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| La República |
Nuevos procesados y
vieja impunidad
En el contexto de las acusaciones
contra el ministro del Interior, Daniel
Urresti, en relación con el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos,
corresponsal de la revista Caretas, en 1988, el Instituto de Defensa Legal
(IDL) ha revelado que uno de los sentenciados, Víctor Fernando La Vera
Hernández, ha sido liberado y estaba a punto de ser contratado por la
Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), órgano adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Anoche, fue excluido de este
proceso. Otro de los sentenciados, Amador Vidal Sanbento, también se encuentra
libre. Ambos han cumplido apenas un tercio de las penas a las que fueron
condenados.
En el caso vuelve a asomar la
impunidad. El asesinato de Bustíos fue un alevoso acto de venganza contra un
periodista por el “delito” de fotografiar a un oficial del Ejército acusado de
la desaparición de 60 personas, a la postre uno de sus asesinos. En la clásica
espiral de la violencia, es el caso de un periodista que documenta su trabajo y
que paga con su vida el hallazgo de la
información.
El caso Bustíos ha demostrado
varias regularidades de nuestro sistema que juzga los delitos de lesa
humanidad, entre ellas la lenta judicialización de los hechos por las maniobras
dilatorias de las instituciones que deben aportar información oficial sobre
personas, órdenes, hechos, reportes e indagaciones propias. En este caso, el
que se haya condenado a algunos de los culpables 20 años después de los hechos
no abona en favor de estos ni garantiza su inocencia. Al contrario, deja
patente la voluntad de impunidad alimentada desde el mismo Estado.
La Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), primero, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
junto a otros organismos nacionales e internacionales, denunciaron más de una
vez demoras procesales y omisión de los compromisos con los deudos de Hugo
Bustíos, de modo que solo desde el año 2009 se empezó a llevar a cabo la
actividad probatoria. En ese sentido, los hechos son antiguos pero la impunidad
ha sido permanente, de modo que tiene sentido que los hallazgos e imputaciones
sean relativamente nuevos.
Esta lógica debe ser aplicada al
procesamiento desde el año pasado del hoy ministro del Interior. Su vinculación
al caso es antigua, por los hechos descritos, aunque la acusación sea
relativamente reciente. En este entendido, lo que corresponde es el
sometimiento de los investigados a los órganos de justicia como efectivamente
el general (r) Daniel Urresti lo hizo en su momento.
Su condición de ministro de
Estado es un problema para el juzgamiento cabal de su responsabilidad. Como
todo ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia y mal se haría en
condenarlo sin un proceso justo y debido. En la misma medida, es un error
político con probables secuelas jurisdiccionales absolverlo de antemano,
subestimando y sustituyendo el rol de los jueces. En ese sentido, sería más
conveniente que ejerza su derecho de defensa sin estar premunido del poder que
ahora ejerce.
Es preciso exigir desde la
prensa, una vez más como en los últimos 26 años, que en este caso no exista
impunidad, que se castigue a los responsables de este asesinato, que los
condenados cumplan sus condenas sin violar las normas de ejecución penal y que
tengan el derecho a la reinserción a la sociedad, aunque eso no signifique
franquearles el retorno al sistema de seguridad democrática del país al que
afectaron.
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