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Canta claro
Por FRANCISCO IGARTUA
OTRA VEZ EN PELIGRO LA LIBERTAD
DE PRENSA
Van estas líneas en primera
persona del singular, no sólo porque el tema obliga a dar la cara, sino porque
soy yo el afectado en parte de esta historia, que comenzará precisamente con el
relato de mi presencia, el domingo pasado, en la pantalla de Canal N,
dependencia de El Comercio.
Me vi ese domingo en la
televisión con la ingenua complacencia de todo ser humano puesto en vitrina,
pero pronto me di cuenta de que, como un párvulo, había caído en una emboscada.
Y mi indignación fue mucho mayor a la que presentí el día de la grabación, pues
entonces no supuse que a las sesgadas preguntas de la encuesta que hacía el
programa Barra de mujeres se añadiría, como cortina constante, la imagen más impactante
de la entrega millonaria de dólares que Montesinos le hizo al principal
accionista de Canal 5: el hecho más bochornoso de la compraventa de conciencias
que se produjo en el régimen pasado.
En la Barra de mujeres de ese domingo
hacía yo el papel de un furioso defensor de la libertad de prensa que, como
idiota, no se daba cuenta de que estaba siendo utilizado para darle apariencia
de imparcialidad e independencia a un programa que tenía como único objetivo
que el público se pronunciase a favor de quitarles la licencia a dos o tres
canales de señal abierta y que el resultado se aproximara al ciento por ciento
de los votos; cosa que, lógicamente, gracias al vladivideo se alcanzó a
plenitud. El 94% de los televidentes estuvo de acuerdo, sin entender el
trasfondo de la encuesta, en que las licencias de radio y televisión pueden ser
dadas o quitadas a discrecionalidad por el gobierno de turno o por una junta de
notables. O sea que, con el pretexto del necesario castigo a los rufianes
vladivisionados, se abrían las puertas para inmediatos y futuros atropellos de
la libertad de prensa y expresión.
De haber visto y escuchado aquel
viernes todo lo que se vio el domingo pasado en la pantalla de Canal N, ese
programa no habría salido como salió y no habría hecho yo el papel de avalador
de la patraña montada, con el propósito de engañar al público, por esas tres
damas vinculadas al ala izquierda de la Universidad Católica.
El señalamiento del ala no tiene
intención de descalificar ni calificar a nadie, lo hago simplemente para situar
la posición política de esa "Barra", que bien podría llamarse
"brava" por los medios usados para llevar agua a su molino
ideológico, curiosamente del mismo signo que otras campañas iniciadas hace poco
con idéntica puntería: la de hacer prevalecer puntos de vista partidarios, de
reglamentar a los medios de comunicación y censurarlos. Campañas, por otro
lado, vistas con complacencia por intereses comerciales con ansias locas de
alcanzar poder político. ¡Algo absolutamente paradojal, pero empedrada de
cu-riosas paradojas está la política!
El castigo que corresponde a los
rufianes vladivisionados es asunto
de la justicia, no del gobierno
ni de juntas de notables.
Se trata de campañas que, sutilmente
y desde variadas posiciones, se han montado hace un tiempo para establecer una
suerte de vigilancia sobre la televisión y la radio, que podría afectar también
al periodismo tradicional, al de la prensa escrita. Supuesto que no es sospecha
mía sino que se desprende de un aviso publicado por "Veeduría
Ciudadana", en el que se justifica esta inquisitorial tesis: la censura es
legal "por el carácter de interés público que la Constitución le da a la
actividad de los medios de comunicación, especialmente a la radio y la
televisión". Se deja así en claro, con el "especialmente", que
los periódicos y revistas no quedan excluidos de ser vigilados 'por una
veeduría "constitucional" que podría ser estatal o compuesta por
notables elegidos dentro de las organizaciones de la sociedad civil, casi todas
ellas de signo próximo al de las damas de la Barra de mujeres. Hay en todas
estas "veedurías" machacona insistencia en remarcar, algo que es
cierto, pero no para llegar a algún tipo de censura: que los medios de
expresión son de "interés o servicio social y público". Por ello es
que la Constitución precisa que la libertad de prensa es irrestricta.
Se ha dicho una y mil veces que
la libertad de expresión establecida, igual que la democracia, es un sistema
lleno de defectos y deficiencias, pero que, aun así, es el mejor de todos los
experimentados por el hombre en el curso de los siglos. Y esa libertad, para no
ser desvirtuada, no puede tener más límite que el de los códigos comunes y el
del honor de quienes ejercen el oficio de periodistas. Todo otro límite la
ahoga, la transforma en boletín oficial, en negación de sí misma. Se dirá que
esta definición peca de gaseosa y burguesa y pueda que así sea, pero
centenarias experiencias prueban que todos los intentos por modernizarla han
terminado devolviéndonos a la Inquisición, con apenas unos cambios de color.
Unas veces el terminal es negro y otras rojo, sin que nunca deje de ser
repelente para quienes amamos esa libertad simple, llana e imperfecta que nos
garantiza la democracia.
E Inquisición es lo que hoy se reclama
en nombre de la modernidad, en un Perú que vive bajo el impacto de los
rufianescos tratos vistos en los vladivideos y al que es fácil convencerlo de
que no se vulnera la libertad dejando el castigo por estos hechos a la
discrecionalidad del gobierno o a la de una junta de notables que se instalaría
para cuidar la salud moral de los peruanos. Una tesis sin memoria,
desconocedora de una verdad capital en política: ningún gobierno -ninguno-
dejará de caer en la tentación de controlar a la prensa.
¿Quién o quiénes deben
reglamentar y decidir cuáles son los “valores auténticos” o las “obligadas
versiones plurales”, reclamadas por diversas “veedurías ciudadanas”?
El castigo que les corresponde a
los rufianes vladivisionados -todos ellos empresarios metidos a periodistas- es
asunto de la justicia, que está obligada a embargarles sus acciones y, cuando
se cumplan los plazos legales, a ponerlas en venta de acuerdo a los códigos
vigentes. Lo que es inaceptable, por contrario a la libertad de prensa y
expresión, es sentar el precedente de que un gobierno pueda dar o quitar
licencias de acuerdo a las circunstancias o entregar la salud moral a cualquier
junta u organismo supervisor "del correcto desempeño de los medios de
comunicación", como a la letra dice otra de esas asociación afines a la
Barra de mujeres.
(Son estas líneas una ampliación
a la cuartilla que, como carta aclaratoria, le envié a El Comercio y que éste
no publicó).
Fuente:
FONDO EDITORIAL PERIODISTICA OIGA
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