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| La República |
“Con la concentración de medios
se pierde diversidad”
Jueves, 05 de septiembre de 2013
| 5:36 am
Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Rocío Maldonado.
El alto funcionario de la CIDH ,
quien está en Lima para participar en un panel internacional sobre la reforma
de este organismo supranacional , asegura que los cambios iniciados en el 2011
han fortalecido el sistema interamericano de DDHH.
¿Cómo va el proceso de reforma en
la Comisión Interamericana de DDHH que se inició en 2011 por iniciativa de la
OEA?
Se dio un proceso de
fortalecimiento y la comisión decidió realizar tres procesos simultáneos:
reformar su reglamento, reformar sus políticas y reformar sus prácticas , lo
cual ha acabado fortaleciendo el sistema. El 1º de agosto entró en vigor el
nuevo reglamento.
¿Qué es lo novedoso en este
reglamento?
Da un primer marco general y yo
creo que es una buena noticia entender que el sistema interamericano de
derechos humanos es un patrimonio de la
gente. Una víctima decía que es un patrimonio de los pueblos de América.
¿La CIDH no perdió ninguna
atribución con la reforma ?
No se perdieron atribuciones ni
capacidades. Y se generaron algunos elementos de mayor certeza tanto para las
víctimas como para los Estados.
¿Como cuáles?
Se van a hacer públicos los
razonamientos que acompañen una medida cautelar. Eso servirá para que en los
países se vayan desarrollando sistemas y criterios para proteger mejor a quien
se le dicta una medida cautelar. (...) Difundir esos criterios para que los
países atiendan mejor y a partir de ese desarrollo institucional,
eventualmente, no sea necesario acudir a la comisión.
Pero para muchos el último y
único recurso para conseguir justicia es la CIDH...
Es una instancia que complementa.
La CIDH funciona porque los Estados han decidido adherirse a convenciones que
dan sustento. Lo que hace un Estado es ampliar, por vía de los instrumentos
internacionales, el marco de protección de los derechos de sus ciudadanos . Los
estados que más convenciones firman más protegen a sus ciudadanos.
¿Cómo queda la situación de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión con la reforma?
Va a continuar su trabajo, sigue
teniendo sus atribuciones.
¿Seguirá recibiendo
financiamiento externo?
No se le recortó. Eso es muy
importante. Los estados han reconocido la importancia de fortalecer
financieramente a esta y todas las relatorías.
¿Ecuador también?
Sí, incluso Ecuador.
Siendo la libertad de expresión
vital para la democracia, ¿cuáles son los riesgos que afronta un periodista en
la región?
América Latina es la región más
peligrosa para ejercer el periodismo. No solo por la agresión de agentes de
Estado, sino por agentes del narcotráfico, la delincuencia, poderes fácticos e
inclusive el fenómeno que existe en términos laborales, el tema de los
monopolios...
La concentración de medios es un
tema en debate. ¿Cuál es el riesgo para libre expresión?
El problema es que se pierde la diversidad y
se quiere uniformizar una sola versión. Muchas veces esos poderes tienen detrás
poderes económicos que en muchas ocasiones hacen asociaciones con el poder
político y eso termina debilitando a la democracia, a los consumidores y
afectando a los periodistas.
Y esa es una realidad común en la
región...
Muchos de estos casos son
productos de estados de excepción, herencia de momentos autoritarios. Licencias
que se concedieron al amigo al amparo del abuso de poder. Luego se convirtieron en poderes económicos
que dictan la agenda de los países. Eso es un grave desafío para nuestras
democracias y ejercicio de nuestros derechos.
Y cuando la concentración se da
tras una asociación comercial que permite controlar más del 77% de medios
escritos...
Lamentablemente ese es un proceso
que ocurre mucho en la región (...) Hay reglas de la sana competencia, pero lo
que no puede pasar es que muchas de ellas sean producto de estados de
excepción, incluso con sustento legal fundado en momentos muy autoritarios.
Pero en los contextos democráticos se
han venido consolidando espacios mucho más transparentes y más gerenciados por
el Estado donde se defiende también un espacio público sin atentar contra el
derecho a la empresa ni mucho menos, pero que haya la condición para generar un
bien público.
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