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Canta Claro
Por Francisco Igartua
ALGO QUE AÑADIR AL CASO CIPRIANO,
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA CANTUTA
Hace unos días volví de un viaje, ni corto ni largo, por el
llamado (con razón) mundo desarrollado. Y la primera impresión que me asaltó al
llegar fue la pobreza y desorden de nuestro primer aeropuerto, con la cara
apenas lavada con pintura de gato, para hundirme de inmediato en la suciedad y
el caos, en el infernal tráfago limeño, en la ciudad que un periodista español
llamó sin exagerar “la Calcuta de Sudamérica": combis sobrevivientes
envueltas en una nube de humo, gritos, bocinazos, autos que quieren adelantar a
otros saliéndose de pistas que parecen terreno lunar... Pero peor aún fue horas
después, al despertar y leer el periódico y prender la televisión para ponerme
al día. Las mismas y diminutas miserias de siempre, pequeñeces que empequeñecen
el panorama nacional, aunque también sean retrato de nuestra destartalada
realidad.
Lo que sí no sospeché es que, dos días más tarde, estas
diminutas pequeñeces llegarían al extremo grotesco de ver al arzobispo de Lima
involucrado en los crímenes de La Cantuta, por lo que el ex ministro Bustamante
dice haber oído decir a Montesinos.
Sin duda fantasías, pues no resulta coherente que un militar
se niegue a cumplir, por razones religiosas, la orden superior de lanzar al mar
a los muertos; luego consulte con el obispo de Ayacucho, quien le recomienda
denunciar el hecho, avisar a las familias y enterrarlos cristianamente; y
termine descuartizando los cadáveres.
Pero este "culebrón", que ha dejado estupefacto al
país, no apareció sorpresivamente. Tiene antecedentes. El último lo leí esa
madrugada a mi regreso al país. En primera página, con grandes titulares un
obispo desmentía al obispo de Lima, afirmando que la Iglesia respeta la
independencia del Poder Judicial. Lo que me hizo pensar que monseñor Cipriani,
habituado a los deslices verbales, había intentado ejercer su influencia
sacerdotal para obligar a los jueces a variar un fallo. Hecho que sin duda
sería reprobable. Pero no era así la cosa. El arzobispo Cipriani, al margen de
su filiación y de que no sea (como el Opus) bien visto por muchos, había
simplemente expresado su simpatía por el señor Chumpitaz y reclamado, con el
ánimo de paz, justicia y perdón que predica el último mensaje papal, un pronto
fallo para que concluya el calvario que está sufriendo nuestro gran futbolista
por una falta que no llega siquiera a pecata minutia. ¿Existirá un país en el
que los partidos políticos (y Montesinos era figura preponderante del
fujimorismo) no financien la incorporación de celebridades en sus listas electorales?
Se trata, en lo referente a monseñor, de una opinión sobre
excesos legales que yo y muchos peruanos compartimos y que no es interferencia
alguna en el lento proceso judicial que se les sigue a Chumpitaz y a otros. Lo
que sí resulta intento de interferir en la libertad de expresión ciudadana es
el tono amenazante empleado por algunos jueces y fiscales para replicar al
opinante. Pues así como el Poder Judicial tiene su jurisdicción, que nadie pone
en entredicho, los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a opinar como
nos dé la gana sobre cualquiera de los poderes del Estado. Eso es democracia,
ya que sin libertad de expresión aquella resultaría siendo una farsa.
Es de esperar que la citación judicial hecha a monseñor
Cipriani nada tenga que ver con esas amenazas, aunque no deje de extrañar que,
justo ahora, vuelva a tocarse el tema de los delitos de lesa humanidad
cometidos por Fujimori. Y que la acusación al ex presidente vuelva a
plantearse, como antes, sin seriedad alguna. Sin ánimo de usar las pruebas
reales que lo condenan.
Así como el Poder Judicial se interesa, de acuerdo a ley, por
investigar lo que un testigo dice sobre una presunta participación indirecta
del arzobispo de Lima en los asesinatos de La Cantuta, yo vuelvo a hacer, por
enésima vez, la siguiente pregunta: ¿Por qué el gobierno, la Fiscalía y el
Poder Judicial no toman en cuenta las pruebas que sí evidencian la culpa de Fujimori
en esos crímenes?... Lo hago porque, sin tomar en cuenta esas probanzas, la
acusación montada contra él por delitos de lesa humanidad es puro fuego de
artificios judiciales, en los que se ha envuelto a monseñor Cipriani. Se trata
de pruebas que he exhibido hasta el cansancio, inútilmente, y que he entregado
a políticos y funcionarios judiciales, también en vano. Se trata de pruebas
reales, firmadas, que el Poder Judicial no toma en cuenta.
Son tres documentos firmados por Fujimori insistiendo en un
mismo mes (julio de 1991) para que fueran ascendidos todos (con jefes y
pichilingues y rivas incluidos) los miembros del llamado después Grupo Colina,
por "trabajos especiales" realizados en las universidades del país.
Esto ocurría poco después de que fueran asesinados 61 estudiantes de la Universidad
de Huancayo, asesinatos que sí son vinculantes, hasta para un lego en derecho,
con los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Son documentos bastante más
elocuentes de lo que pueda decir sobre La Cantuta el arzobispo Cipriani, a
quien sorprendentemente se le ha citado como testigo luego de opinar a favor de
Chumpitaz ¿Quién protege a Fujimori y por qué lo hace?
FONDO
EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
