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| La República |
Sí se puede
El Estado responde al delito con
voluntad política y acción conjunta
La jueza penal nacional Mercedes
Caballero ha ordenado a pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de
Activos la detención preliminar de Rodolfo Orellana Rengifo y de 22 de sus
principales colaboradores, entre ellos el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez
Baca, para ser investigados por delitos de lavado de activos y asociación
ilícita para delinquir. Este grupo era señalado hasta ayer como la organización
delictiva más grande del país, acusado por la fiscalía de dedicarse al blanqueo
de capitales procedente del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de
particulares, del tráfico ilícito de drogas y de minerales.
La orden de detención fue
ejecutada como una operación conjunta cuya efectividad ya se apreció con
ocasión de la captura de la mafia que operaba en el gobierno regional de
Áncash. Dicha operación expresa un grado de coordinación que con voluntad
política alcanzaron para este caso procuradores, jueces, policías, fiscales y
ejecutivos de otros ámbitos que concurren a la lucha contra el delito, como la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de instituciones privadas obligadas a
reportar transacciones dolosas y sospechosas.
Aunque tarde, este es un botón de
muestra del “Sí se puede” peruano frente al delito, una síntesis del ejercicio
completo de las competencias y capacidades procesales, coercitivas y punitivas
del Estado puestas en movimiento, y dormidas y fragmentadas por varios años en
miles de casos.
Al saludar este paso debe
recordarse que el clan Orellana no irrumpió hace meses ni de la noche a la
mañana; los datos que disponen las autoridades dan cuenta de que sus
actividades se iniciaron por lo menos hace una década y se intensificaron al
ritmo de la indiferencia de los gobiernos y la corrupción de la policía, las
administraciones judiciales y el Ministerio Público, y al paso del tejido de
una vasta red que penetró otras organizaciones como las notarías, centros de
arbitraje y los registros públicos, entre otros.
En el balance le cabe un mérito
de ineludible reconocimiento a un sector del Estado que ha demostrado ser
resistente a la corrupción y que debe ser potenciado y protegido, es decir, el
sistema de procuradores, acosado por campañas difamatorias. Igual
reconocimiento merecen las víctimas de este clan que, a pesar de su desventaja
frente al poder del clan organizado y con la justicia de espaldas, no
desmayaron; y los escasos hombres públicos, como el congresista Víctor Andrés
García, que sin tener una necesaria razón material en litigio se enfrentaron a
esta organización con los costos que ello les significó.
Debe ser relevado asimismo el
papel desempeñado por la prensa, especialmente los más de 20 periodistas
enjuiciados por Rodolfo Orellana en el momento de su mayor poder –entre ellos
dos de esta casa editora, Augusto Álvarez Rodrich y César Romero, y nuestro
colaborador Ricardo Uceda– por haberse atrevido a revelar sus actividades y
darles voz a sus víctimas, y la resistencia de organizaciones como el Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centro Líber de la Pontificia Universidad
Católica, que dirige Julio Arbizu.
Una golondrina no hace el verano
pero no deja de tener un trino auspicioso, sobre todo si invita a no cejar en
la permanente búsqueda de la justicia y la sanción del crimen.
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