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La inflación lleva a los gobiernos a la engañosa política de
los subsidios, con los cuales, en realidad, no se hace otra cosa que disimular,
a los ojos del público, el verdadero valor de determinados artículos de
consumo. Al paso que la inflación continúa, se hace cada vez mayor el monto del
dinero que el gobierno dedica al pago de subsidios. De ese modo crece el
déficit, y termina de dibujarse el círculo vicioso de la inflación. Para romper
ese círculo, algunos de nuestros vecinos, que dejaron avanzar la enfermedad sin
ponerle remedio a tiempo, tienen que resignarse ahora a una política de
sacrificio muchísimo más penosa y vasta que la que no ha vacilado en solicitar
a los peruanos el gabinete que presido.
Medidas duras para salvar la crisis
El gobierno no presume de tener poderes mágicos para
restaurar, por decreto, el valor de la moneda, ni para mejorar
instantáneamente, como sería su deseo, el nivel de vida de todos los peruanos.
Si se quiere una moneda sana, si se quiere que la vida no encarezca, si se
quiere llevar paz a los hogares, si se quiere tener en cuenta las angustias y
las legítimas expectativas de amas de casa y padres de familia, hay que aceptar
medidas que pueden parecer duras pero que, sin duda, son imprescindibles. En
verdad, para pasar de esta orilla de la crisis a la otra de la estabilidad y el
bienestar, no queda más remedio que atravesar el vado y resignarse a una cuota
de sacrificio que afecta a todos, y que sólo ha hecho y hará excepciones, en la
medida de lo posible, en favor de los sectores más necesitados de la población.
Incurrirá el gobierno en muy grave responsabilidad si perdiese de vista las
finalidades que se ha trazado, por falta de un valor para adoptar las medidas
que la situación impone. Sin una excepción, sólo han podido superar crisis como
la nuestra los países que han encarado francamente los problemas; los que han
puesto, por encima de toda otra consideración, el bienestar permanente del
mayor número y han aceptado los momentáneos sacrificios necesarios para
alcanzar su objetivo.
El problema presupuestal tiene dos aspectos. Uno se refiere
al presupuesto de 1959; el otro, al de 1960. Para 1959, se ha previsto un
déficit del orden de los mil millones de soles, según expuso con tanta entereza
mi antecesor en la cartera de Hacienda, señor Luis Gallo Porras. Tenemos pues
ahora que enfrentarnos al problema de cerrar el ejercicio, en los meses que
faltan de aquí a diciembre, sin recurrir a préstamos del Banco de Reserva. Para
ese objeto, el gobierno ha tomado ya varias medidas que tienden bien a
disminuir los gastos, bien a aumentar las entradas, y estudia otras, algunas de
las cuales pueden requerir aprobación legislativa y serán, entonces, sometidas
a consideración del Parlamento. No puede pensarse, empero, en aumentar la carga
tributaria, ya excesiva, que está agobiando nuestra postrada economía.
Suprimir los subsidios
Para su política presupuestaria de equilibrio, el gobierno,
en primer término, habrá de introducir todas las economías posibles, como ya se
ha hecho y se seguirá haciendo en todos aquellos renglones cuya supresión o
cuya reducción no perjudique el eficaz funcionamiento de las instituciones
públicas.
De igual manera, es preciso suprimir los subsidios. Los
subsidios son indefendibles porque, como ya he dicho, sólo sirven para
disimular transitoriamente los efectos de la inflación a los ojos del público,
manteniendo artificialmente bajo el precio de determinados artículos con el
dinero proveniente de emisiones de billetes que encarecen todos los demás.
Económicamente, son inconvenientes porque desalientan la producción nacional.
Financieramente, son desastrosos porque originan o aumentan el déficit
presupuestal. Son pues causa de inflación y, por lo tanto, encarecen la vida
con mayor daño para los más necesitados, los mismos a quienes con el subsidio
se dice defender.
Es preciso también establecer, entre nosotros, el mercado de
capitales que capacite al gobierno para atender a sus gastos, en la época en
que disminuyen los ingresos, sin necesidad de recurrir al Banco de Reserva. En
otros países, cuando los gobiernos tienen apremio de dinero, emiten bonos que colocan
en el público. Actualmente, entre nosotros, esa operación no es posible, porque
el Estado carece de crédito. Empero, en los más agudos momentos de la crisis de
hace casi 30 años, cuando me tocó presidir el Banco de Reserva, se encontró la
manera de que la caja fiscal, cuya falencia era completa, hiciera frente a sus
obligaciones sin recurrir a emisiones de billetes. Se emitieron entonces, los
llamados vales aduaneros cuyo valor en el mundo estaba asegurado, por el hecho
de que podían ser utilizados para el pago de impuestos a las aduanas. Aquella
experiencia puede aprovecharse y perfeccionarse ahora, y así, en vez de
descontar obligaciones del Tesoro en el Banco de Reserva, el gobierno podrá
emitir vales tributarios, señalándoles un adecuado tipo de interés. Se lograría
introducir en el mercado un papel que contribuirá a restaurar el crédito del
Estado y eliminaría la necesidad de recurrir al Banco de Reserva. El respectivo
proyecto de ley será remitido próximamente al Parlamento.
Reforma de la Administración
El gobierno tiene clara conciencia de que varias de las
medidas que ha tomado y de las que proyecta tomar están encaminadas
principalmente a reducir el déficit presupuestal de 1959, y a procurar el
balance presupuestal de 1960. Son medidas de urgencia, pero no son todavía
medidas de profundidad. No son las medidas radicales que el país necesita, y
que deben adoptarse imperativamente. Entre ellas, hay que mencionar la reforma
integral de la administración pública.
Entre nosotros, el aparato administrativo ha ido creciendo
por generación espontánea. Ha ido creciendo a medida que ha aumentado el número
de habitantes, y se ha elevado a los guarismos del Presupuesto. Oficinas y
dependencias se han agregado unas a otras, se han añadido unas a otras, sin
ningún sentido orgánico y sin ninguna visión de conjunto. Como consecuencia, la
maquinaria del Estado muchas veces resulta dispendiosa, estéril, y en una
palabra, ineficiente frente a las exigencias de la vida moderna y a la
condición general de un país como el nuestro, pobre y atrasado, que necesita
irrigaciones, caminos, escuelas, hospitales, puestos de policía, estaciones
agrícolas, centros de asistencia técnica. Pero la reforma administrativa
requiere tiempo, estudio, comparación con la experiencia en otros países,
aparte de enérgica voluntad para llevarla adelante.
Una vez que el gobierno consiga finalmente equilibrar sus
gastos y sus ingresos y alcanzar así la estabilidad monetaria eliminando la
causa del encarecimiento de la vida, podrá decirse, con fundamento, que su obra
es incompleta. Podrá decirse que ha construido el cimiento indispensable, pero
que todavía no levanta el edificio. Porque no se trata solamente de abandonar
esta orilla de la crisis, sino de alcanzar la otra orilla de la prosperidad.
Porque se trata de derrotar la inflación como paso previo imprescindible para
procurar, en seguida, el bienestar del mayor número.
Puesta en orden la Hacienda Pública, el gobierno debe aplicar
siempre el freno a sus gastos puramente burocráticos, con el fin de disponer de
sumas cada vez mayores que puedan dedicarse a obras de promoción y de aliento
que mejoren las condiciones de vida de todos los peruanos.
El gobierno no es dueño de las rentas públicas. Es solamente
el administrador de las rentas que la Nación entrega al Estado por la vía de
los impuestos. Es en cierto modo, el gerente de una vasta asociación que
constituimos diez millones de peruanos. Por eso, debe hacer honor a la
confianza que en él se deposita. Por eso, debe ser escrupuloso en el empleo de
cada centavo, y debe sacar a cada centavo del Tesoro el máximo provecho, porque
ese centavo no es suyo sino de los hombres que trabajan y contribuyen al
sostenimiento del Fisco. Por eso, debe atender, no lo intereses de un círculo,
de un sector o de una determinada clase, sino los intereses de todos los
asociados.
Dentro de esa misma filosofía del bien común, yo he dicho,
señores representantes, que así como el objetivo de la política financiera del
gobierno es el saneamiento de la hacienda y la estabilidad monetaria, el cual
puede a mi juicio, alcanzarse en el Plazo de un año, el objetivo de la política
económica del gobierno es y no debe ser otro que la elevación del nivel de vida
de todos los peruanos.
Me tomo, sin embargo, la libertad de insistir en que no puede
pensarse en ninguna construcción sólida, no puede pensarse en superar el atraso
ni vencer la miseria, no puede pensarse en explotar nuevas fuentes de riqueza,
en ofrecer trabajo a nuestra población en aumento, en alentar capitales propios
y atraer los de fuera sin el fundamento de la estabilidad monetaria. Alcanzar
esa estabilidad es el primer compromiso que, ante el Parlamento y el país,
asume el gabinete que presido.
Dentro del marco de un sólido orden jurídico que ponga a
cubierto la actividad productora de medidas arbitrarias que pueden alterar su
normal desenvolvimiento, con la base de una moneda estable, con el aliento de
la libertad económica, no sólo no van a fugar los capitales del Perú, sino que
van a acudir para colaborar con nosotros en la empresa de transformar nuestro
país y de mejorar efectivamente las condiciones de existencia de sus
habitantes.
Reformas Tributaria y Agraria
En ese sentido, la legislación tributaria debe inspirar
confianza en su estabilidad, a fin de desvanecer el temor a cambios imprevistos
que hacen imposibles o difíciles los cálculos necesarios para decidirse a
inversiones a largo plazo. La reforma tributaria debe suponer la rápida y justa
acotación de los impuestos, a base de tasas progresivas que impongan una
contribución proporcionalmente más alta a quienes disfrutan de mayores rentas.
Debe incluir la reorganización de la entidad que los recauda. Debe contemplar
exoneraciones e incentivos para las nuevas industrias siempre que no impliquen
desleal competencia para las ya existentes. Debe otorgar tratamiento favorable
a las utilidades que se reinvierten en vez de distribuirse en forma de
dividendos, y permitir el rápido castigo de la maquinaria y el cálculo de la
depreciación a base del costo de reposición. Tales dispositivos deberán
incluirse en la ley de industrias cuya pronta aprobación encarezco al
Parlamento.
El problema presupuestal tiene dos aspectos. Uno se refiere al presupuesto de 1959; el otro, al de 1960. Para 1959, se ha previsto un déficit del orden de los mil millones de soles, según expuso con tanta entereza mi antecesor en la cartera de Hacienda, señor Luis Gallo Porras. Tenemos pues ahora que enfrentarnos al problema de cerrar el ejercicio, en los meses que faltan de aquí a diciembre, sin recurrir a préstamos del Banco de Reserva. Para ese objeto, el gobierno ha tomado ya varias medidas que tienden bien a disminuir los gastos, bien a aumentar las entradas, y estudia otras, algunas de las cuales pueden requerir aprobación legislativa y serán, entonces, sometidas a consideración del Parlamento. No puede pensarse, empero, en aumentar la carga tributaria, ya excesiva, que está agobiando nuestra postrada economía.
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