FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado” – Revista Oiga 5/12/1994

Ha dicho la doctora Bozo en Canal 11, y ha dicho bien, que “Velasco expropió los medios de comunicación y Fujimori los ha comprado”. Añadió, para reforzar la frase, la información exacta —por nadie desmentirla— sobre los muchos millones que el Estado ha distribuido entre las distintas televisoras, radios y periódicos, para que éstos cubran sus deudas tributarias; y a los que estaban al día en sus impuestos, el obsequio les servirá como resarcimiento por la injusticia que significaba no haberles considerado desde el comienzo en la operación de salvataje a los medios de comunicación. Se trata de una escanda­losa lotería otorgada a dedo por el gobier­no, con el dinero de los contribuyentes, y que, según racional afirmación de Canal 11, significa que Fujimori, en lugar de expropiar, imitando a Velasco, ha com­prado el favor de los medios de comunica­ción, otorgándoles un desmesurado rega­lo sonante y contante. Por ejemplo —lo puso en pantalla la doctora Bozo—, el Canal 2, que nunca había pagado im­puestos, recibió una bonificación de 8 millones para poner al día sus deudas; y como el Canal 5 protestó con otros por la injusticia, pues alegaba estar al día en sus obligaciones tributarias, el gobierno del señor Fujimori decidió compensarlo obsequiándole 8 millones —igual que al 2— como adelanto de publicidad. Así acabó la guerra de los canales que tal injusticia había generado: Cebándose todos con el dinero no del Estado ni del señor Fujimo­ri, sino de los contribuyentes; que hoy, como en la Edad Media, son los hombres del pueblo los consumidores. Ya que día a día van creciendo los impuestos indirec­tos y disminuyendo los de la renta. Paga impuestos —es sólo otro ejemplo— el que compra un pan, una medicina, un libro, un periódico. Y no pagan tributo alguno las operaciones bursátiles. Y esta injusti­cia verdadera, real, dura como una roca, no llama la atención a nadie. Nadie la corrige y nadie protesta por ella, porque goza de la bendición del Fondo Moneta­rio y de la sacrosanta nueva Biblia: el liberalismo del embudo al revés.

Sin embargo, con ser impactante y cierta, la denuncia de la doctora Bozo en Canal 11, no abarca con amplitud el atentado que contra la libertad de prensa está cometiendo ahora, en el Perú, siste­máticamente, el gobierno del señor Fuji­mori y de la Fuerza Armada.

Primero, discriminando y chantajeando a los medios de comunicación que no le son afectos, poniéndolos al margen en el reparto de la publicidad. Tarea en la que el gobierno de Fujimori y de la Fuer­za Armada recibe el apoyo entusiasta de la derecha empresarial. Canal 11 no tiene un solo aviso del Estado y sufre igual o parecido sabotaje de la empresa privada. Tampoco hay publicidad alguna para OIGA ni parra otros periódicos de la oposición que desagradan a un gobierno que se irrita porque se le recuerda que es producto de un golpe militar y que los tanques tienen tanta influencia como él frente a un hechizo Congreso Constituyente Democrático.

En este punto la coincidencia entre Canal 11 y OIGA es total. Lo que Canal 11 y la doctora Bozo no tocan, quien sabe porque este segundo aspecto del problema no le alcanza a la televisión y carecen de información al respecto, es el impuesto de 18% (IGV) a los insumos y a la venta de los ejemplares de revistas y periódicos. Un impuesto que no existe en la mayoría de los países civilizados del mundo y en- ninguno en ese volumen. Porque no existe libertad de prensa —y aquí el término es preciso­, no hay libertad de prensa cuando se interponen barreras entre lo impreso y los lectores. Y esas barreras pueden ser el cierre o la censura—la famosa mordaza de ayer— o los impuestos aberrantes, que es la mordaza moderna. Con sabotaje publicitario y con 18% de IGV a los insumos y a la venta de los ejemplares —que debe ser cubierto por el productor, ya que los intermediarios (canillitas) son aire, son luz, son viento—, la existencia de las revistas en el Perú es imposible. Subsisten, sobreviven, gracias a precios de tapa delirantes, como es 7 soles por una revista en blanco y negro y con el papel que el impresor tenga a bien utilizar.

Esta es la realidad de la libertad de prensa en el Perú. Por un lado, medios de comunicación comprados con favo­res del gobierno y, por otro, el Canal 11 y uno que otro periódico sostenido por la tradición, el avisaje y la media voz, junto a muy pocos periódicos y revistas de oposición abierta, que apenas sobrevi­ven al sabotaje publicitario y al aberrante 18% de IGV a las ventas y a los insumos. IGV del que también deberían estar li­bres —como en todo país sensato— los alimentos básicos, las medicinas y los libros. ¿Por qué la educación está exceptuada hasta del impuesto a la renta?... Simplemente, porque con recibos del colegio con el 18% de IGV, ahí sí que los votos de Fujimori se los llevaría el aire, sin que nada pudieran hacer los tanques militares para impedirlo.

Pero, al leer estas líneas, el lector se habrá formado la falsa idea de que en el acuerdo del gobierno con los medios de comunicación para cancelar deuda tributaria con avisaje sólo se ha considerado el aberrante IGV, que el productor no puede trasladar al público por estar sometido a la intermediación del inubicable canillita. No. En el acuerdo, en el regalo del Estado a las televisoras y periódicos, han entrado todos los impuestos incluido el de la renta —un impuesto del que, en justicia, nadie debe estar exonerado—, y los de las más insólitas compras en el caso de las televisoras, que sí no pagan, igual que las radios, IGV por los insumos —son las ondas— ni por las ventas de información y comentarios, pues sus programas no tie­nen precio de venta al público.

Desgraciadamente, el ayatolismo li­beral y las deformaciones profesionales de los economistas se han adentrado tan hondamente en nuestra sociedad y, lógicamente, hasta en los periódicos, que muy pocos son los que quieren advertir cómo se atenta hoy contra la libertad de expresión en el Perú: saboteando y chantajeando con el avisaje a Canal 11 y a las revistas y periódicos de oposición, a los que, además, se les agrede con el abe­rrante IGV a los insumos y a la venta de ejemplares. Caso típico, este último, de la moderna inquisición contra la prensa, como lo señaló el Congreso Mundial de Periodistas, en Berlín, hace dos años.

Es una lástima que, cada vez que se pasa lista, haya menos periodistas en el comando de los periódicos y que las anteojeras de ayer —los tabúes ideológicos— hayan sido reemplazados por el tabú económico. ¡Como si la economía fuera ciencia exacta y tuviera Biblia!

(F. IGARTUA)

P. S. Curiosamente, los más fervorosos fujimoristas están muy preocupados por los “errores que está cometiendo la can­didatura de Pérez de Cuéllar”. Se duelen muchísimo “porque el embajador está quedando mal”... ¿No será más bien que, al revés, a pesar de los errores -que existen y habrá que corregir abriendo puertas, apuntando con más energía a las culpas del adversario en la pauperiza­ción del pueblo y no hiriendo a los posi­bles aliados de mañana-, no será que esos fanáticos fujimoristas estén temien­do el triunfo de Pérez de Cuéllar y buscan acercarse a él mostrando su ‘preocupa­ción’ por sus errores?

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – ¿Una dictadura informal? – Revista Oiga 21/11/1994

Tras la caída del Muro de Berlín, la política de exclusión, propia de los dictadores, pareció sucumbir definitivamente. En su lugar, los acuerdos políticos, los pactos y las concilia­ciones a nivel institucional exponen una nueva exitosa metodología política, digna de toda sociedad civilizada. Sudáfrica, tras el acuerdo entre Leclerc y Mandela, logra así -pacíficamente- consagrar un Parlamento de veras representativo. En América Latina, Paraguay clausura su casi secular dictadura y Chile inicia con furor cívico el segundo gobierno no de la concertación. México se “aggiorna” y celebra sus primeras elecciones cristalinas. En El Salvador, un pacto po­lítico garantiza el proceso electoral y neutraliza las pasiones de una sociedad que vivía en encarnizada guerra civil. Argentina y Bolivia emprenden exitosos pactos políticos para realizar reformas constitucionales sin alterar en orden constitucional ni la continuidad política. En Colombia, el M-19 depone las armas y accede a la legalidad por la vía de una Asamblea Constituyente. Brasil y Venezuela deponen a sus respectivos manda­tarios (Collor y C.A. Pérez), mediante métodos constitucionales y amplio deba­te público. Antiguos dictadores, como el boliviano García Meza, tienen abiertos procesos de extradición. Otros, como Videla o Noriega, purgan sus responsa­bilidades en las mazmorras. En Guate­mala, aborta un insólito golpe de Estado comandado por el presidente Constitu­cional, quien hoy es objeto de persecu­ción. América Latina exhibe, así, una etapa de veras inédita para un continen­te considerado inferior, incapaz de afir­mar un orden democrático.

En ese extenso panorama de conti­nuidad institucional y de acuerdos políti­cos permanentes, hubo dos excepciones que enlutaron la democracia latinoamericana: Haití -cuyo golpe fue condenado por nuestra diplomacia- y el Perú. Pero, tras el pacífico derrocamiento de Cedras y el feliz retorno de Aristide, Haití puede incorporarse en este dominó democráti­co. El lunar negro queda monopolizado por el Perú de Fujimori.

-Pero Fujimori no es un dictador....

-No lo es. Claro que no. Fujimori es un hombre respetuoso de la Constitución y de las leyes. Es un hombre dialo­gante y predispuesto a los pactos políti­cos y a los entendimientos. Es incapaz de ofender a los adversarios políticos ni de injuriar a ciudadanos indefensos. Nunca usurpa las funciones de un juez o de un fiscal. Es respetuoso de la autonomía municipal e incapaz de secuestrarle las rentas al Concejo Provincial de Lima. Seria impensable que vuelva a disolver el Congreso o que acepte –calladamente las arbitrariedades de los militares. Es incapaz de abusar del poder para reele­girse...

-Bueno, pero todos esos son asuntos muy ‘formales’...

Tras la caída del Muro de Berlín, los moldes ideológicos que impedían forta­lecer los consensos democráticos fueron sumariamente ejecutados, en un gran triturador de papeles. La reflexión de­mocrática amplía a sus interlocutores. Atrás, muy atrás quedó aquella lastimosa monserga marxista, que denigraba a los regímenes democráticos, como mera­mente ‘formales. Esta nueva tendencia tiene epígonos importantes en el Perú. Caso interesante es el del novísimo So­cialismo Democrático, que conforma la denominada ‘izquierda arrepentida (Ta­pia, Lynch, A. Delgado, Adrianzén, etc.). Renovando su lenguaje, asumen la de­mocracia como lo que siempre fue: un conjunto de métodos, procedimientos e instituciones. Y combaten resueltamen­te todo pretendido cuestionamiento en nombre de ese antiguo handicap a los dictadores: ofrecer una ‘democracia real’.

De pronto, contrariando esta tenden­cia universal (que no permite confirmar cierta globalización de la democracia), en el Perú, alguien está interesado en repetir esas viejas monsergas. Acusa a la democracia de ‘formal’. Y lo hace una y otra y otra vez más. Lo peor es que tal anacronismo no proviene de un ideólo­go de izquierda, ni de un militante del marxismo supérstite. No es tampoco un senderista de la rama ‘Feliciano’ ni es una clandestina proclama que anuncia la aparición de un nuevo movimiento guerrillero. Ese personaje que denosta las ‘formalidades’ de la democracia es el mismísimo señor Fujimori. Sí. El del 5 de abril. El de la convivencia en el Pentagonito. El de las cartas para Abimael y la prisión: para Salinas Sedó. Y sus dicterios antidemocráticos los lanza impunemente, desde las altas cumbres del poder, apoyándose en las televisoras y radios que son sus tan inútiles megáfonos.

Hay quienes han protestado ante la gentileza hacia la señora democracia que pregona este caballero tan autoritario. Hay quienes han emprendido ya -aguerridamente- la crítica de la crítica. Otros, han demostrado justificada alarma ante los arrebatos que estas palabras puedan vaticinar. Hasta la víspera elec­toral, que en el Perú tiene hoy mucho más de víspera que de electoral se ha puesto a temblar, preocupada por su destino. Vamos: que no es para tanto. ¿En verdad alguien se sorprende por esta invectiva contra los regímenes democráticos? No. No es para tanto. En el Perú necesitamos claridad, mayor trans­parencia entre deseos e intenciones y nada mejor para la pedagogía ciudadana y para el porvenir de nuestras costum­bres políticas, que este carné de identi­dad. El tiburón también muere por la boca.

Su árbol genealógico tiene ramas co­nocidas. Y algunas verdes, muy verdes: color uniforme. Déjenlo, pues, hablar. Y que se sienta como en la familia, esfor­zándose por recoger aquellos mismos pretextos que blandieron con perverso éxito dictadores como. Leguía, Odría o Velasco. Todavía no ha bautizado su ‘fujicracia’. Lamentablemente, no podrá llamarla ‘Patria Nueva’, ni podrá exhibir­la como una ‘democracia social de parti­cipación plena’, aunque así lo proclame el servil CCD. Esos cuentos, lamentable­mente, ya están patentado INDE­COPI.

¡Ay! Y tampoco diga que la democracia no se come. Porque, en verdad, hubo, quien –hace dos años– se la ingirió de un bocado.

FRANCISCO IGARTUA – EDITORIAL – La decencia de un político tradicional – Revista Oiga 7/11/1994

Tenía el ánimo listo para volver a tocar el tema electoral. Puntualizar que, esta vez, el fraude no va a significar una pillería que quedará impune y apenas servirá para distraer un tiempo las conversaciones de los peruanos. Esta vez el fraude -que sí se está tejiendo desde hace me­ses— significará que no habrá eleccio­nes. Que el país quedará en el limbo. También pensaba extenderme en la necesidad de que, desde ahora, comience, la vigilancia internacional del proceso; así como en la obligación dé no escoger, un candidato como en juego de tómbo­la. Todas las elecciones son serias, pero hay momentos y circunstancias que las hacen más importantes, que les dan mayor responsabilidad. En este caso, se trata de evitar la reelección, no por el continuismo en sí, sino porque este sis­tema, aquí en el Perú y en toda América Latina, ha sido nefasto. Ha transforma­do el autoritarismo en tiranía y ha abierto las puertas a la corrupción desenfre­nada. Esa es nuestra historia, es la cá­mara del tiempo en la que debemos vernos. Pero más todavía, las circuns­tancias del momento no pueden desli­garse de la estructura del actual régi­men: un gobierno de apariencia civil que se sustenta en la fuerza partidaria del Ejército, o sea un partido con metralle­tas, tanques y cañones. Para enfrentar­se al candidato del Ejército y de la extre­ma derecha, que eso es el señor Fujimo­ri, además de político listo y con signifi­cativa obra hecha, no puede escogerse un boxeador de peso pluma o mediano. Se requiere de un peso pesado, con experiencia, con apoyo en su fuerza propia y la que le da su fama y relaciones internacionales. El emplazamiento al Jurado Nacional de Elecciones y al jefe del Comando Conjunto Militar —puede el doctor Muñoz Arce suavizar el térmi­no como quiera— no es el emplazamien­to de un candidato cualquiera, sino de un candidato que fue, en dos períodos, Secretario General de las Naciones Unidas. Es el emplazamiento de alguien a quien hacerle fraude significará el que no haya elecciones.

Y cuando, pensaba continuar con este importantísimo tema, me alcanzó las siguientes paginas: Jesús Reyes. Tratando de algo vital, aún más serio que las elecciones mismas y que cada vez se toma “menos en cuenta en un país donde la mentira y el engaño a nadie alarma y hasta son calificados de virtudes políticas”. Se trata de una moral pública. De la decencia de las personas. De un homenaje a un peruano que hizo patria –por desgracia inútilmente si miramos alre­dedor- siendo un hombre decente. Habla la nota de José María de la Jara Ureta, vinculado a estas páginas y a mis actividades periodísticas desde hace más de cuarenta años.

F.I

Hijo, nieto, descendiente de hom­bres públicos que en su oportuni­dad sirvieron a la nación, podría decirse que José María de la Jara y Ureta era un político tradicional. Perseguido, encarcelado y deportado por la dictadu­ra militar, al retornar la democracia fue llamado por el primer ministro Manuel Ulloa Elías para integrar el primer gabi­nete ministerial del segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde.

A José María de la Jara se le puso en el puesto más difícil del nuevo gobierno: el de ministro del Interior, cargo que por primera vez era desempeñado por un civil, en momentos en que hacia su apa­rición Sendero Luminoso, en medio de una grave conmoción social generada por el fracaso de los militares en el ejercicio del poder.

Al jurar el cargo, De la Jara prometió que renunciaría en el momento en que en el Perú las fuerzas del orden cometie­ran excesos y derramaran sangre de peruanos. El 12 de octubre de 1981; se produjo una manifestación en el Cusco, en protesta por el alza de pasajes; la policía detuvo al estudiante Marco An­tonio Ayerbe Flores (19) y lo torturó hasta provocarle la muerte. De la Jara exigió una severa investigación y, como consecuencia de ella, le entregó la banda ministerial al presidente Belaúnde y se fue a su casa.

El gesto de José María de la Jara causó asombro en algunos sectores, consternación entre sus partidarios y admiración entre adversarios políticos. Un hombre de izquierda, el historiador Pablo Macera, dijo “El señor De la Jara ha introducido en el ministerio del Interior un factor muy difícil de ver actuando en la política de cualquier país – no sólo en la política peruana–, que es la decencia personal. Nosotros podemos diferir del ministro del Interior, pero tenemos que agradecerle que de algún modo uno pueda decir que en un puesto habitualmente tan desagradable y coercitivo haya un hombre decente, que cuando salga de allí podré decir que continúa siendo un hombre decente”.

Es oportuno recordar el gesto que tuvo este político tradicional en momen­tos como el que vivimos en que los pícaros que han asaltado el poder ejer­cen la política con patente de ‘indepen­dientes’ y, sin ruborizarse, se esconden bajo su concha para no asumir lo que en todas partes del mundo se conoce como ‘responsabilidad política’.

El ministro Vittor fue obligado a re­nunciar por la presión de la prensa independiente que detectó sus relaciones comerciales con los beneficiarios del soborno del BCCI y puso al desnudo los negociados de su empresa constructora con el gobierno; pero hay otros como el ministro Carnet descubierto favorecien­do las empresas de sus hijos; o como el ministro Hokama involucrado en el negociado de las turbinas de Ventanilla; o el ministro Briones responsable de la fuga de Carlos Manrique, que se resisten a renunciar a sus cargos “porque tienen la confianza del presidente”.

¡Que buena excusa para esconder su falta de decencia política!

J.R.M.