línea y en los resortes del buen criterio y de la recta conciencia, que en la armazón artificiosa del compromiso político.
Así la libertad de acción de ambos poderes tiene legítimo resguardo;  y así se garantiza enteramente, al  margen de todo interés subalterno, el control y el acierto de la obra que el pueblo ha confiado a sus dirigentes.
Las oficinas del Gobierno han atendido esmeradamente los variados pedidos de informe que, por acuerdo de las Cámaras o a solicitud individual de los señores Representantes, les fueron trasmitidos.
Como Presidente de un régimen llegado al poder bajo  la divisa de la unidad nacional, los diversos sectores parlamentarios han merecido por igual mi deferente disposición de ayuda en las gestiones que sus miembros tuvieron a bien someter a mi despacho, para satisfacer necesidades administrativas de sus respectivas circunscripciones.  He procurado siempre tomar en cuenta, como valiosos elementos de juicio, las sugestiones de ellos recibidas; y espero haber contado con su comprensión  de espíritu en aquellos casos en que razones me privaron de deferir a sus deseos.
La experiencia recogida durante el último año, de intensa y pocas veces superada actividad parlamentaria, me ha dado la convicción de la necesidad de un efectivo concierto entre los dos  poderes, Legislativo y Ejecutivo, para perfeccionar la coordinación de sus labores. Estoy seguro de que en este orden la Legislatura que hoy se inicie puede  lograr proficuas realizaciones. Por ejemplo, el envío al  Gobierno de una copia de los proyectos de ley que se presenten en las Cámaras, apenas ingresados a la Mesa, permitiría al Ministerio respectivo exponer con la debida oportunidad  sus puntos de vista sobre ellos, en los casos importantes en que tuviere alguna sugestión que formular. La discusión de los proyectos que versan sobre materias técnicas vinculadas con la administración del  Estado, es susceptible de facilitarse y contar con un caudal más completo de datos ilustrativos mediante el trámite de petición de informe al Ejecutivo por las respectivas Comisiones Parlamentarias.
Por último, la remisión al Ejecutivo de las versiones taquigráficas oficiales de las sesiones constituiría un medio útil de captar el desarrollo de los debates y el curso de los proyectos en fuentes más completas y auténticas que los simples extractos periodísticos. Tales formas de colaboración podrían garantizar el estudio exhaustivo de los asuntos y el acierto de las leyes, que ambos poderes persiguen con explicable empeño.
Está pendiente de la resolución del Congreso la atingencia que formulé en abril último sobre la subsistencia del veto presidencial. Expuse ya en ese entonces las razones de principios y de derecho positivo que, a mi juicio, respaldan el mantenimiento de esa prerrogativa. Quiero sólo reiterar en esta oportunidad que el móvil de ese planteamiento, ajeno a toda mira de política actual, ha sido únicamente cautelar, sin mengua alguna de la autonomía parlamentaria, lo que, a lo largo de nuestra vida constitucional, fue siempre un fuero del Ejecutivo, dirigido a lograr un mejor examen de las leyes. En lo que a mí respecta, soy apenas un hombre que pasa por la Presidencia como fugaz elemento de un proceso histórico. Pero no desearía que más tarde pesara sobre mí, en el juicio de la opinión ciudadana o en el ánimo  de mis sucesores, el cargo de haber omitido la promoción de un debate definitorio sobre punto de  tan permanente trascendencia.
De acuerdo con  la facultad que les confiere el artículo 119 de la Constitución del Estado, las Cámaras han nombrado en los primeros meses de este régimen diversas Comisiones de investigación encargadas de examinar el funcionamiento y manejo de varios organismos de la administración pública o conexa con ella, para establecer sus responsabilidades. El Poder Ejecutivo ha prestado a esas Comisiones el concurso de su información y elementos documentales. Hay todavía algunos casos en que se hallan pendientes de expedición los dictámenes respectivos, y tengo conocimiento de que es propósito de las Cámaras expedirlos a corto plazo. Coincido por entero en la conveniencia de esa pronta expedición ya que precisa conciliar los altos fines de moralidad en que se inspira el nombramiento de esta clase de Comisiones, con la necesidad sustancial de normalizar el funcionamiento de los organismos investigados y de evitar el latente estado de inquietud que mantiene en el personal que se siente libre de sospecha, la falta de definición de los cargos que puedan resultar del proceso indagatorio.

LA LÍNEA  DEMOCRÁTICA DEL GOBIERNO
Al asumir la primera magistratura, anuncié al país mi propósito de promover el restablecimiento del régimen democrático que la Carta Política señala como uno de los elementos constitutivos de la República; democracia en el auténtico sentido del vocablo: respeto de la persona humana; libertad dentro del orden; honesta facultad de crítica; deferente acogida al derecho de petición regularmente ejercitado; igualdad  de oportunidades; sanción de las transgresiones bajo la pauta de la ley.
En el ejercicio del Gobierno, me he esforzado por cumplir esa anunciada directiva. El primer acto del Ejecutivo fue la promulgación de la ley de amnistía, que reintegró a la vida civil a numerosos ciudadanos. Los exilados políticos han regresado al país. Se ha suspendido la censura de prensa y de telégrafos. La libertad de imprenta consagrada por la Constitución ha sido reconocida en ley reciente. Es libre la emisión de noticias al exterior. Funciona ampliamente el derecho de asociación. En la provisión de cargos públicos se procura tomar en cuenta los factores de capacidad, moralidad y méritos adquiridos, sin otra clase de distingos. Y, abolidas las leyes de excepción, se remite al fuero común la sanción de los actos delictuosos.
Creo no exagerar en la afirmación de  que pocas veces en el Perú se ha observado una actitud de mayor respeto  a las garantías individuales y sociales por parte de las autoridades.
Toca a los ciudadanos contribuir con  su conducta al mantenimiento de este régimen de libertades, ajustándose a normas de mesura cívica. Dentro de tales normas, el poder compulsivo de la autoridad no tiene por qué hacerse sentir: ella ejercita apenas una misión de ponderada vigilancia. Pero la libertad no es desorden, ni pasión obcecada, ni abuso irresponsable, ni actitud intolerante. En este sentido, cábeme de nuevo formular al país una fervorosa exhortación a la comprensión y a la calma. Que las  actividades políticas se desenvuelvan dentro de un clima de respeto mutuo. Que la prensa se inspire en dictados de veracidad y nobleza, con fidedignos elementos de juicio y sin hiriente agresividad. Que el derecho individual o colectivo se reclame con sujeción a la ley y al margen de toda imposición.  Y, que el sentido de responsabilidad subordine siempre el interés  personal o de grupo al supremo interés del país.
De no contar con este aporte  de buena voluntad de la ciudadanía, el cumplimiento del deber marca a la autoridad una función activa cuya energía se legitima por el imperativo de sostener la vida regular de la nación.
De conformidad con lo dispuesto en  la Ley N° 10316 y en el decreto de convocatoria de 26 de diciembre de 1945, se realizaron el 30 de junio último las elecciones complementarias para cubrir las vacantes de 4 senadores y 15 diputados.
Por órgano del Ministerio de Gobierno  se dictó el decreto supremo de 17 de junio, estableciendo el control de los mencionados comicios por las Fuerzas Armadas con el fin de dar garantías a los electores en el acto del sufragio y a los diversos organismos electorales  en el ejercicio de sus respectivas funciones.
Oportunamente el señor ministro del ramo dirigió circulares a las autoridades políticas dándoles indicaciones precisas sobre la conducta que debían observar durante el proceso electoral, e instruyéndolas con claridad acerca del propósito del Ejecutivo, basado en su orientación legal y democrática, de auspiciar comicios absolutamente imparciales y libres. El Gobierno ha cumplido, así, con austeridad, la parte que le incumbía en el acto electoral.
Producido el sufragio, han sido llevadas al Jurado Nacional de Elecciones varias demandas de nulidad. Es menester que la nación aguarde con serenidad y respeto el veredicto de los jueces y que se evite toda actitud que pudiera perturbar la libertad de sus decisiones.

LA LABOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El primer año de un nuevo régimen político es por lo  general de inventario y planeamiento. Hay que empaparse del estado de la administración que se recibe y examinar las directivas en que ésta se ha inspirado para ratificarlas y reformarlas. Por otra parte, hay que preparar el plan de ejecución del programa económico, financiero y administrativo que trae el nuevo Gobierno.
Estas labores requieren meses de estudio, durante los cuales la acción de la administración no se hace mayormente visible al exterior. En el caso de mi Gobierno, han concurrido, además, otros factores adversos que postergaron lamentablemente la iniciación organizada  de las tareas administrativas. En el ramo de Obras Públicas eran muy escasos los fondos disponibles durante el segundo semestre del año pasado para atender ese servicio. La revisión del proyecto de Presupuesto para 1946 tomó todo el último cuatrimestre del año anterior, y su discusión en las Cámaras exigió la prórroga del doceavo de enero y febrero últimos. Fue, pues, sólo a partir de marzo que la nación dispuso de una ley presupuestal, cuya impresión, distribución en fascículos a los diversos ministerios y ulterior versión a los presupuestos administrativos parciales de cada ramo demandó entre uno y dos meses más. Reinaba, entretanto, una situación de incertidumbre presupuestal que sólo permitió muy contadas realizaciones. Puede decirse que sólo a partir de mayo logró ser normalizada la marcha financiera de la nación e iniciados con regularidad los trabajos y servicios públicos de acuerdo con la nueva pauta legal.
Otro factor de distinto orden ha actuado también en este proceso. El año que ha vencido ha sido un año político, como consecuencia del profundo cambio introducido en nuestras instituciones por el advenimiento del nuevo régimen. La intensa labor parlamentaria se ha reflejado en el Ejecutivo bajo la forma de un extraordinario recargo de trabajo en la emisión de informes, suministro de datos y constante atención de los ministros a la expedición de las nuevas leyes. Las actividades de partido han demando la constante vigilancia del Poder Público, en  resguardo del orden. A esto se  agrega la multiplicación de conflictos sociales, que han mantenido en permanente estado de alerta y de trabajo agobiador a ciertos funcionarios de la administración.
Pese a tales circunstancias, la labor de la administración pública ha sido intensa e incesante. No es aventurado afirmar que rara vez se ha trabajado en las oficinas del Estado con mayor ahínco y constancia que en el año transcurrido incluso en horas extraordinarias. Los detalles que contiene este mensaje en referencia a cada ministerio son una prueba de esta afirmación. Es temprano aún para enjuiciar la tarea desenvuelta y para apreciar sus resultados; tanto más cuanto que el Ejecutivo ha preferido trabajar en silencio, rehuyendo la estridencia de una propaganda demagógica. Lo que me cabe asegurar es que en esa tarea han puesto los miembros del Gobierno y el personal de funcionarios y empleados públicos el máximum de  dedicación y su más acendrado interés por el servicio del país.
Comprendo, sin embargo, que éste tiene derecho a esperar en lo sucesivo una labor más organizada y más tangible u objetiva. Ello no depende únicamente del Gobierno, requiere también la colaboración de los demás organismos del Estado, de las fuerzas políticas, de los sectores del trabajo y de la ciudadanía en general. La experiencia del año transcurrido me mueve a formular votos porque la acción oficial se canalice en objetivos limitados y concretos; porque las actividades sociales entren en  un cauce de serena normalidad; y porque, morigerados los factores de disidencia e inquietud, se concentre nuestro pueblo en una unánime y patriótica voluntad de  trabajo constructivo y de esfuerzo creador.

EL PROBLEMA ECONÓMICO Y HACENDARIO
Vivimos la postguerra. El mundo arrostra en este momento, sin distinción de países, un problema de inflación. Ese  problema repercute en el Perú con caracteres peculiares y graves. Nuestra economía es incipiente y feudal y nuestras finanzas flojas. Ricos en materias primas, nos falta industria de transformación para utilizarlas por nosotros mismos y habremos de someterlas al mercado internacional bajo obligadas limitaciones de demanda y de precio.
Derívase de aquí la escasez de manufactura propia y el forzado recurso de la importación foránea, con la tiranía del costo y de los fletes y el consiguiente drenaje de divisas. La exigüidad de nuestros capitales y la escasez de brazos obstaculizan el  avance en gran escala  de la industria extractiva, fuente generosa de producción. Como consecuencia, dependemos del extranjero para el abastecimiento de algunas de nuestras necesidades vitales en el orden de los alimentos. Esta deficiencia reduce  nuestras posibilidades inmediatas de inmigración. La carestía de la vida origina legítimas demandas de aumento de salarios y sueldos que, a su vez se traducen en elevación de los precios y en nuevas cargas al erario. El natural  progreso del país exige, a su vez, la creación de nuevos servicios públicos cuyo sostenimiento representa al Estado una creciente alza de egresos, en progresión mucho más rápida que la de los ingresos fiscales, relativamente estacionarios por el lento incremento de los medios de producción que son la base del tributo. El Presupuesto, así, pierde equilibrio y el fantasma de la inflación se hace presente.
Es indudable que el primer recurso para atenuar los peligros de este proceso consiste en adoptar sin dilaciones un severo régimen de economía, que se traduzca, en la vida de la comunidad, en un parcial sacrificio de las aspiraciones salariales y una mayor sobriedad de los consumos y, en la hacienda fiscal, en una prudente reducción de los gastos públicos. A este respecto creo que en los planes de reorganización de los ministerios, es menester dar a éstos una estructura menos rumbosa y más parca en especializaciones de departamentos y secciones que la que ahora existe; que la proliferación de los empleos públicos no se ha detenido aún todo lo posible en el Presupuesto vigente; y que es preferible contar con un menor número de funcionarios competentes y bien rentados, eliminando muchos de los de reciente creación, que multiplicar  los puestos de mala renta y de dudosa eficacia. Pienso, asimismo, que el pliego de egresos es susceptible de recortes en varios ramos, suprimiendo servicios no estrictamente indispensables, limitando las autorizaciones  de viajes al extranjero, cortando la concesión de nuevas pensiones de gracia, que inflan alarmantemente las listas pasivas e introduciendo otro género de economías.  He recomendado a los señores miembros del gabinete ministerial que traten de inspirarse en estas normas al preparar el proyecto del próximo Presupuesto. Pero es cierto también que, desde el punto de vista hacendario, no podemos cegarnos ante ciertas evidencias que la realidad nos impone. La tributación no puede ir más allá de las posibilidades razonables del contribuyente; y el Estado no puede ignorar respecto de sus servidores el fenómeno general del alza de los costos y la equidad de una mejora  siquiera parcial en la tasa de los emolumentos; ni puede desatender servicios indispensables que se rozan con la vida o el trabajo de los asociados. De otro lado, el curso arrollador del progreso del país trae también consigo nuevos y crecidos desembolsos al erario, en progresión mucho más grande que la de los ingresos del respectivo ejercicio. Las economías presupuestales son pues, sólo un remedio parcial de la crisis; un paliativo incapaz de resolver integralmente el problema del déficit.

LA PRODUCCIÓN EN GRANDE: SUS REQUISITOS
De ahí mi convicción profunda de  que solo un empuje vigoroso de la producción nacional nos traerá la solución que el país  todo reclama. La producción en grande acarrea mayor  riqueza privada y pública, mayores medios de pago, mayor capacidad tributaria y, por lo mismo, más altos rendimientos fiscales capaces de cubrir, acaso con holgura, las nuevas exigencias del Presupuesto. Pero esa producción supone también atracción del capital extranjero, garantías para los inversionistas, acertada elección de las inversiones, voluntad de trabajo, tranquilidad social y un plan concreto de obras reproductivas en cuya rápida realización  concentren a la vez el Estado y los particulares el máximo de sus energías.
El capital extranjero solo puede venir al país en una de dos formas: o como empréstito o como inversión privada. Son evidentes las ventajas de esta última sobre aquél, por más que hoy los empréstitos de Gobierno a Gobierno, dentro del sistema cooperativo interamericano, ofrezcan garantías de seriedad y equidad que antes no siempre ofrecían en las contrataciones de bolsa. Pero el inversionista extranjero piensa dos veces antes de llevar su dinero a un país extraño. El capital posee  una extraordinaria sensibilidad y su retracción o largueza depende de los más sutiles factores. Un país es atractivo para el capital extranjero cuando sus leyes le  prestan garantías sólidas, no sólo de presente, sino a largo plazo; cuando el Estado respeta sus contratos con los particulares; cuando su moneda es saneada; cuando hay en ese país posibilidades de inversión reproductiva que ofrezcan perspectivas de utilidades; cuando una fracción prudencial de esas utilidades es legalmente susceptible de llevarse al país de origen; cuando el  régimen de la propiedad es respetado; cuando la situación social y política ofrece condiciones de estabilidad y orden que inspiren confianza a quienes realizan la introducción de capitales; y cuando esta firmeza del orden social, así como una previsible ausencia de innovaciones excesivas en el orden tributario, permiten a las empresas calcular sus costos de salarios e impuestos con relativa seguridad dentro de un lapso prudencial, para apreciar las perspectivas de beneficio. Estas no son, por cierto, apreciaciones doctrinarias o de principio que yo recoja como inmutables o permanentes; son apenas comprobaciones de nuestra realidad económica actual, a las cuales debemos, por lo  mismo, someternos de momento, si queremos lograr el objetivo arriba preconizado de impulsar nuestra producción.
Por más que la ideología económico-social de mucha gente no esté de acuerdo con esa realidad y anhele en ella radicales innovaciones, el hecho es que en América y en el Perú vivimos aún la era del capitalismo y tenemos que amoldar a sus dictados nuestros empeños de progreso, sin perjuicio de moderar con franco sentido humano y moderno  lo que haya de exagerado en sus pretensiones de frío egoísmo individual.
Pocos países se dan más atrayentes que el Perú como campo posible de grandes y fructuosas inversiones. Poseemos magníficos proyectos de irrigación. Las industrias agrícola, ganadera y minera tienen enorme porvenir.
El petróleo se encuentra en varias  zonas del subsuelo. Las posibilidades de nuestra selva son ilimitadas. En los ríos que bajan de nuestras cumbres discurre un formidable potencial de energía hidroeléctrica que debidamente utilizado puede determinar la completa industrialización del país, incluyendo la industria pesada. Nuestro obrero es inteligente y hábil. No son, pues, condiciones naturales las que nos faltan para que el gran capital venga a radicarse en el Perú, lo que necesitamos es asegurarles esas otras condiciones de orden legal y social a  que antes me he referido. Pero asegurárselas de inmediato, porque mañana puede ser tarde. Hoy el momento es propicio, porque en grandes países la plétora de  circulante originada por la guerra impele al capitalista a llevar su dinero al exterior. Este fenómeno tiene su correspondiente en los países urgidos de capitales: se va estableciendo entre ellos algo así como una competencia de facilidades y garantías para atraer las inversiones. El éxito será de los más diligentes y a nosotros nos interesa contarnos entre esos últimos.
Examinando el campo de las perspectivas inmediatas para incrementar nuestra producción, mi Gobierno ha considerado en primer término la riqueza petrolera.
Viejo en el mundo, el problema del petróleo se actualiza hoy con aspectos inesperados. La terminación de la guerra hará readquirir su importancia en el comercio internacional a los yacimientos de otros continentes y antes que la corriente de las exploraciones se desplace hacia ajenos países, nos incumbe la responsabilidad de promover una más amplia e intensa exploración del nuestro. En la lucha de mercados próxima a producirse por acción de la competencia, llevarán la peor parte los países cuya industria petrolera sea débil y anémica; y estamos, por consiguiente, en la obligación de vigorizar y extender las actividades petroleras  nacionales. El descubrimiento de nuevos carburantes naturales y sintéticos constituye una amenaza para el petróleo y dista mucho de garantizar la permanencia a largo plazo de la comerciabilidad de ese producto; razonamiento éste que nos mueve a compulsar las lamentables y aún catastróficas consecuencias que acarrearía el ver en un momento dado esterilizada y pérdida la riqueza portentosa que en este orden nos brindó la naturaleza y que apuntala buena parte de nuestro Presupuesto.
Las labores de exploración y explotación del petróleo son de las más costosas y requieren capitales que resultan  poco menos que astronómicos para la capacidad financiera de los capitalistas peruanos. Por último, es conocido el hecho de que el control del petróleo mundial está en manos de unas pocas y poderosísimas organizaciones que poseen  experiencia de años en la técnica de la industria, que imponen universalmente sus precios y que están en capacidad de hacer el dumping a las pequeñas empresas locales de los países productores. Todas estas consideraciones movieron al Ejecutivo, a poco de iniciado este Gobierno, a revisar resueltamente el régimen de reservas del Estado establecidas desde años atrás en el país con laudable propósito nacionalista; y después de maduro estudio se adoptó la resolución, no de abolir de un plumazo las reservas, sino de  permitir que éstas fueran levantadas parcialmente, por zonas limitadas, en cada caso en que empresarios solventes solicitaran concesiones; todo ello sin  perjuicio de estudiar la reforma de la vigente ley de petróleo.
Fue así como tuvo origen el contrato ad-referendum suscrito por el Gobierno con la International Petroleum Company sobre la zona petrolera del desierto de Sechura y sometido al Congreso  para su estudio y aprobación. Los encontrados pareceres que ha suscitado en la opinión pública la formulación de ese contrato, lejos de lastimar la susceptibilidad del Gobierno, merecen su más decidido beneplácito; pues le han dado  la oportunidad de llevar al debate público una negociación que nació limpia y que se inspira sólo en un propósito de provecho nacional. En ese debate podrán ser contemplados los motivos en que se han fundado el Gobierno para ajustar las bases pactadas, así como también las sugerencias que los contradictores han emitido y emiten para modificarlas o sustituirlas; y tras  la necesaria compulsa de unos y otros elementos podrá el Poder Legislativo,  como árbitro supremo, pronunciar su decisión.
Por lo que a mí respecta, creo que el contrato contempla debidamente el interés del Estado. En el fondo y  aunque no sea explícitamente, éste se constituye en asociado de la empresa para la percepción de los rendimientos de la explotación proyectada. Las condiciones establecidas son en mucho superiores a las que exige a los concesionarios la ley vigente. La concesión abarca únicamente el subsuelo, quedando expedito el derecho del Estado para utilizar, directamente o por  medio de particulares, los terrenos superficiales.
Fenecido el periodo de exploración, la concesión se reduce para los fines de la explotación a sólo un 30% del área otorgada; revirtiéndose al Estado el 70% restante, con el  derecho de parte de este último de hacerse dueño de todos los estudios técnicos que realice la  empresa sobre ese 70% a fin de que el Gobierno pueda aprovechar para sí esos estudios u otorgar, con mejor conocimiento de causa, futuras concesiones. No hay concesión a perpetuidad, sino a plazo indefinido; pues según el concepto técnico actual los yacimientos son riqueza extinguible cuya duración, dentro de un régimen de explotación científica y normal, no va más allá de cierto número de años, 10, 20 ó 30, según el volumen y presión de la napa. La regalía se cobra no sólo sobre el carburante líquido, sino también sobre los gases utilizados, que hasta hoy no eran tomados en cuenta. Finalmente, el contrato no se ha suscrito a firme: si logra la aprobación del Congreso, se  abrirá sobre las bases mismas que él contiene un periodo de licitación dentro del cual otras empresas podrán mejorar la oferta de la International Petroleum Company y esta entidad quedaría desplazada automáticamente si se produce otra oferta más ventajosa.
La elaboración del contrato ha sido minuciosa y su debate intenso entre las partes, con un constante cambio de  propuesta y contrapropuestas que aleja toda presunción de parcialidad benevolente y revela el empeño de los negociadores de llegar a un equitativo equilibrio de intereses y perspectivas.
Tengo, pues, la impresión, algo  más, la convicción moral de que en este asunto ha primado un criterio de buena fe y honestidad que, aun suponiendo que el contrato adolezca de defectos, pone a cubierto de sospecha la corrección del Gobierno.
En lo que toca a proyectos de irrigación, el Ministerio de Fomento tiene ya terminados o por terminar los estudios correspondientes a varias zonas de la costa y la sierra, como las de Piura, Jaén, Olmos, Ica, Majes, Ocoña y Tacna, que permiten encarar a breve plazo la iniciación de cualquiera de esas obras, por cuya financiación están interesados diversos capitales. Son señaladamente promisorias las irrigaciones de media altura, propicias al cultivo del trigo.
Merece especialísima atención la idea, por algunos enunciada, de extender el riego a las áreas aledañas y de campiñas ya actualmente cultivadas y próximas a centros poblados, antes de emprender irrigaciones nuevas de zonas eriazas.
Lo que importa en este asunto es adoptar una resolución rápida y circunscribir la elección, entre los numerosos proyectos existentes, a sólo dos o tres de ellos, para enfocar concretamente y de inmediato su ejecución.
La obra de la Corporación del Santa, múltiple en sus aspectos, pero ya perfectamente perfilada y organizada, debe merecer la atención preferente y el decidido apoyo financiero del Estado, a fin de comenzar a percibir los beneficios industriales que ella habrá de reportar.
En suma, estoy convencido de que acaso el exceso de imaginación y el exagerado aunque plausible  afán de abrir muchos caminos simultáneos al propósito de incrementar nuestra producción, ha sido la rémora principal con que hemos tropezado para hacer realidad ese propósito. Con un criterio más práctico y más a tono con nuestras posibilidades, debemos reducir prudentemente el ámbito ambicioso de  nuestros proyectos y, antes que entretenernos estérilmente en  discutir durante años su planificación perfecta e integral, decidirnos a escoger unos pocos, aquellos cuya utilidad está descontada, y ejecutarlos sin  demora a fin de dar una inyección de vida a nuestra débil economía. Evitaremos también de este modo la dispersión de los fondos fiscales en muchas obras de pequeña importancia, para concretarlos en la financiación de una o pocas empresas de gran envergadura.

LOS VALORES ESPIRITUALES
Los valores materiales son, sin duda, importantes; pero no son los únicos. Siempre he tenido fe profunda en la eficacia de los valores espirituales como elemento determinante de la felicidad  de un pueblo. De ahí que me haya esforzado por fomentar y enaltecer esos valores en alocuciones públicas y en actos administrativos.
Pienso que yerran quienes afirman que en el mundo de hoy el sentido materialista de la vida impone como  únicos resortes de la acción humana el interés, el éxito o la fuerza; y que ha pasado la hora de la moral, del honor y del derecho. Precisamente la última guerra, donde han entrado en pugna la concepción cristiana y la totalitaria, no significó otra cosa que la reacción del hombre libre contra la amenaza anti-espiritualista del criterio imperial. Y el movimiento de solidaridad y de cooperación mutua de que es gallardo promotor este continente nuestro, halla su fundamento y su prestigio en los valores netamente morales de la afinidad de espíritu y el sentimiento de fraternidad.
En los pueblos, como en los individuos, los rasgos de la personalidad se perfilan en función de sus excelencias anímicas. La valía de un pueblo se cotiza por sus virtudes permanentes y por la conducta de sus hombres antes que por el peso de su poderío o por su influencia internacional. Fueron Atenas, la sabia; y Esparta, la indomable,  gloriosas en su pequeñez; y una Polonia infortunada suscita más admiraciones por su fervor de independencia que altas potencias imperiales. Allí donde un ideal o el sello de una convicción ha presidido la trayectoria de un país, su figura parece ennoblecida y el consenso invariable del mundo le otorga su respeto.
Rica es la gama de valores espirituales que puede ostentar una nación.
Heredados los unos, a título de dones, del misterio de la naturaleza o de ancestrales influencias, y adquiridos los otros, como virtudes, a fuerza de un proceso de depuración de la voluntad, constituyen todos el acervo precioso del alma colectiva y determinan en cada pueblo la orientación de su destino histórico. La bondad, el honor, la rectitud, la inteligencia y el carácter se dirían valores fundamentales: de cada uno de ellos se derivan cualidades excelsas.
La bondad, que es afable disposición hacia los demás, busca expresión en el altruismo, en la delicadeza, en la piedad, en la ternura, en el pacifismo. El honor, que no es otra cosa que el respeto de sí mismo, se exterioriza en celo por la reputación y en cuidado de la conducta. La rectitud, alta postura moral de ponderación sin egoísmo, hace de la lealtad un culto, de la justicia un lema y una noble profesión del cumplimiento del deber. La inteligencia es lucidez o análisis; creación o dialéctica; fría  aptitud técnica o emotiva disposición artística. El  carácter, flor de voluntad lograda a base de educación, se exhibe multiforme en sus manifestaciones; en los trances supremos de la vida llámase valor o entereza; a lo largo de un proceso de sucesivas dificultades superadas, se titula perseverancia; frente a la  encrucijada, el dilema o la duda, se denomina determinación; ante el asedio de las insinuaciones se transforma en firmeza; bajo el peso de la calumnia o del insulto se traduce en serenidad.
Fuerza inconmensurable, tesoro inmenso es el que tienen los pueblos en estos grandes valores; pero su posesión y su defensa están en manos de cada uno de sus ciudadanos. Son éstos, en rigor, sus individuales depositarios; a ellos les toca cultivarlos y preservarlos; y de la personalidad que así se forje cada uno resultará, amplificada,  la personalidad de la nación, su prestigio o su demérito. De ahí la enorme responsabilidad de los hombres en la suerte de su comunidad; y de ahí el interés con que yo enuncio, en esta ocasión solemne, la necesidad de un llamado a los peruanos para que guarden celosamente el caudal de sus valores espirituales. Que sean respetuosos del pensamiento ajeno, leal en sus luchas, honrado en sus procedimientos, veraz en la afirmación y sincero en la actitud. Que se adelanten al conflicto que les plantea el nuevo espíritu social, uniendo en armoniosa ensambladura los dos grandes intereses del capital y del trabajo, bajo la inspiración de un hondo sentido cristiano. Que adquieran la conciencia de que depende de su esfuerzo la suerte de la producción y, en consecuencia, tiemplen como acero los resortes de su voluntad de trabajo.  Que forjen su carácter a base de una disciplina interna y libre, nacida del  concepto del deber y no de la presión ajena. Que en cada individuo haya un hombre en la  plena extensión del vocablo, vale decir, un amplio espíritu extraño a todo sectarismo y un  corazón sin odios propicio a todas las generosidades.

Señores Representantes:
Bajo el auspicio tutelar de la patria e inspirados en altos propósitos iniciáis hoy las labores de esta Legislatura.  Hago votos porque el acierto acompañe vuestras decisiones y porque la obra que os toca realizar merezca bien del país.

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