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| La República |
Indignantes hallazgos que exigen
acción inmediata
La Comisión del Congreso de la
República aprobó por unanimidad el informe sobre la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En él se indica
que su actual rector Luis Cervantes Liñán
y 22 funcionarios se habrían apropiado ilegalmente de 350 millones de nuevos
soles, cometiendo los presuntos delitos de fraude en la administración de
personas jurídicas, apropiación ilícita, defraudación tributaria, asociación
ilícita para delinquir, estafa, y lavado de activos. Entre los comprometidos
con estos actos se encuentran Óscar Romero, Manuel Lazo, Jesús Rivera Oré,
María Cervantes y Adolfo Cervantes, estos dos hijos del rector.
El Informe Final sobre la investigación de los
hechos irregulares en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es el resultado
de los trabajos de dicha comisión parlamentaria a la que el pleno del Congreso
le otorgó facultades de comisión investigadora en octubre del año pasado luego
de aprobar una moción multipartidaria.
Sus conclusiones deben ser
validadas sin demora por el Congreso. El grupo parlamentario, que propone
remitir el informe a la Fiscalía de la Nación, acaba de abrir una caja de
sorpresas que evidencia el nivel al que llegaron las irregularidades en la
administración de los centros de enseñanza.
Es el resultado de un trabajo
diligente en el Congreso y de una heroica lucha de un pequeño grupo de
estudiantes y docentes de esa universidad, liderados por el profesor Lucas
Lavado Mallqui, todos ellos expulsados, agredidos y difamados por las
cuestionadas autoridades.
El caso de la Universidad
Garcilaso es una dolorosa herida en el sistema universitario, el emblema de una
corrupción ilimitada y un símbolo del abandono de los fines y los objetivos
humanistas de la educación universitaria. Es significativo que el congresista
Vicente Zeballos haya comparado la actividad delictiva de este grupo con las
organizaciones encabezadas por Rodolfo Orellana y la que operaba en el Gobierno
Regional de Áncash.
La pregunta de cómo se llegó a
este nivel de corrupción en una universidad paradójicamente considerada sin
fines de lucro debe ser respondida, aparte de los encausados, por el Estado.
Como en otros casos, las primeras responsabilidades le corresponde al
Ministerio Público que no reaccionó con diligencia ante las primeras denuncias,
un organismo que el grupo dirigente de dicha universidad neutralizó, al igual
que con el Poder Judicial, a través de contratos docentes. Otra institución que
relajó sus mecanismos de control es la SUNAT ocasionando pérdidas al Estado que
la comisión estima en 47 millones de soles.
Una cuota alta de responsabilidad
les corresponde a los políticos que hicieron la vista gorda frente a esa
corrupción y aceptaron prebendas que deberán conocerse. Del mismo modo, la
actuación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha sido vergonzosa. Durante
varios años protegió al grupo de Cervantes desoyendo las fundadas denuncias
contra su gestión, incluso después de que el Congreso resolviera investigar a la
mencionada casa de estudios, actuando solo luego de que el clamor público se
hiciera muy evidente. Aun en ese momento adoptó un acuerdo confuso sin que
hasta ahora sea posible ejecutarlo. Este solo hecho descalifica a este
organismo que a pesar de ello presume de depositario de los intereses de los
estudiantes universitarios.
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